Sin categoría

La serpiente en movimiento

La última reflexión se refirió a la cantidad de organismos y cargos políticos nacionales que configuran una organización burocrática sobredimensionada, conservadora y elitista que se la asimiló al “huevo de la serpiente”, destinado desde hace décadas a crear estructuras para mantener poder y privilegios que oficialismos , oposiciones y dirigencias enriquecidas pretenden mantener. La condición de elitista se expresa en la permanente creación de beneficios laborales, jubilatorios y salariales, de los que carecen empleados y ciudadanos comunes.

Es razonable estudiar a la serpiente estatal en movimiento a partir de 1997, mediados del último mandato de Menem, porque 25 años define a una generación, y el período alberga a la mayoría de las dirigencias que prevalecen hoy. Un certero diagnóstico de la actualidad, paradójicamente lo formuló hace más de medio siglo Juan Perón, a cuya memoria recurren personajes oportunistas y enriquecidos para encubrir delitos y malas praxis. En su libro “La hora de los pueblos”, escrito en 1968, señalaba: “Se habla de una crisis argentina porque su economía está en bancarrota, pero no se habla de una crisis mayor representada por una falta total de ética y honestidad que habiendo sido el comienzo, amenaza con ser también un final trágico de nuestros males. La crisis moral es el peor azote de la situación actual, con el agravante que ha sido provocada desde el poder, que se empeña con una contumacia incomprensible de mantenerla, y su solución ha de ser previa a toda solución”. Su precisión y actualidad exime de mayor comentario. Cabe citar ejemplos recientes de la serpiente en movimiento.

1.- Pese a que las políticas sociales públicas están a cargo de áreas específicas de Nación, provincias y municipios, para manejar sus recursos se insertó en la estructura estatal a líderes piqueteros, bajo el principio mafioso de canjear “paz social por dinero”, quienes a su vez financian sus propias subestructuras con dinero público. Ante un negocio tan lucrativo, más organizaciones pretenden ser beneficiarias, por lo que los piquetes continúan. La voracidad de la serpiente burocrática impulsó la realización en 30 días de una tardía auditoría de planes sociales. Vencido el plazo, surgió un igualmente tardío informe de la AFIP que detectó innumerables irregularidades, que en lugar de ser considerado positivo, se lo sospechó de “carpetazo”. La ministra Tolosa Paz señaló que las irregularidades alcanzan a solo el 0,3% del total de beneficiarios, dando de baja solo a 2.243 planes, que a $ 27.225 por cada uno, implica hasta el momento 61 millones de pesos por mes, los que sin seguimientos administrativos profesionalizados son deglutidos por la serpiente, debido a que la militancia rentada no brinda servicios públicos, sino autoservicios.

2.- Pasando al sofisticado campo empresarial, el ministro Massa presentó un nuevo plan de regulación de precios denominado “Justos”, sin que ningún funcionario o empresario supieran explicar a la sociedad que los convertía en justos, y con la presencia de Coto y De Narváez entre otros supermercadistas. A días del anuncio, el acuerdo basado en “paz de precios por entrega de dólares” no se había firmado, pues la serpiente burocrática no contaba con datos consistentes para definir productos, puntos de venta, distribución, y las contraprestaciones en dólares a los empresarios.

3.- En el campo judicial descolló el juez federal Martínez de Giorgi, quien sobreseyó al ex subsecretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Liuzzi, acusado de enriquecimiento ilícito. Había ingresado a la función pública con 286.000 pesos declarados, y se retiró con departamentos en Puerto Madero, cocheras, empresas, autos BMW y una mansión en Marbella, en la que vive con su esposa. El juez de Giorgi se justificó en que no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado de su patrimonio, debido a que un perito oficial presentó tarde y mal sus conclusiones. Pese a no aclarar porqué el supuestamente inepto perito oficial no fue sustituido en tiempo y forma, el juez de Giorgi no fue acusado hasta el momento de aplicar el “lawfare” en su fallo.

Estos e innumerables otros casos similares, demuestran que gran parte del “gasto público” no es en beneficio de los pobres, sino de la intencionalmente deformada estructura política de cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, responsables de malas praxis, afectación de los recursos públicos, corrupciones e impunidades. Por ello, a la serpiente burocrática se la mantiene viva y engordando.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022

El huevo de la serpiente

El sistema de gobierno, la calidad de su estructura burocrática operativa (incluye a los poderes legislativo y judicial) y la profesionalidad de quienes deciden y conducen, definen el desarrollo de una sociedad. No se puede tener éxito con administraciones sobredimensionadas, jerárquicamente descoordinadas carentes de gestión, sin seguimiento de resultados en tiempo real, y con empleados capacitados obligados a convivir con mediocres acomodados políticos. Por ello las alternativas son dos: o se producen transformaciones dolorosas pero equitativas, o se continúa repitiendo ajustes igualmente dolorosos para mantener privilegios y prebendas, sin expectativas de futuro. Lamentablemente, el gobierno, la principal oposición y el Fondo Monetario Internacional coinciden en mantener indemne al huevo de la serpiente burocrática que alimenta continuidades políticas y corporativas causantes de las crisis argentinas.  

