Pegoteos políticos conceptuales

El paso del tiempo, aún en las peores circunstancias, jamás debiera ser en vano. La última dictadura implicó un punto de inflexión que terminó con los recurrentes golpes militares, posibilitando que a partir de diciembre de 1983 las responsabilidades institucionales recayeran en la capacidad política democrática. Pero tras cuatro décadas, anomalías institucionales y expresiones conservadoras nepotistas sumergieron a muchos ciudadanos en la pobreza y decadencia. Al exponer el actual gobierno en tan solo cuatro años todos los vicios acumulados, que por acción u omisión alcanzan a las expresiones políticas en general, se abre la expectativa de lograr un nuevo punto de inflexión, en este caso de saneamiento político-institucional. Para facilitarlo es necesario identificar adecuadamente muchos de dichos vicios, como las mencionadas mafias entroncadas en altos niveles políticos, y la ausencia de grietas insalvables en las cúpulas dirigenciales.

Las mafias políticas explican el ataque a jueces y fiscales que juzgan y condenan a funcionarios por corrupción, en la desactivación de inteligencia criminal carcelaria, la instalación de “home offices” en las celdas de narcos, y que en el epicentro de la violencia narco los legisladores santafesinos aprueben leyes que los eximen ser investigados por corrupción, y se adjudiquen partidas presupuestarias políticas que superan largamente a las destinadas a los fiscales que investigan el narcotráfico. El fenómeno de la plasticidad de las grietas existentes en las cúpulas de poder, queda reflejado en la sorprendente coincidencia entre oficialismo, oposición y FMI, de concentrarse en discutir metas económico-financieras en base a valores absolutos o porcentuales fluctuantes habitualmente incumplidos, evitando modificar una estructura burocrática sobredimensionada, elitista y fuertemente deficitaria, plagada de privilegios, incapacidad de gestión, y altos niveles de corrupción. Omisión que provoca que una vez más los necesarios ajustes no los afronten quienes provocan las crisis, sino quienes las sufren.

Otro factor crítico a considerar es el de los falseamientos ideológicos, que inicialmente excluye el peligro de la presencia de una izquierda revolucionaria marxista con sus variantes, reemplazada por una izquierda declamatoria burocrática deseosa de acceder a “vicios capitalistas” usufructuando prebendas estatales, sea como funcionarios o intermediadores de pobres. Es por ello que la negociación de Massa con los bancos nacionales, que no financian desarrollos privados sino déficits públicos a tasas onerosas, en la que se acordó trasladar vencimientos de deuda a los años 2024/25 otorgándoles como contrapartida bonos que cuentan con un seguro de cambio que actualiza los montos por inflación o valor dólar, según sea el índice mayor, entre otros beneficios, no motivó que los actuales revolucionarios de izquierda hablen de “patria financiera” como los de otrora. Tampoco se catalogó de defensa a la “patria contratista”, las presiones que el gobierno ejerce sobre la justicia para conseguir impunidad en causas de corrupción, como por ejemplo, demorar y/o anular la llamada Causa Cuadernos de obras públicas, que registran sobreprecios y pago de coimas que en efectivo y en dólares billete, empresarios privados entregaron a funcionarios patriotas autoproclamados de izquierda popular. 

Las liquideces ideológicas y disonancias entre discurso, escenografía y acción es tan evidente, que quienes dicen adherir a países/sistemas de ideologías marxistas consolidadas como en China, Rusia y Cuba, localmente promuevan políticas impensables en dichos países: fuerzas de seguridad debilitadas, laxitud en el combate contra el delito, impunidad en las corrupciones estatales, cortes de calles y rutas, promoción de organismos de utilidad nula creados para pagar militancia con recursos públicos,  como los dedicados a la defensa de la mujer desde oficinas, a la igualdad de género, a los no binarios o al lenguaje inclusivo, entre otras acciones.  

Comprendido este contexto, no sorprenderán determinados armados electorales que se diseñarán hasta el cierre de listas, en donde las fluctuaciones de ocasión se darán tanto en lo partidario como en lo ideológico. Un excelente ejemplo de tamaña liquidez lo brindó la asociación entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa en el 2019. Los resultados están a la vista.

Buenos Aires, 15 de marzo 2023

Bullrich, Larreta y la grieta

Con el objetivo de ir detectando incongruencias de los mensajes políticos hasta el cierre de listas de precandidatos el 24 de junio, es el turno de analizar la polémica nacida dentro de un mismo espacio político. Tras el spot propagandístico de Rodríguez Larreta desde los confines patagónicos, llamando a luchar contra la “estafa de la grieta”, respondió vía tuit Patricia Bullrich, señalando que no se puede negociar con personajes como Cristina Kirchner, Zaffaroni, Moyano y Baradel, entre otros. Dichas expresiones provocaron debates acotados a lo discursivo, cuando pueden ser de gran utilidad para situar a la “grieta” en el contexto de la política argentina.

