Mes: julio 2022

Amenazas, patrimonios y repartos

Un Gobierno se conforma con una estructura institucional eficiente, normativas operativas virtuosas, y funcionarios intelectual y moralmente idóneos para ejercer los roles de representantes públicos. Pero cuando una clase política reemplaza por décadas el interés público por el privado el orden se invierte, y los funcionarios beneficiarios no solo diseñan las estructuras y normativas en su propio interés, sino ante una crisis extrema como la presente se formulan dos interrogantes: qué medidas adoptar para sortear la crisis sin afectar privilegios, y cómo manejar la presión y hartazgo social en el corto plazo. Como prevención ciudadana, es importante identificar las crecientes anomalías estructurales institucionales, y analizar las acciones y mensajes personales realizados por los beneficiarios de recursos públicos.  

En lo estructural cabe comenzar por el huevo de la serpiente que los políticos supieron crear y alimentar: una estructura burocrática sobredimensionada, dispersa e incoherente, saturada de funcionarios irrelevantes, que se expresa en la parálisis del gobierno, por carecer de una base de sustentación que le permita elaborar programas de gobierno armónicos y sustentables. En consecuencia, optimizar organismos e instituciones  no solo responde a una racionalidad económica, sino a lograr una matriz institucional eficaz y adecuada a las necesidades del país. Dado que la organización burocrática se supone piramidal (sistema presidencialista), se debe iniciar el análisis por los Ministerios. En 1983 Alfonsín asumió con 8 ministerios. Sucesivas administraciones, usualmente para responder a compromisos políticos y familiares, generaron un crecimiento injustificado. El gobierno de Cambiemos llegó a 23, y el actual a 21, cuando en realidad las funciones y responsabilidades relevantes para una organización racional y presupuestariamente eficiente, aconseja no más de 10 ministerios. A partir del actual pulpo de 21 cabezas, se despliegan 87 secretarías; 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales. Si se agregan 122 institutos, organismos descentralizados, empresas estatales y cargos diplomáticos, los especialistas que hurgaron en esta intrincada maraña, estiman que existen más de 10.000 cargos políticos solo nacionales. Tal absurdo se traduce en interrelaciones jerárquicas inexistentes o caóticas, incapaces de compartir datos, armonizar estrategias y evaluar resultados. No debiera sorprender entonces que las consecuencias sean la corrupción, pobreza y desesperanza, y que Fernández, Cristina Kirchner y Massa no puedan contar con un plan integral de coyuntura, y menos aún gestionar. Debido a que estas malformaciones son causadas por oficialismos y oposiciones por igual, ambos debieran acordar una reforma de fondo que promueva mayor eficacia gubernamental, y que además sea una muestra de ejemplaridad política para compartir esfuerzos con la sociedad. De negarse el oficialismo, la oposición debiera formular una propuesta legislativa acorde de cara a la sociedad,  en lugar de repetir el monótono “estamos estudiando o debatiendo”.

Respecto a las actitudes personales, los mensajes y acciones centradas en pujas entre intereses particulares están adquiriendo una dinámica creciente y peligrosa. Cuatro casos coincidentes, que mezclaron amenazas, patrimonios y repartos de recursos, lo ejemplifican: 1) En su condición de procesada por corrupción, la vicepresidenta emitió un video contra la Corte Suprema y jueces que la investigan y/o juzgan, que es un manual de clásicas técnicas de intimidación, con acusaciones judiciales variadas, sospechas veladas e incursiones en ámbitos personales, llegando a culpabilizar a quienes la juzgan por la crisis que soporta la población. A su favor se destaca que ejerció el apriete sin necesitar de oscuros operadores judiciales o agentes de inteligencia. 2) Un desaforado Juan Grabois, intermediador de recursos y cargos públicos, reclamó más fondos para pobres e indigentes, amenazando con que puede haber “sangre en la calle” (se supone que no la propia). Y a Fernández le formuló una pregunta que pareciera transformarse en un clásico: ¿para qué te pusimos ahí?  3) Los sindicalistas Moyano (padre e hijo), Maldonado y Palazzo, entre otros, tras causar la destrucción deportiva y económica del club Independiente de Avellaneda tras más de ocho años de conducirlo, y con mandato vencido desde diciembre, se niegan a llamar a elecciones. Para ello emplean los artilugios internos que explican la perdurabilidad de los sindicalistas en sus gremios, pese a que un club de fútbol representa “un sentimiento popular”, y “pertenece a los socios”, según el desactualizado eslogan. 4) Contrastando con tanta furia, los sindicalistas de la CGT, en una decisión sin antecedentes históricos, convocaron a una movilización (se leyó bien, no a un paro), contra la inflación (se leyó bien, no contra el Gobierno), para el 17 de agosto, sin explicar que tiene que ver la fecha de la muerte de San Martín con el evento.

