Entre moralinas e hipocresías

La polémica desatada por la postulación del juez Lijo, designado como tal por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003, y que provocara el casi unánime rechazo de distintas organizaciones no gubernamentales, debiera servir para entender la corrupción en el marco de las interrelaciones existentes entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, que erróneamente suelen presentarse como independientes cual compartimentos estancos, pero que existe desde un comienzo con la designación de jueces federales y nacionales.

Por ello cabe mencionar al Consejo de la Magistratura, que según declarara la Corte en noviembre del 2021 tardaba en promedio 1327 días corridos para cubrir una vacante en la justicia nacional, configurando un cuello de botella grave e inexplicable, sea por la cantidad de empleados que posee el Consejo, y por la ausencia de legislación que determine plazos de selección y elevación de ternas. Asimismo en el procedimiento de selección se sobrevaloran los antecedentes (cursos, seminarios), por sobre los conocimientos plasmados en el examen práctico, lo que se presta a todo tipo de manipulaciones. Hubo quienes ocuparon el primer lugar en el escrito, y tras las entrevistas y evaluación de antecedentes (que podrían actuar como filtro inicial y no final), retrocedieron varios puestos en el orden de mérito. La importancia de un juez en cuanto a la corrupción de funcionarios la explicita un párrafo del artículo 36 de la Constitución, que expresa que “Atentara asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. Ello supone  que la duración de tramitación de las causas para determinar culpabilidades e inocencias es esencial, por lo que lo más relevante para decidir sobre el desempeño y ascensos de jueces, en este caso Lijo, son los tiempos que en sus veinte años como juez federal demandaron sus tramitaciones de expedientes en delitos contra el Estado, cantidad de causas que elevara a juicio oral y público, y las que mantiene en tramitación con la fecha de inicio de los expedientes, que es información de verificación indubitable. Ubicando en segundo término las sospechas por eventuales y grises relaciones personales y/o comerciales en esferas del poder político, y sus nuevos antecedentes curriculares, así sea en las universidades de Oxford, Cambridge o La Sorbona. Dado que las demoras judiciales locales en casos de corrupción no existen en países desarrollados, es necesario establecer las responsabilidades de los legisladores en el diseño de leyes que permiten que los jueces manejen los tiempos de tramitación de causas a sus arbitrios, y que la corrupción estatal quede impune. De este modo, y con perdón de las fuerzas del cielo, en un país con desenfrenada corrupción será más fácil distinguir entre moralinas, hipocresías y realidades.

Para ejemplificar lo señalado, vale citar un caso de alcance e impacto internacional, centrado en la mega empresa constructora brasileña Odebrecht, cuyo presidente y dueño confesó en condición de arrepentido en los juicios realizados en Estados Unidos y Brasil en el 2016, haber pagado sobornos a funcionarios de distintos países, lo que derivó en múltiples juicios. Respecto a nuestro país, Odebrecht declaró haber sobornado a funcionarios argentinos entre el 2007 al 2014 por la suma de 35 millones de dólares, por la contratación de tres obras de infraestructura asociado a empresas locales, abriéndose las causas judiciales en tres juzgados distintos, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Juez Rafecas: redes troncales de gasoductos, contratadas por Cammesa e YPF. Fue elevada a juicio oral.

2.- Juez de Giorgi: soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Paralizada.

3.- Juez Casanello: dos plantas depuradoras en provincia de Buenos Aires, contratadas por Aysa. Fue elevada a juicio oral.

Mientras que en el ámbito latinoamericano Brasil, Perú, Panamá, Colombia y Ecuador concluyeron las actuaciones judiciales, con un total de 70 sentenciados, en nuestro país ninguna de las tres causas tiene juicio oral iniciado, y por lo tanto condenados. Esta inacción no debiera sorprender, pues cuando la corrupción goza de impunidad, en los debates políticos predominan las consideraciones morales sin convicción ni sustancia, que reemplazan a los innumerables antecedentes concretos para sancionar a jueces y fiscales. 

Buenos Aires, 17 de abril 2024

Juez Lijo: cielo o infierno?

