Mes: febrero 2022

A quiénes salvará el FMI?

La presente coyuntura económico-social recuerda que en los naufragios (léase crisis políticas), no siempre los que conducen son los últimos en abandonar el barco, y peor aún, muchos sustraen los salvavidas destinados a los más débiles. Tras el vendaval político del 2001-2002 que produjo miles de víctimas, las clases dirigentes lactantes de recursos públicos de entonces permanecen vigentes, por lo que es razonable sospechar que nuevamente pretenderán mantener su sobrevivencia y privilegios. Pero una sociedad más madura, crítica de mesianismos, corrupciones e hipocresías, tiene la oportunidad de organizarse para promover transformaciones que viejos linajes políticos intentarán evitar. Esta posibilidad no existió en la crisis 2001/02.

Para lograrlo es necesario conformar una masa crítica ciudadana que no se someta a las manipulaciones comunicacionales y/o propagandísticas basadas en noticias ocultistas, falsas o distorsionadas, sino que reflexione en base en las acciones y declaraciones fehacientes provenientes de las propias dirigencias, que suelen ser igualmente abundantes, para detectar contradicciones e identificar vicios estructurales que expliquen la decadencia del país. Para evitar preconceptos partidarios e ideológicos que eviten consensuar propuestas transformadoras que sean posteriormente institucionalizadas, y dado que los partidos políticos tradicionales han ido perdiendo presencia e identidad, con dirigencias en las que predominan intereses de coyuntura por sobre consideraciones de coherencia, capacidad y honestidad, que son virtudes apolíticas, se considerará como hipótesis inicial a la clase política como algo homogéneo. El drama de Corrientes expuso nuevamente la disociación entre dirigencias y ciudadanos. Mientras el gobernador provincial y el ministro Cabandié cruzaban acusaciones en cuanto a responsabilidades, y tardíamente el gobierno nacional enviara un apoyo de 200 millones de pesos, un joven “influencer” no solo recaudaba de la solidaridad social más de 150 millones de pesos en pocos días, sino a diferencia de la pobre capacidad de gestión de los burócratas, detalló tipo y cantidades de bienes a adquirir, y localidades correntinas en las que serían distribuidos. Casi simultáneamente, el ministerio de Seguridad a cargo de Berni adquiría un avión de uso ejecutivo, en lugar de aviones hidrantes.

Lo señalado lejos de agotarse en una crítica pesimista, parte del principio que para curar un cuerpo enfermo (en este caso el sistema institucional y burocrático), es necesario identificar la causa de la enfermedad. Tarea que no realizarán funcionarios incompetentes y beneficiarios de privilegios, sino organizaciones civiles democráticas con diversidades ideológicas, interrelacionadas para formular propuestas y acordar acciones creativas de interés general. Las primeras posibilidades didácticas para detectar falacias y evitar engaños, las proveen los propios políticos con sus dialécticas oportunistas, incongruentes y superficiales, apoyadas en costosas campañas publicitarias. Cabe destacar tres ejemplos recientes esclarecedores:

1.- A tres meses de las elecciones legislativas y a un año y medio de las presidenciales, varios políticos entre ellos Alberto Fernández, expresaron su intención de ser candidatos a presidente. Dejando en claro que expresiones como “tierra arrasada” cuando se asume un gobierno, es un cínico recurso declamatorio de quienes buscan ocultar no solo su corresponsabilidad en las crisis pasadas, sino su convencimiento de que  con cargos políticos superarán cualquier crisis (con ayuda del FMI?), y aseguran su futuro.   

2.- En su declaración como testigo en el juicio oral por supuesta corrupción en obras viales en Santa Cruz, el presidente Fernández, quien se jacta ser hijo de un juez y profesor en derecho Penal, contradijo sus expresiones públicas formuladas desde el llano en relación a la causa. Ello confirma que las opiniones vertidas fuera de los estrados, no suelen coincidir con las declaraciones emitidas ante un tribunal  con obligación de decir verdad. Y desactiva el valor de las especulaciones teóricas como el “lawfare”, pues en los juicios orales y públicos que muchos “inocentes” quieren evitar, solo pesan las pruebas concretas.

3.- Respecto al caso de las 24 muertes por consumo de droga adulterada, el locuaz ministro de Seguridad Berni señaló como causales del narcotráfico al insuficiente personal y equipamiento policial; a la dilación en el accionar de la  justicia; al fácil otorgamiento de excarcelaciones (responsabilidad que incluye a los legisladores), y ausencia de la escuela como centro de formación y contención. Dado que las “multicausales” mencionadas (término de moda para que el responsable de un área distribuya culpas), son responsabilidades ineludibles del Estado, cabe preguntarse si el Estado nos cuida.

