Mes: junio 2020

El espionaje como sátira

El repetido tema de los servicios de inteligencia del Estado pareciera más cercano a una sátira, en la que los supuestos agentes, antes que profesionales   especializados recuerdan al ridículo inspector Clouseau en la famosa serie La Pantera Rosa. Y que confirma que desde hace décadas, en un contexto en el que procesados por corrupción pueden gobernar, legislar y ser funcionarios, la “inteligencia” estatal no se dedica a la seguridad nacional, sino que participa de una corrupción nacional que involucra a presidentes, políticos, jueces, fiscales, narcotraficantes y barras bravas.

Profundizar este planteo implica clarificar la diferencia entre espionaje e inteligencia. El primero es una actividad de campo para obtener información (vigilancia, fotos, escuchas). La inteligencia procesa y sistematiza dicha información para detectar actividades criminales y de seguridad. En los personajes que desfilan por causas judiciales y medios de comunicación, la inteligencia brilla por su ausencia. Otro aspecto a tener presente, es que a la actividad de inteligencia se le opone la contrainteligencia, que busca afectar determinadas investigaciones, o bien utilizarlas en beneficio propio. Por ejemplo, hacer caer causas de corrupción estatal-privada. En síntesis; se tenga como objetivo combatir la criminalidad o formar parte de ella, los procedimientos son los mismos. En un contexto de alta corrupción estatal-privada, este doble juego redituable, puede simultáneamente facilitar el saqueo de recursos públicos y la impunidad de los saqueadores.

En cuanto a la escasa profesionalidad de los servicios, la responsabilidad es excluyentemente política. No existen en el mundo servicios eficaces con conductores que además de carecer de formación específica, roten entre distintos cargos públicos. En 30 años desfilaron entre otros Anzorregui, Santibáñez, Larcher, Mena, Parrili, Arribas, Majdalani, Caamaño. El marco político lo cierra la complicidad “sin grietas” de la multipartidaria Comisión Bicameral de Seguimiento, que debiera controlar al organismo en sus aspectos orgánicos, operativos y presupuestarios, y no solo no lo hace, sino que cínicamente, opera citando a denunciantes sin obligación de decir verdad. Ello explica que la mal llamada “inteligencia” no sirviera para descubrir a los responsables del atentado a la embajada de Israel, a la mutual Amia o la muerte de Nisman. Para mantener esta útil inutilidad del organismo, existe un factor clave para los políticos: los fondos reservados, presentes en recordados escándalos de corrupción. Se citan tres viejos antecedentes cuyos partícipes, pasados más de 20 años aún mantienen vigencia. Esto permitirá entender el derrotero de las actuales denuncias, no solo en su metodología, sino en sus posibles desenlaces.  

En diciembre del 2015 el Tribunal Oral 4, en fallo ratificado por la Cámara de Casación, condenó al ex presidente Menem y otros funcionarios por haber pagado durante su mandato sobresueldos con fondos de gastos reservados de la SIDE. Ello se constató por haberlo confesado la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública. Desde el primer pago en 1990 hasta el dictamen, pasaron 25 años.

Tras la aprobación de una Reforma Laboral en abril del 2000, en el mismo año un tal Bravo encontró en el Senado un anónimo que denunciaba el pago de coimas a doce senadores justicialistas y radicales. A cargo del expediente judicial estuvieron cronológicamente los jueces Liporace (fue apartado por enriquecimiento ilícito), Canicoba Corral y Rafecas. En el 2003, tras una reunión con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, se presentó en tribunales como arrepentido el ex secretario parlamentario radical Pontaquarto, confesando haber repartido 5.000.000 de dólares obtenidos de fondos reservados de la SIDE. Tras 300 declaraciones, incluidos agentes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad, en fallo ratificado por la Cámara Federal de Casación, en abril del 2015 el Tribunal Oral Federal 3 resolvió la absolución de todos los acusados por no haberse presentado pruebas fehacientes. Las actuaciones judiciales duraron 15 años.

