Del papelito a la burocracia judicial

Cabe retomar al desarrollo de las causas judiciales en trámite, con base en la llamada “Mansión Pilar” relacionada con la AFA, porque tiene una fecha de inicio definida (noviembre de 2025), derivaciones que se interrelacionan con otras causas, complicidades multisectoriales, y la intervención de una sorprendente cantidad de camaristas, jueces y fiscales en menos de tres meses, lo que la convierte en un didáctico ejemplo para analizar estrategias, procedimientos y eventuales impunidades judiciales. En las argumentaciones no se utilizará la abstracción JUSTICIA, sino se identificará por sus nombres a los funcionarios actuantes, con sus antecedentes verificables de ser necesario, sin adosar adjetivaciones, que solo generan polémicas que no esclarecen.  

La estrategia de la grieta en la llamada “familia judicial” nació en su propio seno, con la creación de la asociación civil Justicia Legítima en el año 2013, que hizo suponer que no existía en el país una justicia unívoca. Pero ante el accionar de sus propios miembros surgieron incongruencias en cuanto a objetivos declamados. Por ejemplo, Garrigós de Rébori a cargo del Sistema Penitenciario, facilitó el “home office” en las cárceles; Cristina Caamaño, directora de la AFI, reveló nombres de espías argentinos en el exterior, y Alejandro Ramos Padilla intentó hacer caer la causa Cuadernos. Es por ello que ante la necesidad de producir cambios estructurales que saquen al país de la decadencia, los análisis priorizarán la simpleza verificable para que sean masivamente comprensibles, apelando en algunas circunstancias al diccionario, usado en la escolaridad básica como instrumento unificador de conceptos. Ello permite, por ejemplo, asumir que es incorrecto decir que poderes del Estado y organismos estatales son independientes, pues el diccionario indica que tal condición la cumplen quienes “no dependen de otro”, que no es el caso, por lo que son interdependientes. Pero es en el Poder Judicial que se observa una mayor dependencia del poder político, cuyo interés en las designaciones se centra en posibles futuros fallos judiciales en causas de corrupción, antes que en la idoneidad profesional. Ello se manifiesta en las pujas para designar integrantes de la Corte Suprema, y cubrir más del 40% de vacantes en juzgados. Para disimular esta realidad, se crean estructuras como el Consejo de la Magistratura, cuya ineficacia y politización nos retrotrae a una vieja anécdota de mayo de 2002, cuando durante un trámite de pliegos de jueces, el entonces senador Raúl Alfonsín fue fotografiado leyendo un papel que decía “el juez que hay que cajonear es Antelo”, entonces secretario de la Corte Suprema. Como es usual en el cine clásico político, se produjo gran escándalo y denuncias, para concluir que nadie sabía quién había alcanzado el papel, y menos aún quien lo había escrito. Desde entonces nada cambió en el metafórico intercambio de papelitos entre senadores, que finalmente son quienes deciden. Es en este contexto judicial que cobra valor el caso “Mansión en Pilar”, observándolo a través de su secuencia cronológica, actualmente en la etapa investigativa.

Noviembre 2025: la causa se inicia con una denuncia de la Coalición Cívica. Es sorteado el juez federal Rafecas, quien se declaró incompetente, pasando el expediente al juez penal-económico Aguinsky, quien también rechazó intervenir.  Diciembre 2025: Ante la denuncia de vecinos en cuanto a movimientos en la mansión, Rafecas ordenó varios allanamientos. En pleno desarrollo de los mismos, el camarista Bruglia resolvió que el caso lo tramite el juez Aguinsky, quien inició nuevas medidas de prueba. Enero 2026: el día 2, el juez Saettone, de San Isidro, a pedido del fiscal Camafreitas, dispuso el allanamiento de la vivienda de Matías Yofre, uno de los denunciantes en la causa. El juez Aguinsky citó a declarar a los “dueños sin recursos económicos” de la mansión, Pantano y Ana Conte. De inmediato, el abogado defensor solicitó que la causa pase al juez federal de Campana, González Charvay, a lo que accedió el camarista Alberto Lugones. Febrero 2026: El fiscal Cearras se opuso a la competencia de Campana, y acudió en queja ante la Cámara Federal de San Martín, que confirmó a Gonzáles Charvay, quien de inmediato inició actuaciones. Ante ello Cearras planteó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, integrada por Petrone, Carbajo y Mahiques, quienes definirán la controversia. Hasta el momento se observa un esquema habitual de los abogados defensores en causas de corrupción: demorar discutiendo competencias y excusaciones. Es así como a casi tres meses de iniciada la causa, los supuestos dueños Pantano y Conte aún no declararon. Ello plantea ante la ciudadanía un interrogante esencial, relativo a si las leyes penales permiten que el Estado pueda incautar, decomisar o confiscar a la brevedad y sin condena previa bienes en manos de testaferros, para ingresarlos al erario público. Un beneficio subsidiario, sería el de hacer menos rentables los artilugios judiciales dilatorios.

Otro aspecto a clarificar es el de si las leyes son pasibles de “interpretación”, pues el diccionario define al término “interpretar” como una “comprensión personal de la realidad”. Por lo tanto, si una ley es interpretable, o está mal redactada, o no se le puede exigir a un ciudadano que no pueda invocar desconocerla.  

Buenos Aires,  18 de febrero 2026