Buenos Aires, 23 de febrero 2022

Halcones, palomas y humanos

Carl Schmitt, reconocido teórico del derecho alemán propulsor del Estado fuerte y admirador del nazismo, fundamentó la disyuntiva amigo-enemigo hoy vigente, como eje central del juego político. Pero cuando esta condición binaria se la asimila al campo zoológico dividiendo a los actores en halcones y palomas, se omiten rasgos personales más relevantes, tales como conciliador, irrespetuoso, patotero, calmo, claro para exponer, útil para coaccionar, coherente, no confiable, entre otros, por lo que los análisis ingresan en una superficialidad ajena a la compleja postura de Schmitt. Sin embargo, la metáfora es asiduamente usada tanto por analistas y comunicadores oficialistas y opositores.

Los halcones son aves de presa de carácter fuerte y garras filosas para cazar pequeños animales, y las palomas, por sus connotaciones simbólicas relacionadas con la inocencia y la paz, tienen mayor cercanía con los humanos. Tras esta caracterización zoológica, se puede llamar halcón a quien sostiene con firmeza posturas fundadas, y paloma (cuyo símil es dialoguista), a quien con una sonrisa negocia votos canjeando cargos y privilegios. Por lo que estas designaciones banalizan análisis y debates, y facilitan utilizar los escándalos, agravios y polémicas personales como estrategia para entretener y/o engañar a la sociedad en lugar de esclarecerla. Toda reflexión u opinión de hechos presentes con proyecciones futuras debe partir de datos veraces, o bien de hipótesis de trabajo explícitas, como muestran dos temas de gran actualidad e impacto en la sociedad: las muertes por consumo de droga adulterada y la negociación con el FMI.

Ante las 24 muertes provocadas por el consumo de drogas adulteradas en provincia de Buenos Aires, los máximos responsables de la seguridad nacional y provincial, Aníbal Fernández y Sergio Berni, en lugar de proveer información oficial coherente en cuanto al curso de investigación y políticas de seguridad, para entretener montaron el patético espectáculo de acusarse públicamente sobre quién es más inútil en su función, dejando la tarea de esclarecer en manos de crónicas periodísticas. Como la superficialidad es contagiosa, cuando el verborrágico Berni declaró que se venden 200 mil dosis de cocaína diarias, a nadie se le ocurrió preguntarle qué medida adoptó con los comisarios de las seccionales en las que actúan los bunkers narcos allanados, aparentemente menos informados que los vecinos.

Respecto al acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI, que a dos años de asumido el gobierno se mantiene en un limbo, halcones, palomas e híbridos especulan sin datos concretos, y juegan con entusiasmo al conteo de posibles votos legislativos. En este caso, a falta de información fehaciente, se deben formular hipótesis de trabajo a ser verificadas próximamente. a) Un default, inicialmente es peor escenario que un acuerdo; b) Las metas económico-financieras anunciadas por el ministro de Economía, consideran un déficit fiscal de 2,5% en 2022; 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, este último sin emisión monetaria para financiarlo, y 0 en el 2025. Por lo que anunciar que se cumplirá lo acordado sin “AJUSTES” es falso e imposible. Lo importante es conocer si el ajuste será equitativo y proporcional a las posibilidades de cada sector, en especial en lo referido al gasto político sin utilidad social; c) Saber si el acuerdo a votar contendrá solo metas e intenciones, o se anexará un programa y presupuesto anual veraz que las viabilicen y equilibren las inevitables cargas sociales (recordar que el FMI hará controles trimestrales); d) Dado que la negociación del acuerdo es responsabilidad exclusiva del gobierno, reviste el carácter de oficial. Por lo que los disensos internos, como que opina Cristina Kirchner, al momento de su tratamiento legislativo son irrelevantes. El funcionario que exprese su rechazo deberá renunciar a su cargo, porque será un obstáculo futuro. e) La oposición no debe “acompañar”, sino estudiar el acuerdo en profundidad, formulando las objeciones enriquecedoras y factibles que considere pertinentes. f) El acuerdo debe ser de conocimiento público, sin cláusulas secretas ni ocultamientos. g) Como pregunta estúpida final de un neófito, cabe conocer si el acuerdo toma en cuenta los desembolsos en moneda extranjera y pesos previstos por otras deudas.   

