Batalla cultural cínica

El reciente e híbrido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pareciera actuar como desencadenante de dialécticas oscurantistas y cínicas disfrazadas de “batallas culturales”, en las que compiten el gobierno como emisor, y una oposición que no quiere o no sabe desarmar falacias. Como una vez más el rol esclarecedor lo deberá asumir la sociedad por sí misma, vale recordar principios básicos de la propaganda política. Que por haber nacido en fuertes autocracias, no es casual que para manipular y/o desinformar, se asocie lo cultural con “batalla”, situación en la que no se debate ni se esclarece, sino se impone y desinforma.

Los máximos exponentes de la propaganda política moderna son Lenin (bolcheviquismo) y Goebbels (nazismo), lo que ratifica que no hay grietas entre derechas e izquierdas cuando se trata de manipular a la opinión pública. Lenin transmitía sus ideas en forma muy simple, aclarando “que no es en los libros donde el obrero podrá entender los mensajes, sino en las manifestaciones vivaces y denuncias candentes”.  Buscaba sensibilizar a las masas a través de la agitación y educación direccionada y unívoca, y los fracasos o acontecimientos nocivos para el gobierno eran adjudicados a la acción de “clases dominantes opresoras”. Goebbels, años más tarde y con un creciente desarrollo de las comunicaciones, basó sus discursos en distorsionar la realidad para encubrir sus objetivos, incorporó la psicología para canalizar las emociones humanas, y estableció reglas propagandísticas básicas hoy vigentes. Tres de ellas son de aplicación habitual en nuestra política: 1) Simplificación y enemigo único (ejemplo, centrar críticas en Menem, Cristina o Macri); 2) Orquestación (repetición de un mismo tema por diversos voceros y órganos de propaganda. Ejemplos: “lawfare”, preso político, buitres); 3) Unanimidad y contagio (logrado a través de grandes manifestaciones,  con predominio emocional del grupo por sobre el individuo). En lo discursivo, los líderes pretenden conducir esa unanimidad amorfa manifestando encarnar las necesidades y sentir de “la gente”. Como se observa, nada nuevo en nuestra actualidad respecto a la propaganda política clásica.

A lo expresado, se agregan matices vernáculos a considerar. Dado que la efectividad de la propaganda se potencia con voces y mensajes únicos, y ante la imposibilidad de lograrlo en nuestro sistema democrático, el gobierno aplica una obsesiva degradación de los medios disidentes tildándolos de “medios de opinión monopólicos”, caracterización que no incluye a los financiados por el propio poder, y ensaya artilugios como el de protegernos de odios e intoxicaciones provenientes de la libre opinión. Otro factor a tener en cuenta es que cualquier propaganda para sostenerse en el tiempo tiene que asentarse en personas y conceptos creíbles, requisito que la mediocridad de nuestra clase política no cumple y explica la precariedad comunicacional. Para fusionar imagen, espectáculo y discurso, se instalan monumentales escenarios en los que se ubican dirigentes, mientras en el llano la pretendida unanimidad se fracciona en grupos diversos identificados con banderas y coloridas pecheras, conducidos por segundas líneas insertas en las tramas de poder, todos ellos succionadores de recursos públicos. La escenografía la completa discursos elementales con un limitado bagaje de palabras, que incluso ignoran los motivos de las convocatorias (17 de octubre, 24 de marzo), para concentrarse exclusivamente en sus intereses particulares. En las redes sociales y otros medios de comunicación, políticos, sindicalistas, jueces, militantes, procesados y condenados, todos ellos relacionados con recursos estatales y responsables de la decadencia, intercambian acusaciones y agravios. 

Como contrapartida, es oportuno destacar dos interesantes casos de aplicación de las reglas de simplificación y contagio, por sus repercusiones en todo el espectro social. Cuando Milei habla de “castas políticas”, resume en un eslogan (palabra o frase breve popularmente entendible), los privilegios, caudillismos y nepotismos que caracterizan a gran parte de la clase política. Cuando Pichetto introduce el concepto “pobrismo” en lugar del más híbrido clientelismo (que existe también en los ricos), marca la diferencia entre un modo de hacer política (punteros y clientelismo), con las consecuencias estructurales de dicha política: el pobrismo. En ambos ejemplos, menos es más: términos claros, veraces, rotundos y comprensibles. El nivel de veracidad lo juzga cada ciudadano. Mientras tanto, el debate del momento incursionó en el campo de los misticismos, intervenciones diabólicas y creaciones mentales, centrado en algo en lo que paradójicamente nadie cree que se cumplirá: el acuerdo con el FMI.