Los diccionarios definen a la grieta como una abertura alargada que se produce en tierras o cuerpos sólidos, con muy poca separación entre los bordes. Aplicado este fenómeno físico a los actos humanos, los términos adecuados serían antagonismo, enemistad, desacuerdo, antinomia. Por lo que usar “grieta” como recurso metafórico para explicar divisiones tajantes en la ciudadanía, en realidad intenta ocultar la práctica de una estrategia histórica: “dividir para reinar”, cuyo símil moderno es la teoría más sofisticada de “amigo-enemigo”. No casualmente, el virus “grieta” es necesariamente inoculado desde el poder político a la sociedad a través de mensajes conceptualmente simples disfrazados de principistas o ideológicos, con estrategias de propaganda llamadas de “orquestación”, por la cual un mismo mensaje debe ser repetido incansablemente, para lo cual se busca como voceros a diversos personajes públicos conocidos, como artistas, periodistas, intelectuales y organizaciones intermedias, siendo sus servicios retribuidos con cargos, contratos, subsidios, sostenimientos financieros, entre otras prebendas. Trasladado este proceso a nuestra realidad política, comienzan a surgir curiosidades esclarecedoras.

La crisis del 2001, que provocó que justicialismo y radicalismo dejaran de ser opciones partidarias identificables y tradicionales que sumaban más del 80% de los votos, licuó las grietas insalvables entre las dirigencias políticas, y generó un marco de liquidez ideológica en las que los dirigentes pueden adoptar una postura hoy y la contraria mañana, pues el verdadero objetivo es permanecer, lo que explica la habitual crítica respecto a que nuestras dirigencias cometen los mismos errores, aplican las mismas estrategias fracasadas y pronuncian anquilosados discursos, pues no son de izquierda o derecha sino simplemente conservadoras, pretendiendo: que nada cambie. Es por este pegoteo de ocasión entre viejas dirigencias que la reflexión hace referencia a “poder y sistema político estable”, y no a peronismo, radicalismo, kirchnerismo, macrismo, u otras etiquetas vacías de contenido.

Un ejemplo excelente para refrendar lo expresado lo brindó el escenario del discurso de apertura de sesiones legislativas pronunciado el primero de marzo por el presidente Fernández en el Congreso Nacional. Sentados en sus bancas o ubicados en palcos, estaban quienes ejercen representaciones políticas, empresariales y sindicales ininterrumpidamente desde hace al menos dos décadas. Las eventuales caras nuevas ingresaron avaladas por viejos políticos a través de listas sábana. El cerrado andamiaje electoral permitirá que tras las próximas elecciones, casi todos, incluyendo procesados y condenados, continúen ocupando cargos en Nación, provincias y municipios, a costa del crecimiento desmesurado de una estructura estatal socialmente ineficaz.

En cuanto al cinismo discursivo, fue ejemplificado por el presidente en poco más de dos horas: se declaró orgulloso porteño pero criticó la opulencia y egoísmo porteño; se presentó como moderado y dialoguista para terminar exaltado atacando a la oposición; pidió que la justicia actúe con premura en casos de empresarios poderosos imputados, y subterráneamente se intenta demorar y/o anular la Causa Cuadernos por coimas y sobreprecios en obras públicas;  se autoproclamó honesto, pero afirmó que la vicepresidenta, sentada a su lado, fue condenada por corrupción en un juicio “simulado”, y arremetió contra los integrantes de la Corte Suprema.

Si se reconoce que la “grieta” no es aplicable a las perennes y privilegiadas dirigencias, vista la facilidad con que la van sorteando para mantener cuotas-parte de poder y/o prebendas, podría pensarse que a esto se refirió Larreta cuando mencionó la “estafa de la grieta”, pero no fue suficientemente claro. Por ello tanto Bullrich mencionando nombres, como Larreta apelando a conceptos, tienen el mismo desafío a partir del 25 de junio: presentar propuestas de gobierno concretas (no diagnósticos, propuestas), y explicitar con quienes integrarán equipos y suscribirán acuerdos virtuosos. Teniendo presente el consejo de Maquiavelo al príncipe: para llegar y ejercer el poder con éxito, los mercenarios son los más peligrosos.