Esta tarea es para políticos serios y formados, no para halcones y palomas.  

Buenos Aires, 16 de febrero 2022

El soporte del poder

Los responsables políticos de la degradación económico-social del país,  pretenden encapsular el debate para superar la crisis solo en un eventual acuerdo con el FMI, ignorando u omitiendo las profundas reformas internas necesarias para superarla. Es por ello oportuno reflexionar sobre la estructura administrativa estatal, que junto al sistema político y recursos humanos conforman el trípode que define a un gobierno. Este aspecto es clave, ya que si bien se supone diseñada para cumplir con eficacia y profesionalidad las obligaciones indelegables del Estado destinadas al interés general, al ser también un soporte fundamental de poder, lo general (el ciudadano), suele ser afectado por el interés particular (político y/o corporativo). Este es el huevo de la serpiente que explica el empobrecimiento nacional y los privilegios de castas, que incluye a toda la clase política, sin diferencias ideológicas o partidarias.

La importancia de profundizar el análisis de la estructura administrativa reside en que interrelaciona aspectos concomitantes y simultáneos, tales como las crisis económico-sociales recurrentes, déficits fiscales, baja calidad institucional con alta corrupción y la permanencia de castas políticas. Por ello preocupa la falacia discursiva de que se podrá crecer sin ajustes ni reformas estructurales, que es un modo de decir que los privilegios políticos y las estructuras que los alimentan no se tocarán. No en vano en plena crisis, abundan los autoproclamados candidatos presidenciales para el 2023. El objetivo inicial de una reformulación burocrática no debiera ser el de disminuir el costo fiscal, sino lograr una administración profesional eficaz y socialmente equitativa, por lo que las transformaciones se deben concentrar en los organismos y cargos políticos en la administración central, entes descentralizados, empresas públicas, institutos, agencias, entre otras. Lo que también evita que los políticos y sindicalistas beneficiarios de lo público boicoteen toda reforma denunciando el despido de “miles de trabajadores” de planta. Para evaluar la escala de una estructura burocrática, inicialmente cabe preguntarse si a través de las últimas gestiones presidenciales los organismos y cargos políticos se insertan en una estructura administrativa racional consolidada preexistente, o por el contrario, va creciendo permanentemente en los sucesivos períodos de gobierno. Vale recordar que los crecimientos demográficos no implican nuevos organismos y cargos, sino mayor personal operativo de ser necesario, en especial de los que se consideraron trabajadores “esenciales” durante la pandemia

En una configuración administrativa jerárquica en principio piramidal, como primera anomalía se observa que no necesariamente es congruente con responsabilidades y salarios. La recuperación de la democracia en 1983 se inició con 8 ministerios, hasta que la reforma constitucional de 1994 generó una multiplicación de organismos con unánimes consensos políticos: se crearon defensorías que no defienden, Jefatura de Gabinete que no actúa como tal, Consejo de la Magistratura que no sanciona jueces, organismos de derechos humanos politizados que defienden victimarios y no víctimas. Paradójicamente, se incumplió con el objetivo nacional más relevante: establecer un nuevo sistema de coparticipación entre Nación y provincias. A partir de este hito, cada gobierno dibujó su propia ley de ministerios, creó entes descentralizados y multiplicó casilleros jerárquicos, llamados en la jerga “ravioles”. Durante los gobiernos de Cristina Kirchner se llegó a tener 17 Ministerios con 40% más de empleados públicos. Al asumir, Mauricio Macri aumentó la cantidad de Ministerios a 23. El gobierno actual tiene 21, con 87 secretarías de Estado; 207 subsecretarías; 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos y organismos, que suman más de 3.000 funcionarios políticos. Si se agregan organismos descentralizados, empresas con presencia estatal y cargos diplomáticos se estima que se llegan a 8.000 cargos políticos solo nacionales.

Va de suyo que esta estructura elefantiásica e ineficaz plagada de nepotismos y amiguismos con escasa formación y nula capacidad ejecutiva, en un gobierno que además se define como “fuertemente presidencialista”, es incapaz de formular y aplicar un proyecto nacional serio de mediano y largo plazo. Este es el verdadero costo fiscal. Las consecuencias las describe con precisión el estudioso de la intrincada dinámica estatal Oscar Oszlak, quien expresa: “Cuando no hay planificación, no hay futuro, es puro presente, y presente continuo, que no se armoniza. Y tampoco hay pasado: no hay seguimiento, control de gestión, evaluación de resultados. Hay una tendencia a decidir a medida que los problemas se presentan, no anticipándolos o imaginando a lo que se quiere arribar”.