Buenos Aires, 30 de marzo 2022

Quiénes son Todos y Juntos?

Toda crisis política implica un fracaso del principio de representatividad, y genera una grieta ya no ideológica-partidaria, sino entre intereses políticos (mantener poder y privilegios), y ciudadanos (necesidades básicas insatisfechas y calidad de vida).  Cuando esta situación se prolonga, la asfixia y hartazgo social llegan a niveles críticos con desenlaces inevitablemente violentos. Esta situación la provoca una clase dirigente política y corporativa perenne y conservadora, que repite políticas, prácticas y discursos fracasados para que nada cambie, delegando en la sociedad la responsabilidad de encabezar acciones democráticas que promuevan transformaciones virtuosas. Tarea ésta que no admite dilaciones, pues los políticos irresponsablemente, ya se enfocan en las elecciones del 2023.

Un ejemplo de la disociación de los políticos con la realidad, fue el viaje a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes, que en plena crisis socio-económica, con escasas reservas, cepos al dólar, alta inflación, pobreza superior al 40%, y sin reglas jurídicas estables, realizaron los gobernadores Zamora, Quintela, Capitanich, Jalil y Morales, junto a altos funcionarios y nutrida comitiva, para buscar inversiones. El único resultado fue la creación de otro organismo estatal, llamado Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. En este contexto y sin partidos políticos tradicionales que aseguren identidad, el análisis crítico ciudadano hasta las elecciones del 2023, deberá centrarse prioritariamente en el accionar de los actores políticos, y en las estrategias discursivas cargadas de ideologías líquidas canjeables por privilegios de ocasión. No casualmente esta exaltación de personalismos por sobre lo grupal, intenta encubrirse tras dos coaliciones con denominaciones pretenciosamente abarcadoras, pese a que ni siquiera pueda asegurarse que concurran con dichas etiquetas a las próximas elecciones: Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Sus nombres explicitan la anomia política, pues no refieren a justicialismo, radicalismo, socialismo, izquierda o derecha, sino a “Todos” o “Juntos”, en un intento de acumulación y unanimidad. Por lo que el primer desafío consiste en establecer quiénes son “todos”, y quiénes están “juntos”, para llegar al poder en diciembre del 2023. Pero cuando este interrogante alcanza a quienes integran un gobierno, las consecuencias son graves, y los discursos suelen apelar a invocaciones místicas, como la formulada por el presidente Fernández el 18 de marzo en Tucumán, cuando expresó que “nosotros somos peronistas y por sobre todas las cosas sabemos cuáles son los intereses que representamos. Si alguno le cabe duda, que se la saque”. Cabe pedirle entonces al presidente su ayuda para despejar dudas, aclarando si todos los que integran “Todos” son peronistas, como Massa, Cristina Kirchner y Estela de Carlotto, por ejemplo, y si los que se dicen kirchneristas lo son. De igual modo, explicarnos porqué también hay peronistas en “Juntos”. Los radicales por su parte debieran explicar la diferencia entre puros o ”K”. Y si lo siguen siendo el gobernador Zamora, Moreau o Ricardo Alfonsín, entusiastas integrantes del kirchnerismo. O si Gerardo Morales intentará llevar a parte de “Juntos” con “Todos”. Estas pérdidas de identidad obligan a que los análisis políticos con proyección de futuro, se concentren en personalismos y actitudes individuales por sobre las grupales, hasta que las ofertas electorales se oficialicen. Algo está claro: Perón e Yrigoyen no son responsables de estas anomias discursivas e ideológicas actuales.

Este habitual juego de castas privilegiadas realizado en un contexto económico-social extremadamente crítico y a veinte meses de un cambio de gobierno, demanda una participación propositiva activa y permanente de la sociedad, que controle y/o condicione el accionar de los diversos actores políticos y corporativos, cuyas decisiones, ya sean institucionales, económicas, laborales o judiciales, repercutirán en el corto y largo plazo en todos los argentinos. Esta convergencia social con espíritu de supervivencia, se hace imprescindible ante la manifiesta mediocridad intelectual y profesional de muchos actores políticos (en ocasiones objeto de burla popular), quienes suelen entender la comunicación política como burdos intercambios de superficialidades y agravios, muchos de ellos vía redes sociales, que recuerdan a los habituales escándalos pertenecientes al mundo del espectáculo amarillo. 

