Batido de palabras con números

Previo a incursionar en el juego de detectar omisiones, incongruencias y falacias en los mensajes políticos difundidos a través de diversos medios de comunicación reconocidos, se debe comentar la habitualidad de opinar mezclando palabras con números públicos o privados de veracidad incomprobable, pues no adjuntan detalle de los relevamientos realizados, de acceso público vía Internet. Como consecuencia, se impiden debates que partan de bases de datos comunes fehacientes, para que el objetivo sea proponer políticas superadoras. Ante ello el ciudadano debe acudir a intermediaciones comunicacionales en las que conviven veracidad con falsedad, que es el insumo necesario de la propaganda política para manipular a la opinión pública. De este modo, la picaresca frase que dice “en política dos más dos no es igual a cuatro”, nuestras dirigencias mediante el ocultamiento de datos, han logrado que tampoco lo sea matemáticamente.

Este ocultismo es inadmisible con el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA), con capacidad de almacenar y ordenar en segundos una enorme cantidad de datos, permitiendo procesar información dispersa para adoptar decisiones útiles, y promover cambios estructurales profundos ante la sociedad. Por ello a la brevedad deben sistematizarse todos los datos que ilustran sobre la estructura del Estado, que abarca a la organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con sus más mínimos detalles en cuanto a estructura institucional general, característica y armado de cada organismo, actualización mensual de cargos jerárquicos políticos, personal de planta y contratado con nombres y situación de revista, publicación de recibo de haberes, y otras informaciones que, actualizadas mensualmente, se suponen relevantes, y accesibles con un simple click vía Internet. Lo señalado es aplicable a corporaciones empresarias que invocan datos globales para impulsar políticas de gobierno (por ejemplo, la UIA debería detallar la actividad, ubicación y personal afectado de las 1070 empresas que manifiesta cerraron en el primer cuatrimestre de este año); las entidades sin fines de lucro presentar sus balances, no replicando el ejemplo de la AFA, que para no ser auditada y con anuencia de jueces y autoridades provinciales, mudó su sede de la Ciudad a un baldío de Pilar, como así también las entidades autónomas, tal el caso de la Universidad Nacional, junto a los anexos que indiquen número de alumnos, profesores, personal administrativo y de servicios, debidamente firmados y con auditoría interna. Esta práctica es aplicable a todas las legislaturas y organismos del poder judicial, terminando con la falta de transparencia que cuenta con amplio consenso multipartidario, y obliga a que los ciudadanos se transformen en detectives para intentar diferenciar entre verdades y falsedades en medio de un coro de intereses sectoriales.

Esta implementación en cuanto a los Estados nacionales y provinciales es urgente, porque posibilitará que en la campaña electoral a los ciudadanos no se los distraiga con los marketineros escándalos políticos y denuncias mafiosas de desprestigio, y más importante aún, minimizará el clásico recurso de incrementar la estructura estatal para sumar prebendas políticas destinadas a lograr “acuerdos electorales patrióticos”, que financian los que políticos y comunicadores, acongojados, llaman “ciudadanos de a pie”.

Vale citar dos ejemplos para verificar cómo responde la inteligencia artificial ante la burocracia criolla, usando en este caso el Chat GPT. En el primer ejemplo se pregunta cuántos cargos políticos no electivos totales existen en la estructura del Poder Ejecutivo. El Chat emite una secuencia de dudas aclaratorias respecto a si se consideran los existentes en cada organismo, y si se incluye asesores. Respondida la pregunta afirmativamente, el Chat menciona resoluciones, modificaciones, y así sucesivamente. Cuando se insiste en cuál es la cifra total, derrotado el Chat confiesa: “No encontré una información oficial que permita afirmar con seguridad cuántos cargos hay a agosto de 2026”

El segundo ejemplo apela a una consulta de escala muy acotada, que supone una respuesta inmediata. El diario La Nación publicó recientemente bajo el título “El bloque de LLA pidió echar del Senado a un estrecho colaborador de Villarruel”. La crónica lo identifica como un joven consultor llamado Mario Russo, alias Pato, Director General de asesores de la presidenta del Senado, acusado de amenazas. En lugar de centrarse en el irrelevante “escándalo” y pasar a lo trascendente, se pregunta a la inteligencia artificial, dado que no figura en la web del Senado, quienes integran dicho cuerpo de asesores y su especialidad, pues Villarruel no debate ni legisla; a lo sumo desempata una votación. Repitiendo una secuencia de preguntas aclaratorias de la IA, y respondidas las mismas, finalmente el Chat GPT confesó avergonzado: “No tengo la nómina oficial consolidada de quienes integran ese cuerpo”. Este ejercicio esclarecedor debería repetirse en todas las legislaturas del país, cuidando que la inteligencia artificial no se recaliente.

Buenos Aires, 12 de agosto de 2026