Buenos Aires, 09 de febrero 2022

No es el FMI, estúpido

Un 24 de diciembre de hace 21 años, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, invocando a la Argentina, la Patria y el Pueblo, anunciaba ante la Asamblea Legislativa y con la ovación que brindaron de pie la mayoría de los legisladores presentes, la suspensión de pagos de deuda externa por más de 100.000 millones de dólares. Esta escena de júbilo no acorde con la grave crisis social de entonces, vale rememorarse por Internet. Cuando lo discursivo se tradujo en hechos, quedó en claro que los políticos festejaban su supervivencia y la de un sistema conservador de privilegios: se incautaron ahorros privados, se estatizaron deudas empresarias en dólares, una fuerte devaluación multiplicó el desempleo y la pobreza, surgieron los primeros planes de auxilio social, y las amenazas de investigar la “deuda inmoral” no superaron el marketing, El default concluiría 15 años más tarde.

El recuerdo no es banal, considerando que la mayoría de los actores políticos, sindicales y empresarios de entonces se encuentran vigentes, y pretenden repetir hoy su estrategia de sobrevivir sin que nada cambie. No en vano otro caudillo Rodríguez Saá, “el Alberto”, con una verborragia que incluía al indio Atahualpa, San Martín, Rosas y Bolívar, propuso en la reunión de gobernadores no pagar la deuda.  Para evitar la reedición de engaños, es necesario poner bajo la lupa preconceptos supuestamente consagrados, que se intentan instalar a través de mensajes confusos y/o falaces alrededor del aún hoy fantasmal acuerdo con el FMI. Organismo creado en 1944 por urgencias de posguerra e inicio de la llamada “guerra fría”, y que con el transcurso del tiempo cambió objetivos hasta concentrarse en acordar acciones que corrijan los desequilibrios de países asociados en crisis que soliciten asistencia crediticia y/o refinanciación de deudas, siendo los más gravitantes según sus aportes, Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Francia, en ese orden. Argentina ingresó en 1956, y a partir de 1958 se firmaron 21 acuerdos de asistencia incumplidos, lo que muestra que las morosidades e incumplimientos del país son recurrentes, como también sucede con los acuerdos fiscales que internamente se suscribieron entre Nación y provincias, el último de ellos en el 2017.

Como lo discursivo antecede a toda acción política, cabe alertar acerca de la histórica promesa de que no se ajustará “a costa del hambre del pueblo”; falacia conceptual que transparenta el 42% de pobreza, el 50% de inflación y 8,5 % de desempleo, por lo que es obvio que el pueblo sufre permanentes y crecientes ajustes, que jamás afrontaron las enriquecidas dirigencias políticas, sindicales y empresarias responsables. Lo que lleva a suponer que la obsesiva promesa de “no ajustar”, encubre la intención de las castas dirigentes beneficiarias, incapaces de formular un proyecto nacional creativo de largo plazo, ya no para el FMI sino para los argentinos, de mantener sus privilegios y una estructura burocrática estatal ineficaz y onerosa para la ciudadanía. No es casual entonces que transitados 24 meses de gestión de gobierno, se intente distraer a la población con crisis casi familiares, rumores incomprobables, reuniones político-corporativas solo para la foto, y cifras dispersas no oficializadas que no se acompañan con un plan que indique acciones y tiempos previstos para alcanzar las distintas metas.

En este contexto, ante una nueva posibilidad de concretar un acuerdo de largo plazo, tarea en la que comparten responsabilidades el gobierno, las oposiciones, sectores corporativos y el FMI, cabe recordar que este organismo se concentra en aspectos económicos macro, tales como el déficit fiscal causante de las deudas, su financiamiento, política de acumulación de reservas (tener dólares para pagar), y reformas estructurales para cumplir con dichos objetivos. Pero el FMI no exigirá terminar con jubilaciones de privilegio, rediseñar una estructura estatal de baja calidad de servicios públicos plagada de nepotismos y mediocridad, o incluir cláusulas contra una corrupción institucional que impacta en los presupuestos públicos, más aún cuando altos niveles políticos y judiciales libran una desembozada lucha para mantener impunidades y patrimonios mal habidos. Corregir estas graves anomalías institucionales recae exclusivamente en la clase política, por lo que será importante prestar atención sobre quienes recaerán los inevitables ajustes, para no repetir la algarabía legislativa del 2001.     

Buenos Aires, 02 de febrero 2022