Pagni, la niebla que clarifica

En los niveles de educación pública primarios, medios y superiores el rol que cumplen las bibliografías, a nivel de información masiva, lo proveen los medios de comunicación, que al carecer de una matriz formativa común, pueden aportar veracidad y conocimientos, o ser vehículos de campañas mediáticas tendenciosas y maliciosas. Pero producto del desarrollo digital, la histórica relación unidireccional entre emisor (el medio), y receptor (el usuario), se transformó en multidireccional, en donde se debe competir en un ágora ciudadana multitudinaria. Ello genera vías comunicacionales y formativas casi personalizadas, generando un cambio que bien sintetizara el experto en educación Alberto Taquini (h), en una columna periodística reciente, al decir: “En el siglo XX el sistema educativo organizó la enseñanza. El del siglo XXI comienza a organizar el aprendizaje”.

Es por ello que para interpretar el desarrollo de los hechos políticos de modo sencillo y al alcance de la mayoría de los ciudadanos, en lugar de opinar para convencer, será más útil ejercitarse en detectar omisiones, contradicciones y falacias en el discurso político, partiendo del hecho de que toda opinión que no se apoye en datos reales y verificables, que incluye encuestas, pasa a ser una verbalización subjetiva, y en muchos casos manipulada. La tarea exige un pequeño esfuerzo mental, acorde a las alternativas que Maquiavelo destacaba para elegir a los colaboradores de un príncipe: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende los que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”. El objetivo es alcanzar el nivel bueno, que ya es difícil para muchos políticos.

Reconocida la indudable importancia que tienen los medios de comunicación masivos, potenciada en nuestro país por un sistema democrático, que pese a su baja calidad institucional, posee libertad de prensa y de opinión, no se debe hablar de periodismo en forma genérica, sino basados en nombres propios de medios y periodistas, destacando sus perfiles y características. Es en este marco que coexisten medios tradicionales de esencia exclusiva periodística, los que diversifican el periodismo con otros negocios empresariales, los que surgieron y se mantienen con recursos públicos o sindicales, los que para sostenerse presionan por pauta estatal, los que priorizan el debate formativo o los propensos al escándalo, los que coaccionan a través de tapas de semanarios durante meses en modo campaña de desprestigio (Umberto Eco escribió una breve sátira al respecto titulada “Número Cero”), periodistas tradicionales de redacción florida reacios a los insultos, los ensobrados e independientes, y las fuentes de redes sociales y plataformas, donde compiten verdades y falsedades, nombres conocidos con identidades falsas. En esta amplia ágora pública, vale comenzar un ejercicio con un periodista profesional de vasta experiencia, cultural y profesionalmente formado, y que en sus columnas gráficas y televisivas aporta datos políticos relevantes: Carlos Pagni.  

En general sus columnas no se centran en un único tema de actualidad sino en varios simultáneamente. No es un periodista de investigación con equipos al efecto, por lo que no transcribe documentación relevante a certificarse judicialmente, si bien supone tener amplios contactos en altos niveles como fuentes reservadas. Se caracteriza por interrelacionar a lo largo del tiempo a personajes políticos, judiciales, empresariales, sindicales y privados conocidos, asociados en hechos presentes y pasados directa o indirectamente relacionados con el Estado, sea en negocios o negociados. Describe nepotismos, internismos, gestión de prebendas, sociedades y posibles corrupciones. Sus opiniones no son sesgadas (no es un mero propagador) pero son interesadas. Las consecuencias de sus comentarios las diluye al colocarlos entre signos de interrogación, citar que cercanías personales “salpican”, o cerrar un párrafo diciendo que son “habladurías”. Pero su gran mérito es que los personajes y relaciones citadas sin acusaciones concretas, son fidedignas, mostrando de modo nada abstracto lo que significa “casta” en nuestro país, que en las últimas décadas son peligrosamente apolíticas y fluctuantemente partidarias. Dato a tener en cuenta, en momentos que muchos beneficiarios del Estado, ya están pensando como subsistir en las elecciones nacionales del próximo año.

En cuanto a hechos, vale destacar al periodismo de investigación profesional (no confundir con operaciones), mucho más eficaz que organismos estatales destinados a combatir la corrupción. El caso AFA y la mansión en Pilar, por ejemplo, muestra una asombrosa e inédita movilidad judicial, con feria incluida, en la que compiten camaristas, jueces y fiscales para diluir la causa  unos, o avanzar a fondo otros, ratificando que para negociados, política y fútbol profesional coinciden. Por lo didáctico y popular, el caso vale seguirlo cronológicamente

Buenos Aires, 01 de abril 2026

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Mafias estatales en acción

El término “mafioso” suele ser aplicado por la clase política local contra quienes afectan sus patrimonios, intereses personales o de grupo. El último ejemplo lo protagonizó la ex presidenta Cristina Kirchner en el juicio oral por la causa conocida como Cuadernos, acusando de mafiosos a un juez y un fiscal. Pero sería un error considerar el uso del término como un exabrupto metafórico al que es afecto el discurso político, porque hay que aprovechar el conocimiento popular del que gozan las clásicas mafias criminales a través de películas y bibliografías que las describen fielmente, para constatar que nuestras mafias políticas replican sus estrategias, prácticas, usos y costumbres, salvo la práctica de “sangre y fuego”.  

