YPF para todos y todas
La última reflexión titulada “Oro negro con guantes blancos”, concluía con un interrogante: ¿cómo lograr que un tema complejo como el de YPF sea comprendido por la mayoría de la ciudadanía? El paso inicial no difiere del aplicado en sectores profesionalizados: partir de un armado cronológico de datos concretos y veraces, carente de adjetivos y opiniones anexas. En este caso, se cumple con dos objetivos necesarios: 1) que la información de base sea la misma y masivamente compartida; 2) que el ciudadano elija fuentes de consulta que ratifiquen, corrijan o amplíen dichos datos. Bajo este principio se detalla el ordenamiento cronológico del caso YPF, que se desarrolló a lo largo de 33 años (superior a una generación), desde la privatización de Menem en 1992, hasta el fallo de la jueza norteamericana Preska en junio de este año.
Cabe una observación preliminar de carácter subjetivo. En la reestatización del 51% de YPF decidida por el gobierno de Cristina Kirchner, un hecho explica que en el campo político las “grietas” no sean definitivas, pues votaron en contra tres mujeres de alineamientos políticos distintos, como Elisa Carrió, Graciela Camaño y Patricia Bullrich. Por el contrario, y considerando los vicios legales que dieron lugar al juicio contra YPF y el Estado argentino, como legisladores votaron a favor dos conocidos abogados: Gil Lavedra y Luis Juez. Dicho lo cual, se detalla el armado cronológico del caso.
Año 1990.- En diciembre se decretó la transformación de YPF de empresa estatal a sociedad anónima. Creada en 1922, era la única petrolera estatal del mundo con pérdidas.
Año 1992.- En septiembre, por ley 24.145 se aprueba la privatización de YPF. Inicialmente existía la llamada acción de oro, que permitía al Estado controlar decisiones estratégicas, e impedía la venta mayoritaria a terceros sin su aprobación. Como se transfirió a las provincias el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos, y con la venta se pagaron las regalías mal liquidadas, la privatización tuvo el entusiasta apoyo, entre otros, de los gobernadores patagónicos de Santa Cruz con el peronista Kirchner (la provincia recibió 638 millones de dólares); de Chubut con el radical Maestro, y de Neuquén con el provincialista Sapag. Y votaron a favor entre otros, los entonces diputados Parrilli, Solá, Yoma, Gioja y Juan Pablo Cafiero.
Año 1993.- El Estado mantenía el 20 % de las acciones y la acción de oro, y un 12 % quedaba en manos de los estados provinciales.
Año 1998.- El sector privado alcanzó casi el 75 % de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro. En este año se privatiza el Banco Santa Cruz en favor de Enrique Eskenazi, luego de que el Estado se hiciera cargo de un pasivo de 200 millones de dólares.
Año 1999.- La empresa española Repsol se hizo con el control del 97,81 % de YPF por oferta pública de adquisición, por un monto de 13.437 millones de euros, dando lugar a Repsol YPF. Fuera de la exposición pública, la acción de oro había desaparecido.
Año 2002.- Comienza una distribución excesiva de utilidades, incumplimiento de inversiones, enajenación de bienes y remuneraciones extraordinarias a directivos.
Año 2006.- El Banco de Santa Cruz, con la familia Eskenazi como dueños mayoritarios, actúa como administrador del fideicomiso de parte de los 638 millones de dólares recibidos por la privatización de YPF realizada por Menem.
Año 2007.- En julio son creadas en España al mando de Enrique Eskenazi las sociedades de energía Petersen, que en diciembre compró el 14.9 % de Repsol YPF, y al año siguiente el 10,1%, para lo cual obtuvieron créditos de siete bancos europeos y de la propia Repsol, liderados por el Credit Suisse, a devolver con las utilidades de las acciones.
Año 2010.- El 27 de octubre muere Néstor Kirchner.
Año 2011.- Para el 31 de diciembre el Grupo Petersen poseía el 25,46 % de YPF, la compañía Repsol el 57.43 %, el Estado argentino el 0.02 %, y el resto de las acciones en manos de inversores privados. En ese entonces YPF ya no producía petróleo y gas suficiente para abastecer su demanda.
Año 2012.- Cristina Kirchner anunció en abril por cadena nacional la estatización vía decreto del 51% de las acciones en poder de Repsol, sin aplicar la ley de utilidad pública e indemnización previa, y sin observaciones del secretario legal y técnico de entonces, Zannini. No se incluyó al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, y los ministros Kicillof y de Vido no ejecutaron la oferta pública de compra de las acciones entre quienes ya poseían acciones, según lo establecido en los estatutos, El grupo Petersen se presentó en concurso en su sede en España, pues sin cobrar dividendos no podían pagar los créditos. El Congreso avaló la expropiación de YPF por ley 26.741, con 208 votos a favor, 32 negativos, 6 abstenciones y 11 ausencias. Entre los votos a favor se destacan Luis Juez, Recalde, Larroque, Solá, Pichetto, Gil Lavedra, De Pedro y Sanz. En contra votaron Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Caamaño y Juan Carlos Romero. Se abstuvo Prat Gay, y se ausentó Stolbizer.
Año 2014.- La petrolera española Repsol acordó una indemnización con el ministro Kicillof por unos u$s 5.000 en bonos garantizados.
Año 2015.- A través del administrador del concurso, el Grupo Petersen vendió en 15 millones de euros sus derechos a reclamar ante la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF a una subsidiaria de Burford Capital, que es un grupo especializado en litigios financieros. De inmediato, Burford al igual que las empresas Petersen, presentaron una demanda contra el país e YPF. En defensa del Estado, el procurador del Tesoro Saravia Frías durante el gobierno de Macri, presentó ante la Justicia norteamericana el procedimiento discovery, mediante el cual deben abrirse todos los archivos de la transacción, para encontrar elementos de corrupción, acción que fue desestimada por el gobierno de Alberto Fernández.
Año 2018.- En julio la Corte de Nueva York rechazó el pedido argentino de trasladar el juicio a Buenos Aires. La Unidad de Información Financiera presenta ante el juez federal Ariel Lijo una información financiera con movimientos inusuales de fondos en YPF, que hacía presumir un vaciamiento. En este juzgado ya existía una denuncia de Elisa Carrió en el mismo sentido presentada en el año 2007. El juez no produjo avances investigativos.
Año 2025.- En junio la justicia estadounidense ordenó al Estado Argentino que entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de la sentencia en la que el país fuera condenado a pagar 16.100 millones de dólares. El pasado 14 de julio la Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina, al rechazar el pedido de suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones a los beneficiarios que demandaron al país.
Buenos Aires, 16 de julio 2025