Mes: noviembre 2021

Castas militantes

La propaganda política moderna nació con Lenin, Trotsky, Mussolini y Hitler, quienes establecieron conceptos y reglas básicas hoy vigentes. Mientras Mussolini decía que “el hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer”, Hitler observó que las reacciones de masas son determinadas más por la emoción que por la reflexión, por lo que el verbalismo debía ser acompañado de actos monumentales, recurso que en cuanto a imagen, ya se practicaba en la antigüedad. Lo señalado servirá para interpretar lo sucedido en el acto por la militancia del miércoles 17 de noviembre, en el que se aplicaron reglas de propaganda clásica para distorsionar la realidad y enmascarar intenciones.  

El militantismo, término de raíz latina invocado para convocar al acto, remite a la formación de milicias, lo que supone formación y espíritu de cuerpo en sus integrantes. En la actualidad define a una persona o grupo de personas que comparten ideas dentro de una organización con conducción activa. Para entender el desarrollo del acto se deben interrelacionar los siguientes conceptos: organización (gobierno); contexto (resultado eleccionario); escenificación (convocatoria multitudinaria), y mensaje (discurso presidencial).

Para la organización y escenificación se utilizó la regla propagandística de “unanimidad y contagio”, basada en que la presión de un grupo predomina por sobre la opinión individual, principio que explica actos multitudinarios que generan estados de exaltación contagiosos y sin disonancias. La escenificación aportó a este objetivo, con un palco monumental como soporte de un único orador solitario para realzar su poder, y en el llano, ciento de miles de entusiastas militantes. Para el contexto eleccionario se empleó la regla llamada de “desfiguración”, basada en el uso de datos o citas desvinculadas de la realidad, y “orquestación”, consistente en la repetición constante de un mensaje por diversos actores. La “desfiguración” la aplicó el presidente cuando al cierre de la votación llamó a una convocatoria militante en Plaza de Mayo “para festejar el triunfo electoral”; tras lo cual diversos funcionarios iniciaron la “orquestación”, hablando de “empates técnicos” y “triunfo en la derrota”. Conocer estas estrategias usadas inclusive para explicar una elección cuyos resultados se definen de modo matemático por cantidad de votos obtenidos, servirá para analizar cómo se presentarán próximamente ante la sociedad las consecuencias económico-sociales de las próximas decisiones políticas, con o sin acuerdos.

La primera disonancia se observó cuando los militantes, que como tales debieran tener “espíritu de cuerpo”, fueron organizados y conducidos en tres sectores independientes claramente identificados: gremialistas e intendentes, organizaciones sociales y el sector político La Cámpora, lo que hace suponer que los reales militantes eran las dirigencias políticas, gremiales y de organizaciones sociales, interesadas en mantener o acrecentar espacios de poder relacionados con el manejo de recursos públicos. La multitud solo cumplía un rol escenográfico de supuesta adhesión.

Finalmente se arriba al objetivo final planificado: el mensaje del líder; en este caso el presidente Fernández. Su línea argumental confirmó que el acto estaba destinado a la militancia política rentada, y no a las necesidades sociales en general y de los miles de concurrentes en particular, a quienes solo les dedicó renovadas promesas de una indefinida mejora futura, y la de no negociar acuerdos a costa “del hambre de los argentinos”, omitiendo que el 42% de pobres son consecuencia de las mismas castas y corporaciones gobernando desde hace décadas. Ya instalado en la interna política, expresó su objetivo de triunfar en la elección presidencial del 2023, y comprometió elecciones internas para elegir candidatos, pese a que en el 2019 ningún gobernador, intendente, gremialista y político objetara que Fernández fuera elegido como candidato presidencial a través de un tweet de Cristina Kirchner.

Al mencionar el ya fantasmal acuerdo político, echó mano a la regla de propaganda política llamada de “simplificación y enemigo único”, consistente en concentrar odios en una sola persona, pues es más fácil rivalizar con personas visibles y conocidas, que con ideas o partidos. Cuando se convence a la masa que el verdadero enemigo no es una oposición genérica sino el jefe de esa oposición, se mata dos pájaros de un tiro: degradar al jefe, e intentar captar algunos opositores engañados por el mal conductor. Ello explica que aunque no sea funcionario o candidato, Fernández mencionara una vez más a Macri, excluyéndolo de cualquier diálogo, para “que se quede haciendo negocios con sus amigos”. A esta última regla deberá prestársele atención en el corto plazo, con un interrogante: será usada internamente contra Cristina Kirchner? Y será Fernández el mascarón de proa? Las castas políticas suelen sacrificar pastores para que el rebaño, siempre inocente, continúe sobreviviendo.

