Mes: marzo 2021

Castas, lawfare y AFI (parte 1)

La problemática de un país en función de sus gobiernos, depende de los oficialismos, oposiciones y corporaciones relacionadas con el poder. Analizarla implica definir un período de evaluación de antecedentes, para identificar actores, políticas aplicadas y sus consecuencias, sean bienestar y desarrollo de los gobernados, o su empobrecimiento y degradación. Dado que una generación se estima en 25 años, período en el que se recuperaron países arrasados por la segunda guerra, como Alemania y Japón entre otros, o tuvieron un desarrollo económico y tecnológico sorprendente como China, hoy compitiendo palmo a palmo con Estados Unidos, cabe preguntarse de qué mojones podríamos partir los argentinos: la asunción presidencial de Perón en el 45 (76 años); su regreso en el 73 (48 años); las asunciones de Alfonsín en el 83 (38 años); de Menem en el 89 (32 años), o de Kirchner en el 2003 (18 años).

Retrotraernos 76 años para partir con Perón en el 45, no solo se justificaría porque su nombre es invocado, con más oportunismo que convicción, para justificar políticas de gobierno y estrategias discursivas contemporáneas, sino por mostrar vigencias políticas y dialécticas sorprendentes. En un discurso pronunciado en Plaza de Mayo en su primera presidencia, ante presiones devaluatorias Perón preguntó a la muchedumbre: “¿Alguno de ustedes vio alguna vez un dólar?”. Siete décadas más tarde, el pasado 24 de marzo nuestra vicepresidenta clamó por terminar con el bimonetarismo (peso/dólar), en lugar de priorizar terminar con la inflación. En la segunda presidencia de Perón, la Memoria del Banco Central de 1952 señalaba que “el volumen de exportaciones se redujo drásticamente debido a los resultados desfavorables de la campaña agrícola producto de la sequía”, provocando una fuerte caída de reservas. En el 2021 nada cambió. La salud de la economía depende de los éxitos y fracasos de los productos exportables del campo, de la ayuda de Dios respecto al clima, y del mundo en relación a los precios. Pese a lo cual subsisten políticos y empresarios prebendarios que plantean “vivir con lo nuestro”, obviamente “sin afectar lo mío”. 

Con esta genealogía, partir de los 38 años transcurridos desde la asunción de Alfonsín (una generación y media), ya no parecería excesivo. De dicho período podría destacarse que por primera vez el justicialismo fue derrotado en las urnas, permanecía un bipartidismo con identidad y extensión territorial que incluía al 92% de los ciudadanos, y se produjo la traumática hiperinflación de 1989. La asunción anticipada de Menem hace 32 años no solo nos aproxima a los 25 años de una generación, sino establece parámetros que se prolongan a la actualidad. Se pueden señalar cuatro: 1) Reforma del Estado; 2) Reforma constitucional de 1994; 3) Inicio de la manipulación de las leyes electorales; 4) La más importante: consolidación de las castas políticas y la corrupción. La reforma del Estado era una exigencia ineludible producto de costos fiscales insostenibles, pobres prestaciones de servicios públicos y una inflación galopante, no de un supuesto neoliberalismo. Dos ejemplos: YPF, empresa emblema, daba pérdidas producto del saqueo a que era sometida por políticos, sindicalistas y proveedores. Asimismo, conseguir teléfono residencial era imposible, al punto que poseerlo incrementaba el valor de venta de las propiedades. Se privatizaron organismos y jubilaciones; se cancelaron regalías con las provincias petroleras (600 millones de dólares a Santa Cruz), se implementaron participaciones accionarias de los trabajadores en empresas privatizadas, ubicando en sus directorios a políticos y sindicalistas defensores del “patrimonio nacional”, que naturalmente, no detectaron el vaciamiento de las empresas. Con el oxígeno de las arcas públicas saneadas e inflación controlada, surgió un clásico de las castas políticas criollas: deseo de reelección, en este caso de Menem. Ello dio lugar a la reforma constitucional de 1994 bajo el subterfugio de una modernización institucional, que derivó en un jubileo para retomar grandes gastos en estructuras políticas superfluas sin beneficios sociales. Se crearon innumerables organismos burocráticos costosos y sin poder de decisión, como defensorías del pueblo, de la tercera edad, del niño, de la mujer, de los derechos humanos, contra la discriminación, y Consejo de la Magistratura para la independencia de la justicia, entre otros. Dichos patrióticos servicios son realizados desde cómodas oficinas con atención en días hábiles, mientras las víctimas “protegidas” sufren el aumento de la pobreza y la ausencia de acción estatal en el lugar de los hechos. En paralelo, comenzaron las manipulaciones de los sistemas electorales para facilitar la permanencia de las castas, y se fueron entretejiendo complicidades para proteger la corrupción estatal-privada.

