Mes: febrero 2021

De Menem a Tailhade

Dos hechos independientes presentan aspectos que debidamente asociados, permiten entender las estrategias empleadas para mantener por décadas la impunidad en causas de corrupción. Deben analizarse en un marco dentro del cual no solo son culpables quienes lo parecen, sino también quienes simulan ser inocentes y prebendas mediante, dejan hacer o votan para encubrir.

Casi en simultáneo con el deceso del ex presidente Menem, el diputado oficialista Tailhade denunció al diputado Fernando Iglesias y al ex funcionario De Andreis, ambos de Cambiemos, por presunto enriquecimiento ilícito. Para no caer en la trampa ocultista de la “grieta”, en lugar de desacreditar las denuncias  acusando a Tailhade de operador político o denunciador serial, es relevante utilizarlas para formular análisis más creativos que permitan desnudar estrategias para lograr impunidad. Más aun cuando como nunca antes desde la recuperación de la democracia en 1983, la lucha entre protectores y desactivadores de impunidades es pública y notoria. Ambas denuncias, que recayeron en el juzgado federal de Sebastián Casanello y el fiscal Di Lello, apuntan a la única figura penal en que la inocencia debe ser probada por los acusados, quienes deberán aportar la documental que justifique su incremento patrimonial, y en tiempos que se suponen acotados, la justicia certifique su veracidad con peritaje incluido de ser necesario, y emita dictamen. A partir de esta simplicidad enunciativa surgen las irregularidades y/o complicidades, que incluyen al Consejo de la Magistratura. Los antecedentes sancionatorios en este delito básico son prácticamente inexistentes. Por el contrario, existen absoluciones escandalosas, o “cajoneo” de expedientes para que las causas caigan en el olvido o cierren con prescripciones.

El reciente deceso del ex presidente Menem resulta paradigmático al respecto. En el año 2000 fue denunciado por enriquecimiento ilícito por orden del entonces vicepresidente de la Alianza Carlos Alvarez, recayendo la causa en el juzgado del juez Oyarbide, hoy ocupado por la jueza Capuchetti. Transcurridos casi 22 años, el caso no solo no tiene sentencia, sino como en una broma macabra, a la fecha la jueza está esperando que la pericia contable le sea entregada. Esta situación se replica en centenares de investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios, con recordadas excepciones condenatorias, como la aplicada a María Julia Alsogaray. Surge entonces la evidencia que muchas denuncias lejos de perseguir un fin moral de justicia, con eventual sanción y resarcimiento, son clásicas estrategias de apriete y encubrimiento para negociar impunidades. No es un fenómeno nuevo. El difundido accionar del crimen organizado en EE.UU. a partir de la década del 20 se basaba no solo en el crimen, sino en el apriete, el miedo, el silencio, la complicidad, con la imprescindible cobertura política, judicial y policial. Pero cuando las luchas llegaban a la instancia de poner en riesgo sus negocios, para mantenerlos los jefes de las principales bandas formaban consejos que acordaban repartirse territorios de influencia. Salvo el crimen, usado excepcionalmente, en la corrupción política actual el resto de los instrumentos siguen vigentes.

No es entonces contradictorio que quienes desacreditan y amenazan a miembros de la justicia por actuar y sancionar hechos de corrupción política, presenten ante la misma justicia denuncias por corrupción contra adversarios, pretendiendo  masificar responsabilidades y negociar impunidad. Para practicar este juego perverso, las castas políticas legislaron para sí privilegios que envidiarían los delincuentes de antaño, por los que procesados y condenados pueden legislar y ocupar cargos públicos, lo que les permite utilizar las denuncias cruzadas sin costo alguno. Por ello la sociedad no se debe dejar engañar con la grieta y el abstracto “lawfare”, y en este caso como en todos los que se presenten, exigir que los integrantes de Cambiemos o de cualquier agrupación demuestren su inocencia, y la justicia cumpla con los plazos procesales establecidos.

La cita de Menem arroja otra enseñanza. El ex presidente, muchas veces vituperado por propios y extraños, asumió en 1989 y murió como senador. Su denunciante y ex vicepresidente Carlos Alvarez, uno de los grandes responsables de la crisis 2001-2002, permanece premiado con diversos cargos diplomáticos. Esta asombrosa perdurabilidad se repite con muchos otros funcionarios que no ocupan las primeras planas periodísticas (especialmente en destinos diplomáticos y en miles de asesorías), cuyas ideologías maleables les permitieron permanecer por décadas en cargos públicos privilegiados de distintos gobiernos. Esto es lo que se conoce como castas políticas, que no tienen “grietas” para negociar prebendas.