La referencia al FMI tiende a clarificar responsabilidades. El organismo no es un Banco privado, sino una institución financiera que con el aporte de países centrales (Estados Unidos, Japón, Francia, China), fue creado para socorrer a países que soliciten su apoyo para afrontar crisis económicas extremas, provocadas usualmente por malas praxis de los propios gobiernos. Para revertirlas, se acuerdan indicadores macro, como aumentar reservas, disminuir hasta extinguir déficits fiscales y normalizar la inflación, pero no incluyen modernizaciones estructurales, eliminación de privilegios para pocos elegidos  o cláusulas contra la corrupción. La única molestia que el FMI causa a los políticos respecto de otras fuentes crediticias internacionales es el control del organismo de las pautas acordadas, pese a que el acuerdo vigente no exige al actual gobierno desembolsos durante su gestión, le entrega aportes extras, y tiene una actitud condescendiente con los incumplimientos,. Queda claro entonces que las reformas institucionales estructurales imprescindibles para un desarrollo sostenible es responsabilidad exclusiva de los políticos argentinos oficialistas y opositores, beneficiarios directos de las malas praxis, sobredimensionamientos burocráticos y distorsiones jurídicas. 

Dados los antecedentes en cuanto a que las reformas estructurales se anuncian pero no se cumplen, un nuevo intento debe prever la resistencia de los beneficiarios del sistema, que será dura y hasta violenta, usando a conocidos gremialistas como fachada. Por ello es esencial comunicar a la sociedad una línea de acción clara que explicite que el objetivo prioritario no es el gasto público global, sino el político en particular, imprescindible para promover un Estado equitativo y eficaz, no sometido a estructuras y plantas políticas sobredimensionadas, ineptas y familiares. Respecto al personal estable, solo se verán afectados quienes no trabajen o cumplan con los requisitos legales para el cargo, siendo reemplazados por quienes sí los cumplan (principio de equidad).

Para no diluir el enfoque en anécdotas parcializadas, cabe comenzar actuando sobre la estructura administrativa nacional, cuyos excesos y deformaciones se replican en provincias y municipios. La etapa democrática se inició en 1983 con 8 ministerios, con roles trascendentes y definidos. En la actualidad existen 20, sin que lo justifiquen sus atribuciones y resultados.  Por ejemplo, Alemania tiene 14 y Estados Unidos 15. De estas puntas de iceberg, ante la ausencia de relevamientos oficiales completos, se estima que se desprenden 110 secretarías de Estado; 180 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos, 138 entes descentralizados, indefinidas subsecretarías “adjuntas” carentes de toda interrelación funcional, y 40 empresas estatales “patrióticas” pero a pérdida. Muchos de los organismos creados solo para lograr adhesiones políticas y sumar militantes, que en nada favorecen a los ciudadanos comunes, inmersos en el subdesarrollo, más de 40% de pobreza y 90% de inflación.

Cuando de los organigramas se pasa a los cargos políticos, muchas veces cubiertos por quienes carecen de formación específica, los estudiosos los estiman en más de 10.000 solo en el ámbito nacional. Resulta una obviedad que con estas estructuras públicas resulta imposible planificar un futuro con objetivos compartidos, y tener conducciones profesionalizadas, situación que como nunca desde 1983 transparenta el actual gobierno, que transitará su período completo de gestión al amparo del “vamos viendo”, pero sin cambiar. Por lo que urge que el gobierno y oposiciones expliciten una propuesta de reformulación profesional, eficaz y virtuosa de la estructura estatal, sea en lo inmediato, y/o con miras al 2023. Lograrlo implica un ajuste, pero político. O sea de los que más tienen, pero succionando recursos públicos sin brindar servicios de calidad o generar desarrollo.

Buenos Aires, 16 de noviembre 2022

Atrapado sin salida

La actual coyuntura política recuerda a la famosa película de 1975 “Atrapado sin salida”, interpretada por Jack Nicholson, que se desarrolla en un hospital psiquiátrico cuyos internados, sometidos a normas rigurosas, acabarán desencadenando una guerra entre pacientes y personal del hospital, rol que en nuestra versión criolla encarnan quienes ejercen roles políticos. Como metáfora, son nuestros ciudadanos comunes los pacientes que atrapados sin salida desde hace décadas, deberán rebelarse contra quienes los sojuzgan para forzar acciones nacionales transformadoras.

No es casual que los jactanciosamente llamados “debates políticos” sean en realidad toscos espectáculos, en los que Cristina Kirchner habla de supuestos y confusos logros pasados omitiendo el presente, el heredero Máximo critica a su propio gobierno, Morales y Macri discuten sobre Yirigoyen, y Patricia Bullrich amenaza con romperle la cara a un funcionario de la Ciudad, entre otras puestas en escena del “under” teatral político. Esta disociación con la realidad se visualiza en los actos de juras de funcionarios y políticos partidarios, en los que los convocantes se exhiben sonrientes y eufóricos en medio de la pobreza, detalle que asesores de imagen y publicistas parecieran no advertir. La única alternativa entonces, es que sean los sufridos ciudadanos quienes instalen y promuevan hasta las elecciones de 2023 temas relevantes para la sociedad, sin por ello obviar peleas y necedades discursivas mediáticas, pero solo como mero esparcimiento en el negocio del escándalo.

Las argumentaciones deberán emplear un léxico claro y entendible por todas las franjas sociales, eludiendo las manipulaciones o engaños del discurso político; y los análisis se referenciarán en acciones u opiniones de funcionarios relevantes con altas responsabilidades públicas, con veracidad certificada vía reportajes, audios y videos, omitiendo a bufones de palacio que solo aportan confusión y/o sumisión. Vale el reciente ejemplo del tratamiento de la ampliación de la Corte en el Senado, cuando el senador Parrilli hizo referencia a jueces mafiosos y Mayans propugnó cambiar impunidad por paz social, lo que de hecho oficializó la existencia de una estructura estatal mafiosa, lo que expone el uso de un recurso habitual de las mafias por parte de políticos y asociados, consistente en saturar a los juzgados con denuncias para coaccionar a determinados actores en busca de acordar impunidad, y en paralelo, resistirse a los juicios orales y públicos, que es la única instancia que define inocencias y culpabilidades.