Los actores principales, sus familiares y descendientes de esta reseña siguen vigentes, por lo que bajo el concepto de “castas” se deberá analizar la actualidad y riesgos futuros. En la próxima reflexión se comprobará que temas supuestamente dispersos como castas, lawfare y Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otros, están directamente interrelacionados.

Buenos Aires, 31 de marzo 2021

El engaño del lawfare

El designio de la propaganda política es convencer y subyugar, no educar. Sus objetivos se canalizan a través de mensajes breves y supuestamente comprensibles para todos los ciudadanos, con independencia de sus niveles culturales, económicos e ideológicos. En este contexto la estrategia de instalar el vocablo inglés “lawfare”, presenta curiosidades. Se utiliza un término extranjero, y no su traducción para que sea comprendido por todos, lo que supondría cierto elitismo. Tampoco se explica su origen, significado y correcta aplicación del término. Estas intencionadas omisiones responden al objetivo buscado, consistente en que el debate en casos de corrupción se reduzca a creer si hay o no “lawfare”, en lugar de establecer si la teoría del “lawfare” es aplicable.

Para quienes no hablan inglés, habitual en nuestras castas políticas, “lawfare” surge de la contracción gramatical de las palabras law (ley) y warfare (guerra), que traducido al castellano significa guerra judicial. El concepto, más allá de esbozos teóricos anteriores, se comenzó a utilizar a principios del siglo XXI, en relación a problemáticas de seguridad nacional, conflictos armados y situaciones conexas, como la afectación de derechos humanos de los más débiles. Charles Dunlap, abogado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y una vez retirado prestigioso profesor universitario, en un ensayo académico del año 2001 definió al “lawfare” como “el uso o mal uso de la ley como sustituto de los medios tradicionales para lograr un objetivo operativo”. El tema de la corrupción política de los gobiernos no era un factor a considerar, pues se supone que un país debe juzgar su propia corrupción, o solucionar el conflicto institucional que lo impide. La incorporación de la corrupción al “lawfare” se produjo hace escasos años como método de defensa de gobernantes y políticos latinoamericanos enriquecidos, permitiendo que acusados de corrupción, en un escenario de realismo mágico latinoamericano que tan bien describiera García Márquez, puedan gritarle con furia para asustar a los jueces del tribunal que los juzga “esto es lawfare”, sin proclamar inocencia ni justificar enriquecimientos, evasiones fiscales y asociaciones ilícitas entre funcionarios y privados. La versión criolla le agregó el dramatismo de una confabulación contra los acusados de turno de sectores políticos, judiciales, empresariales y periodísticos, y de ser necesario, de potencias extranjeras. De este modo la vaguedad del concepto “lawfare” permite que sin sustentarse en leyes vigentes, sospechados de corrupción deslegitimen el accionar judicial que debe investigar y juzgar. Un ejemplo comprensible ilustra lo señalado.

La llamada causa “cuadernos”, iniciada con el hallazgo de ocho cuadernos del chofer estatal Centeno, tiene actores judiciales (el fallecido juez federal Bonadío  y el fiscal Stornelli entre otros), implicados políticos (varios altos funcionarios), empresarios (incluido un familiar del ex presidente Macri), nexos externos (financistas, intermediarios, abogados), y amplia cobertura de medios de comunicación tildados de no kirchneristas, sean de prensa escrita, como La Nación y su periodista Diego Cabot, y televisiva como la señal TN, del grupo Clarín. Meses más tarde, se inició la causa conocida como operativo “puf” de la causa cuadernos, originada en una denuncia del empresario Etchebest en el juzgado de Dolores. También presenta actores judiciales (el juez Ramos Padilla), implicados políticos (varios ex funcionarios), empresarios (el mencionado Etchebest y otros), nexos externos (el conocido D Alessio, ex agentes de inteligencia, policías, abogados), y medios de comunicación tildados de kirchneristas con amplia cobertura en apoyo de la denuncia, sean de prensa escrita como Página 12, o televisiva como la señal C5N del empresario Cristóbal López, con los periodistas Víctor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre.