Buenos Aires, 24 de febrero 2021

Juego precios y salarios

Un juego tiene como fin proporcionar entretenimiento a los jugadores, con reglas preestablecidas. Desde hace décadas en nuestro país se practica el llamado “Precios y salarios” con la entusiasta participación de políticos, empresarios y sindicalistas, pese a que invariablemente ningún jugador arriba a la meta establecida. Para explicar a la ciudadanía este misterio, se apelará al viejo juego “batalla naval”, por su popularidad y sencillez.  

Para participar basta  que cada jugador posea un lápiz y una hoja cuadriculada con columnas verticales identificadas con números y horizontales con letras. Dentro de la cuadrícula se dibujan rectángulos que según la cantidad de casilleros contiguos que ocupen, serán portaviones, acorazados o lanchas. Cuando un jugador canta una posición (ejemplo C5), los restantes deben marcarla en su hoja, y manifestar sus consecuencias: agua, nave dañada o hundida, en caso que se haya impactado en todos los casilleros de la nave. La versión criolla adolece de un tradicional vicio: los jugadores suelen mentir, y cuando una nave es impactada, los afectados cantan “agua”. El no cumplimiento del requisito de veracidad obliga a establecer una referencia temporal para dar por terminado el juego, y comenzar a verificar daños y mentiras. Este año se adoptó el rumbo de colisión del Titanic contra un témpano de hielo ubicado en las coordenadas de octubre, mes de las elecciones nacionales. A mayores engaños de los jugadores, más firme se mantendrá la posibilidad de colisión. Esta metáfora no se aleja de la realidad; el gremio bancario cerró su paritaria del 2021 con un aumento del 29% (más otros beneficios), pero por nueve meses, o sea, hasta octubre. La elección de este juego en el que el éxito depende del azar, se debe a que los gobiernos carecen de un plan que interrelacione a todos los sectores y objetivos, por lo que los acuerdos son sin cambios estructurales e invocaciones místicas de corto plazo.  

Tras la foto de rigor, con los participantes convocados al evento expresando el deseo de no defraudar las expectativas de los espectadores argentinos, y en especial de los que “menos tienen” (esta frase la agrega la oficina de prensa), se inicia el juego con la máxima autoridad política presente, usualmente el ministro de economía, cantando con voz clara que la inflación del 2021 será del 29% (casillero D4). Al unísono y entre carcajadas, el resto de los avezados jugadores responden: agua. De inmediato se abre un fuego cruzado entre las fuerzas en pugna, para definir si ganan más quienes tienen vacas lecheras o los que venden leche envasada; quiénes comercializan ganado en pie o las carnicerías y supermercados; quiénes producen trigo, o los que venden pan en mostrador. De pronto, empresarios y sindicalistas concentran fuego en las naves estatales, preguntando cuál es el porcentaje de impuestos en los precios, y quiénes afrontan el déficit fiscal. Para evadir la encerrona, pícaramente los funcionarios ocultan ministerios, organismos inservibles y miles de asesores, entre otras mercaderías, en submarinos no declarados. El fragor del combate se intensifica, con variado tipo de objetivos: valor del dólar (E3), déficit fiscal (A7); presión impositiva (C8), grandes ganancias empresarias (F4), legislación laboral añeja (G1), subsidios varios (J4), créditos oficiales incobrables (H9), vivir con lo nuestro (L2); evasiones fiscales consentidas (R9). Ante cada impacto los jugadores afectados, impávidos, cantan “agua”. Por ejemplo, las crónicas registran que no participaron de la apertura del juego los dueños de empresas, con excepción de Madanes Quintanilla de Aluar y Teddy Karagozian del sector textil. El primero tiene como insumo básico al aluminio, que fluctúa con el dólar; el segundo representa a una industria nacional que aunque no tiene competencia de importación, tuvo aumentos superiores al 60% en la vestimenta. Seguramente, salvo que algún jugador lo desmienta, ambos cantaron “agua”.

Una vez más el resultado será inevitable: tras el voto de la ciudadanía en octubre, el Titanic argentino impactará contra el inmutable témpano. Tras la catástrofe, la aleccionadora metáfora continúa. Los escasos botes salvavidas los ocuparán las privilegiadas castas dirigentes políticas, sindicales y empresariales, las que retomarán el juego de la “batalla naval” previo a las elecciones del 2023. Por su parte muchos de los ciudadanos transportados en tercera clase bajo cubierta perecerán, y los sobrevivientes seguirán con las heladeras vacías y las parrillas sin usar.