La organización y ganancias de las mafias criminales tradicionales, se sustentaban en negocios clandestinos privados (juego, contrabando, prostitución, drogas), cuya complicidad estatal se resumía a que, con sobornos o amenazas mediante, funcionarios públicos “dejaran hacer”. Las mafias estatales por su parte, se diferencian en que son conducidas desde el Estado por funcionarios políticos asociados a cómplices privados, siendo las ganancias producto del saqueo de presupuestos públicos, mediante sobrecostos en la contratación de obras, bienes y servicios, y desvíos de partidas destinadas a beneficiarios sociales. Clarificada la diferencia estructural, comienzan las semejanzas operativas: amenazas, incluso en juicios (caso testigos en el juicio oral de la causa Cuadernos), espionajes solo para coaccionar y desprestigiar, campañas mediáticas que no apelan a la información sino a la confusión y tergiversación, y la tradicional “omertá”, como se observa con los presidentes de clubes de fútbol en el caso AFA. Lo expuesto no es novedoso, dados algunos antecedentes políticos al respecto, como la falsa denuncia contra el fallecido Olivera, candidato a intendente de CABA por la Coalición Cívica; la tarjeta Banelco para anular la reforma laboral, y el conocido “operativo Puff” para hacer caer la causa Cuadernos, entre las más conocidas. Todas operaciones en cabeza de grupos organizados, no de “lobos solitarios”. El desarrollo tecnológico perfeccionó la calidad de instrumentos documentales, como fotografías, filmaciones y grabaciones, sumado al uso de inteligencia artificial, pero no modificó lo humano en cuanto a estrategias, asumiendo que las Operaciones carecen de fines éticos y morales, que sus promotores suelen invocar hipócritamente para simular virtud. Se detallan cuatro prácticas.

1) Instalación de las denuncias. Suelen presentarse como “escándalos”. Para detectar contradicciones, se debe presuponer que tanto la Operación como la Corrupción denunciada, son posibles y pueden coexistir (caso Agencia de Discapacidad y su ex director Spagnuolo). De no encararlo así, el prejuzgamiento parcial invalida todo análisis posterior. 2) Inmediatez en los objetivos. Dado que las Operaciones tienen el objetivo de generar crisis, y de ser posible, forzar destituciones institucionales, el esclarecimiento no puede esperar a los tiempos judiciales, siendo la inmediatez de resultados esencial. Un condenado puede ser candidato a un cargo público, pero un sospechado debe renunciar. 3) Sustento de las denuncias. Consisten en supuestas pruebas escritas, grabadas o filmadas de origen anónimo, difundidas a través de legisladores, empleados o periodistas, incluso del mundo del espectáculo, que no certifican legitimidad, invocando la lógica reserva de fuentes. Las grabaciones y mails utilizan mensajes que presuponen diálogos comprometedores con el político a perjudicar, pero sin la contraparte verbal o escrita de éste. Los diálogos son crípticos, como “órdenes de arriba”, apodos, nombres sin apellidos, para no comprometerse penalmente. No se acusa con claridad probatoria; se echan sombras. 4) Fechas de producción de las supuestas pruebas. Este dato es relevante, porque es habitual observar que los documentos gráficos, grabaciones y mails dados a conocimiento público, tuvieron origen en varias semanas, meses e incluso años previos a su difusión (caso reciente del árbitro Lobo Medina con mails que refieren a un partido de fútbol del año 2021, entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero). Ello indica que se esperan momentos oportunos para su difusión. Las Operaciones no son solo entre mafias y gobierno, sino también entre mafias.

Resta comentar el rol de los medios de comunicación, que oficiarán de bibliografía escolar para un aprendizaje básico y de comprensión masiva, sabiendo que tienen una valoración política dual según su utilidad circunstancial: pueden ser valiosas fuentes informativas y educativas, o vehiculizar maliciosas campañas mediáticas.  