Buenos Aires, 24 de noviembre 2021

Políticos al desnudo

Conocidos los resultados de la elección legislativa, cabe destacar aspectos a considerar en la acción política que se avecina. Uno se ellos, es que la incipiente evolución democrática no proviene de la clase política, sino de la sociedad sin distingo de clases. Los reveses electorales que sorprendieron a los oficialismos de turno en las elecciones del 2019 y la actual, muestran que disminuye el voto cautivo y se incrementa el voto castigo. Y con independencia de afinidades partidarias, se unifican los reclamos sociales por la calidad de la educación, salud, seguridad, justicia sin corrupción, trabajo digno y progreso. En contraposición, la política continuó apelando sin pudor a la práctica de viejos caudillos y patrones de estancia, que para lograr votos o adhesiones no ofrecían progreso y dignidad, sino dinero y dádivas de coyuntura, en este caso financiadas con recursos estatales. Actitudes que ratifican que la coincidencia ideológica existente entre castas políticas, corporaciones gremiales y empresarias es el conservadurismo, que incluye la complacencia del juez y del comisario, como relatara el Martín Fierro.

Que el usufructo permanente de privilegios genere egocentrismos disociados de la realidad, como que el presidente convoque a Plaza de Mayo para festejar “el triunfo electoral” o que derrotados expresen que “ganaron perdiendo”, no se agota en la anécdota, sino responde a una de las reglas básicas de propaganda política llamada “desfiguración” de los hechos, a la que habrá que prestar mucha atención cuando se presenten eventuales acuerdos políticos.  Por ello importa que en los mismos participen no solo los máximos responsables institucionales, sino también una ciudadanía activa, sea vía convocatorias o intermediación de organizaciones no gubernamentales, que aseguren protección del interés común y otorguen legitimidad. Caso contrario, se repetirá el conocido recurso de “cambiar para que nada cambie”, como sucediera con el acuerdo de cúpulas del 2002, por el que se incautaron los ahorros de ciudadanos comunes, pese a que los legisladores pocos meses antes habían votado que los depósitos eran intangibles, en tanto el Estado se hacía cargo de gran parte de la deuda en dólares de grandes empresas con la llamada “pesificación asimétrica”, invocando un vieja excusa para encubrir negociados: cuidar el empleo de los trabajadores.

En el debate se deberá obviar la falacia estéril de “más o menos Estado”, cuando es el Estado el que define el perfil de un país: planifica, legisla, ejecuta, protege, castiga y formula el proyecto nacional. Pero para tener éxito son necesarios actores que ofrezcan ejemplaridad y capacidad, activos escasos en nuestras corporaciones conservadoras. Los pasos iniciales para plantear un acuerdo no son alentadores, por dos circunstancias. En primer lugar, se lo plantea de modo superficial y casi fantasmal a través de diversos voceros, sin indicar sus bases, metodología de elaboración, quienes lo suscribirán y cómo se garantizará su seguimiento.

En segundo término y más preocupante, es que solo se hable de un eventual acuerdo internacional con el FMI, que es una negociación de carácter estrictamente económico-financiera con indicadores macroeconómicos, y se omita la necesidad de un imprescindible acuerdo nacional interno y político, que generen profundas y virtuosas transformaciones institucionales. Como ejemplo, el FMI pedirá bajar el déficit en prestaciones jubilatorias, pero no exigirá abolir las jubilaciones de privilegio. En el acuerdo político pueden citarse algunos temas: 1) Racionalización administrativa que elimine ministerios, institutos e infinidad de cargos políticos manifiestamente injustificados e improductivos, cuyos costos no debiera absorber la sociedad; 2) Cumplir con la obligación de diseñar un sistema de coparticipación federal estable y acorde a la época, incumplida desde la reforma constitucional de 1994; 3) Implementación plena del nuevo Código Procesal Penal Federal; 4) Iniciar los juicios por corrupción estatal-privada que tienen Tribunales designados, y desactivar todas las acciones políticas y judiciales en favor de la impunidad.

De circunscribirse a lo económico obviando lo político e institucional, se asistirá a un nuevo simulacro de acuerdo entre castas, de cuyo engaño no será responsable el Fondo Monetario Internacional.