Buenos Aires, 08 de marzo 2023

La Stasi legislativa

Hasta la oficialización de precandidatos con el cierre de listas el próximo 24 de junio, los discursos y análisis políticos abundarán en términos insustanciales, tales como grietas, consensos, palomas, halcones, duros, blandos, derechas, izquierdas, guiños, bombas económicas y proscripciones, cuando lo que realmente está en juego en esta etapa son intereses de poder y posicionamientos personales, en un contexto de sistemas electorales que facilitan manipulaciones, como listas sábanas, ley de lemas, listas espejo, e incluso que un legislador, intendente o gobernador una vez elegido, abandone a su partido. A la espera de que a partir del 25 de junio se presenten a la sociedad plataformas de gobierno concretas, los ciudadanos deberán centrarse en hechos antes que en dichos.

El más trascendente es el reconocimiento histórico por parte de altos sectores políticos gobernantes, de la existencia de mafias estatales, paradójicamente cuando los actos de corrupción contra el Estado comienzan a ser investigados, juzgados, debatidos en juicio oral y público, y sancionados. Lo que explica que en busca de mantener impunidades, 16 diputados oficialistas de la Comisiòn de Juicio Polìtico realicen una acción de presión y amedrentamiento contra los cuatro integrantes de la Corte, y en paralelo, a jueces y fiscales que osen investigar, juzgar y condenar actos de corrupción. Este hecho tan explícito no debiera agotarse en opiniones críticas o señalamientos constitucionales y procesales, sino utilizarlo didácticamente para que la ciudadanía entienda aspectos que se desarrollaban en gestiones reservadas, mediante un seguimiento periodístico del accionar de la Comisión, detallando nombres de acusados, testigos y tipo de preguntas a las que serán sometidos.  No en vano mafias y autocracias comparten una similitud: querer saber que dijeron, como piensan u opinan, con quienes se reúnen y en donde, quienes son los familiares y amistades, de los que amenazan su impunidad y negocios.

Para visualizar didácticamente este accionar, es recomendable ver la excepcional película alemana que obtuvo el Oscar a mejor película extranjera, llamada “La vida de los otros”, disponible en video. En la Alemania Oriental previo a la caída del Muro de Berlìn, la agencia de inteligencia local conocida por sus siglas Stasi, creada en 1950 para reprimir la disidencia interna, decide vigilar en busca de pruebas comprometedoras la vida que en su departamento desarrolla un conocido escritor sospechoso, su novia actriz y sus amistades. Para ello la sección de Vigilancia intervino su teléfono e instaló micrófonos en todos los ambientes, ubicando la central de escuchas en una bohardilla del mismo edificio. Durante ciento de horas se registraron conversaciones entre amigos, fiestas de cumpleaños, mención de diversos lugares de encuentro, e incluso la actividad sexual. Nuestros actuales interrogadores criollos simplifican esta tarea de campo requiriendo los celulares de los acusados y familiares, en caso que la AFI no haya tenido éxito en sus escuchas ilegales tradicionales. Lo interesante de la película citada será comprobar que los interrogatorios de amedrentamiento actuales no difieren de los realizados por la Stasi y servicios similares, con aporte de testigos preseleccionados como colaboradores, que sin pruebas fehacientes se limitarán a expresiones tales como “sería”, “podría”, “creo”, “lo ví”.

Menos relevante pero ilustrativo fue el supuesto rompimiento del bloque de senadores del Frente de Todos, con el apartamiento de Catalfamo (San Luis), Kueider (Entre Ríos), Espínola (Corrientes) y Snopek (Jujuy), que discursivamente apela a la habitual, tardía y falaz invocación al federalismo que suele aparecer en los procesos electorales, aunque durante más de tres años avalaran todas las decisiones de la presidenta del Senado. Pero las confusas declaraciones de Kueider (seguimos perteneciendo al Frente), y de Snopek (por carta se refirió al presidente Fernández y al gobernador Morales, pero no a Cristina Kirchner), hacen pensar que no hay una crisis ideológica sino una acción oportunista producto de reacomodamientos preelectorales que se observarán asiduamente hasta el cierre de listas. Más aún en casos de crisis extremas, en las que los prebendarios del Estado (políticos, empresarios y gremialistas), priorizan conseguir ubicación en los botes salvavidas estatales.

Buenos Aires, 01 de marzo 2023

Meta versos numéricos

El objetivo de la propaganda política de influenciar para que los ciudadanos adopten determinadas decisiones a través de mensajes simples que lleguen a todos los sectores sociales, incluye referencias numéricas y económicas aisladas para otorgar solidez al discurso político. Para ello se utilizan falacias de evidencia, un tipo de meta verso verbal (no confundir con el metaverso de inteligencia artificial), consistente en interrelacionar solo las cifras que conviene al político partiendo de bases comparativas distintas. Esta argucia permite que se pueda expresar impávido que después de China somos el país que más creció en el mundo, u otras afirmaciones similares que dejan a los ciudadanos como bebes sin pañales en una cuna.  