Buenos Aires, 25 de marzo 2026

Política sin inteligencia artificial

En un mundo donde la inteligencia artificial se expande a gran velocidad, como muestra la tecnología militar en el actual conflicto bélico en Medio Oriente, y que en su versión más básica permite procesar y actualizar millones de datos en forma permanente, la política local y empresarial en cuanto a comunicación pública, usa solo la inteligencia natural, en donde lo discursivo intenta validarse con datos dispersos, de veracidad incomprobable y eventualmente mal intencionados. En el campo estatal el gobierno debe implementar una base con datos concretos de la organización institucional de los tres poderes del Estado, indicando organigramas internos de la administración central, entes descentralizados y empresas estatales, cantidad de personal en cada uno de ellos, subdivididos en cargos políticos sin estabilidad, personal de planta y contratado, con sus remuneraciones brutas, presupuestos anuales y erogaciones mensuales. De igual modo, el sector privado a través de las Cámaras pertinentes, deben indicar empresas afiliadas y/o relevadas con sus altas y bajas de personal, balances anuales certificados, y eventuales convocatorias. Esta información elemental, veraz y unívoca de acceso público obtenible con un simple click vía Internet, debe replicarse con los presupuestos provinciales y municipales en todo el país. El sistema permite que datos sospechados de falaces o equivocados, sean objetados y clarificados, y los ciudadanos comunes dejarán de tener que elegir entre distintas datos contradictorios y parcializados, donde la verdad compite con la desinformación. Cuando un dirigente, consultor o periodista diga “cerraron tantas pymes”, ello debe verificarse en la base de datos de la Cámara empresarial correspondiente, detallando zonificaciones nacionales, provinciales y municipales, para identificar áreas críticas, y desentrañar posibles causas de crisis.

Hasta que ello no suceda, de la relación datos-discurso cabe centrarse en el discurso, pues a diferencia de la matemática, en la que el orden de los factores no altera el producto ((3×4 o 4×3 da 12), cuando se opina o argumenta en base a datos, deben preceder a lo discursivo. Pero si los datos no son veraces, los números se transforman en meras palabras, fenómeno muy usual en la propaganda. Ello lo observó Lenin, quien inició las bases de la propaganda política moderna, cuando decía que la lucha económica por sí sola no crea conciencia política, sino que debe complementarse con cosas simples y visibles. Por ejemplo, si la cantidad de peluquerías disminuía, no era porque eran demasiado numerosas, sino porque las personas no tienen más que el dinero necesario para sus necesidades vitales (Jean-Marie Domenach – París, 1950). Aplicado a nuestra realidad, el interrogante puede ser si la falta de competitividad de determinadas grandes empresas es producto de importaciones tipo “dumping”, o bien porque ganan más y más fácil, siendo protegidas y subsidiadas.

Para comenzar con la evaluación de mensajes políticos, cabe considerar dos aspectos: 1) en cuanto a los emisores, la tarea se facilita porque prácticamente no rige el principio de Maquiavelo, que reza: “en general, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos ven lo que pareces ser, más pocos saben lo que eres”.La gran mayoría de nuestros dirigentes, vigentes desde hace décadas, son vastamente conocidos. 2) para detectar omisiones, contradicciones y falacias, cabe tener presente el factor hipocresía, que el diccionario define como “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Este aspecto es clave, porque en temas de corrupción los objetivos no suelen ser morales, sino los de ocultar, amenazar, demorar, igualar o coaccionar. Para potenciarlos, participan en su propagación personajes aptos para todo servicio, como el abogado Dalbón o la diputada y periodista Pagano.

El primer mensaje a considerar es recurrente: “La gente no llega a fin de mes”. Al decir “la gente”, se apela a la regla propagandística llamada de Unanimidad, basada en que la presión de mayorías, psicológicamente condiciona la opinión individual. Contra esta estrategia, cabe preguntarse si el presidente, vice, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, cargos políticos, jueces y diplomáticos de todo el país, “no llegan a fin de mes”. Porque de ellos depende el funcionamiento integral del Estado, y cobran por los impuestos que aportan los ciudadanos, incluidos los que no llegan a fin de mes.

Buenos Aires, 18 de marzo 2026

P.D.: para los que juegan a ser detectives en el campo judicial, tener presente que en el caso “AFA – Mansión en Pilar”, a más de noventa días de iniciada la causa, los “dueños” Pantano y su madre jubilada aún no fueron citados a declarar.

Autos chocadores judiciales

Las popularmente conocidas como “Causas en la AFA”, presenta una oportunidad didáctica para analizar prácticas corruptas activas o pasivas, porque al referirse al mundo del fútbol, no solo se cuenta con un conocimiento popular de base, sino permite observar interrelaciones entre múltiples actores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, testaferros, financistas y escribanos, sin que tal diversidad genere “grietas” ideológicas o partidarias. El desafío es entonces procesar adecuadamente el alud informativo de distintas calidades e intereses, para formular hipótesis coherentes respecto al desarrollo futuro de los hechos.