Buenos Aires, 17 de febrero 2021

Léxico, imagen y contexto

Para desarmar las anacrónicas estrategias discursivas sostenidas por nuestras conservadoras castas políticas, se deben comentar cuatro herramientas que estructuran a los mensajes: ideología, léxico, imagen y contexto. Oportunamente se analizó que la ideología dejó de otorgar identidad, debido a la extinción de partidos de alcance nacional y las fluctuantes asociaciones electorales. Respecto al léxico, conocer el significado de cada palabra es esencial para clarificar conceptos. Por ejemplo, sustituir “clase” política por el de “casta” política, permite entender la perpetuación de las dirigencias responsables del atraso. Resta comentar imagen y contexto.

La imagen es un conjunto de percepciones de objetos reales o imaginarios. Su utilización política la destacó el pensador Giovanni Sartori, al señalar la transición del “homo sapiens” (hombre    que sabe), a la del “homo videus” (hombre que ve). Si bien el corazón de una campaña es el candidato, el corazón del candidato es su imagen, en la que juegan no solo los aspectos visibles (rasgos, gestos), sino también subyacentes (pasado, actitudes). El riesgo de decidir adhesiones basados solo en lo audiovisual, lo explicitó Maquiavelo hace más de 500 años, cuando le dijo al príncipe: “Cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que eres”. El contexto es una suma de circunstancias pasadas y presentes que rodean a los acontecimientos y mensajes (tiempo, lugar, situación, antecedentes), los cuales deben evaluarse adecuadamente para emitir un juicio. Dado que individualmente se optará por determinados aspectos de la ideología, léxico, imagen y contexto, las conclusiones no serán irrebatibles, pero deberían tener una trazabilidad racional, de la que habitualmente carece el discurso político. Ello permitirá que el ciudadano se transforme en analista activo, en lugar de receptor pasivo.

Un ensayo se podría aplicar a los mensajes del presidente Fernández, máxima autoridad del gobierno, juzgados como confusos y contradictorios. Su ideología es de origen peronista, habiendo participado en sucesivas internas que atravesaron los gobiernos de Menem, Duhalde y Kirchner. Su imagen responde a un funcionario con rasgos clásicos en el vestir y hablar, con un léxico de estilo docente antes que de barricada. Cobran relevancia los aspectos subyacentes de la imagen. Desempeñó solo cargos políticos, salvo cuando fue legislador porteño por el partido de Domingo Cavallo, durante tres años. Nunca encabezó agrupaciones políticas propias, y actuó como jefe de campaña de candidatos justicialistas. Por sus nexos docentes y políticos, se le adjudica la condición de operador en el ámbito judicial, y es habitual concurrente a programas de opinión, en los que se desempeña con desenvoltura. Con estos datos, la utopía de que se conforme un “albertismo” es fácticamente inexistente. Estas condiciones seguramente fueron evaluadas por Cristina Kirchner, cuando en mayo de 2019 los designó como candidato a presidente, reservándose ella la vicepresidencia, o sea, la presidencia del Senado. Las críticas de Fernández a su gestión presidencial fue un detalle menor en relación a los tres objetivos buscados: ganar la elección nacional (se cumplió), lograr inmunidad judicial y refinanciar la deuda externa (pendientes). A poco más de un año de gobierno, cabe analizar la dificultad en alcanzar los dos objetivos faltantes.

En primer lugar, Fernández no fue ni será un títere; asumió un compromiso con reglas de juego que intenta cumplir. Pero se obvió considerar el cambio de contexto. Un operador judicial tiene eficacia como intermediario entre el poder y la justicia, en conversaciones informales que amenazantes o distendidas, estén alejadas de la luz pública. No las puede realizar quien encabeza el poder; menos aun cuando las causas de corrupción son ampliamente conocidas como para abortarlas sin altísimos costos y consecuencias (caso del juez Obligado con el condenado Boudou). Si para lograrlo Cristina transfiere el poder a Fernández, en temas judiciales Fernández pasa a ser Cristina. En cuanto a la renegociación de la deuda, el ministro de economía está imposibilitado de darle un curso técnico a la gestión por las profundas contradicciones dentro de la alianza gobernante. En ambos acuerdos pendientes, Fernández intenta cumplirlos pero se ve imposibilitado por causas ajenas. Con el agravante de la proximidad de un hecho que las castas políticas priorizan por sobre cualquier urgencia: las elecciones nacionales

Este contexto es el que explica acciones y discursos presidenciales cambiantes, confusos y contradictorios. Pasó del distendido ámbito de las gestiones reservadas y asesorías diversas, a ser la cara visible de divergencias propias y ajenas. Se transformó en una víctima de no creer en un plan de gobierno, del que el país carece desde hace décadas. En tanto, los esfuerzos de las castas políticas se concentran en mantener privilegios, aumentar impuestos y negociar impunidad.