En cuál de las dos causas hubo “lawfare”? En ninguna, porque la figura penal no existe. Lo que existen y sobradamente, son denunciantes, denunciados, testigos, operadores y elementos de prueba, cuyas verosimilitudes deberán dilucidarse en la única instancia democrática válida: el juicio oral y público. Ambos juicios serán tremendamente ilustrativos para la ciudadanía, porque permitirán conocer a innumerables personajes que interactúan lucrativamente como segundas líneas en ambas causas, lo que es habitual en gobiernos que someten a sus gobernados a vivir en un estado de corrupción permanente.

Buenos Aires, 24 de marzo 2021

Castas como forma de conducción

Los sistemas de gobierno determinan los estilos de conducción política. Lo que pareciera una obviedad deja de serla si se observan las diferencias institucionales, económicas y sociales existentes entre países donde las reglas democráticas predominan sobre las personas, y el poder es ejercido por representantes de los ciudadanos en forma rotativa, o por el contrario, son las instituciones las que se someten a grupos políticos estables que priorizan intereses sectoriales. En el primer caso los que ejercen el poder se identifican como clase política; en el segundo caso, como casta política. Lejos de ser un juego de palabras, esta diferenciación que también se manifiesta en lo discursivo y operativo, permite clarificar las causas del atraso de décadas de nuestro país.

Nuestras castas políticas, instaladas en el marco de una democracia imperfecta y autoritaria, presentan las siguientes características: 1) Permanencia por décadas en cargos públicos privilegiados; 2) Usufructo de recursos públicos, con excesiva carga impositiva; 3) Anomia ideológica, con predominio del interés de la casta; 4) Excepciones legales destinadas a beneficiar a las castas (fueros, sistema electoral); 5) Nepotismo, con elección arbitraria de familiares para ocupar cargos, lo que recuerda una característica histórica de las castas, que es el linaje o herencia familiar; 6) Disolución del principio de división de poderes (ejecutar, legislar y juzgar); 7) Alta corrupción, como consecuencia inevitable al conformarse en el tiempo sólidas cadenas de complicidad. Dado que nuestro sistema no es una dictadura, cabe preguntarse en que instrumentos se apoyan nuestras castas para lograr tamaña perdurabilidad. Inicialmente cabe mencionar tres: a) ausencia de un régimen de coparticipación federal de impuestos, obligación que fue incumplida en la reforma constitucional de1994, lo que genera fuertes dependencias de las provincias con el gobierno central; b) excepcionalidades otorgadas por el legislativo al ejecutivo en base a emergencias económicas, que facilitan arbitrariedades y restricciones democráticas; c) sistema electoral limitativo del derecho ciudadano a elegir a sus representantes, acomodándolo a necesidades de coyuntura (listas cerradas o sábanas; ley de lemas, modificación de calendarios electorales).   

Para subsistir, las castas generan estructuras conservadoras de poder y privilegios, repiten políticas anacrónicas y fracasadas, obtienen adhesiones a través de recursos estatales y practican estrategias discursivas oportunistas, ofensivas y carentes de solidez intelectual. No en vano sus integrantes, con independencia de los niveles de pobreza y subdesarrollo de sus gobernados, gozan de sólidas posiciones económicas, sea en forma legal o a través de la corrupción. Esbozado lo conceptual, es interesante detenernos en lo discursivo, que trasluce que temas priorizan y como argumentan ante la opinión pública las castas. Tres ejemplos, entre tantos que las castas plantean en redes sociales y declaraciones públicas, señala que los intereses que los ocupa son ajenos a las necesidades de una ciudadanía empobrecida y angustiada por la pandemia.  

1) Ante la polémica surgida por la renovación e integración de autoridades del PJ en la provincia de Buenos Aires, Grabois, dirigente piquetero y aspirante a integrar alguna casta, twiteó a quien pretende se respeten los mandatos vigentes: “Estimado Fernando Gray, que yo sepa Máximo es peronista desde que nació y vos militabas en la UCEDE con Alsogaray. La confrontación de ideas siempre suma pero largá el peronómetro y mejorá tu argumento”

2) Horas después que Alberto Fernández confirmara públicamente la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia, aclaró que uno de los posibles sucesores, el diputado Martín Soria (PJ-Río Negro), no tenía raíces kirchneristas porque su hermana María Emilia votó como diputada en el 2017 el desafuero de Julio De Vido, el ex ministro de Planificación expresó en las redes sociales: “Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo. Esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández”

3) En la reciente interna en la provincia de Córdoba para elegir la nueva conducción provincial del radicalismo, se asociaron el senador Negri y el ex intendente Mestre, que protagonizaran una destructiva interna en el 2019 que les hizo perder la intendencia de la capital cordobesa, para derrotar al postulante Laredo, apoyado por el senador Lousteau. Para las castas es más importante una conducción partidaria que un municipio.