Las fuentes de información para hacer comprensible por la inmensa mayoría ciudadana un tema inicialmente complejo, serán las que proveen los medios públicos de comunicación masivos, que por actuar en un marco de ibertad de expresión, pueden educar, informar, desinformar, confundir, manipular o promover la reflexión. En esta oportunidad se priorizará el periodismo de investigación, que se apoya en datos y documentación pública y privada concreta y explícita, cuya veracidad final quedará a cargo del poder judicial. Ello no invalida al amplio campo de la opinión esencialmente subjetiva, que por carecer de documentación propia, suele ser más útil para detectar contradicciones. La presente reflexión por ejemplo, al sustentarse en información ajena se transforma en opinión, que solo busca formular una propuesta analítica comprensible y viable, que puede sustituirse por otra. Y por ser opinión, se obviará el juramento de decir la verdad, pues si la intención es engañar o manipular, no se confesaría. La duda en general, y en política y corrupción en especial, es un primer paso saludable.

Se partirá del accionar de los integrantes del poder judicial (jueces, fiscales y camaristas), como hilo conductor de los acontecimientos, pues tienen una responsabilidad y conocimientos para esclarecer los hechos. Como ordenamiento temporal, se considera como inicio común de las causas al 20 de noviembre de 2025, cuando la AFA otorgó a Rosario Central el título de campeón 2025, inexistente en el calendario anual. También se evitará el uso de adjetivos, sean o no ofensivos, pues ello implica prejuzgamientos que distorsionan los análisis, como así también usar lo que en propaganda se conoce como “enemigo único” sobre el que concentrar críticas. Por ello la causa AFA no se asimilará a “Chiqui Tapia y Toviggino”, dado que silencios y adhesiones masivas aconseja llamarla “dirigencia de la AFA y de los clubes”.

Debido a la intención de lograr una simplicidad explicativa de las causas, cabe detenerse en la físicamente reconocible, llamada “Mansión Villa Rosa en Pilar”, que comienza con un hecho judicial inédito, más aún en época de feria. Para explicarlo se utilizará como metáfora a los clásicos autos chocadores de los viejos parques de diversiones, que tiene su versión moderna en el entretenimiento digital. Imaginemos que cada integrante judicial partícipe a la fecha es un auto chocador, juego en los que unos intentan mostrarse hábiles para evitar choques, y otros buscan provocarlos, siendo el resultado final el caos. Por orden cronológico, desde diciembre de 2025, intervinieron los siguientes autos chocadores judiciales, considerando que un juez y su fiscal comparten el mismo auto, salvo el fiscal de Casación. Hasta el momento están jugando once autos chocadores, según el siguiente detalle cronológico:

Juez federal Daniel Rafecas y fiscal Ramiro González – juez penal económico López Biscayart – camarista Leopoldo Bruglia – juez penal económico Marcelo Aguinsky y fiscal Navas Rial – camarista Alberto Lugones – juez federal Gonzáles Charvay y fiscal Bringas – juez Walter Saetone y fiscal Camafreita – fiscal de Cámara Carlos Cearras – Cámara de Casación integrada por  Carlos Mahiques (se inhibió y lo reemplazó Angela Ledesma); Daniel Petrone (se inhibió y lo reemplazó Mariano Borinsky), y Javier Carbajo, quienes deberán resolver si la causa “Mansión en Pilar” corresponde al juez Aguinsky o al juez Charvay.

El juego despertó tal entusiasmo, que hasta el momento los supuestos “dueños” de la Mansión en Pilar, Pantano y su madre, no declararon.

Buenos Aires, 11 de marzo 2026

El helicóptero: ¿cuál de ellos?

Algunos hechos políticos actuales facilitan entender el principio del eslogan, instrumento básico de la propaganda, consistente en frases breves que sean fácilmente asimilables por todos los estamentos socio-culturales. Para lograr este impacto y ser eficaz, el mensaje debe presentar credibilidad social. Lo expresado puede ejemplificarse en el caso AFA, con la política inserta en el fútbol, y en declaraciones recientes, con la política institucional inserta en roles golpistas.

En el caso AFA, con dirigentes al frente de “entidades sin fines de lucro” que realizan costosos viajes en aviones privados, pretendiendo ocultar mansiones, autos de lujo, caballos de raza, balances, hace que su reciente comunicado planteando el eslogan textual “El fútbol argentino es el pueblo. Y el pueblo no se vende”, carezca de toda verosimilitud, y solo obre como un recurso ocultista. Pero cuando un eslogan se distorsiona y consolida a través de los años como instrumento de golpismo institucional, adquiere características extremadamente peligrosas. Tal el caso de las referencias políticas al “helicóptero”, asociándolo solo a la crisis del 2001, omitiendo al 2002. En primer término, cabe aclarar que en cuanto a realidades históricas, helicópteros asociados a golpes contra la democracia que partieron de Casa de Gobierno  hay dos: el que transportó a la derrocada presidenta Isabel Perón en el golpe militar de marzo de 1976, y en el que se retiró De la Rúa tras el golpe institucional planificado en diciembre de 2001. Como es este último el que promueven algunos políticos, legisladores, sindicalistas y el gobernador Quintela, quien señaló que los 39 muertos de entonces era una consecuencia indeseada, sin aclarar que entre los mismos no había dirigentes, vale citar algunos mojones de la crisis 2001-2002, a ser eventualmente verificados y ampliados por el lector a través de bibliografías, Internet y lectura de páginas de los diarios de la época.  