Pero usados de modo didáctico y sin manipulaciones, los números pueden ser de gran utilidad para extender la comprensión de la realidad política a todos los ámbitos sociales. Para ello es imprescindible partir de bases ciertas, siendo responsabilidad del Estado, como cuerpo político de una sociedad responsable de conducir y definir el perfil de un país, brindar cuadros con datos relevantes y fidedignos actualizados mensualmente, de modo que  oficialismo y oposiciones debatan propuestas coherentes y posibles en lugar de discutir la veracidad de los números. Un ejemplo es el índice de inflación, masivamente comprensible por su continuidad mensual y repercusión concreta en la economía y calidad de vida de cada ciudadano. No en vano se llegó a falsear este dato durante más de siete años. El índice de pobreza por su parte, tiene una repercusión más sectorizada según niveles socio-económicos, lo que no impide que discursivamente todos se preocupen por los pobres.

Cabe reflexionar sobre dos conceptos habituales en el discurso político: distribución del ingreso y sectores vulnerables. Un indicador internacional reconocido es el PBI, que permite medir comparativamente la riqueza tangible de las naciones. Pero llevado al ingreso per cápita según cantidad de habitantes, se produce la distorsión ejemplificada por el semiólogo Umberto Eco: “en el arte de la estadística si un hombre come dos pollos y otro ninguno, el resultado da invariablemente un pollo por cabeza”.

Existe un índice internacional más preciso pícaramente obviado, que mide la política distributiva y equidad social en función de la pirámide salarial y jubilatoria estatal: cuanto mayor es la diferencia entre el vértice y la base, el país es más pobre. Si se toman las jubilaciones estatales argentinas, sean percibidas vía Anses o regímenes de privilegio, se observa que a valores de marzo/2023, la jubilación mínima será de $ 58.665 (no se consideran bonos otorgados por gracia del gobierno), y la máxima estimada es de $ 1.600.000 (no se considera eventuales pensiones agregadas a la jubilación) Entre el vértice (pocos) y la base (muchos), existe una diferencia de 28 jubilaciones mínimas. Otra distorsión surge cuando se presentan crecimientos globales en las tasas de empleo. Para tener una perspectiva correcta en cuanto a tipo y calidad de empleo, el Estado debiera presentar un cuadro laboral mensual que indique cantidad de asalariados privados, asalariados estatales, autónomos, monotributistas, cuentapropistas no registrados, y considerados ocupados por tener planes sociales. La sola palabra “crecimiento” no es suficiente.

Un tema recurrente es el referido a la deuda pública, que el discurso circunscribe al FMI, aunque en los últimos años comenzó a considerarse la incidencia de la deuda interna en pesos. Debiera existir un cuadro oficial mensual que indique montos actualizados de deuda en monedas extranjeras y en pesos. La información puede profundizarse vía Internet a través de un link, que despliegue el detalle de montos según acreedores, tasas de interés y desembolsos previstos. Por ejemplo, partiendo de noviembre del 2019, fin del gobierno anterior, se destacan el desembolso del FMI de u$s44.150 millones, y un saldo líquido de reservas de u$s 14.000 millones. En este gobierno, a octubre de 2022 el total de deuda pública a valor dólar alcanzó los u$s 384.104 millones, o sea u$s 83.000 millones más que en noviembre de 2019. Si del total dolarizado extraemos la deuda en pesos, esta alcanza los 24 billones, que vencen en 2023. Como estos datos son originados en analistas financieros, es necesaria una información oficial fehaciente al respecto. De este modo durante la campaña electoral en lugar de opinar irrelevancias como que la deuda es manejable o que es una bomba próxima a estallar, los candidatos con ayuda de los banqueros, debieran explicar cómo se refinanciará y pagará.   

Buenos Aires, 22 de febrero 2023

Mensajes enlatados

La propaganda es un instrumento comunicacional ineludible en una campaña electoral, que no puede confundirse con publicidad por perseguir un fin político y no comercial, ni tampoco con tener objetivos didácticos, pues su designio es convencer y subyugar. Sus principios básicos se crearon en las primeras décadas del siglo XX por representantes de totalitarismos, unos de izquierda (Lenin y Trotsky), y otros de derecha (Hitler y Goebbels). Por su alcance masivo, los mensajes aplican entre otras reglas, las de simplificación (deben ser breves y comprensibles), y de unanimidad (deben convencer que el líder o candidato piensa y actúa como desea o conviene a la mayoría). El psicólogo británico Bartlett, que en la década del 40 la estudió desde lo cognitivo, la definió “como una tentativa para ejercer influencia en la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas”.