Vale aclarar que todos los partícipes de pujas entre castas no pierden el beneficio de usufructuar privilegiados recursos públicos. Si un ministro renuncia o es echado, pasa a ocupar un destino diplomático u otros cargos.

Buenos Aires, 17 de marzo 2021

Grieta: Nun o Fernández?

Nuevamente dos hechos casi simultáneos y supuestamente independientes, muestran con claridad el uso político del término “grieta”. Uno de ellos fue el discurso anual de apertura de sesiones legislativas pronunciado por el presidente Fernández, en una escenografía inédita causada por la pandemia: escasos legisladores presentes en el recinto, varios a distancia reflejados en pantallas, y ausencia de barras bullangueras. Dicha sobriedad ambiental facilitó comprobar que el mensaje no fue dirigido “al gran pueblo argentino”, respondiendo a temas de interés común de una sociedad afectada por la pandemia y sumida en una crisis económica estructural, sino a pujas entre castas políticas, muchas de ellas relacionadas con lo delictivo y la impunidad.

El hecho podría asimilarse a una representación teatral en la que los actores en el escenario (en este caso políticos), en lugar de satisfacer al público asistente (en este caso los ciudadanos), lo ignoran para enfrascarse en acusaciones y amenazas por cuestiones personales. Por ello a un año de ejercer el gobierno, salvo por algunas cifras sin datos y programas que las sustenten, el mensaje no aporta definiciones concretas para el corto plazo (año 2021), y mediano plazo (fin de mandato en el 2023). En su lugar, se realizaron explícitos y rotundos ataques a opositores, miembros del Poder Judicial y medios de opinión, bajo la atenta mirada de una de las procesadas en causas judiciales: la vicepresidenta de la Nación. Resulta evidente que no existe una grieta real que interrelacione los intereses de los actores en el escenario y los de los espectadores en la sala, a los que solo les resta la indignación por el pobre espectáculo brindado. Pero tampoco pueden existir “grietas” insalvables entre quienes conviven desde hace décadas en el escenario, sino las habituales pujas de intereses particulares que los clásicos pandilleros suelen resolver sin sutilezas, cuando plantean eliminar a un juez o fiscal que los pueden condenar, para sustituirlos por otros que les aseguren la absolución. O llegados a un punto crítico, apelar a la clásica amenaza de las novelas policiales: “si yo caigo, vos caes conmigo”.

De esta metáfora teatral, cabe rescatar a uno de los anónimos espectadores (ciudadanos), ubicados en la platea. Cinco días ante del discurso de Alberto Fernández, fallecía el abogado y politólogo argentino José Nun, secretario de Cultura de la Nación entre 2004 y 2009 (gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner), y pensador de izquierda. Su relevancia no consiste en establecer su participación en un gobierno o su ideología, sino destacar su condición de brillante pensador de los problemas argentinos y de la democracia, entre otros aspectos. En sus últimos días se dedicó a estudios centrados en una “Renta básica universal” y “Reforma fiscal progresiva”, con una claridad propositiva envidiable, imposible de encontrar en las permanentes, caóticas y oportunistas reformas impositivas de nuestros legisladores. Salvo que estemos inmersos en una masa amorfa identificada con camisas político-gremiales negras, pardas, verdes, azules, o controlemos precios y vacunemos con pecheras políticas, con pensadores políticos como Nun es impensable que existan “grietas” irracionales, sino saludables aprendizajes y debates. De su agudeza analítica se rescata la descripción que hace de los políticos criollos: “En las zonas cálidas abundan los peces voladores, que saltan casi un metro fuera del agua y planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse. Lo hacen para huir de sus atacantes marinos. Tienen un aire de familia con el planeo de muchos de nuestros políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores”

El discurso de Fernández sin embargo, lejos de ser leído como un recurso de entretenimiento, implica una avanzada institucional desesperada cuyo resultado definirá si se mantendrá la corrupción e impunidad que desde hace décadas genera atraso y pobreza, o se verá definitivamente erradicada mediante juicios orales y públicos. Sus supuestas contradicciones y planteos de imposibles implementación no son errores discursivos, sino concordantes con el objetivo inmediato que no es el de informar, sino amenazar, asustar y confundir. En esta instancia la única “grieta” explícita y ancestral, es la que divide entre honestos y deshonestos; entre servidores públicos y apropiadores de lo público, sean políticos, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, sindicalistas o empresarios. Especial atención merecerán quienes se presentan como opositores, y a la hora de negociar impunidad con el poder, se transforman en aliados, independientes y otros híbridos. Por el momento no exijamos la presencia de estadistas.