De la Rúa asumió en alianza con el justicialismo disidente, con Carlos Alvarez de vice, tras 10 años del gobierno justicialista de Menem (no se dirá peronismo por respeto a Perón, muerto en 1974). Regía la convertibilidad, en la que un peso valía un dólar, que nadie se atrevía a desarmar. La fuga de capitales era creciente. En agosto de 2001, ante el acelerado retiro de depósitos bancarios por temor, los legisladores aprobaron una redundante ley que aseguraba la Intangibilidad de los depósitos. Se instaló luego el “corralito” que limitaba la extracción de los mismos. En provincia de Buenos Aires se implementó la “cuasi moneda” llamada Patacón. En el conurbano se iniciaron saqueos de supermercados, e intendentes de esos distritos transportaron agitadores a Plaza de Mayo. El 20 de diciembre De la Rúa partió en helicóptero desde la casa Rosada. En medio del caos, asumió como presidente interino Rodríguez Saa, quien el 1° de enero de 2002 anunció la suspensión de pagos de la deuda pública por más de u$s 140.000 millones, con aplausos eufóricos de los mismos legisladores que habían asegurado la intangibilidad de los depósitos ciudadanos cuatro meses atrás. Tras la renuncia de Rodríguez Saa (se aclara que se retiró en automóvil), la Asamblea Legislativa eligió presidente a Duhalde, quien el día 7 decretó el fin de la convertibilidad, y procedió a la incautación de ahorros en pesos y dólares de los ahorristas, aduciendo que los bancos no podían devolverlos a la gente. En realidad, los que no podían eran los bancos públicos nacionales y provinciales, plagados de préstamos políticos irrecuperables, no así los extranjeros, por quienes respondían sus casas matrices. La desocupación superó el 23%, y la pobreza el 57,5% según el Indec. Nacieron los subsidios a servicios públicos, aún vigentes, aplicables a ricos y pobres por igual. Se realizó la mayor devaluación de la historia, llegando el dólar a una relación de 1 a 3 pesos, ante lo cual surgió el temido eslogan hoy vigente, que se utiliza en acuerdos entre funcionarios y empresarios prebendarios: “hay que cuidar el trabajo de los argentinos”. A requerimiento de grandes empresas endeudadas en dólares, con Mendiguren como gestor principal, se diseñó la pesificación asimétrica, por la que el Estado pesificó parte de esas deudas en dólares, licuando pasivos de varias corporaciones, por un monto estimado de 10.000 millones de dólares. Repitiendo la estatización que en 1982 llevó a cabo el gobierno militar del general Brignone, por la que se transfirió unos 15.000 millones de dólares de deuda externa corporativa, muchas fraudulentas, al Estado. Por lo tanto, quien añore o amenace con otro 2001, no está pensando “en el pueblo trabajador”, sino en cooptar poder político y salvar grandes patrimonios. No se citan nombres de corporaciones y financieras beneficiadas para no ser parcial, pero figuran en publicaciones de la época.

Actualmente en estado fantasmal, el caso AFA podría incorporar a la historia política argentina un tercer helicóptero. Es el o los que aterrizaban en la mansión sin reales dueños conocidos de Pilar, sin pasajeros, o pasajeros también desconocidos.

Buenos Aires, 04 de marzo 2026

Círculo rojo desteñido

Las transformaciones democráticas presentan una etapa en la que coexisten la  identificación de vicios del pasado, con un diseño pretendidamente virtuoso del futuro. A fin de lograr consensos sólidos y comprensibles para todos los sectores socio-culturales, las argumentaciones y análisis deben ser didácticos y basados en datos esenciales, veraces y verificables, relegando los escándalos, frivolidades discursivas y amenazas directas, como se observara en las recientes sesiones legislativas en diputados, al espectáculo farandulero.

Como las reglas de la propaganda política creadas en las primeras décadas del siglo XX permanecen vigentes, cabe recordar algunas de ellas: el uso del eslogan, frase breve que pretende un impacto masivo por repetición; la mimetización de un grupo con simbologías y personajes históricos; falacias persuasivas, y concentrar los ataques en enemigos únicos, para no diluir sus efectos (Kirchner, Milei, FMI). Sin embargo, el problema que afronta la clase dirigente argentina es haber vulnerado un principio clave de toda propaganda: los mismos personajes que llevaron al empobrecimiento de una enorme mayoría social no pueden mantenerse en el tiempo repitiendo las mismas políticas y los mismos mensajes, salvo en dictaduras. Es por ello que las polémicas y quejas desatadas por la reforma y/o modernización laboral, asoció públicamente a personajes que hasta ahora se suponían con intereses divergentes. Entre otros, a Paolo Rocca y Madanes Quintanilla en el mundo empresario; Moyano, Barrionuevo, Martínez y Rodríguez en el mundo sindical, y para citar a un peronista auténtico y racional, Pichetto en el mundo político. El hecho de que todos ellos superan los 70 años, lleva a trabajar sobre una hipótesis a ser verificada a futuro, basada en que existe una dirigencia generacional activa desde hace más de tres décadas, que atravesó una etapa de degradación económico-social sin menoscabo para sus patrimonios, enriquecimientos y privilegios. De ser así, los beneficiarios repiten un interrogante de validez universal: si estamos bien en lo económico y usufructo de privilegios, ¿para qué cambiar?