La tarea exige un ordenamiento temático que establezca prioridades estructurales, y evite comenzar con parcializaciones prejuiciosas o “grietas” paralizantes. Por ello es oportuno comenzar por un aspecto que involucra por igual al oficialismo, oposición y Fondo Monetario Internacional: ninguno de ellos plantea como prioritaria y urgente la transformación concreta de la estructura burocrática y jurídica estatal, que plagada de ineficacia y privilegios es la causante del subdesarrollo del país. Quienes por el contrario, por acción u omisión protegen lo que Max Weber denominó patrimonialismo: enriquecidos funcionarios, empresarios, sindicalistas, cortesanos, gobernadores, favoritos y vendedores de gracias, con ciudadanos sumidos en la pobreza, a los que el Estado “cuida” con miserables dádivas. La ausencia de propuestas se reemplazan por peleas, oscuras gestiones y mutaciones partidarias basadas en intereses individuales de quienes pretenden desde posiciones de privilegio, seguir “cuidando” a la población con recursos del Estado a partir de diciembre de 2023. Estas actitudes recuerdan a la ironía y precisión con la que describía el fallecido politólogo José Nun a muchos de estos actores del espectáculo político: “En las zonas cálidas abundan los peces voladores, que saltan casi un metro fuera del agua y planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse, para huir de sus atacantes marinos. Tienen un aire de familia con el planeo de muchos de nuestros políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores”.

Esta coincidencia entre oficialismo, oposiciones y FMI se analizará en la próxima reflexión.

Buenos Aires, 09 de noviembre 2022

Mafia estatal oficializada

Las argumentaciones deben minimizar adjetivaciones y descartar agravios, para que no se diluyan en polémicas ruidosas que intentan ocultar las causas de los problemas. El discurso político criollo abunda en este recurso, muchas veces complementados con personajes delirantes que a través de insultos y amenazas públicas obtienen una envidiable repercusión mediática. En la reciente sesión del Senado que trató la ampliación de miembros de la Corte Suprema, se produjo sin embargo un hecho clarificador que extrañamente pasó desapercibido. En su exposición, el senador Parrilli dijo “hoy en la Corte hay cuatro mafiosos, que se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”. Complementó el senador Mayans afirmando: “si queremos paz social paremos el juicio vergonzoso contra Cristina”, refiriéndose a la procesada vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado. De este modo al quedar involucrados altos niveles de dos de los tres poderes del Estado (Legislativo y Judicial), se reconoció oficialmente y sin eufemismos, una realidad que expresada por otros actores sería agraviante: la existencia de una mafia estatal consolidada, que pugna desesperadamente por sobrevivir.

El término “mafia”, al ser comprensible por todos los niveles sociales, facilita los análisis políticos. Originada en ámbitos rurales de Sicilia, identifica a un tipo de crimen organizado que se trasladó a diversas metrópolis, siendo Nueva York y Chicago las más conocidas. Organizada en clanes que acordaban áreas de influencia, sus negocios se basaban en el contrabando, el juego, la prostitución y el pago de protección (similar a lo que hoy se llaman loteos estatales). En busca de incrementar ganancias y poder, los acuerdos se incumplían, causando conflictos que se dirimían en forma sangrienta hasta arribar a nuevos acuerdos, nunca positivos para las sociedades. Bajo el principal requisito de cumplir con la “omertá” o ley del silencio, los capos mafiosos contaban con complacencias y/o complicidades políticas (funcionarios, jueces y policías), logradas por coimas, miedo o coacción, como fotografiar a un político o juez con una prostituta para amenazarlos con el desprestigio público, recurso que en la actualidad se denomina “carpetazo”. Para justificar sus considerables ganancias y enriquecimientos ilícitos ante el fisco, avezados contadores crearon una cadena de lavaderos (conocidos como ropa limpia para negocios sucios), dando origen a las prácticas de lavado de dinero. Muchos mafiosos despertaban admiración, buscaban inserción social, brindaban trabajo, realizaban tareas benéficas y ofrecían una imagen familiar.

Cuando los negociados privados se entremezclaron con el saqueo de recursos públicos, para estos últimos se invirtió el orden jerárquico de las tramas delictivas, siendo encabezadas por funcionarios políticos asociados a privados externos (concesionarios, contratistas, proveedores, patoteros), y salvo las sangrientas matanzas, mantienen los mismos recursos operativos contra quienes ponen en riesgo sus patrimonios mal habidos y libertades: miedo, insultos, amenazas y coacciones. En el campo institucional, las complacencias (dejar hacer), se logran mediante cargos y privilegios públicos.

Conocida esta matriz, no es casual que pese a que los integrantes de la Corte y jueces son elegidos por mayorías legislativas, con el necesario apoyo de peronistas, de actuar contra la corrupción pública pasen a ser “mafiosos y sinvergüenzas”. Por el contrario, quienes facilitan la impunidad o resuelven sobreseimientos sin llevar a cabo los juicios orales para los que fueron designados, no sufren coacciones. En cuanto al léxico usado, la única diferencia reside en que ante los tribunales, los gángster de antaño se declaraban inocentes, mientras los procesados/condenados criollos claman sin rubores ser “perseguidos políticos”.