En julio del 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces Ministro de Justicia Gustavo Béliz acusó públicamente en un programa televisivo a Jaime Stiusso, entonces director de Operaciones de la SIDE, por sus manejos ilegales. Tras la denuncia, Béliz debió residir en el exterior, y Stiusso continuó en funciones hasta enero del 2015, en el que se lo relevó en medio de acusaciones cruzadas por la firma del pacto con Irán. Pasados 16 años, Béliz es actualmente un importante funcionario de Gobierno, Stiusso está jubilado, y las denuncias en sede judicial no avanzaron.

Estos antecedentes facilitarán que en la reflexión del miércoles próximo se analicen las analogías con la actualidad, que entrecruzan “inspectores Clouseau”, políticos, corruptos, cómplices, jueces y fiscales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2020

Vicentín es nuestra o ajena?

La reciente decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentín, muestra un resquebrajamiento del riguroso aislamiento social de quienes pretenden gobernar de modo unitario. Decisiones trascendentes se adoptan mediante decretos; se legisla con presencia física de representantes del gobierno mientras los opositores gesticulan en centenares de pantallas, y el poder judicial permanece cerrado a la actividad privada, pero receptivo a denuncias políticas realizadas con el estratégico objetivo de hacer caer las causas de corrupción estatal-privada, sean juicios orales iniciados o próximos a iniciarse. Vicentín debiera configurar un quiebre de este bloqueo institucional, no solo por sus múltiples aspectos legales, judiciales, económicos y laborales, sino por explicitar una estrategia política que se mantendrá a futuro.

Dado que los análisis u opiniones tienen inevitablemente preconceptos, se deben explicitar sus hipótesis de trabajo. Se destacan cinco: 1) Se utiliza como fuentes de información las de un ciudadano común: prensa oral y escrita identificable, con eventuales citas textuales.  2) Se considera relevante que nuestras dirigencias conforman “familias políticas” con vigencia desde hace más de 25 años (o sea una generación), lo que facilitará detectar contradicciones, oportunismos y falacias discursivas. 3) Las reflexiones  políticas serán de aplicación a oficialismo y oposiciones, para evitar “grietas” que anulen toda racionalidad. Neutralizando además clásicos recursos propagandísticos llamados “de orquestación”, que utilizan tanto mafias como políticos, haciendo pasar operaciones como investigaciones para lograr impunidad: nosotros robamos, pero ustedes también. 4) Aceptar que el gobierno tiene una líder operativa e ideológica excluyente: Cristina Kirchner. Seguir anhelando un “albertismo” o bien es una ingenuidad, o intenta generar una cuña en la cúpula del poder. Fernández, Massa o Solá, a quienes Maquiavelo les recordaría que “los que estuvieron en varios lugares terminan no estando en ninguno”, no reúnen condiciones de liderazgo para oponérsele. 5) Las “peleas” entre integrantes del gobierno, o expresiones delirantes de sus miembros o adherentes, cumplen un objetivo propagandístico de distracción para quitar centralidad a las oposiciones. Cuentan con la aceptación del líder; caso contrario, serían eyectados del poder.

En el caso Vicentín, lo primero que aflora en el anuncio del presidente el lunes 8 de junio, es una decisión intempestiva, sin mayor análisis en cuanto a su implementación y consecuencias. Dada su complejidad, en lo inmediato se puede opinar sobre dos aspectos: antecedentes similares y estrategia discursiva. Los innumerables antecedentes explican el atraso del país. Se podría comenzar señalando dos quiebras históricas de alimenticias: Swift (década del 70), y Sasetru (década del 80). Con integrantes del actual gobierno, se destacan cuatro referencias: Aerolíneas Argentinas/Austral; YPF, Ciccone y crisis de la cooperativa Sancor. Todos ellos con costos millonarios para el Estado, sea en indemnizaciones y/o pérdidas de juicios, y gravosas conducciones estatales. Por YPF por ejemplo, aún hoy litigan en EE. UU. por miles de millones de dólares contra el país, la familia Esquenazzi, dueños del Banco Santa Cruz.