Resumiendo, las estructuras y los recursos del privilegio se mantienen, pero ante la crisis, las pasiones de quienes los disfrutan se están desatando.

Buenos Aires, 27 de julio 2022

Salario Social Político

La demagógica propuesta de establecer un Salario Básico Universal que promueven intermediadores de recursos públicos, carece de un estudio de factibilidad que explique tipos de trabajos, selección de candidatos, cargas horarias, quiénes los controlan, compatibilidad individual de los beneficiarios con otros planes sociales, quiénes realizan el seguimiento de altas, bajas y cumplimiento de contraprestaciones, y como se financia. Pero la idea, adecuadamente reformulada, podría facilitar una profunda transformación de la sobredimensionada, elitista e ineficaz estructura burocrática argentina, plagada de malas praxis y corrupción, a través de un Salario Social Político.

Toda propuesta debe explicitar objetivos, contexto y factibilidad. El objetivo es lograr la mencionada modernización del aparato estatal, en base a principios de equidad, idoneidad, eficacia y continuidad, que permita una viabilidad operativa razonable de las políticas que se adopten, y lograr mejores prestaciones públicas, considerando que los vicios estructurales burocráticos aumentaron tras las crisis del 1989/90 y 2001/02, con el consecuente subdesarrollo y pobreza. Por lo que las acciones se centrarán en el Gobierno como encargado de llevar a cabo las funciones indelegables del Estado, cuya organización la Constitución define como representativa, republicana y federal.

El contexto es paradójicamente favorable para esta transformación, ante una confluencia inédita de tres factores: 1) Un triunvirato conductor que transparenta las insustancialidades ideológicas, que asocian a Fernández con el centro, Cristina Kirchner con la izquierda y Massa con la derecha, pero que al momento de gobernar manifiestan al unísono la incapacidad de elaborar un plan de gobierno, y con sus permanentes desacuerdos internos mantienen a la sociedad dentro de un clima espasmódico y sin proyección de futuro. 2) Tal anormalidad desnuda las falencias de los circuitos administrativos, con superposición de organismos irrelevantes y particionados en divergentes intereses políticos internos, que derivan en relaciones jerárquicas caóticas, al punto que un ministro no puede deshacerse de un secretario. 3) El hecho que la tarea de optimización administrativa comprometa a la corporación política en su conjunto (oficialismo y oposiciones), por ser igualmente responsables y beneficiarios de las desmesuras institucionales, debería evitar debates paralizantes basados en supuestas “grietas”. La presente urgencia económico-social exige que las reformas se implementen previo a las próximas elecciones presidenciales, permitiendo que la sociedad evalúe hechos concretos en lugar de discursos con promesas. En un naufragio, las normas indican que el capitán y los oficiales deben ser los últimos en abandonar la nave, y concluido el siniestro, estudiar las fallas constructivas y conductivas que lo produjeron para no repetirlas. Por el contrario, nuestras dirigencias siempre sobreviven, incrementan las estructuras fallidas, y mantienen las mismas conducciones e intereses. Recientemente los “capitanes” Cristina Kirchner y Massa otorgaron un aumento del 69% a los integrantes del Poder Legislativo. Hasta el momento, no lo rechazó ni la izquierda dura.

El punto álgido es la factibilidad. Para que nada cambie, históricamente se recurre a que gremialistas estatales reclamen por pérdidas de fuentes de trabajo y los recurrentes “contratos basura”. Para desactivar esta estrategia, debe quedar en claro que se actuará exclusivamente sobre las estructuras y cargos políticos, y no sobre el personal de planta. Salir de la crisis necesitará de gobiernos con conducciones coherentes, honestas y capacitadas, no de titubeantes funcionarios incapaces de definir un criterio de segmentación tarifaria después de décadas de subsidios a ricos y pobres por igual.  Es en este contexto que surge la propuesta de un Salario Social Político, consistente en otorgar por única vez a los políticos afectados por la eliminación de cargos y/u organismos innecesarios, un monto único equivalente al cargo de director por un plazo de uno o dos años, siempre y cuando no encuentre trabajo antes. De este modo se recortarán importantes gastos superfluos sin pérdidas laborales inmediatas, y se evitarán casos como los de Victoria Donda, por ejemplo, que para lograr su adhesión al Gobierno se le creara el irrelevante INADI, con su secuencia de sueldos de cientos de allegados, costos operativos y gastos corrientes. Explicitada la filosofía, se comenzará un análisis más detallado partiendo del vértice de la pirámide estatal: los Ministerios.