Buenos Aires, 10 de marzo 2021

Payasadas vacunatorias

Hay dos formas de diseñar los temidos títulos de los medios de comunicación: describir sintéticamente un hecho o transcribir textualmente declaraciones. En el caso de las polémicas generadas por las “vacunas políticas VIP”, descripto el hecho, cabe detenerse en las declaraciones y actitudes. A fin de no succionar nuevamente los chupetes adormecedores de la “grieta” comercializados por las castas políticas, tales como “yo robé, pero Macri también”, o “vacunamos a los amigos, pero Larreta entregó vacunas a obras sociales privadas”, es necesario clarificar el contexto.  

El chupete más tradicional y preferido por los gobernantes en dificultades es “esta es una operación de la oposición y medios de comunicación”. Vaya novedad; los sucesos escandalosos serán aprovechados por las oposiciones de turno y resaltados por los medios de difusión. Pero lo importante es que el hecho existió. Tras lo cual desfilan estrategias discursivas exculpatorias basadas en el engaño (personal estratégico), la amenaza (calificar de payasesco el accionar judicial), o el cinismo (yo no sabía que estaba mal). El análisis sin embargo no puede partir de la indignación, que especialmente en el campo político puede ser real, simulada o sobreactuada. Es necesario encuadrar el suceso y sus implicancias partiendo de clarificar los conceptos básicos de corrupción, tipificaciones penales, ética, moral y eficacia administrativa.

Corrupción, en su raíz indo-europea significa arrebatar, alterar. Los niveles de arrebatos varían: pueden ser billeteras, vacunas, recursos públicos, vidas. Dentro de las tipificaciones penales, entre otras se mencionan el incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que algún profesor de derecho definió como “payasadas”. En cuanto la ética, que estudia la bondad o maldad de los comportamientos humanos individuales, y la moral, que analiza las costumbres de una sociedad, a diferencia de la ley, desobedecer sus normas no implica sanciones. La eficacia administrativa finalmente, debiera considerar que a nuestros representantes públicos, en especial políticos, no se les exige cumplir con los requisitos legales, éticos, morales y de formación profesional necesarios. Es sabido y confesado el desprecio por el mérito para ejercer cargos políticos, la práctica desaforada del nepotismo y amiguismo para cubrir cargos negando a la ciudadanía igualdad de oportunidades vía concursos abiertos, las prebendas legislativamente institucionalizadas, y la lucha despiadada de los más altos niveles políticos para lograr impunidad judicial.

Con estos antecedentes, el derecho a la indignación podría aceptarse inicialmente en los ciudadanos comunes carentes de privilegios, con excepción de aquéllos que aún adhieran a la teoría “roba pero hace”. No en vano se considera que en nuestro país rige desde hace décadas una corrupción que nos es circunstancial sino sistemática e institucionalizada, lo que nos inserta en un “estado de corrupción”. Por ello el análisis debiera resaltar que lo relevante del caso “vacunas VIP” no es la confesión de Verbitsky, sino que el hecho fuera promovido y ocultado por cientos de funcionarios, políticos, gremialistas y periodistas, en una complicidad recurrente para usufructuar privilegios y proteger corrupciones. Lo que hace al hecho peculiar, es que se produce en el marco de una pandemia inédita, donde compiten cara a cara la vida y la muerte.

Por ello es adecuado utilizar nuevamente como metáfora para evaluar actitudes políticas la tragedia del Titanic, que presenta tres claras y concurrentes similitudes: 1) Soberbia discursiva (en ese entonces se planteaba que el trasatlántico era insumergible); 2) impericia conductiva (se priorizó el tiempo de duración del viaje por sobre el riesgo de los icebergs); 3) exhibición de privilegios (durante el naufragio los insuficientes botes salvavidas los ocuparon los pasajeros de primera clase). En nuestra versión criolla, los escasos botes, hoy vacunas, los ocuparon muchos de nuestros políticos proclamadores de la justicia social y defensores de los que menos tienen, incumpliendo un acto elemental de verdadera solidaridad y dignidad ante una catástrofe: salvar primero a las mujeres, ancianos y niños.  

Buenos Aires, 03 de marzo 2021