Buenos Aires, 10 de febrero 2021

La tapa de los labios

Es conocida la preocupación que genera en muchos políticos “las tapas de los diarios”, dada su incidencia en la opinión pública. Con encabezados adecuadamente diseñados, en pocas palabras suelen plantear temas incómodos para el poder, que solo atina a desacreditar a los medios, financiar a los oficialistas, o en dictaduras, acallar las disidencias. Sin embargo, muchas de esas tapas mediáticas se basan en las tapas de los labios a cargo de dirigencias políticas, cuyos mensajes son igualmente breves y elaborados, que pueden tener a personajes delirantes como acompañamiento coral.

Las tapas de los diarios son leídas por todos los sectores sociales, no así las páginas interiores que desarrollan los temas enunciados. Lo mismo sucede con frases del discurso político (tapas de los labios). A esta similitud entre medios privados y mensajes políticos, les comprende por igual las opciones de veracidad, profesionalidad, falacia, engaño, mentira. Como la herramienta comunicacional es el léxico, a las palabras hay que darles inicialmente un significado, para luego analizar el contenido y desentrañar mensajes. En el campo político, este juego combinatorio de palabras para elaborar el discurso se diseña en función de principios básicos de propaganda, que no deben confundirse con marketing. Se busca impactar en la sociedad desde lo emocional (creo/no creo; me gusta/no me gusta), y no desde lo racional (porqué; en base a qué). De allí que desarmar las falacias discursivas de los mensajes, exige que los ciudadanos receptores abandonen la pasividad receptiva emocional, para analizarlos compitiendo desde lo racional. Las fichas del juego son las mismas: el léxico.

Reemplazar la expresión “clase política” por “casta política”, permite entender porque en un país en continua decadencia permanecen inmutables las dirigencias responsables; explica la razón de la rutinaria manipulación de los sistemas electorales, las interpretaciones capciosas que protegen a los políticos acusados de delitos, y los acuerdos por privilegios estatales de los que carecen los ciudadanos comunes. Y transparenta que en las castas la famosa “grieta” solo son pujas circunstanciales de poder, que pueden concluir con las más asombrosas asociaciones electorales. De igual modo, la estrategia que combina las palabras “presos” y “políticos”, con supuestos distintos significados según se ordenen como presos políticos o políticos presos, omite lo esencial, que es el motivo: delitos económicos contra el Estado. Los verdaderos presos políticos son detenidos por oponerse a regímenes dictatoriales, no por enriquecerse con fondos públicos.

Por ello, para reformular el anquilosado y repetido léxico político que mantienen acciones de gobierno igualmente nocivas y anacrónicas, es más importante identificar las falacias, que son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero inexactas, antes que debatir con personajes secundarios o impresentables que aportan a las estrategias de confusión. De este modo se podrá lograr que la sociedad vaya imponiendo temas en la agenda institucional, en lugar de someterse pasivamente a fluctuantes y personalistas intereses de quienes buscan mantener privilegios, disfrazados de derecha, centro o izquierda. Las multitudinarias convocatorias contra la impunidad en casos de corrupción, es un ejemplo.

Dado que la política es el único medio a través del cual las sociedades se organizan, un diagnóstico realista es imprescindible como punto de partida para lograr cambios esperanzadores. Existen camadas de políticos capacitados y honestos, pero lamentablemente el devenir de nuestro país indica que hasta el momento para la toma de decisiones virtuosas son minoría. En esta tarea las abstracciones conceptuales deben acompañarse con referencias tangibles. Por ello en lo inmediato se debe concentrar la atención ciudadana en el accionar de solo 355 nombres políticos que tienen el poder para acordar y decidir: presidente, vice presidente, 24 gobernadores, 257 diputados y 72 senadores. Prestando atención a como ejecutan y votan, no a como declaran.

Buenos Aires, 03 de febrero 2021