Buenos Aires, 17 de noviembre 2021

Puntos…a votar

En cada acto electoral viene a la memoria una escena del “Tercer hombre”, un clásico policial del año 1949 desarrollado en la Viena de posguerra con guion del escritor Graham Green, que sirve como adecuada y vigente metáfora para señalar la distancia que existe entre los políticos y los votantes. Harry Lime, interpretado por Orson Wells, ofrece a su amigo de la infancia Martins, desocupado en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. A su arribo Martins es informado que Lime acababa de morir atropellado por un auto, y se dirige presuroso a su entierro. Policías presentes en la ceremonia lo interrogan respecto a su relación con Lime, y le informan que traficaba en el mercado negro penicilina adulterada, causando centenares de muertes, en especial niños. Días más tarde Martins descubre que Lime había simulado su muerte para evitar ser detenido, y consigue contactarlo para reunirse con él en el Prater, el parque de atracciones más viejo del mundo. Para conversar a solas suben a una de las  cabinas de la famosa rueda giratoria Noria Grande, y al reprocharle Martins las víctimas inocentes de su negocio, Lime, a 70 metros de altura de quienes circulaban por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?  

A diferencia de la filmografía clásica, que se goza como espectadores, en la cabina de nuestra realidad política igualmente clásica desde hace décadas, permanecen los mismos personajes políticos, mientras los ciudadanos anónimos que se mueven cual puntos sobre el terreno, se reproducen en cantidad y pobreza. Cabe preguntarse cuánto tiempo más los “puntos” aceptarán repetir esta escena hasta el hartazgo, cuando quienes ejercen la dirección de esta inacabada película argentina, presentan una atomizada estructura política carente de formación profesional, y sin un plan que a manera de libreto indique a millones de ciudadanos como actuar coordinadamente. Esta anomalía quedó expuesta en el proceso electoral, que ratificó un principio publicitario que indica que no se puede asegurar por mucho tiempo el éxito de un mal producto, por lo que el marketing político abundó en frivolidades, infantilismos y sobreactuaciones. En defensa de los asesores y publicitarios de campaña, no es fácil entusiasmar cuando no existen soportes de identidad (partido), imagen (candidatos) y mensaje (ideas). La identidad está diluida en coaliciones que fluctúan en cada turno electoral, las imágenes muestran a viejos políticos o a sus apadrinados incluidos en listas sábana, y las ideas se redujeron a repetir acciones que concluyeron en fracasos estruendosos.

Tras esta mediocridad, expertos extranjeros en campañas electorales como el catalán Gutiérrez Rubí, para ordenar lo gráfico y discursivo, deslumbra explicando la valoración positiva del “sí” en relación al “no”. Pero sin soportes conceptuales sólidos, el resultado es una insustancialidad que ejemplifica el presidente en un párrafo de su discurso en la Cámara de la Construcción, cuando expresa “a escuchar y gobernar yo le digo que sí; y le digo que no a la idea de encerrarnos, a la idea de creer que debemos gobernar sin escuchar al otro…”. Vale decir, opiniones que no se practican, sin concreciones. Sin embargo, de la mediocridad política y comunicacional, pueden extraerse dos elementos a considerar a partir del 15 de noviembre. El primero surgido durante la pandemia, es la burbuja, consistente en encierros delimitados como protección social sanitaria. Durante la campaña se potenció algo habitual entre castas, que es priorizar comunicacionalmente polémicas entre burbujas integradas por políticos, en la que los ciudadanos son meros espectadores, antes que la relación entre candidato-ciudadano para comprometer propuestas. Las burbujas más conocidas son “ahh…pero Macri” y “ahh…pero Cristina”, a las que se suman otras burbujas integradas por funcionarios y políticos privilegiados que opinan y acusan sin asumir responsabilidades.

El segundo elemento se transparenta en los actos electorales, al observar a quienes se encuentran en palcos y escenarios. Salvo en lo dialéctico, al amparo de recursos estatales otorgados discrecionalmente se congregan derechas, izquierdas, neoliberales, populistas, peronistas, kirchneristas y radicales. Lo que los unifica ideológicamente es el conservadurismo, tanto del poder como de sus privilegios. No es casual entonces que apelen a viejas políticas de congelamientos; utilicen impuestos para auto promocionarse en lugar de aplicarlos a educación, salud y seguridad; se resistan  a cambiar la estructura del Estado y las leyes laborales; defiendan la impunidad y tiendan a aislarse del mundo. O que intendentes del sufrido conurbano vivan en Puerto Madero. Piensan como conservadores: si en el poder vivimos bien, para qué cambiar?

Con estos antecedentes, en lugar de plantear recurrentemente “grandes acuerdos”, el primer paso es definir los temas y propuestas, y quiénes lo suscribirán. Lo evidente en lo inmediato, es que en la versión argentina del célebre policial del 49, a partir del lunes 15 “los puntos” deberán estar alertas.

Buenos Aires, 10 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021