Ello explica que en un país sumergido en una crisis extrema cuyos indicadores socio-económicos son conocidos, gran parte de la gestión de gobierno se concentrara en reformas judiciales extemporáneas promovidas por quienes se enriquecieron con recursos del Estado, y en paralelo, se presionara a quienes pretenden ejercer justicia. Para desarmar esta realidad, concentrar el debate en Cristina Kirchner o en el kirchnerismo y/o peronismo es engañoso, porque la existencia de mafias necesita de extendidos apoyos políticos, de empresarios prebendarios, sindicalistas, e incluso sectores eclesiásticos complacientes en su silencio. Ello abre un serio interrogante en esta etapa preelectoral. Cuando discursivamente se plantea la necesidad de diálogos, acuerdos y consensos mayoritarios (Larreta menciona un 75%), cabe preguntarse entre quiénes, sobre qué bases y con qué distribución de costos. Hasta tanto se explicite, en lo inmediato los ciudadanos debemos exigir que se lleven a cabo los juicios orales y públicos para que se determinen inocencias y culpabilidades, instancia que los “perseguidos políticos” siempre quieren evitar.

Buenos Aires, 19 de octubre 2022

Próxima newsletter el 09 de noviembre

Manes: choque de neuronas

Las declaraciones del neurólogo Manes en un programa televisivo provocaron una imprevista alteración en diversas neuronas políticas, con reacciones más emocionales que racionales. Su formación científica y autor del libro “Usar el cerebro”, práctica recomendable para la actividad política, hace presuponer argumentaciones entendibles (causa-efecto), que permitan arribar a conclusiones consistentes, pues en caso contrario solo aportan a la confusión general, que es un defecto habitual del discurso político. Razón por la cual el ciudadano antes que subyugarse por lo que se dice, debe escudriñar en lo que se omite, por lo que el caso Manes no puede agotarse en un cruce de apoyos, rechazos o comunicados, sin profundizar en el sentido de sus tres frases que causaron los desequilibrios neuronales.  

Frase 1: “Macri y Cristina no nos permiten pensar un país”. Para ir al nudo de la cuestión, se acepta considerarlos en un pie de igualdad, pese a que Cristina gobernó casi once años (se incluyen los tres actuales y no se consideran los cuatro de su fallecido marido), y Macri solo cuatro. Las dudas surgen respecto al eventual poder paralizante que ejercen, considerando la gran cantidad de políticos, sindicalistas y empresarios que ocupan espacios de poder desde hace décadas, lo que haría sospechar que tal supuesto impedimento en realidad encubre oportunismos, comodidades, mediocridades y sometimientos, sustentados en privilegios y recursos públicos. Ahondar en esta hipótesis es un excelente desafío para un neurólogo, pero descargar inicialmente todos los fracasos en Cristina y Macri pareciera una desmesura.

Frase 2: “En el gobierno de Macri hubo operadores que manejaban la Justicia y evidencias que se espió gente incluso de su gobierno”. Durante el reciente tratamiento de la ampliación de miembros en la Corte, senadores oficialistas confesaron públicamente que nuestro país tiene un Estado mafioso, lo que insólitamente fue obviado por el debate político, y se comentará en la próxima reflexión. En este contexto mafioso se insertan la AFI y variados operadores judiciales, que en lugar de ser desactivados se los utiliza para que ingenuos o corruptos desprestigien adversarios. En su crítica Manes omite que la Agencia Federal de Inteligencia como tal no existe, pues se dedica solo a burdos espionajes domésticos (Estado mafioso), con escaso o nulo procesamiento de inteligencia, lo que se refleja en su incapacidad para prever o esclarecer amenazas exteriores, o peor aún, detectar la existencia local del sofisticado grupo “Los copitos”. El uso político se manifiesta en que la AFI está involucrada en ocho causas judiciales en cuatro juzgados distintos, por la que desfilan oscuros personajes que de “secretos” no tienen nada. Peor aún protegen a patotas, como cuando en la gestión de la fiscal Caamaño limpiando armarios, se encontrara casualmente un video que permitió que el juez Alejandro Esmoris anulara la causa contra el “Pata” Medina, y sobreseyera a todos los imputados. Esta falta de profesionalidad no debiera sorprender, pues no existe en el mundo un servicio de inteligencia que en menos de una década haya sido conducido por Parrilli, Tailhade, Mena, Arribas, Majdalani, Caamaño y Rossi, burócratas todo terreno que pasan de la administración pública al servicio de inteligencia y viceversa. Por ello Manes debiera decir que el gobierno de Juntos por el Cambio mantuvo el problema, y por ello su Coalición presentará una propuesta concreta para profesionalizar de forma integral todo el sistema nacional de inteligencia, evitando las desgastadas promesas políticas tales como “sanearemos los servicios” o “desactivaremos los sótanos de la democracia”.

Frase 3.- “Populismo institucional”. La novedosa frase carente de precisiones la asimila a un simple eslogan, por lo que el propio Manes debería clarificarla. En esta instancia de libre interpretación, si quiso referirse a una estructura burocrática plagada de nepotismos e ineficaz siquiera para cumplir con las obligaciones ineludibles del Estado, o más grave aún, promotora y protectora de una corrupción desenfrenada, su descripción sería aceptable.  

A futuro, para evitar polémicas frívolas e intentar disimularlas afirmando que la unidad no implica complacencia o silencio, y considerando que de acceder la oposición al poder en el 2023 deberá afrontar una situación más crítica que la actual, con dirigencias movilizadoras mucho menos complacientes, y una sociedad con altos niveles de hartazgo, debiera ser más coherente en sus estrategias, clara en sus propuestas, y consciente de la situación que viven millones de argentinos.