Buenos Aires, 23 de marzo 2022

Habló Nosiglia

Recientemente el periodista Carlos Pagni entrevistó al histórico político y empresario radical Enrique “Coti” Nosiglia, reconocido intermediador y armador de circuitos políticos y empresarios entre bambalinas, rol que nunca abandonó. Sin detenerse en consideraciones personales sino valorizando su experiencia política de 40 años, cabe destacar lo expresado respecto al gobierno de Cambiemos: “Macri se sobrevaloró, como sobrevaloró la posibilidad de una lluvia de inversiones. Creyó que las cosas se iban a solucionar porque un gobierno no populista había ganado a uno populista, o porque la sociedad iba a entender que su propuesta era la correcta; le fue muy mal y terminamos mal. Macri no entendió la política, como lo hizo el radicalismo cuando le tocó estar al frente del Poder Ejecutivo Nacional”. Aceptando la etiqueta “Macri”, aunque corresponde decir “gobierno de Macri”, vale detenerse en tres expresiones relevantes con vista a las elecciones presidenciales del 2023: sobrevaloración, propuesta correcta y entender la política.

1.- Sobrevaloración.- Es verdad que en sus declaraciones preelectorales Macri se sobrevaloró, defecto que al menos lo salva del vicio de la mentira. Esperó una lluvia de inversiones privadas y afirmó que derrotar a la inflación era fácil. Para no repetir esta ingenuidad, una futura propuesta de gobierno deberá considerar la existencia de una estructura institucional, gremial y empresaria consolidada y prebendaria de los recursos del Estado, en el marco de una fuerte corrupción estatal-privada como agravante.

2.- Propuesta de gobierno.- Se presentan como tales a dialécticas grandilocuentes e inconsistentes centradas en promesas no acompañadas de los instrumentos y cronogramas explícitos para cumplirlas. Finalizadas las campañas, las promesas se desnudan como mentiras. Para no incurrir en nuevos engaños al electorado, es imprescindible generar un programa en el que inicialmente los sectores públicos, privados  y corporativos cedan privilegios, para luego ingresar en el terreno más duro de los sacrificios. Comenzando por la sobredimensionada estructura estatal, como señal de racionalidad y ejemplaridad. Hasta el momento, incluido el acuerdo con el FMI, no se observa tal decisión ni en el oficialismo ni en las oposiciones.

3.- Entender la política.- Suele confundirse el concepto abstracto de política, inmanente a cualquier sociedad y sistema de gobierno, con el concreto de políticos, quienes son los responsables de los éxitos y fracasos en el desarrollo equitativo y sostenido de un país. Al respecto, nuestro país presenta una sorprendente continuidad de las dirigencias responsables de una decadencia que lleva al menos dos generaciones, lo que hace sospechar que “entender la política” se traduce en sostener privilegios estatales y formas conservadoras de ejercer el poder.

Aplicados estos tres conceptos a nuestra realidad política, se observa que abunda la sobrevaloración personal asociada con la necedad; propuestas declamatorias no insertas en un programa de gobierno explícito, y entender a la política como superficiales debates teñidos de contenidos ideológicos, que enmascaran el objetivo de que nada cambie. Ello explica la ausencia de políticas innovadoras, y una ineficaz y sobredimensionada estructura estatal conformada para responder a una especie de  club de amigos, algunos de los cuales simulan ser enemigos, pero sin que nadie pierda cargos ni privilegios políticos.

Este repetido devenir de los políticos y no de la política, se deberá tener presente para entender la reconfiguración de las alianzas que competirán electoralmente en el 2023, en base a dos fenómenos habituales: uno similar a una metamorfosis, que sufrirán algunos integrantes de las dos principales coaliciones, para con cargo en mano mutar en sus declamadas fidelidades (potencial ejemplo en el kirchnerismo, Sergio Berni). El otro fenómeno podría adoptar la designación de moda “no binario”, por el cual integrantes de cierto peso político de una y otra coalición, intentan generar un tercer agrupamiento electoral que los favorezca personalmente. Casos a seguir: Sergio Massa y Gerardo Morales. En cuanto a los ciudadanos comunes, solo les resta continuar con el salvavidas bien ajustado, y practicar el ejercicio del escepticismo.