En cuanto a lo discursivo, tanto en su presentación como en posteriores aclaraciones, el presidente Fernández utilizó como justificación de la decisión términos variados y contradictorios: intervención transitoria, salvataje, expropiación, empresa testigo, soberanía alimentaria, entre otros, generando múltiples interpretaciones y confusión. Como profesor, merece un aplazo. Más útil para análisis fundados fue la criticada y escasamente debatida frase de la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos: “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”. Si se presta atención, la propia diputada brinda en la frase una clave que demuestra que su propuesta es inaplicable en nuestro país: habla de economías desarrolladas. Bajo esta condición, que lograron no sin esfuerzo países que sufrieron guerras, las políticas serían distintas. En Alemania por ejemplo, en la crisis financiera del 2008 su gobierno compró acciones de empresas en dificultades, no para designar  burócratas en su manejo, sino para venderlas a mejor precio una vez superada la emergencia. Más aún, en este y otros países, desde hace años se está avanzando en políticas de cogestión entre empresarios y trabajadores.

En las economías desarrolladas no hay inflación sistémica, carencia de moneda propia, repetidas insolvencias para pagar deudas, legislaciones laborales de hace 40 años, y una permanente corrupción del Estado asociada a privados, sostenida por castas políticas.

Buenos Aires, 17 de junio 2020

Reuniones en el Titanic

Conservadurismo es un término que tiene la virtud de encerrar en sí mismo su significado: conservar. Aplicado a lo político, el objetivo no es conservar tradiciones o valores religiosos, sino poder. Sus beneficiarios, con independencia de proclamadas ideologías supuestamente divergentes, coinciden en generar estructuras burocráticas que les permiten sostener su poder y privilegios a lo largo del tiempo. Reacios a las reformas o cambios sociales, a sus gobernados empobrecidos los contienen con dádivas que llaman subsidios. Reconocer esta condición que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia política encaramada en el Estado desde hace décadas, vale como punto de partida para analizar la coyuntura, urgencias y futuro próximo, en un contexto agravado por una inédita pandemia que trastocó las habituales problemáticas internas y externas del país.

Toda emergencia reclama niveles de conducción con la capacidad y experiencia necesarias para enfrentarla y minimizar daños inevitables, requisitos que supuestamente cumpliría una dirigencia casi hereditaria. Por el contrario, transcurridos más de siete meses de elegido, el gobierno continúa sin tener un plan definido con cambios estructurales imprescindibles, plasmados en un presupuesto. Tal parálisis conductiva plácidamente acompañada por las oposiciones, se intenta disimular con dispersas y concurridas reuniones de altos funcionarios con gobernadores, empresarios, gremialistas y variados consejos consultivos, que en lugar de debatir y acordar acciones integradoras y factibles de largo plazo, sus asistentes califican ante la prensa como desarrolladas en un “clima de cordialidad”. Situación que recuerda la escena de la orquesta tocando en cubierta durante el hundimiento del Titanic, en medio del caos para sobrevivir.

