La serpiente en movimiento

La última reflexión se refirió a la cantidad de organismos y cargos políticos nacionales que configuran una organización burocrática sobredimensionada, conservadora y elitista que se la asimiló al “huevo de la serpiente”, destinado desde hace décadas a crear estructuras para mantener poder y privilegios que oficialismos , oposiciones y dirigencias enriquecidas pretenden mantener. La condición de elitista se expresa en la permanente creación de beneficios laborales, jubilatorios y salariales, de los que carecen empleados y ciudadanos comunes.

Es razonable estudiar a la serpiente estatal en movimiento a partir de 1997, mediados del último mandato de Menem, porque 25 años define a una generación, y el período alberga a la mayoría de las dirigencias que prevalecen hoy. Un certero diagnóstico de la actualidad, paradójicamente lo formuló hace más de medio siglo Juan Perón, a cuya memoria recurren personajes oportunistas y enriquecidos para encubrir delitos y malas praxis. En su libro “La hora de los pueblos”, escrito en 1968, señalaba: “Se habla de una crisis argentina porque su economía está en bancarrota, pero no se habla de una crisis mayor representada por una falta total de ética y honestidad que habiendo sido el comienzo, amenaza con ser también un final trágico de nuestros males. La crisis moral es el peor azote de la situación actual, con el agravante que ha sido provocada desde el poder, que se empeña con una contumacia incomprensible de mantenerla, y su solución ha de ser previa a toda solución”. Su precisión y actualidad exime de mayor comentario. Cabe citar ejemplos recientes de la serpiente en movimiento.

1.- Pese a que las políticas sociales públicas están a cargo de áreas específicas de Nación, provincias y municipios, para manejar sus recursos se insertó en la estructura estatal a líderes piqueteros, bajo el principio mafioso de canjear “paz social por dinero”, quienes a su vez financian sus propias subestructuras con dinero público. Ante un negocio tan lucrativo, más organizaciones pretenden ser beneficiarias, por lo que los piquetes continúan. La voracidad de la serpiente burocrática impulsó la realización en 30 días de una tardía auditoría de planes sociales. Vencido el plazo, surgió un igualmente tardío informe de la AFIP que detectó innumerables irregularidades, que en lugar de ser considerado positivo, se lo sospechó de “carpetazo”. La ministra Tolosa Paz señaló que las irregularidades alcanzan a solo el 0,3% del total de beneficiarios, dando de baja solo a 2.243 planes, que a $ 27.225 por cada uno, implica hasta el momento 61 millones de pesos por mes, los que sin seguimientos administrativos profesionalizados son deglutidos por la serpiente, debido a que la militancia rentada no brinda servicios públicos, sino autoservicios.

2.- Pasando al sofisticado campo empresarial, el ministro Massa presentó un nuevo plan de regulación de precios denominado “Justos”, sin que ningún funcionario o empresario supieran explicar a la sociedad que los convertía en justos, y con la presencia de Coto y De Narváez entre otros supermercadistas. A días del anuncio, el acuerdo basado en “paz de precios por entrega de dólares” no se había firmado, pues la serpiente burocrática no contaba con datos consistentes para definir productos, puntos de venta, distribución, y las contraprestaciones en dólares a los empresarios.

3.- En el campo judicial descolló el juez federal Martínez de Giorgi, quien sobreseyó al ex subsecretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Liuzzi, acusado de enriquecimiento ilícito. Había ingresado a la función pública con 286.000 pesos declarados, y se retiró con departamentos en Puerto Madero, cocheras, empresas, autos BMW y una mansión en Marbella, en la que vive con su esposa. El juez de Giorgi se justificó en que no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado de su patrimonio, debido a que un perito oficial presentó tarde y mal sus conclusiones. Pese a no aclarar porqué el supuestamente inepto perito oficial no fue sustituido en tiempo y forma, el juez de Giorgi no fue acusado hasta el momento de aplicar el “lawfare” en su fallo.

Estos e innumerables otros casos similares, demuestran que gran parte del “gasto público” no es en beneficio de los pobres, sino de la intencionalmente deformada estructura política de cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, responsables de malas praxis, afectación de los recursos públicos, corrupciones e impunidades. Por ello, a la serpiente burocrática se la mantiene viva y engordando.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022

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