Buenos Aires, 16 de marzo 2023

Hipocresía contra escepticismo

Un domingo 27 de octubre, dentro de 595 días, se realizarán elecciones presidenciales. En un desfasaje temporal revelador, mientras los ciudadanos comunes se angustian por la indefinición del mañana, los políticos ya se encuentran en campaña y sobran candidatos para hacerse cargo de la “tierra arrasada” en diciembre del 2023. Durante este prolongado período las dialécticas cargadas de hipocresía, actitud consistente en fingir cualidades que no se posee y prometer acciones que no se cumplirán, deberán contrarrestarse mediante un saludable escepticismo popular, sometiendo a los anuncios, informaciones y opiniones a un escrutinio crítico, hasta encontrar elementos consistentes que las avalen. Como base informativa se tomará a la propia comunicación política, cuyos mensajes ya sean para informar o desinformar, para que sean entendidos  por todos los sectores sociales y culturales por igual, tienen una elaboración intelectual sencilla y compacta carente de fundamentaciones. Para esta tarea se evitarán preconceptos y/o prejuicios partidarios e ideológicos, más aún cuando la casi totalidad de las actuales dirigencias permanecerán durante el próximo gobierno.

El debate por la aprobación y/o rechazo de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dadas sus consecuencias en todos los ámbitos sociales y suponer la necesidad de tener un programa de gobierno de al menos mediano plazo, es un buen inicio para ejercitar el escepticismo. Esta especie de juego de ajedrez reflexivo aconseja adoptar como regla que las piezas rey (Macri) y reina (Cristina) no se utilicen para justificar decisiones, debido a que con independencia de la duración de sus mandatos y mayorías legislativas, ambos se desenvolvieron con similares entornos, sean gobernadores, sindicalistas y empresarios, quienes permanecerán a partir del 2023 sea cual fuere el resultado electoral. Es momento entonces que asuman responsabilidades explícitas las torres, caballos, alfiles y peones del tablero, corresponsables en la decadencia argentina. La coyuntura lo facilita, considerando que el gobierno está proponiendo un nuevo crédito por el mismo monto otorgado a Macri en el 2018 con desembolsos de corto plazo impagables, reemplazándolo por uno con amortización a diez años y cuatro años de gracia. A quienes les gusta los eslógans, los u$s 44.500 millones de Macri, se convertirían en u$s 44.500 millones de Fernández-Kirchner.

Clarificado este punto, el trámite del acuerdo mantiene usos y costumbres políticas criollas. Tras 27 meses en ejercicio del poder, el gobierno presentó un acuerdo y anexos que tanto oficialistas como opositores aducen no haber conocido, intervenido u opinado durante el proceso de elaboración, para que sea debatido y aprobado legislativamente en tan solo dos semanas. En este corto plazo cabe detenerse en lo dialéctico, herramienta que pretende impactar en la opinión pública, y no en brumosos detalles de mayor complejidad. Esta secuencia también la adoptan los políticos, a través de opiniones tales como “el acuerdo es malo, pero peor es el default”; “votaré el acuerdo tapándome la nariz”; “con el acuerdo solo se llega a diciembre del 2023”, y el infaltable aporte presidencial: “discutí con ese Fondo que desprecio tanto como todos”. Por lo tanto las inquietudes legislativas, salvo honrosas excepciones, se resumen en decidir cómo conviene votar: si a favor, en contra, abstenerse o ausentarse. A nadie se le ocurrió explicitar ante la sociedad un balance de beneficios y perjuicios originados en la aceptación o rechazo del acuerdo.

Sin embargo, el escepticismo ciudadano permite sospechar desenlaces. El anuncio oficial asegura que el acuerdo no tendrá ajustes: no habrá reforma jubilatoria (continuarán las jubilaciones de más de un millón de pesos mientras la mínima es de $ 32.630); ni reforma laboral (se mantendrán convenios de hace 45 años); ni reforma impositiva que evite agobiar a los que trabajan y producen. Una omisión clarifica intenciones: no se plantea racionalizar una estructura estatal costosa, ineficaz, elitista y prebendaria. Para purificar el discurso, quienes pujan desesperadamente por hacer caer las causas de corrupción estatal-privada que los involucran, destacan haber denunciado en el fuero federal al gobierno de Macri y al propio FMI por el préstamo que se le otorgara en el 2018. No es difícil entonces suponer el desenlace: una “difícil” aprobación del acuerdo, con un cierre escénico con quienes aportaron votos a favor y en contra, los abstencionistas en silencio, y los ausentes tras el telón. Como en la crisis del 2001-2002, los privilegios políticos saldrán indemnes.

Una vez más se perderá la oportunidad de transformar las obsoletas e ineficaces estructuras del Estado, cuyo beneficio inicial no es el económico, sino el de lograr una calidad institucional y política que permita cambiar la matriz de la decadencia. En economía existe un intangible reconocido tan importante como lo programático, que se llama confianza. En la acción política ese intangible se llama equidad y proporcionalidad en los derechos y obligaciones. Los esfuerzos son necesarios e inevitables, pero no los pueden exigir a la sociedad elites políticas  privilegiadas.  