Buenos Aires, 20 de julio 2022

Ideología y corrupción

Los términos ideología y corrupción, predominantes en los discursos y debates políticos, habitualmente no se los asocia para explicar la degradación socio-económica del país, y entender la permanencia de las dirigencias responsables que por acción (participar/facilitar) u omisión (dejar hacer), provocaron las crisis extremas de 1989, 2001/02, y la actual.

La ideología política es un conjunto de ideas que representan a una sociedad, y definen su forma de gobierno y sistema económico, que deben plasmarse en un programa político con continuidad en el tiempo. La corrupción política por su parte, refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por autoridades y funcionarios públicos que “arrebatan” (significado de corrupción), para su enriquecimiento personal recursos económicos estatales y calidad de servicios. Cuando la corrupción deja de ser circunstancial para transformarse en recurrente, el país ingresa en un estado de corrupción permanente que en cabeza de la corporación política, involucra a dirigencias empresarias, sindicales y eclesiásticas, cuyos mensajes no casualmente, se centran en la problemática de los pobres omitiendo a la corrupción, como si la pobreza no fuera una natural consecuencia. En este sentido, el silencio de las cúpulas religiosas es llamativo.

La actualidad política hace oportuna esta reflexión, porque transparenta como nunca antes, que la acción de gobernar queda condicionada por la tóxica relación entre gobierno, dirigencias y corrupción, por lo que no sorprende que gran parte de la gestión pública estuvo, está y estará concentrada en lo judicial, para desactivar las innumerables causas de corrupción estatal-privada a través de extemporáneos proyectos legislativos, y amenazas privadas y públicas a integrantes de los estamentos judiciales que conspiren contra este objetivo. En paralelo amplios sectores políticos priorizan estrategias electorales que les permita mantener o recuperar poder en la elección del 2023, pero sin que nada cambie. Esto último lo explicitó la ministra Batakis en su conferencia de prensa, al prometer congelar ingresos a la planta estatal y controlar los gastos a través de una caja única de flujo de fondos, acciones que se plantean en situación de crisis y nunca se cumplen. Pero hablar de “congelar” y “controlar” en lugar de racionalizar, modernizar y transformar estructuras y desactivar privilegios, hace suponer que se mantendrá el principio conservador de no modificar aquéllas distorsiones e injusticias que han permitido la continuidad y enriquecimiento de gobernadores, intendentes, legisladores, y sus familias. Este rancio conservadurismo intenta encubrirse bajo ropajes dialécticos e ideológicos, pese a que dichos aspectos también carecen de coherencia: hay peronistas clásicos, republicanos, menemistas, kirchneristas, radicales históricos y conversos, socialistas, neoliberales, populistas, izquierda, centro izquierda, derecha, centro derecha, y un sector creciente identificado como “escucho ofertas”. Paradójicamente no hay comunistas, pues los que se presentan como tales, son en realidad oportunistas que intentan tomar su cuota-parte de los recursos públicos. No sorprende entonces que tras agitar la coctelera ideológica, aparezcan los mismos personajes conservadores, muchos de ellos envidiosos de las autocracias que permiten líderes “eternos”.

Queda claro que para promover transformaciones de fondo, que no se avizoran, se debe desarmar la nefasta convergencia entre poder político, falsas ideologías y corrupción. Los actos de corrupción privados los controla y castiga el Estado, pero cuando éste en lugar de controlarse y castigarse a sí mismo actúa como facilitador y encubridor de actos corruptos, cunde la pobreza y el subdesarrollo. La presente experiencia indica la necesidad de legislar que quienes se postulen y ejerzan las funciones de presidente y vice, no pueden estar siquiera procesados, evitando que en tal condición designen a cargo de organismos claves de control a sus propios abogados y/o adherentes para que faciliten sus impunidades. En lo que respecta a los limitados y abstractos debates ideológicos que saturan inútilmente lo discursivo, deben ser reemplazados por la presentación ante los ciudadanos de programas de gobierno concretos, cualitativa y cuantitativamente explicitados, que excluyan ineficaces estructuras burocráticas, muchas de ellas jactanciosamente llamadas empresas, pero a pérdidas permanentes que solo generan pobreza.  

