Mafias en campaña electoral

En la enseñanza básica los conceptos exigen un proceso de repetición para ser racionalmente fijados, pero en la propaganda política el mensaje repetido se dirige solo a lo emocional a fin de persuadir, y se llama Regla de Orquestación. En esta ocasión, la repetición de un tema pretende argumentar que la existencia desde hace décadas de mafias político-privadas, son la causa de la degradación socio-económica del país. El politólogo italiano Gaetano Mosca, actuante entre fines del siglo XIX y principios del XX, definió como “élites” de tendencia hereditarias a quienes, ocupando las posiciones institucionales más altas, generan “estructuras de poder paralelas que surgen por incapacidad o complicidad del Estado”, lo que trasladado a nuestra realidad, “élite” no debe confundirse con el exitoso eslogan electoral “casta”, que se asocia a una situación de “permanencia en el tiempo” de diversos actores políticos, judiciales, sindicales y empresarios, sino a un rol institucional en el que funcionarios se asocian a privados para saquear recursos públicos, conformando mafias cuya existencia reconocen nuestros propios políticos, como cuando una expresidenta y sus adherentes acusan de mafiosos a los integrantes de la Corte, jueces y fiscales. El término “mafia” no debe enmarcarse en la categoría de exabrupto metafórico, porque sin emplear las tácticas violentas de antaño se mantienen sus estrategias, siendo la principal las operaciones de desprestigio a través de anónimos o fuentes de dudosa legitimidad, de propagación inmediata y simultánea a través conductos comunicacionales preestablecidos, creando un coro de corruptos y/o ingenuos proclamandohonestidad e indignación, en donde se es culpable hasta que no se demuestre lo contrario .Algunos medios se suben a esta movida, recordando la novela “Número cero” de Umberto Eco, en la cual un empresario propone a un mediocre personaje ser redactor jefe del próximo diario Domani, que nunca saldrá a la luz, pues su fin es chantajear a altas esferas del poder, anticipándoles hechos perjudiciales en base a suposiciones y mucha imaginación, sin separar la verdad de la mentira.

Dado que esta estrategia la repiten las mismas dirigencias desde hace décadas, vale recordar un caso emblemático que demuestra los daños que provocan estas mafias a la sociedad: los supuestos sobornos a senadores para aprobar una reforma laboral durante el gobierno de De la Rúa, que fue el origen del golpe institucional que causó su caída, con la posterior crisis 2001-2002, y sus nefastas consecuencias sociales, como la confiscación de ahorros privados y cifras récord de pobreza. Durante el trámite de aprobación de una ley de reforma laboral, en marzo del 2000, el sindicalista Hugo Moyano denunció que Flamarique, ministro de Trabajo de entonces, afirmó que para convencer a los senadores tenía la tarjeta Banelco. En abril la ley fue aprobada. El 25 de junio el columnista del diario La Nación Morales Solá, publicó la existencia de favores a senadores para aprobarla, posibilidad que fue investigada luego por la periodista de ese medio María Fernanda Villosio. Días más tarde, el operador legislativo Daniel Bravo afirmó haber encontrado un anónimo que denunciaba coimas a varios senadores peronistas. Abonando las sospechas, en octubre renunció el vicepresidente Carlos Alvarez. En mayo de 2003, trasla asunción de Néstor Kirchner como presidente, el ex secretario legislativo radical Pontaquarto se presentó no ante la justicia, sino ante el Jefe de Gabinete de entonces Alberto Fernández en calidad de “arrepentido”, declarando que transportó 5.600.000 pesos de la SIDE al domicilio del senador peronista Cantarero, para su posterior reparto entre los senadores involucrados. Iniciada la causa judicial, intervino el juez Canicoba Corral, cuyas conclusiones fueron rechazadas por la Cámara, retomando el expediente el juez Daniel Rafecas, quien realizó varios procesamientos y elevó la causa a juicio oral. En tanto, la ley de reforma laboral fue derogada en marzo de 2004. En 2007 se inició el proceso en el Tribunal Oral integrado por los jueces Pons, Gordo y Ramirez, quienes en el 2012 y tras interrogar a más de 340 testigos, no solo absolvieron a todos los imputados por entender que no se había probado ningún delito pues no se aportaron pruebas concretas, sino que se calificó a Pontaquarto de embaucador para armar la causa, y se solicitó investigar al ex Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra por su mendacidad declaratoria, y al juez Rafecas por manipular el expediente. Lo ejemplificador del caso es que ambas posibilidades indican un accionar mafioso, pues o no existieron pruebas, o bien concluido el objetivo político, no hubo interés en presentarlas.

 El costo lo pagó la sociedad con la crisis socio-económica 2001-2002.

Buenos Aires, 23 de septiembre 2026