Buenos Aires, 09 de marzo 2022

La AFI no existe

A la espera de que se conozca y debatan las condiciones del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se mantienen en el campo de los fenómenos parasicológicos como la telepatía y clarividencia, mientras entusiastas médiums aventuran cómo votará cada legislador lo que no conoce, es oportuno concentrase en las imprescindibles reformas institucionales a encarar localmente para revertir la decadencia argentina.  

Cabe mencionar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo del Sistema de Inteligencia Nacional, que pese a ser catalogada como foco de corrupción política, se mantiene inmutable. Sus fracasos en las tareas de inteligencia y contrainteligencia en cuanto a cumplir su misión de obtener, sistematizar y analizar información específica de “hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación” (art. 2°, inciso 1, ley 25.520), quedaron expuestos en casos como los de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; la presencia no detectada de un iraní reclamado por Interpol sospechado de planificarlos, en la reciente jura del presidente nicaragüense Ortega; la muerte del fiscal Nisman, y la detección de carteles internacionales del narcotráfico en el país. Por el contrario, las causas judiciales de los últimos años que involucran al organismo, confirma que su accionar se remite exclusivamente a burdos espionajes locales, cuyos objetivos ajenos a la seguridad exterior e interior, son los de lucrar con información y/o mantener impunidades en casos de corrupción. Esta falta de profesionalidad no debiera sorprender considerando que al frente del organismo se ubican conducciones políticas circunstanciales carentes de toda formación específica, como indican las designaciones de Parrilli, Pocino, Tailhade, Mena, Arribas, Magdalani y actualmente Caamaño, quien llevó a su clímax un absurdo que no reconoce antecedentes en los organismos de inteligencia del mundo desarrollado y subdesarrollado, respecto a que las investigaciones de posibles delitos internos de espías sean derivadas a la justicia sin verificaciones previas que confirmen veracidad de los hechos ni se adjunten pruebas concretas.

Este amateurismo de las últimas conducciones, en especial de la actual intervención, produjo por el absurdo un efecto no deseado saludable para reformular a la AFI. Desde el caso Nisman en el 2015 (juez Ercolini), y el reciente caso Gestapo en el 2022 (juez Kreplak), la AFI, sus directivos, personal y asociados, se encuentran involucrados en diez causas judiciales simultáneas, distribuidas entre los juzgados federales de los jueces Servini de Cubría, de Giorgi, Ercolini, Ramos Padilla, Villena, Auge y Kreplak, con sus trámites de incompetencias y traslados de juzgados incluidos, que salvo en el caso Nisman, se refieren a supuestas escuchas ilegales y/o legales a personajes políticos y/o relacionados directa o indirectamente con causas de corrupción. Los nombres de acusados, testigos, espías de campo sin inteligencia, ex espías, policías, altos niveles políticos, jueces, fiscales, gremialistas, empresarios y abogados que desfilan por los distintos expedientes judiciales, recuerda a pujas entre pandillas antes que a búsqueda de justicia y un saneamiento institucional. Algunos ejemplos de “agentes secretos” serían desopilantes sino involucraran a un organismo relacionado con la seguridad.

1.- Declaró la interventora Caamaño que las escuchas y videos presentados en sus diversas denuncias para que “sean investigados”, se hallaron tras sucesivas tareas de limpieza en el organismo. Lo que hace sospechar que fueron olvidados por lúcidos espías macristas en su huida ante el cambio de gobierno. 2.- A requerimiento del juzgado de Lomas de Zamora, Caamaño envió información reservada con datos personales de unos cien espías, que naturalmente se hizo pública. Dos de ellos situados en el extranjero, debieron ser repatriados por riesgo de vida. 3.- Cuando el fiscal Taiano solicitó a la AFI el listado de los 89 espías que registraron intercomunicaciones activas el día de la muerte del fiscal Nisman para citarlos a declarar, la interventora respondió que, cual vendedores puerta a puerta antes que sofisticados agentes de inteligencia, 64 de ellos ya no pertenecían a la AFI y se desconocían sus paraderos. Como curiosidad, el juez de Giorgi mantiene sin avances desde hace cuatro años la causa que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, por información de inteligencia encontrada en el allanamiento de su vivienda ordenada por el fallecido juez Bonadío, y recientemente ingresó en su juzgado la de Mauricio Macri por escuchas a familiares del ARA San Juan. Dado que el objetivo de estas denuncias es el de desarticular causas de corrupción y no el de sancionar, seguramente ninguna de ellas llegará a la instancia del juicio oral. Pero queda instalado un desafío: cómo crear para el país un organismo de inteligencia profesional y útil. Comenzando por las conducciones.