Como toda hipótesis exige demostración, vale detenerse en aspectos propagandísticos manipuladores de la opinión pública, que han perdido eficacia. Tal el recurso de la “grieta”, que según el diccionario es “una hendidura o abertura alargada en la estructura de un cuerpo sólido”, pues los problemas pasados y futuras soluciones no dependen de dos sectores divididos, sino de tres por igual: empresarios, sindicalistas y políticos, quienes asumen la responsabilidad de acordar transformaciones en pos del interés común. Tampoco sirve el ocultista uso de abstracciones, como indica la aparición en queja de los relevantes empresarios industriales Rocca y Madanes Quintanilla, dando una saludable voz y encarnadura a la mística abstracción Círculo Rojo. Y menos aún, como mostró el vergonzoso debate legislativo por la ley laboral, políticos mimetizándose a los gritos con las memorias de Alem, Yrigoyen y Perón, reduciéndolos a simbologías que disimulen las malas praxis y corrupciones de quienes gobiernan desde hace más de tres décadas, en las que existieron formidables avances tecnológicos y se atravesaron crisis locales e internacionales, pese a lo cual, para justificar incompetencias y enriquecimientos, se continúa culpando a los “malévolos” chinos, “yankees”, o enemigos de ocasión.  

Para argumentar sobre la hipótesis generacional empobrecedora, se fija a las décadas del 60/70 como punto de partida arbitrario, con la revolución militar de Onganía que derrocó a Illía, y consolidó el principio mussoliniano del corporativismo, al lograr adhesiones gremiales con el otorgamiento de Obras Sociales y la vigente Ley Laboral. En paralelo se promovió geopolíticamente el desarrollo patagónico, que se plasmó en 1971 con el ya mencionado Parque Textil Trelew (Chubut), y en 1972 la promoción de la industria electrónica fueguina, aún vigente. A esta época se remonta los ancestros de Madanes Quintanilla, cuando en 1971 tras una compulsa internacional, el entonces presidente militar Lanusse adjudicó por decreto una planta productora de aluminio instalada en Puerto Madryn (Chubut), a la firma italiana Aluar, en cabeza entonces de Manuel Madanes, tío del actual presidente de la empresa. Las obras se contrataron con las empresas italianas Impresit e Italipianti, que inclusive importaron cemento y hierros de construcción desde Italia (verificar este dato). En 1974 se produjo la primera colada de aluminio, con la habilitación de parte del total de 92 cubas electrolíticas. Al ser consumidora de gran energía eléctrica, una Sociedad del Estado construyó la presa hidroeléctrica Futaleufú en la cordillera, y una red de alta tensión de 600 kilómetros hasta la planta, que se habilitó totalmente en 1978. El estado nacional por su parte, construyó un muelle de aguas profundas en el Golfo Nuevo para exportar el aluminio. Carece de sentido profundizar hoy sobre las polémicas provocadas por la adjudicación. Lo relevante es que la industria es exitosa y exportadora, pero asociada a enormes inversiones del Estado. Cabe preguntarse: ¿considera Madanes que su cancha quedó nivelada? No; siempre solicita nuevas prebendas.

Transformar, informar y formar a la ciudadanía en forma clara, no lo lograrán grupos fascistas en el recinto legislativo, troskistas en la calle, y empresarios ocultos en Círculos Rojos.

Buenos Aires, 25 de febrero 2026

Del papelito a la burocracia judicial

Cabe retomar al desarrollo de las causas judiciales en trámite, con base en la llamada “Mansión Pilar” relacionada con la AFA, porque tiene una fecha de inicio definida (noviembre de 2025), derivaciones que se interrelacionan con otras causas, complicidades multisectoriales, y la intervención de una sorprendente cantidad de camaristas, jueces y fiscales en menos de tres meses, lo que la convierte en un didáctico ejemplo para analizar estrategias, procedimientos y eventuales impunidades judiciales. En las argumentaciones no se utilizará la abstracción JUSTICIA, sino se identificará por sus nombres a los funcionarios actuantes, con sus antecedentes verificables de ser necesario, sin adosar adjetivaciones, que solo generan polémicas que no esclarecen.  