Buenos Aires, 12 de octubre 2022

Leyes para resistir

“Hacia fines del siglo XIX las burguesías gobernantes comprendieron que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas y la ampliación del sistema electoral, si se hacía con los controles del caso, no afectaba el desarrollo y supervivencia del sistema, sino que por el contrario lo legitimaba y legalizaba”. El texto corresponde a un artículo de Felipe Pigna, referido a la época de la creación de la Ley Sáenz Peña que instaló el voto universal, secreto y obligatorio, y los posteriores artilugios electorales de las élites gobernantes para minimizar los efectos del voto popular y continuar ejerciendo el poder. Si “siglo XIX” se reemplazara por siglo XXI, describe los objetivos de las continuas y oportunistas modificaciones e interpretaciones de las leyes electorales realizadas a partir de la reforma constitucional de 1995 (reelección de Menem), usualmente promovidas por los mismos actores que aprobaron lo que se pretende modificar. De este modo en cada elección en busca de distorsionar el poder del voto popular, surgen variantes insólitas no habituales en democracias, tales como listas sábana, listas colectoras y espejo, candidaturas simultáneas en más de una lista, candidaturas testimoniales, modificaciones en las elecciones internas, y ley de lemas. Cuando los gobiernos surgidos de estas manipulaciones fracasan, se acusa a los ciudadanos de no saber votar.

El ejemplo más claro es la Ley de Lemas, nocivo anacronismo creado en Europa hace más de cien años, y abandonado por casi todos los países. No casualmente la reactivaron caudillismos provinciales como los de Santa Cruz, San Luis y San Juan. Consiste en que un partido (lema), dirima su interna en la elección general, al albergar su lista dos o más candidatos (sublemas), y al momento del escrutinio final el que obtuvo más votos individuales, suma los obtenidos por los restantes de la lista, que eventualmente están políticamente enfrentados. El caso más reciente de este fraude electoral legalizado fue la elección de 2015 en Santa Cruz, donde Eduardo Costa de la UCR fue el individualmente más votado, pero triunfó Alicia Kirchner del Frente para la Victoria, porque sumó los votos del otro integrante de la lista, Daniel Peralta. Vale decir, triunfó con votos de quienes no la votaron.

Lo engañoso del sistema tiene una demostración concreta en la elección de gobernador en la provincia de Chubut en septiembre de 1991, porque al exigir la constitución provincial que el Poder Ejecutivo sea desempeñado “por un ciudadano con el título de gobernador, que será elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios”, en caso que el sublema más votado del lema mayoritario haya obtenido menos votos que un candidato de otro lema, obligaba a un “balotage” entre ambos. El lema justicialista obtuvo 76.889 votos contra 40.929 del lema radical., arrojando una diferencia de 27.970 votos. Pero como el sublema radical tenía como único candidato al doctor Carlos Maestro, quien superó por 8.426 votos al sublema del ing. Sala, el candidato más votado dentro del lema justicialista, se realizó el “ballotage” entre ambos el 13 de octubre, a escasos 35 días de la primera elección. Pese a la diferencia original de casi 28.000 votos a favor del lema justicialista, triunfó el radical Maestro, que aumentó su caudal de votos del 32 al 53%, mientras el ing. Sala bajó del 53 al 45%, dejando en claro que una mayor cantidad de votos positivos otorgados a determinado candidato de determinado partido, configura un parámetro de legitimidad insustituible. En esa época Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe, que utilizaron la ley de Lemas sin “ballotage”, en sus gobiernos tuvieron graves crisis políticas por conflictos internos.

En cuanto a las PASO, creadas por Néstor Kirchner tras su derrota electoral con el empresario De Narváez, no fue concebida para competir, sino para que los perdedores quedaran inhabilitados para participar en la elección general, impidiendo picardías del peronismo, como participar de una interna, perderla, y después competir por afuera en la general. Como virtud, tienen un saludable efecto ordenador de las elecciones generales, evitando una confusa sobreoferta de candidaturas. Quienes fundamentan hoy eliminar las PASO por razones económicas utilizan el cinismo para encubrir el repetido debate terrenal criollo, centrado en las conveniencias electorales de coyuntura. Y vulneran un principio siempre vigente planteado por Aristóteles: “Acostumbrarse a cambiar las leyes con facilidad puede ser más perjudicial que los beneficios del cambio, porque eso debilita a todas las leyes”.

Buenos Aires, 05 de octubre 2022

Sonámbulos y figuritas

La asociación de hechos con distintas significancias y temporalidades, desde lo simbólico permite abrir vías analíticas útiles para desentrañar la actualidad política. En este caso, relacionar la Primera Guerra Mundial con el accionar de nuestros políticos.

En su libro “Sonámbulos”, Christopher Clark describe con una precisión densa pero didáctica (624 páginas), cómo Europa llegó en 1914 a la guerra. Si bien el desencadenante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo en junio de ese año, las causas fueron décadas de reivindicaciones territoriales con base en los Balcanes no resueltas, y desconfianzas cruzadas que se plasmaron en dos alianzas defensivas integradas por distintas potencias europeas, pese a que tres de los monarcas reinantes (Guillermo II de Alemania, Jorge V de Inglaterra y Nicolás II de Rusia), eran primos. En este largo proceso, cúpulas gobernantes privilegiadas y ajenas a las necesidades y urgencias de sus pueblos, cometieron una sucesión de impericias y frivolidades políticas y diplomáticas, pese a lo cual, a escasas horas de iniciarse el conflicto bélico ninguna de las partes intervinientes lo deseaba o creía posible. Estas necedades llevaron a que Clark catalogara a los gobernantes y sus gabinetes como sonámbulos.