Ante el comienzo del proceso electoral, es oportuno plantear algunas reflexiones. Si bien inicialmente las continuidades de nuestras perennes dirigencias políticas facilitan un análisis ciudadano crítico basado en el conocido eslogan de un supermercado “Yo te conozco”, suponen a su vez un gran desafío para quienes deban diseñar campañas coherentes y convincentes tanto para el oficialismo como para las oposiciones. Tal dificultad se reflejó en el spot presidencial de dos minutos de duración emitido a inicios de este año, que transparentó tal disociación con la realidad que ni siquiera puede ser tildado de manipulador. Comienza con un ombliguismo político habitual, en el que el presidente Fernández se refiere a una opinión del ex presidente Macri, tras lo cual se despliega un “collage” de imágenes que incluyen la frivolidad de su entorno familiar con perro incluido, mezcla épocas y personajes disímiles, intenta mimetizarse con méritos ajenos, abunda en abrazos, sonrisas y alegría, obviando toda referencia a las urgencias sociales, inflación y pobreza. El resultado es una falta de coherencia estructural que impide lograr un mensaje claro y potente recordable, que es el peor vicio de una propaganda política. La utilidad del video excede a sus particularidades, porque ejemplifica las dificultades que tendrán los candidatos para presentar campañas creíbles.

Tras la crítica corresponde incursionar en un campo propositivo acorde a la situación del país. La propaganda política se sustenta en un trípode soporte del candidato y/o partido, conformado por la pata visual, la discursiva y la programática, que debieran conformar un todo que contenga claridad, veracidad y coherencia. Como ejemplo vale recordar la campaña electoral de 1983, pues tras más de seis años de dictadura se desarrolló en un marco de estructuras partidarias en reconstrucción con escasos recursos económicos, y un entusiasmo político ciudadano en el que la esperanza suplía a las militancias rentadas. En este contexto de recursos escasos, en el que reconocidos publicistas argentinos debían extremar su creatividad, la campaña del candidato triunfante Alfonsín estuvo a cargo del prestigioso David Ratto, que trabajó ad honoren. Como soporte inicial invalorable tuvo la credibilidad que emanaba del candidato. El diseño del isologo (denominación que se da a una imagen de comunicación visual fácilmente recordable e identificable), fue un óvalo con los colores de la bandera nacional como fondo y las siglas RA en el centro, mimetizando las referencias República Argentina y Raúl Alfonsín, que subliminalmente asociaba al candidato con argentinidad, excluyendo referencias ideológicas o al pasado. En cuanto a la imagen, y sabiendo que los políticos en ámbitos públicos siempre saludan, aunque los insulten, se resolvió con el candidato uniendo sus dos manos volcadas a su izquierda a la altura del hombro. En los actos lo discursivo se cerraba con el recitado del preámbulo de la Constitución argentina, como claro símbolo de institucionalidad. Y como síntesis de la plataforma electoral, se realizó un armado con los denominados “100 medidas para que su vida cambie”, que permitía su publicación en medios gráficos a página completa, para ser leídas, entendidas y guardadas. Esta coherente integración entre candidato, gráfica, discurso y plataforma, hoy parecería imposible atento a las disoluciones partidarias y una grilla de candidatos plagados de fracasos. 

Pero pese a este marco de escepticismo el país reclama una oportunidad, que debiera nacer desde los propios ciudadanos antes que desde la oferta de candidatos. Para lograrlo se deberá extremar tanto el espíritu crítico para detectar falacias y contradicciones en el discurso político, como las exigencias para que se presenten compromisos programáticos con argumentaciones coherentes que demuestren que son de interés general y factibles. Nunca es tarde.

Buenos Aires, 15 de febrero 2023

De un tuit a un juicio político

Las crisis recurrentes deben analizarse en el marco de un contexto temporal definido, que incluya un pasado reciente generacionalmente conocido por gran parte de los ciudadanos, identifique causales de los males presentes, y obligue a definir un futuro cercano, dado que las anécdotas puntuales, aún valederas, no son sino secuencias de una forma de ejercer el poder público.  En consecuencia, para intentar entender cómo con una crisis económico-social inédita en los últimos 30 años, los debates se concentran en acusaciones entre funcionarios de integrar mafias estatales (en muchos casos reales), y encarar un extemporáneo juicio a los integrantes de la Corte, se considerará el período comprendido entre  el 18 de mayo de  2019 hasta diciembre del 2024, dado que el ciudadano con su voto no podrá evitar que muchos de sus responsables continúen actuando en el año 2024 y subsiguientes. En este ejercicio los antecedentes y hechos concretos deben primar por sobre promesas, propagandas banales y frivolidades discursivas.