La estrategia de la grieta en la llamada “familia judicial” nació en su propio seno, con la creación de la asociación civil Justicia Legítima en el año 2013, que hizo suponer que no existía en el país una justicia unívoca. Pero ante el accionar de sus propios miembros surgieron incongruencias en cuanto a objetivos declamados. Por ejemplo, Garrigós de Rébori a cargo del Sistema Penitenciario, facilitó el “home office” en las cárceles; Cristina Caamaño, directora de la AFI, reveló nombres de espías argentinos en el exterior, y Alejandro Ramos Padilla intentó hacer caer la causa Cuadernos. Es por ello que ante la necesidad de producir cambios estructurales que saquen al país de la decadencia, los análisis priorizarán la simpleza verificable para que sean masivamente comprensibles, apelando en algunas circunstancias al diccionario, usado en la escolaridad básica como instrumento unificador de conceptos. Ello permite, por ejemplo, asumir que es incorrecto decir que poderes del Estado y organismos estatales son independientes, pues el diccionario indica que tal condición la cumplen quienes “no dependen de otro”, que no es el caso, por lo que son interdependientes. Pero es en el Poder Judicial que se observa una mayor dependencia del poder político, cuyo interés en las designaciones se centra en posibles futuros fallos judiciales en causas de corrupción, antes que en la idoneidad profesional. Ello se manifiesta en las pujas para designar integrantes de la Corte Suprema, y cubrir más del 40% de vacantes en juzgados. Para disimular esta realidad, se crean estructuras como el Consejo de la Magistratura, cuya ineficacia y politización nos retrotrae a una vieja anécdota de mayo de 2002, cuando durante un trámite de pliegos de jueces, el entonces senador Raúl Alfonsín fue fotografiado leyendo un papel que decía “el juez que hay que cajonear es Antelo”, entonces secretario de la Corte Suprema. Como es usual en el cine clásico político, se produjo gran escándalo y denuncias, para concluir que nadie sabía quién había alcanzado el papel, y menos aún quien lo había escrito. Desde entonces nada cambió en el metafórico intercambio de papelitos entre senadores, que finalmente son quienes deciden. Es en este contexto judicial que cobra valor el caso “Mansión en Pilar”, observándolo a través de su secuencia cronológica, actualmente en la etapa investigativa.

Noviembre 2025: la causa se inicia con una denuncia de la Coalición Cívica. Es sorteado el juez federal Rafecas, quien se declaró incompetente, pasando el expediente al juez penal-económico Aguinsky, quien también rechazó intervenir.  Diciembre 2025: Ante la denuncia de vecinos en cuanto a movimientos en la mansión, Rafecas ordenó varios allanamientos. En pleno desarrollo de los mismos, el camarista Bruglia resolvió que el caso lo tramite el juez Aguinsky, quien inició nuevas medidas de prueba. Enero 2026: el día 2, el juez Saettone, de San Isidro, a pedido del fiscal Camafreitas, dispuso el allanamiento de la vivienda de Matías Yofre, uno de los denunciantes en la causa. El juez Aguinsky citó a declarar a los “dueños sin recursos económicos” de la mansión, Pantano y Ana Conte. De inmediato, el abogado defensor solicitó que la causa pase al juez federal de Campana, González Charvay, a lo que accedió el camarista Alberto Lugones. Febrero 2026: El fiscal Cearras se opuso a la competencia de Campana, y acudió en queja ante la Cámara Federal de San Martín, que confirmó a Gonzáles Charvay, quien de inmediato inició actuaciones. Ante ello Cearras planteó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, integrada por Petrone, Carbajo y Mahiques, quienes definirán la controversia. Hasta el momento se observa un esquema habitual de los abogados defensores en causas de corrupción: demorar discutiendo competencias y excusaciones. Es así como a casi tres meses de iniciada la causa, los supuestos dueños Pantano y Conte aún no declararon. Ello plantea ante la ciudadanía un interrogante esencial, relativo a si las leyes penales permiten que el Estado pueda incautar, decomisar o confiscar a la brevedad y sin condena previa bienes en manos de testaferros, para ingresarlos al erario público. Un beneficio subsidiario, sería el de hacer menos rentables los artilugios judiciales dilatorios.

Otro aspecto a clarificar es el de si las leyes son pasibles de “interpretación”, pues el diccionario define al término “interpretar” como una “comprensión personal de la realidad”. Por lo tanto, si una ley es interpretable, o está mal redactada, o no se le puede exigir a un ciudadano que no pueda invocar desconocerla.  