Trasladado el ejemplo a nuestra clase política, ya no monárquica pero igualmente conservadora y privilegiada, se observa similar disociación con las necesidades y prioridades de los ciudadanos, como indican dos ejemplos recientes. Bajo el eslogan de que hay que priorizar los dólares para la producción y evitar viajes al exterior, se implementó el dólar turista con altos impuestos. Pese a lo cual los funcionarios y gobernadores efectúan con recursos públicos permanentes viajes al exterior con nutridas comitivas, para realizar actividades y discursos absolutamente irrelevantes en un contexto de crisis, o interesar a jeques, petroleros y otros potenciales inversores para explotar recursos del país, pese a la existencia de una inflación récord, alta pobreza, cepo cambiario, creciente endeudamiento, y horizonte económico indefinido. En cuanto a seguridad jurídica, los senadores implementaron un atrapante bingo para definir si la Corte Suprema debía tener 25, 15, 9 o 5 miembros. Ganó Wertilinek, de Río Negro, con 15. Es evidente entonces que en estas condiciones, solo pueden invertir quienes acuerden privilegios sectoriales altamente rentables, o carteles de narcotráfico, para los que estos dislates no constituyen un problema.

A escala más doméstica, la Secretaría de Comercio convocó a una reunión con empresarios y kiosqueros para tratar los faltantes de álbumes y figuritas referidos al mundial de fútbol en Qatar. Tal frivolidad sin embargo, debidamente reformulada, puede facilitar las evaluaciones políticas de un ciudadano común a través de un álbum de figuritas políticas, integrado por los equipos partidarios (Juntos, Todos y demás participantes), que competirán en el campeonato Elecciones 2023. Las figuritas tendrán los nombres de los potenciales candidatos/jugadores a cargos electivos nacionales, y un plantel técnico conformado por presidente, vice y gobernadores. De cada uno de ellos se indicarán antecedentes y datos de rendimiento, tales como cuántos equipos (partidos políticos) integró, y en cuántos puestos (cargos) jugó. Sus cualidades técnicas no deberán evaluarse en función de lo que declaren, sino por como deciden votar o habilitar quórum, ya sea por sí o indicación de los gobernadores a quienes responden. En esta evaluación no hay que centrarse en identificar halcones (núcleos duros), sino palomas (voluntades blandas), fácilmente adaptables para lograr mejores ofertas. Se debe tener presente que nuestros sonámbulos conservadores, ya sea utilicen camisetas de derecha o izquierda, están estudiando de apuro a nivel nacional y provincial modificaciones electorales que minimicen el poder de daño del voto ciudadano.

Una virtud de la actividad lúdica de armar álbumes, es que estos informan sin sonido, por lo que se minimiza la hojarasca verbal y autocomplaciente de los jugadores (candidatos). Pese a lo cual el interrogante clave en nuestro caso subsiste: el estallido sorprenderá a nuestros políticos sonámbulos, como sucediera en 1914?

Buenos Aires, 28 de septiembre 2022

El peronismo y la Virgen

El 23 de agosto, tras formular por redes sociales desde su despacho en el Senado críticas al juicio oral por la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner saludó a sus militantes desde el balcón del Congreso, pidiéndoles que cantaran la marcha peronista. Días más tarde, el 10 de septiembre se ofició una misa en la Basílica de Luján “contra el odio”, convocada por el gobierno. Lamentablemente las interpretaciones de ambos hechos se agotaron en adhesiones, críticas y justificaciones, omitiendo lo esencial: el recurso de convertir a las ideologías, creencias y principios, en simbologías que oculten intereses sectoriales o personales. En los casos mencionados, se apeló a la memoria política (cantar la marcha), y a los sentimientos religiosos (misa en Luján), como meros oportunismos encubridores en la lucha para conseguir impunidades judiciales. Bajo esta óptica, lo relevante entonces no es centrarse en cantar “la marcha” o que el arzobispo de Luján diga “metí la pata”, sino detectar contradicciones y omisiones cada vez más evidentes.   

La imagen de la vicepresidenta llamando a cantar la marcha sorprendió por haber ignorado a Perón a lo largo de su carrera, y criticado el mérito del Partido Justicialista, lo que hace sospechar que intentó una cobertura más amplia en apoyo de sus intereses judiciales. Pero además la invocación a Perón es peculiar en el mundo, porque a 48 años de su muerte, en lugar de homenajear su memoria y doctrina, se intenta hacerlo partícipe de los éxitos y fracasos de los sucesivos gobiernos que dicen representarlo, o en contextos de pobreza, subdesarrollo y corrupción, usar su nombre como pegamento unificador para alcanzar o conservar poder. Este oportunismo podría explicarse mediante el absurdo, imaginando que en el acto del próximo 17 de octubre, la vicepresidenta, Carlotto, Bonafini, Zannini, Boudou, Kiciloff, De Pedro, Larroque, Cabandié, Moreau, Ricardo Alfonsín, Vaca Narvaja, Massa, Donda, y muchos otros, canten enfervorizados, “mi General, cuanto valés”. La descripción más precisa de este anómalo oportunismo la dio hace años Julio Bárbaro, peronista histórico y auténtico, cuando dijo: “Desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos”.