En mayo de 2019 Cristina Kirchner anunció por tuit que la fórmula electoral de su Frente se conformaría con Alberto Fernández como precandidato a presidente y ella a vicepresidenta. Al no ser objetada la decisión por sus aliados, ratificó su rol de líder indiscutida de un espacio con aura de progresismo de izquierda rentada, y dejó expuesta la mediocridad de quienes la rodean, gobernadores inclusive, expectantes de contar con su bendición para ambiciones futuras.  Semanas más tarde, Fernández acordó con Massa su incorporación al Frente de Todos, que resultó triunfante en las elecciones presidenciales. En ese entonces la decisión de la vicepresidenta motivó una hipótesis: Fernández, carente de estructura para competir por espacios de poder y con experiencia administrativa, aportaba su condición de lobista judicial para lograr al menos la impunidad de la vicepresidenta y su entorno familiar; y Massa contribuía con su condición de lobista en círculos empresariales relacionados con negocios con el Estado. Pero más allá de esta hipótesis, ya entonces surgieron constataciones  y repercusiones partidarias inmediatas.  

Los antecedentes de centroderecha de Fernández y Massa, mostraron que como en las mafias, en los acuerdos para mantener poder y/o negocios las ideologías o viejos agravios no constituyen obstáculos, aunque encierran un riesgo latente que describiera Maquiavelo hace más de 500 años: la traición de los mercenarios. Asimismo en cuestión de horas, Cristina Kirchner al lograr la licuación del peronismo autoproclamado federal, con Massa saltando al kirchnerismo y Pichetto como vicepresidente de Macri, demostró que opciones serias de gobierno no pueden armarse en pocos meses, o con figuras emergentes disruptivas carentes de estructuras nacionales consolidadas. Pero la enseñanza más grave surgió una vez iniciada la gestión de gobierno: tampoco pueden ofrecer coherencia para gobernar, más aún cuando se carece de un programa de gobierno sólido, compartido y explicitado, espacios mayoritarios que incorporen a oportunistas que se suponen útiles para ganar, pero un lastre para gobernar. Transcurridos casi cuatro años de emitido el tuit y vistas las consecuencias, es importante debatir en la presente campaña electoral si es admisible que la legislación vigente permita que los integrantes de una fórmula presidencial estén procesados o condenados por delitos contra el Estado, considerando su potestad de elegir a todos los integrantes de organismos de control que deben defender los intereses del Estado, y no el de quienes los designan. Los daños institucionales quedaron actualmente expuestos con un gobierno que en defensa de prioridades personales, dedicó al menos la mitad de su gestión para operar sobre el campo judicial en busca de impunidad por actos de corrupción estatal-privada, en detrimento de lo que exige la situación económico-social.

Para evitar esta inconsistencia que entre otros efectos promueven campañas falaces como “Cristina (o quien fuere) está proscripta”, se debería debatir que, considerando antecedentes de países desarrollados, un procesado o condenado esté impedido de integrar cuanto menos una fórmula presidencial, para que sus integrantes y adherentes no puedan utilizar todas las estructuras ejecutivas, legislativas y judiciales disponibles para atacar, degradar o sustituir a quienes pretendan actuar eficazmente en causas de corrupción contra el Estado. La ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, en su inciso c) del Artículo 5° señala que no podrá ingresar a la administración “el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos dolosos o contra la Administración Pública Nacional”. En esta reflexión no se menciona a la insulsa ley de Ética aplicable a quienes ejercen la función pública surgida por imposición de la Reforma constitucional de 1994, porque en las mafias el término ética es reemplazado por el término códigos.

Buenos Aires, 08 de febrero 2023

Entre mafias y elecciones

“Mafias” y “elecciones” son expresiones que marcarán el devenir político del presente año. En el primer caso, debido al invalorable aporte de gran parte de la clase política, que al catalogar en sus discursos y redes sociales como “mafiosos” a altos funcionarios oficialistas, opositores y judiciales, permite que mafia deje de utilizarse como metáfora para ajustarse a una realidad explícita, aspecto que no deberán obviar los análisis políticos. En cuanto a las elecciones, se presentan dos etapas: la que culmina el 24 de junio como fecha límite de presentación de listas de precandidatos, período durante el cual los políticos negocian apasionadamente intereses personales, mutaciones partidarias y ubicaciones en las listas sábana, para encarar luego la campaña electoral que definirá quienes conducirán el país a partir de diciembre. En este contexto, los ciudadanos deberán esforzarse en detectar los mensajes falaces, pero partiendo de considerar al sistema democrático de gobierno como el mejor entre los posibles, y que la frase “todos los políticos son iguales” no se utilice para encubrir corruptos.  