Buenos Aires, 03 de marzo 2022

A quiénes salvará el FMI?

La presente coyuntura económico-social recuerda que en los naufragios (léase crisis políticas), no siempre los que conducen son los últimos en abandonar el barco, y peor aún, muchos sustraen los salvavidas destinados a los más débiles. Tras el vendaval político del 2001-2002 que produjo miles de víctimas, las clases dirigentes lactantes de recursos públicos de entonces permanecen vigentes, por lo que es razonable sospechar que nuevamente pretenderán mantener su sobrevivencia y privilegios. Pero una sociedad más madura, crítica de mesianismos, corrupciones e hipocresías, tiene la oportunidad de organizarse para promover transformaciones que viejos linajes políticos intentarán evitar. Esta posibilidad no existió en la crisis 2001/02.

Para lograrlo es necesario conformar una masa crítica ciudadana que no se someta a las manipulaciones comunicacionales y/o propagandísticas basadas en noticias ocultistas, falsas o distorsionadas, sino que reflexione en base en las acciones y declaraciones fehacientes provenientes de las propias dirigencias, que suelen ser igualmente abundantes, para detectar contradicciones e identificar vicios estructurales que expliquen la decadencia del país. Para evitar preconceptos partidarios e ideológicos que eviten consensuar propuestas transformadoras que sean posteriormente institucionalizadas, y dado que los partidos políticos tradicionales han ido perdiendo presencia e identidad, con dirigencias en las que predominan intereses de coyuntura por sobre consideraciones de coherencia, capacidad y honestidad, que son virtudes apolíticas, se considerará como hipótesis inicial a la clase política como algo homogéneo. El drama de Corrientes expuso nuevamente la disociación entre dirigencias y ciudadanos. Mientras el gobernador provincial y el ministro Cabandié cruzaban acusaciones en cuanto a responsabilidades, y tardíamente el gobierno nacional enviara un apoyo de 200 millones de pesos, un joven “influencer” no solo recaudaba de la solidaridad social más de 150 millones de pesos en pocos días, sino a diferencia de la pobre capacidad de gestión de los burócratas, detalló tipo y cantidades de bienes a adquirir, y localidades correntinas en las que serían distribuidos. Casi simultáneamente, el ministerio de Seguridad a cargo de Berni adquiría un avión de uso ejecutivo, en lugar de aviones hidrantes.

Lo señalado lejos de agotarse en una crítica pesimista, parte del principio que para curar un cuerpo enfermo (en este caso el sistema institucional y burocrático), es necesario identificar la causa de la enfermedad. Tarea que no realizarán funcionarios incompetentes y beneficiarios de privilegios, sino organizaciones civiles democráticas con diversidades ideológicas, interrelacionadas para formular propuestas y acordar acciones creativas de interés general. Las primeras posibilidades didácticas para detectar falacias y evitar engaños, las proveen los propios políticos con sus dialécticas oportunistas, incongruentes y superficiales, apoyadas en costosas campañas publicitarias. Cabe destacar tres ejemplos recientes esclarecedores:

1.- A tres meses de las elecciones legislativas y a un año y medio de las presidenciales, varios políticos entre ellos Alberto Fernández, expresaron su intención de ser candidatos a presidente. Dejando en claro que expresiones como “tierra arrasada” cuando se asume un gobierno, es un cínico recurso declamatorio de quienes buscan ocultar no solo su corresponsabilidad en las crisis pasadas, sino su convencimiento de que  con cargos políticos superarán cualquier crisis (con ayuda del FMI?), y aseguran su futuro.   

2.- En su declaración como testigo en el juicio oral por supuesta corrupción en obras viales en Santa Cruz, el presidente Fernández, quien se jacta ser hijo de un juez y profesor en derecho Penal, contradijo sus expresiones públicas formuladas desde el llano en relación a la causa. Ello confirma que las opiniones vertidas fuera de los estrados, no suelen coincidir con las declaraciones emitidas ante un tribunal  con obligación de decir verdad. Y desactiva el valor de las especulaciones teóricas como el “lawfare”, pues en los juicios orales y públicos que muchos “inocentes” quieren evitar, solo pesan las pruebas concretas.

3.- Respecto al caso de las 24 muertes por consumo de droga adulterada, el locuaz ministro de Seguridad Berni señaló como causales del narcotráfico al insuficiente personal y equipamiento policial; a la dilación en el accionar de la  justicia; al fácil otorgamiento de excarcelaciones (responsabilidad que incluye a los legisladores), y ausencia de la escuela como centro de formación y contención. Dado que las “multicausales” mencionadas (término de moda para que el responsable de un área distribuya culpas), son responsabilidades ineludibles del Estado, cabe preguntarse si el Estado nos cuida.