En cuanto a lo religioso, en Luján lo destacable no fue que se celebrara una misa partidaria, las críticas de feligreses o que el arzobispo haya dicho “metí la pata”, sino que se ratificó una recurrente actitud de las cúpulas eclesiásticas. Ya en octubre de 2018 y a pedido del sindicalista Moyano, el fallecido arzobispo Agustín Radrizani celebró en Luján una misa con asistencia de dirigentes en ese entonces en la oposición, bajo la loable invocación de “Paz, pan y trabajo”. Pero pese que en ambas circunstancias asistieron funcionarios y dirigentes procesados y enriquecidos a costa de recursos públicos, en sermones y homilías nunca se hace mención a la corrupción como una causal esencial de la pobreza, que circunstancialmente enrostran a alguna autoridad de gobierno. Es momento entonces, que más allá de discursos en defensa de los pobres, las autoridades eclesiásticas adopten una actitud penitente y comiencen a criticar la corrupción, recordando a quienes gobiernan o representan sectores corporativos el séptimo mandamiento, “No robarás”, y que Jesucristo echó a los mercaderes del templo. Queda claro entonces que ni Perón ni la Virgen son responsables de las gestiones de gobierno y sus consecuencias, ni pueden ser utilizados para ocultar mediocridades, privilegios y saqueos públicos.

Como toda reflexión debe partir de realidades y no de simbolismos o abstracciones, y considerar que los contextos se conforman con acciones y expresiones divergentes, cabe una mención al radicalismo, sustentado en una identidad partidaria histórica antes que en personalidades coyunturales, de la que resaltan dos frases tradicionales: “el radicalismo se rompe pero no se dobla”, formulada por su fundador Alem, y “los radicales somos la reserva moral del país”, jactancia pronunciada ante autoritarismos, persecuciones o corrupción. Sin embargo, desde hace décadas muchos de sus dirigentes se doblan con una asombrosa elasticidad sin romperse, y canjean pruritos morales por cargos y privilegios. Es este contexto anómico, en el que decir peronista, radical, neoliberal o populista poco significa, se desarrollará el devenir preelectoral hasta las próximas elecciones.

Buenos Aires,21 de septiembre 2022

Engaños, omisiones y mentiras

El atentado contra la vicepresidenta, más allá de las hipótesis manejadas respecto a sus autores,  podría tomarse como punto de partida para establecer pautas analíticas que permitan al ciudadano común, desde ahora hasta las elecciones del 2023, ejercer la capacidad de detectar engaños, omisiones y mentiras contenidas en los mensajes y acciones políticas, y plantear preguntas que las diversas dirigencias evitan responder. Ello urge ante los peligrosos juegos de poder ajenos a la gravedad económico-social de la ciudadanía.

Maquiavelo señalaba: “Hay tres casos de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”. Dado que en la política moderna los mensajes destinados a las masas se elaboran desde el poder por quienes disciernen, las reflexiones ciudadanas tendientes a desnudar sus falsedades, incongruencias y objetivos ocultos deben centrarse en acciones y frases de conocimiento público, de veracidad verificable a través de medios audiovisuales y transcripciones periodísticas textuales. Las conclusiones e hipótesis deben formularse en forma clara y entendible para los tres tipos de cerebros, virtud didáctica que suele lograr determinado humor político, sea discursivo (Tato Bores, Pinti), o gráfico (Sabat), entre otros ejemplos. Por eso los políticos los temen más que a los declarantes delirantes o amenazantes.

Ya se mencionó que el uso de la palabra “odio”, sentimiento inexistente como fenómeno social en nuestro país, es instalada por funcionarios y adherentes al gobierno para generar polémicas que disimulen las urgencias económico-sociales y el intento de desactivar causas judiciales. Pero como todo análisis debe evitar acotarse a hechos aislados o anecdóticos (que es uno de los recursos para entretener y confundir), sino integrarlos a una secuencia de acciones que conforman el llamado contexto político, en democracia las responsabilidades del gobierno deben confrontarse con las de la oposición. De este modo se observa que opositores y medios críticos potencian el debate citando ejemplos popularmente conocidos de dirigentes oficialistas “odiadores” en lugar de argumentar respecto a la inconsistencia de la estrategia del “odio”. Ello plantea como hipótesis si tal ingenuidad responde al vicio de la necedad, o surge de compartir con el oficialismo la impotencia de presentar propuestas concretas que atiendan a la problemática social vigente. Refrenda esta sospecha la larga convivencia entre las mismas dirigencias políticas, sindicales y empresarias.

Sabiendo que alinearse tras un único término o mensaje promueve el fanatismo, que es el objetivo de los tiranos y autócratas, deben identificarse los relacionados y omitidos tras el término “odio”, tales como corrupción, persecución política, impunidad política, inocencia, juicio oral, acusación, crisis, ajuste económico, campaña electoral, o incongruencias entre mensajes simultáneos (odio y diálogo).

Otra técnica a considerar, es que los mensajes y opiniones dirigidas al pensamiento masivo (todos saben lo que significa odio), deben potenciarse con escenografías que apunten al contagio emocional masivo, y exhiba la relación entre superioridad de dirigentes en el palco, e inferioridad de los dirigidos y adherentes en el llano. No en vano, el éxito de las convocatorias se evalúa según la cantidad de concurrentes. Tampoco es casual que los despliegues propagandísticos como actos, giras, convocatorias o similares, los realicen funcionarios y dirigencias corporativas directa o indirectamente relacionadas con privilegios emergentes de recursos públicos, por lo que no afrontaron ni afrontarán los perjuicios de las malas políticas, ni se considerarán incluidos en lo que publicitariamente denominan “la gente”. Destacar este aspecto es importante, porque explica que tales costosos despliegues rutinarios basados en intereses sectoriales que saturan los debates públicos, ignoren u oculten las temáticas de inflación, pobreza y corrupción.