El inédito reconocimiento de la existencia de “mafias” políticas estatales, fue consecuencia de que muchos de sus partícipes al ver amenazados judicialmente sus negocios, patrimonios y libertades, se ven obligados a actuar como mafiosos cercados por la policía tratando de escapar a los tiros y a cara descubierta, disimulando sus objetivos de lograr impunidad tras engañosos debates constitucionales e ideológicos. Para esta estrategia cobran relevancia “personajes secundarios” poco conocidos públicamente, tales como jueces y fiscales federales en provincias, abogados todo terreno, burdos espías públicos carentes de inteligencia, y muchos gobernadores, legisladores, sindicalistas y empresarios que temen que si se acabara la mafia que simulan denunciar, la justicia podría ir por ellos. Lo que explica que la condena judicial a una vicepresidenta y sus partícipes necesarios genere tal descalabro institucional, en el que los acusados y/o condenados por corrupción, en cabeza nada más ni nada menos que del presidente, acusan y pretenden destituir y/o eliminar a quienes los juzgan y condenan,

Consolidar mafias estatales, y en especial en un sistema democrático, necesita de tiempo y complicidad de un amplio espectro político que vaya desvirtuando legislaciones virtuosas basadas en el interés ciudadano mayoritario, para sustituirlas por las que fomentan privilegios políticos elitistas, sean salariales, administrativos o penales. Por ello la irrelevancia de catalogar la acción de gobierno como “alejada del interés y urgencias de la gente”, cuando desde hace décadas estas agendas políticas han sido recurrentes: regímenes jubilatorios privilegiados, reformas electorales oportunistas para restringir el poder del votante a elegir, capciosas interpretaciones penales de los fueros legislativos, ejercitar el secreto de la información pública y en paralelo acudir al espionaje ilegal para coaccionar y no para castigar, promover reformas procesales que permitan que corruptos enriquecidos transiten su vida política siendo “inocentes hasta que no se pruebe lo contrario”, condonar millonarias deudas impositivas a amigos del poder. Hechos que una vez más, certifican que en el mundo de las mafias no hay derechas e izquierdas. 

En este contexto quienes pretenden presentarse como una opción de gobierno no pueden limitarse a expresar indignaciones y críticas inconducentes, colaborando con la estrategia de las grandilocuencias que eviten centrarse en aclarar y/o explicar corrupciones concretas,  pues resulta evidente que las causales para promover el juicio político de todos los integrantes de la Corte Suprema no son las de un régimen de coparticipación federal, cuya obligación constitucional de reformularlo está incumplida por los políticos desde 1996, ni una de las tantas modificaciones sufridas por el Consejo de la Magistratura, que entre paréntesis jamás sancionó a un juez y/o fiscal por corrupción, sino el de lograr impunidad judicial incluso por sobre el objetivo de mantener el poder.

Para fundamentar esta hipótesis, cabe preguntarse cómo se llegó a esta debacle, subyacente desde hace décadas tras cuarenta años de democracia. Será tema de la próxima reflexión, partiendo de una fecha clave no muy lejana: 18 de mayo de 2019.

Buenos Aires, 01 de febrero de 2023

Novelas de espías criollos

Para no perder la dinámica de las reflexiones políticas, y dado que las vacaciones predisponen a la lectura, las novelas de espionaje de autores reconocidos como Graham Green, Ian Fleming y John Le Carré son adecuadas, porque cruzan intereses nacionales con contextos geopolíticos, y la diferenciación entre personajes patriotas, oportunistas y traidores suele ser difusa. Pero nuestros espías criollos son especiales: omiten tareas de inteligencia, no protegen contra amenazas exteriores e interiores, repiten el recurso del anónimo, escuchas o denuncias de personajes secundarios sin aporte de pruebas, y promueven la impunidad judicial. Además, son públicamente conocidos y torpes, por abundar en políticos, legisladores, jueces, fiscales, empresarios o delincuentes todo servicio, al punto que actualmente desfilan por siete juzgados federales: Servini de Cubría; Martínez de Giorgi; Ercolini; Capuchetti; Martín Bava (Dolores); Kreplak (La Plata) y Catania (penal-comercial). Parece una parodia que recuerda al éxito televisivo de Superagente 86 en la década del 60, pero no lo es.