Buenos Aires, 23 de febrero 2022

Halcones, palomas y humanos

Carl Schmitt, reconocido teórico del derecho alemán propulsor del Estado fuerte y admirador del nazismo, fundamentó la disyuntiva amigo-enemigo hoy vigente, como eje central del juego político. Pero cuando esta condición binaria se la asimila al campo zoológico dividiendo a los actores en halcones y palomas, se omiten rasgos personales más relevantes, tales como conciliador, irrespetuoso, patotero, calmo, claro para exponer, útil para coaccionar, coherente, no confiable, entre otros, por lo que los análisis ingresan en una superficialidad ajena a la compleja postura de Schmitt. Sin embargo, la metáfora es asiduamente usada tanto por analistas y comunicadores oficialistas y opositores.

Los halcones son aves de presa de carácter fuerte y garras filosas para cazar pequeños animales, y las palomas, por sus connotaciones simbólicas relacionadas con la inocencia y la paz, tienen mayor cercanía con los humanos. Tras esta caracterización zoológica, se puede llamar halcón a quien sostiene con firmeza posturas fundadas, y paloma (cuyo símil es dialoguista), a quien con una sonrisa negocia votos canjeando cargos y privilegios. Por lo que estas designaciones banalizan análisis y debates, y facilitan utilizar los escándalos, agravios y polémicas personales como estrategia para entretener y/o engañar a la sociedad en lugar de esclarecerla. Toda reflexión u opinión de hechos presentes con proyecciones futuras debe partir de datos veraces, o bien de hipótesis de trabajo explícitas, como muestran dos temas de gran actualidad e impacto en la sociedad: las muertes por consumo de droga adulterada y la negociación con el FMI.

Ante las 24 muertes provocadas por el consumo de drogas adulteradas en provincia de Buenos Aires, los máximos responsables de la seguridad nacional y provincial, Aníbal Fernández y Sergio Berni, en lugar de proveer información oficial coherente en cuanto al curso de investigación y políticas de seguridad, para entretener montaron el patético espectáculo de acusarse públicamente sobre quién es más inútil en su función, dejando la tarea de esclarecer en manos de crónicas periodísticas. Como la superficialidad es contagiosa, cuando el verborrágico Berni declaró que se venden 200 mil dosis de cocaína diarias, a nadie se le ocurrió preguntarle qué medida adoptó con los comisarios de las seccionales en las que actúan los bunkers narcos allanados, aparentemente menos informados que los vecinos.

Respecto al acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI, que a dos años de asumido el gobierno se mantiene en un limbo, halcones, palomas e híbridos especulan sin datos concretos, y juegan con entusiasmo al conteo de posibles votos legislativos. En este caso, a falta de información fehaciente, se deben formular hipótesis de trabajo a ser verificadas próximamente. a) Un default, inicialmente es peor escenario que un acuerdo; b) Las metas económico-financieras anunciadas por el ministro de Economía, consideran un déficit fiscal de 2,5% en 2022; 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, este último sin emisión monetaria para financiarlo, y 0 en el 2025. Por lo que anunciar que se cumplirá lo acordado sin “AJUSTES” es falso e imposible. Lo importante es conocer si el ajuste será equitativo y proporcional a las posibilidades de cada sector, en especial en lo referido al gasto político sin utilidad social; c) Saber si el acuerdo a votar contendrá solo metas e intenciones, o se anexará un programa y presupuesto anual veraz que las viabilicen y equilibren las inevitables cargas sociales (recordar que el FMI hará controles trimestrales); d) Dado que la negociación del acuerdo es responsabilidad exclusiva del gobierno, reviste el carácter de oficial. Por lo que los disensos internos, como que opina Cristina Kirchner, al momento de su tratamiento legislativo son irrelevantes. El funcionario que exprese su rechazo deberá renunciar a su cargo, porque será un obstáculo futuro. e) La oposición no debe “acompañar”, sino estudiar el acuerdo en profundidad, formulando las objeciones enriquecedoras y factibles que considere pertinentes. f) El acuerdo debe ser de conocimiento público, sin cláusulas secretas ni ocultamientos. g) Como pregunta estúpida final de un neófito, cabe conocer si el acuerdo toma en cuenta los desembolsos en moneda extranjera y pesos previstos por otras deudas.   

Esta tarea es para políticos serios y formados, no para halcones y palomas.  