Se suele decir que toda crisis ofrece una oportunidad, pero para lograr cambios virtuosos de fondo y permanentes a futuro, será necesaria una fuerte participación y/o presión social de carácter pacífico, esclarecedor y propositivo. Dado que el Estado es el que marca la condición y calidad económico-social de un país,  con poder de planificar, ejecutar, legislar y ejercer justicia, la tarea transformadora debe comenzar por el Estado, a fin de optimizarlo, y no de “congelarlo”.

Buenos Aires, 13 de diciembre 2022

Operativo despegue, pero juntos

La actual crisis política presenta una estrategia aparentemente contradictoria pero repetida: “despegarse” de las responsabilidades por los fracasos, pero “juntarse” electoralmente para mantener poder y privilegios. Es lo que sucedió en las crisis de 1975, 1989 y 2001, que una vez superadas a costa de la ciudadanía, no solo se mantuvieron las dirigencias culpables, sino apelando a la ironía de Perón, se reprodujeron. Este fenómeno intenta replicarse a través de discursos banales, mentiras y peleas, que disimulen la carencia de un programa de gobierno explícito y coherente, y sostengan privilegios políticos, económicos y judiciales. La actual situación política recuerda a Maquiavelo cuando hace más de 500 años, señaló que “los males que nacen en el Estado, cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve”. Para paliar los presentes y futuros daños es necesario clarificar tres conceptos básicos.

1.- Tríada gobernante. Quienes conforman y conducen una coalición creada tras un peculiar acuerdo personal entre Kirchner, Fernández y Massa con el objetivo único de triunfar tras los errores económicos del gobierno anterior, comparten las responsabilidades de gestión pese a intentar la operación “despegue”. Pero también la comparten el Partido Justicialista, gobernadores y gremios, quienes aceptaron el acuerdo y su método sin objeciones. Por lo que el gobierno no puede ser identificado exclusivamente como “kirchnerista”. Del mismo modo que no puede identificarse como “macrista” a la coalición del gobierno anterior constituida por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. De este modo se complicará el operativo “despegue” de mediocres y oportunistas que ya sea tras Cristina, Macri o quién convenga, buscan mantenerse en las denominadas “castas políticas”, para usufructuar sus privilegios en forma permanente. También en el campo propagandístico y discursivo el gobierno brinda enseñanzas. Apenas asumido instaló el eslogan de “tierra arrasada”, pese a lo cual el transcurrir de los meses demostró que carecía (y carece) de un plan de gobierno para afrontar la supuesta catástrofe.

2.- Peronismo.- El 1° de julio se conmemoró el 49° aniversario de la muerte del general Perón, período que equivale a dos generaciones. En su homenaje se realizaron dos actos peronistas con asistentes y aplaudidores variados, encabezados por el presidente uno, y la vicepresidenta el otro. En ambos de Perón se habló poco y nada; por el contrario, se cruzaron mensajes de actualidad política de tono acusatorio, y se insistió con las virtudes mágicas de “la lapicera”. Por lo que ya es harto evidente que la memoria de Perón es utilizada solo para encubrir corrupciones, malas praxis y privilegios, y que en un mismo gobierno puedan coexistir Rodríguez Saa, los Kirchner, Fernández, Massa, Boudou, Moyano, Mussi, Zamora, Moreau, Bonafini, Quintela, Baradel, Scioli, Carlotto, Mendiguren, Kicillof y Grabois, entre otros.

3.- Corporaciones. Cabe recordar que en su estadía en la Italia de los años 1939-40, Perón observó el funcionamiento del corporativismo, que fuera oficializado en ese país por ley en 1934, con el fin de representar intereses sectoriales de empresarios y trabajadores de los sectores industrial, agrícola, comercial y servicios, organizar la economía y relaciones entre clases, y superar los conflictos en nombre de los “altos intereses de la Nación”, frase que suele pronunciarse recurrentemente en casos de crisis. Trasladado a nuestro país como uno de los pilares del peronismo, las actuales identidades no pueden enmascararse bajo términos anodinos como “círculo rojo” o “grupos de poder”.  Con las subdivisiones internas y especificidades del caso, se observan cuatro corporaciones predominantes: Política; Empresaria; Gremial y Eclesiástica. Esta clarificación permite observar que más allá de lo declamatorio y supuestos ideologismos, los nombres que las representan y conducen desde hace décadas, exhiben estructuras e intereses profundamente conservadores, en los que predomina los términos “mantener” y “subsidiar”, por sobre “desarrollar” y “crecer”. Ello explica la repetición de políticas, mensajes, simbologías y corrupción, y que el costo de las salidas de las crisis económicas del 1975, 1989 y 2001, hayan sido afrontadas casi exclusivamente por ciudadanos comunes exentos de privilegios.

Buenos Aires, 06 de julio 2022