La conocida causa de sobornos en el Senado estableció una matriz hoy vigente. Tras la reforma laboral que fuera aprobada en el año 2000 con apoyo parcial de senadores justicialistas, el sindicalista Moyano declaró a la prensa que el Ministro de Trabajo Flamarique afirmó que para convencer a los senadores tenía la Banelco. Días más tarde un funcionario secundario “todo terreno” llamado Daniel Bravo, encontró un anónimo en un cajón del Senado, generándose un caldo de cultivo que derivó en la renuncia del vicepresidente Alvarez y la crisis 2001-2002. A mediados del 2003, con Néstor Kirchner recientemente asumido, apareció como arrepentido el secretario parlamentario radical Pontacuarto, afirmando haber participado en el pago de los sobornos, y que previo a la denuncia se había reunido con el Jefe de Gabinete de entonces, Alberto Fernández. La causa atravesó los juzgados de Liporace, Oyarbide, Canicoba Corral, y finalmente Rafecas, quien dispuso varios procesamientos encabezados por De la Rúa. En el año 2013, el Tribunal Oral Federal 3 (jueces Pons, Gordo y Ramírez), en un fallo de 3000 páginas, no solo absolvió a todos los acusados por no haber aportado los testigos pruebas del supuesto delito, sino destacó las inconsistencias y contradicciones de Pontaquarto, “la mendacidad” del testigo Aníbal Ibarra, y las “imprecisiones y vaguedades” de Bravo al intentar aclarar el motivo de la reunión de Pontaquarto con Fernández. También se señaló la parcialidad investigativa del juez Rafecas. En diciembre de 2015, a 12 años de presentada la denuncia, la Cámara Federal de Casación confirmó el fallo absolutorio. Lo ilustrativo del caso es que la absolución no asegura que no hubo sobornos, sino que los denunciantes y más de cien testigos no aportaron pruebas. Pero como en los actos mafiosos el objetivo no es la verdad, sino la obtención de réditos políticos subalternos inmediatos, a costa de crisis sociales si es necesario, lo importante es destacar una matriz que se mantiene vigente: 1) un denunciante sin pruebas (Moyano); 2) el uso de un anónimo (Bravo); 3) un tardío arrepentido (Pontaquarto); 4) la acción de promotores políticos (Fernández e Ibarra). Comparemos similitudes con ejemplos de actualidad:

1.- Muerte del fiscal Nisman. La matriz presenta cuatro instancias concomitantes: 1) neutralización de costos políticos: desprestigio inmediato de la víctima por parte del gobierno; 2) encubrimiento: cuando el fiscal Taiano solicitó este año a la AFI el listado de los 89 espías que registraron intercomunicaciones activas el día de la muerte de Nisman para citarlos a declarar, la entonces interventora Caamaño informó que 64 de ellos, como si fueran vendedores puerta a puerta rotativos, ya no pertenecían al Organismo y se desconocían sus paraderos; 3) impericia investigativa judicial; 4) impunidad.

2.-  Operativo “puff” de la causa Cuadernos. En enero de 2019 se presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal de Dolores el empresario Etchebest, denunciando que el abogado D`Alessio intentó extorsionarlo en nombre de Stornelli, fiscal actuante en la causa Cuadernos, bajo amenaza de incluirlo en la misma pese a ser ajeno a ella. Matriz: 1) denunciante “secundario” desconocido, que estaría residiendo en el exterior; 2) elección de Juzgado: Dolores. 3) inmediatez en el impacto político: el 13 de marzo el juez Ramos Padilla realizó una presentación pública inusual en una Comisión de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Moreau, brindando información reservada de una supuesta red de espionaje paraestatal; 4) demorar la elevación de la causa a juicio oral, para que no declaren Etchebest y cantidad de testigos secundarios que pululan ya no por los “sótanos de la democracia”, sino por los despachos de funcionarios.

3.- Atentado contra la vicepresidenta, causa a cargo de la jueza federal María Capuchetti. A más de un mes del intento de homicidio, se presentó como denunciante “secundario” Jorge Abello, afirmando haber oído en un bar al diputado Milman de Cambiemos, expresar días antes del atentado: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Frase que no escuchó quien lo acompañaba en la mesa, y que una verificación judicial mostró la imposibilidad de hacerlo dada la distancia con la mesa ocupada por Milman, por lo que Abello sería acusado de falso testimonio. Lo relevante es la matriz: 1) Denunciante “secundario” relacionado con la política (asesor en la Cámara de Diputados); 2) Denuncia tardía a más de 30 días del atentado; 3) Inmediatez en la propagación coral para dar por veraz el hecho. La diputada Osuna, por ejemplo, le gritó a Milman en el recinto: asesino!!

Como se observa, los servicios criollos de espionaje sin inteligencia son únicos en el mundo.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2022

Tras un breve tratamiento de control emocional para afrontar los discursos de campaña y operaciones de espionaje, la próxima newsletter será el miércoles 01 de febrero de 2023.