Otro instrumento esencial propagandístico tras el cual se escudan los mediocres, es el uso de símbolos (Patria, Próceres, Historia). El atentado a la vicepresidenta reactivó dos oportunismos políticos a los que se apela en momentos de desesperación, que se analizarán en la próxima reflexión: el peronismo y la Virgen.

Buenos Aires, 14 de septiembre 2023

Necedad, manipulación y odio

El atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con independencia de que su autor sea un sicario o un perturbado sicológico, un lobo solitario o grupo de fanáticos, merece reflexiones más profundas en cuanto al contexto, porque se inserta en una táctica política en la que hasta las próximas elecciones como mínimo, coexistirán la necedad, la manipulación y la palabra odio.

La necedad se originó con funcionarios, sindicalistas y movimientos sociales, que irresponsablemente promovieron concentraciones multitudinarias permanentes frente al domicilio particular de la vicepresidenta y alrededores, sabiendo que normalmente debía salir y reingresar del mismo al menos una vez al día, atravesar una vereda de tres metros de ancho con simpatizantes a ambos lados, y llegar a un vehículo que debía movilizarse en medio de una barrera humana que ocupaba toda la calzada. El disparate incluyó fuegos artificiales nocturnos, una feria popular no concretada, la llamada batalla de las vallas, y al juez Gallardo dictaminando roles para cada fuerza de seguridad. Producido el hecho, y llegado el momento de definir la profesionalidad estatal de los responsables de las áreas de la seguridad nacional, de la ciudad y custodia personal, la autoprotección política concluyó que todos actuaron correctamente. En simultáneo se inicia la investigación judicial, que experiencias dramáticas anteriores indican más próximas al campo del entretenimiento mediático que a definir culpabilidades: se “separan” a los custodios, se peritan cerebro y teléfono del sospechoso, y los mal llamados servicios de inteligencia “no saben/no contestan”, mientras se dedican a hurgar en las genealogías, prácticas deportivas, fotos sociales y avisos fúnebres que puedan proveer información que afecten a jueces y fiscales que juzgan y/o investigan casos de corrupción estatal-privada. En simultáneo con el inicio del prolongado juego de las hipótesis investigativas, comienza la estrategia de manipulación política intensa para direccionar el debate y la opinión pública, con dos objetivos encubiertos (o visibles?): obviar la situación económico-social, y lograr impunidades judiciales. Lo peligroso es el insumo discursivo de alto riesgo elegido, que ha provocado catástrofes mundiales: el odio.

El mismo día del atentado por la noche, el presidente Fernández por cadena nacional lo adjudicó al “discurso del odio que se ha esparcido desde distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos”, y declaró un paro nacional con un acto central partidario en Plazo de Mayo, durante el cual la única oradora leyó un mensaje centrado en el “odio”. De este modo se oficializó una peligrosa manipulación propagandística, pues resulta una obviedad que al ser víctima la vicepresidenta, subliminalmente el “odio” excluía a funcionarios y adherentes al gobierno, pese al desliz del gobernador Kicillof y el sindicalista Palazzo, quienes expresaron que el atentado se produjo por culpa del fiscal Luciani. Desactivar esta táctica desesperada implica fundamentar la falsedad del concepto, y sus efectos nocivos en mentalidades propensas a la irracionalidad o fanatismo. El odio es un sentimiento extremo, sea en situaciones personales o entre poblaciones enfrentadas en guerras, que conlleva venganza. Lo sufrirán muchos ucranianos y rusos por años. Pero desde esferas de poder, el insumo “odio” lo emplean sistemas autocráticos o dictatoriales para dividir y eliminar (de forma práctica y sin odio), oposiciones y libertades de opinión. Esta manipulación discursiva la ejemplificó el estudioso de la propaganda política Jean-Marie Domenach, al señalar que “cuando Goebbels, después de haber predicado un racismo anticristiano, proclama que el pueblo alemán hace la guerra en defensa de la civilización cristiana, demuestra que esta afirmación no tiene para él ninguna realidad concreta; solo es una fórmula oportuna destinada a movilizar nuevas masas”

Nuestro país no afronta guerras, problemas raciales o religiosos que justifiquen odio. Lo que presenta es un sistema político agotado basado en privilegios, que pretende subsistir inmerso en un grave contexto de pobreza y degradación económico-social. No hay odio, sino miedo a perder poder, patrimonios y libertades, y dirigentes corruptos, hipócritas, oportunistas y necios. Lo demuestra la tríada gobernante, que tras cruzar por años duras acusaciones hacia las gestiones de la vicepresidenta, concluyeron asociándose entre sí para alcanzar el poder. Esta realidad se observará en el armado de las próximas listas electorales. Por lo tanto, no existe odio entre quienes parasitan recursos públicos a nivel político, sindical y empresario, pero pretenden inocularlo a la sociedad en su conjunto para manejarla más fácilmente. En este escenario cabe un zamarreo a los opositores de turno: respecto a sus aburridas y recurrentes opiniones mediáticas; no podrían ser más didácticos para desactivar ante la sociedad las falacias y engaños discursivos, y además, proponer transformaciones en la sobredimensionada estructura política?

Buenos Aires, 07 de septiembre 2022