En paralelo se reiteran viejos recursos conservadores para que nade cambie: delegación de atribuciones constitucionales para que se gobierne por decreto; afectación de jubilaciones manteniendo las de privilegio; creación de impuestos para financiar estructuras burocráticas insostenibles, interrupción de la inacción judicial solo para gestiones relacionadas con mantener la impunidad; intervención de la empresa Vicentín por sobre el juez que entiende en su convocatoria sin “reuniones cordiales” previas. Los fracasos se disimulan como siempre: subsidiando pobreza con recursos públicos que se manejan como propios. Para tales incongruencias se presenta como excusa a la renegociación de la deuda externa con privados y la pandemia, que ofrecen un rasgo común: no tienen plazos de cierre definidos. Lo que paradójicamente, debiera obligar a una frenética actividad coordinada entre ejecutivo, legislativo, sectores de la producción y del trabajo, para modificar coherentemente estructuras burocráticas, sistema impositivo, regímenes laborales, financiero y judicial, que definan un rumbo de al menos una década. Muchos de los nuevos escenarios futuros quedaron expuestos durante el aislamiento: trabajos a distancia con recursos tecnológicos (sistema bancario; parcialmente educación y salud; comercio); flexibilización forzosa de la añeja legislación laboral; surgimiento de nuevas empresas innovadoras en software y tecnología, con alta ocupación de mano de obra y volúmenes exportables. De no planificar ya, la pandemia provocará que una vez más, se apele a acciones coyunturales, oportunistas y caóticas (caso Vicentín).

Para las transformaciones necesarias es de utilidad el reconocimiento explícito del gobierno de no considerar como “trabajadores esenciales” en épocas de crisis, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, y mayoría de organismos públicos, con cargos y salarios asegurados, mientras los llamados “esenciales” son trabajadores públicos y privados de salarios medios y bajos. Lo que muestra la falsedad del mensaje que para lograr un Estado menos gravoso y más eficiente sean necesarios despidos masivos. Los afectados serían los niveles superiores de la pirámide: organismos irrelevantes, cargos jerárquicos prescindibles, puestos de asesores y coordinadores, los que cobran dos o más salarios públicos, y los que no tienen concurrencia a sus trabajos.

En cuanto a la renegociación actual de deuda, la clásica frase política “no negociaré a costa del hambre del pueblo”, explicita que ya existen pautas y parámetros para negociar los futuros desembolsos. A los inversores privados no les interesa mayormente si hay programa de gobierno, sino lograr las tasas de interés más altas posibles, porque los nuevos bonos de inmediato recircularán por el mundo financiero. Pero en la postergada negociación con el FMI, que no aceptará reducciones de capital pero extenderá plazos, se exigirá el hoy inexistente programa, que además de hacer viables los futuros desembolsos, debiera promover un desarrollo nacional virtuoso para que no exista “hambre en el pueblo argentino”, que tanto preocupa a las familias políticas.

Dado que la responsabilidad del funcionamiento y calidad de vida de un país, sea comunista o capitalista, recae exclusivamente en la eficacia de su Estado, que es el que legisla, controla, ejecuta y juzga, lo que la clase política conservadora en sus actos y progresista en lo discursivo, deberá esclarecer en lo inmediato si para concretar transformaciones virtuosas, resignará privilegios.

Buenos Aires, 11 de marzo 2020

Quién manda?

No tener identificado al que manda y ejecuta en una organización, sea política, empresarial, religiosa, militar o delictiva, preanuncia serios problemas. Políticamente, Max Weber definía al poder como “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”. Los niveles de concentración de mando varían, según se trate de gobiernos dictatoriales, autocráticos, populistas o republicanos. Sus soportes pueden ser militares, instituciones democráticas plenas, o burocracias sometidas al poder con escenografías democráticas. El poder político, la jefatura de gobierno, la responsabilidad ejecutiva, no se comparte: no puede ser dual. Y debe transmitirse con claridad a los gobernados, sean libres o sojuzgados. Cuando a la conducción se la considera delegada, sea forzosa u oportunista, una grave crisis será inevitable.

En nuestro país, el Artículo 99 de la Constitución expresa que el Presidente de la Nación “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”. No prevé que entre el presidente y demás funcionarios exista una autoridad intermedia que comparta esta responsabilidad, como podría ser un Primer Ministro. Con este mandato constitucional, conviven condiciones lesivas para una república: un fuerte presidencialismo basado en la excepcionalidad; federalismo limitado con resabios caudillescos (Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, Formosa); ausencia de partidos políticos estables; estructura estatal sobredimensionada incapaz de cumplir funciones básicas (educación, salud, seguridad y justicia); crisis económicas recurrentes, pobreza, corrupción estatal-privada con alta impunidad, y un contexto internacional signado por la pandemia.