Buenos Aires, 16 de febrero 2022

El soporte del poder

Los responsables políticos de la degradación económico-social del país,  pretenden encapsular el debate para superar la crisis solo en un eventual acuerdo con el FMI, ignorando u omitiendo las profundas reformas internas necesarias para superarla. Es por ello oportuno reflexionar sobre la estructura administrativa estatal, que junto al sistema político y recursos humanos conforman el trípode que define a un gobierno. Este aspecto es clave, ya que si bien se supone diseñada para cumplir con eficacia y profesionalidad las obligaciones indelegables del Estado destinadas al interés general, al ser también un soporte fundamental de poder, lo general (el ciudadano), suele ser afectado por el interés particular (político y/o corporativo). Este es el huevo de la serpiente que explica el empobrecimiento nacional y los privilegios de castas, que incluye a toda la clase política, sin diferencias ideológicas o partidarias.

La importancia de profundizar el análisis de la estructura administrativa reside en que interrelaciona aspectos concomitantes y simultáneos, tales como las crisis económico-sociales recurrentes, déficits fiscales, baja calidad institucional con alta corrupción y la permanencia de castas políticas. Por ello preocupa la falacia discursiva de que se podrá crecer sin ajustes ni reformas estructurales, que es un modo de decir que los privilegios políticos y las estructuras que los alimentan no se tocarán. No en vano en plena crisis, abundan los autoproclamados candidatos presidenciales para el 2023. El objetivo inicial de una reformulación burocrática no debiera ser el de disminuir el costo fiscal, sino lograr una administración profesional eficaz y socialmente equitativa, por lo que las transformaciones se deben concentrar en los organismos y cargos políticos en la administración central, entes descentralizados, empresas públicas, institutos, agencias, entre otras. Lo que también evita que los políticos y sindicalistas beneficiarios de lo público boicoteen toda reforma denunciando el despido de “miles de trabajadores” de planta. Para evaluar la escala de una estructura burocrática, inicialmente cabe preguntarse si a través de las últimas gestiones presidenciales los organismos y cargos políticos se insertan en una estructura administrativa racional consolidada preexistente, o por el contrario, va creciendo permanentemente en los sucesivos períodos de gobierno. Vale recordar que los crecimientos demográficos no implican nuevos organismos y cargos, sino mayor personal operativo de ser necesario, en especial de los que se consideraron trabajadores “esenciales” durante la pandemia

En una configuración administrativa jerárquica en principio piramidal, como primera anomalía se observa que no necesariamente es congruente con responsabilidades y salarios. La recuperación de la democracia en 1983 se inició con 8 ministerios, hasta que la reforma constitucional de 1994 generó una multiplicación de organismos con unánimes consensos políticos: se crearon defensorías que no defienden, Jefatura de Gabinete que no actúa como tal, Consejo de la Magistratura que no sanciona jueces, organismos de derechos humanos politizados que defienden victimarios y no víctimas. Paradójicamente, se incumplió con el objetivo nacional más relevante: establecer un nuevo sistema de coparticipación entre Nación y provincias. A partir de este hito, cada gobierno dibujó su propia ley de ministerios, creó entes descentralizados y multiplicó casilleros jerárquicos, llamados en la jerga “ravioles”. Durante los gobiernos de Cristina Kirchner se llegó a tener 17 Ministerios con 40% más de empleados públicos. Al asumir, Mauricio Macri aumentó la cantidad de Ministerios a 23. El gobierno actual tiene 21, con 87 secretarías de Estado; 207 subsecretarías; 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos y organismos, que suman más de 3.000 funcionarios políticos. Si se agregan organismos descentralizados, empresas con presencia estatal y cargos diplomáticos se estima que se llegan a 8.000 cargos políticos solo nacionales.

Va de suyo que esta estructura elefantiásica e ineficaz plagada de nepotismos y amiguismos con escasa formación y nula capacidad ejecutiva, en un gobierno que además se define como “fuertemente presidencialista”, es incapaz de formular y aplicar un proyecto nacional serio de mediano y largo plazo. Este es el verdadero costo fiscal. Las consecuencias las describe con precisión el estudioso de la intrincada dinámica estatal Oscar Oszlak, quien expresa: “Cuando no hay planificación, no hay futuro, es puro presente, y presente continuo, que no se armoniza. Y tampoco hay pasado: no hay seguimiento, control de gestión, evaluación de resultados. Hay una tendencia a decidir a medida que los problemas se presentan, no anticipándolos o imaginando a lo que se quiere arribar”.

Buenos Aires, 09 de febrero 2022