Buenos Aires,  18 de febrero 2026

Peluca y Chatarrín

La pérdida por parte de Techint de la licitación internacional para proveer caños de acero para la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, al ofertar 40% más que la empresa india ganadora Welspun, reavivó un debate con argumentos que en nuestro país son inmutables desde hace ocho décadas. Sobre la base de que existe un contexto político-social que busca transformar y evolucionar en lugar de conservar, vale focalizarse en los dos actores más representativos de intereses en principio encontrados: Milei, presidente de la Nación, y el CEO de Techint Paolo Rocca, el empresario industrial más importante del país, Para entender la divergencia de posturas de modo distendido y sin apelar a descalificaciones inútiles, se usará la licencia humorística de llamar “Peluca” a Milei, y “Chatarrín” a Rocca. Y para evitar la jactancia de opinar sin los fundamentos necesarios, solo se mencionarán algunos hitos históricos verificables y relevantes, que por elegirse arbitrariamente, pueden ser complementados o sustituidos por otros. Lo relevante es que con independencia de coyunturas internacionales y locales, la recurrencia argentina en pos del fracaso es inédita.

Década del 40.- En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, con Europa en ruinas. Japón, que sufrió dos bombas nucleares, es hoy la cuarta economía mundial. En Argentina se comenzó a financiar un gasto estatal descontrolado con emisión del Banco Central. En esta década se fundó Techint.   

Década del 50.- Bajo el régimen de Mao, en China se produjo la gran hambruna, con millones de muertos. En Argentina, en 1955 un golpe militar derrocó a Perón.

Década del 60.- Australia y Nueva Zelanda ganaron mercados mejorando notoriamente su productividad, mientras en nuestro país la industria textil se mantuvo estancada, En 1966 se produjo un nuevo golpe militar.

Década del 70.- Con el gobierno militar vigente, en febrero del 70 se crearon Obras Sociales con control sindical. Se implementó el IVA, que pagan ricos y pobres, con una tasa del 13%. En 1971 se creó el Parque Industrial Trelew, en Chubut, aportando la Provincia tierras fiscales, infraestructura de servicios y exenciones impositivas durante 10 años. Se instalaron 56 fábricas textiles, procesando el 90% de lana del país. Vencido el plazo de promoción, más de 45 cerraron sus instalaciones. En 1972 se creó el régimen promocional de la industria fueguina, basada en importar productos desarmados y armarlos en la isla con un enorme costo fiscal. En 1973 se reingresó a la democracia, con el triunfo del peronismo. En 1975 se produjo el Rodrigazo, y en 1976 un nuevo golpe militar. En mayo del 76 se promulgó la Ley de Contrato de Trabajo vigente. En China, tras el fallecimiento de Mao, en 1978Deng Xiaoping introdujo el “socialismo con características chinas”, eufemismo para no hablar de capitalismo, con un modelo exportador inicialmente precario, que provocó las primeras quejas empresarias locales por competencia de productos de baja calidad fabricados con “mano de obra esclava”.

Década del 80.- Guerra de Malvinas. En 1983 se recupera la democracia. Fracasó el intento de Alfonsín de actualizar la Ley Laboral. En 1986 el IVA se unificó en el 18%. Hiperinflación en 1989.

Década del 90.- En diciembre de 1991 cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En nuestro país, en 1990 Tierra del Fuego se convirtió en la provincia número 24. Rebrote hiperinflacionario. En 1991 se estableció la Ley de Convertibilidad. El IVA se incrementó al 21%. Se privatizaron empresas públicas, entre ellas YPF. En 1994 se reformó la Constitución Nacional, creando organismos grandilocuentes pero irrelevantes en la práctica, mientras que el mandato de crear un nuevo régimen de coparticipación federal no se cumplió entonces, ni hasta la fecha.

Década del 2000.- El 21 de diciembre de 2001, cae De la Rúa, que también fracasó en su intento de actualizar la Ley de Contrato de Trabajo. Designado a cargo del Ejecutivo, Rodríguez Saá anunció ante el Congreso el día 24, el default de la deuda externa argentina, la mayor de la historia, entre vítores legislativos pues se salvaban privilegios. No así el de los ciudadanos, a quienes se les confiscaron depósitos. Ante la fuerte devaluación se implementó la pesificación asimétrica, por la cual parte de las deudas en dólares de grandes grupos empresarios fueron absorbidas por el Estado (léase ciudadanos), para salvar “fuentes de trabajo”, frase que se instaló como eslogan para ocultar corrupciones y malas praxis. Se reestatizaron empresas públicas, como YPF.

 Década del 2010.- China tuvo un desarrollo tecnológico exponencial, siendo hoy la segunda potencia mundial, en competencia con Estados Unidos.

Década del 2020.- Pasados más de 50 años, el 31 de diciembre de 2023 caducaron los beneficios fiscales a favor de las industrias armadoras radicadas en Tierra del Fuego, pese a lo cual el ex presidente Fernández lo prorrogó en octubre del 2023 por 15 años.

A la luz de los hitos mencionados, y en pos de revertir la decadencia argentina, como legítimos representantes de lo público y lo privado, los simpáticamente llamados Peluca y Chatarrín tienen mucho que analizar y acordar en bien del país.

Buenos Aires, 12 de febrero 2026