La fórmula presidencial que triunfó en la elección del 2019 presenta antecedentes inéditos: el integrante con mayor estructura y caudal de votos (Kirchner), designó como candidato a presidente a quien carece de ambas condiciones (Fernández). Si nos remontamos a la historia, en 1973 Perón estaba proscripto cuando designó a Cámpora al frente de la fórmula, quien aceptó su rol de delegado. Tras 49 días en el cargo, fue reemplazado por Perón. Distinto es el poder delegado cuando el elector está en el llano. Tal el caso de Duhalde-Néstor Kirchner en el 2003. El elegido venía de gobernar férreamente a Santa Cruz, y no le llevó esfuerzo una vez asumida la presidencia, deshacerse de Duhalde. Cuando fue el vicepresidente  quien entró en conflicto con el presidente, como sucediera con De la Rúa-Carlos Alvarez (1999), las consecuencias fueron nefastas. Originó el golpe institucional que obligó a la renuncia del presidente y derivó en la crisis 2001-2002

Ante estos antecedentes, se debe recordar que la estrategia acuerdista y distribución de roles del actual gobierno se sustentó en tres objetivos, difíciles de cumplir con Cristina Kirchner como presidenta: 1) triunfo electoral; 2) acuerdo con acreedores externos privados e institucionales; 3) desactivación de las causas de corrupción estatal-privada en trámite. Ya en la campaña electoral se jugó con la dualidad “institucionalidad” (Fernández) y “populismo” (Kirchner), y en favor de Fernández, se debe reconocer que no ocultó los objetivos, al manifestar la necesidad de no entrar en una nueva cesación de pagos, y criticar a jueces que llevaron adelante las causas de corrupción. Tras las consagración de la fórmula Fernández-Kirchner, la distribución de cargos transparentó donde residía el poder. Los relacionados con importantes recursos presupuestarios y organismos de control quedaron en manos del kirchnerismo. El equipo de confianza del presidente, con poder administrativo antes que político, quedó reducido a Santiago Caffiero, Vilma Ibarra y Gustavo Béliz, dedicados a controlar y asesorar la prolijidad de los actos jurídicos presidenciales. En cuanto a la respetada doctora Losardo al frente del Ministerio de Justicia, bajo su supuesta dependencia se ubicaron funcionarios kirchneristas que actúan con total autonomía en cuanto a estrategias de impunidad.

En este contexto llegó la pandemia, y el 19 de marzo comenzó la etapa de aislamiento, que incluyó a instituciones republicanas esenciales, como los poderes legislativo y judicial. Ante una situación sanitaria tan traumática en lo social-económico, en un país altamente vulnerable y sin horizonte definido, sería oportuno no distraerse con reiteraciones analíticas que intentan establecer quién manda. Es momento de exigir políticas de gobierno hacia el futuro basadas en un plan integral hoy inexistente, provengan de donde provengan, y sería conveniente que Fernández abandone discursos fluctuantes y contradictorios que mellan su credibilidad. Maquiavelo decía que “quien quiere estar en todos lados termina no estando en ninguno”. Pero la misma responsabilidad que se le reclama al gobierno le cabe a la oposición. Sea para formular propuestas creativas y virtuosas, como proteger a la ciudadanía de prácticas fascistas y antidemocráticas. La enorme crisis presente y futura exigirá profundas transformaciones estructurales que de no ser las adecuadas, concluirán en caos.

Los incumplimientos no serán demandados por Dios, la Patria o la Historia, sino por los ciudadanos empobrecidos y carentes de privilegios.

Buenos Aires, 03 de junio de 2020