Para reflexionar sobre el impacto que provocó el gobierno con la postulación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema, es necesario establecer el contexto en el que se mueven las fichas en el tablero político, siendo la principal cual torre en el ajedrez, la del presidente Milei, cuyo perfil de un personaje disruptivo, carismático y con toques mesiánicos en lo político, suele aparecer históricamente producto de gobiernos corruptos, fracasados y empobrecedores. Su invocación a las fuerzas del cielo usada como metáfora es analíticamente útil, porque reduce la grieta a la universal lucha entre el bien y el mal, en lugar de utilizar los desgastados ropajes ideológicos o partidarios, en especial cuando Milei deberá interactuar con una mayoría de fichas que desde hace décadas permanecen indemnes en el tablero político, sin estar claro quiénes pertenecen a las fuerzas del bien o del mal. Por ello para ir identificando en los hechos a unas y otras, la postulación de Lijo debiera servir como un nuevo disparador que se suma al debate por las leyes que posibilitarían un Pacto mayoritariamente consensuado que saque al país de su decadencia, asumiendo que quienes luchan para conservar privilegios e impunidades, son inmunes a consideraciones religiosas, éticas o morales.

Pasando de lo celestial a lo terrenal, para ingresar en la polémica por la postulación de Lijo caben dos prevenciones: en lo comunicacional, como es habitual, abundará la hipocresía, definida como “simular cualidades u opiniones contrarias a las que verdaderamente se tienen”. Y considerar que las dirigencias que permanecen inmutables desde hace décadas forjaron consolidadas relaciones familiares, laborales, de amistad e intereses particulares por sobre objetivos relacionados con el bien común, lo que dificultará diferenciar entre ángeles y demonios. Prueba de ello son las abundantes y serias  informaciones periodísticas, como las de Carlos Pagni a nivel nacional, y Daniel Bilotta en la provincia de Buenos Aires, entre otros, respecto a negociados y corrupción (obra pública, seguros, cooperativas), con el uso del potencial ante posibles delitos, y datos concretos y fehacientes para explicitar las relaciones personales, políticas y empresariales.

Al ser lógico que las mayores objeciones a Lijo se refieren a su actuación en los veinte años de juez federal, que incluyen acusaciones que desde hace años duermen en el Consejo de la Magistratura, es justo señalar que las mismas podrían extenderse al juez Martínez de Giorgi, a Grünberg y Obligado, quienes desactivaron juicios orales para los que habían sido designados, o a los recordados juez Oyarbide, fallecido, y Canicoba Corral, jubilado. Ante estos sucintos ejemplos, y como la aparición de Milei es resultado del hartazgo social ante viejas prácticas políticas, los interrogantes debieran ser más innovadores, como el que se formulan muchos ciudadanos: ¿con estas objeciones, acusaciones o sospechas explícitas generalizadas, el juez Lijo puede seguir siendo juez, y tramitar o congelar causas en las que están en juego libertades y patrimonios de ciudadanos? La duda cobra relevancia considerando que desde 1983 los jueces son elegidos por políticos, y desde 1998 funciona el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores, jueces, abogados y académicos, quienes deben seleccionar  jueces, juzgar sus desempeños y sancionarlos. Ante tales funciones, ¿sus integrantes son inocentes?

En un contexto en el que se mezclan convicciones e hipocresías, cabe incorporar una ironía, pero con un tinte de factibilidad. La figura del “arrepentido” tuvo gran impacto en la lucha contra la corrupción de obra pública, por lo que podría hacerse extensible para determinados funcionarios, como en el caso del juez Lijo, en caso de que expresara arrepentimiento por sus actuaciones anteriores. Sin vulnerar principios de confidencialidad, sus amplios nexos con sectores de poder lo hace de hecho conocedor de las asociaciones delictivas, sus gestores, tácticas de impunidad y manipulación de expedientes, que un nuevo burócrata podría no combatir, sea por complicidad política, rentada o incapacidad. Salvo que se designen a funcionarios como  Giordano, que en pocos días detectó el negociado de los seguros en la Anses, que durante años “nadie detectó”. La polémica que despertara Lijo ratifica además que el desarrollo de los presentes y futuros eventos políticos habrá que analizarlos en función de los votos legislativos y decisiones ejecutivas, no desde las excesivas e intrascendentes declaraciones políticas.  

Buenos Aires, 10 de abril 2024

Política teatral

Concluyó la etapa electoral en la que un 56% del electorado ungió como presidente a Javier Milei, un disruptivo carente de estructura partidaria que al interpretar con su prédica el hartazgo social, no solo derrotó al peronismo gobernante sino a las anquilosadas dirigencias promotoras de malas praxis, privilegios y corrupción. Pero a la hora de gobernar se encuentra con una inédita y previsible minoría legislativa, y con la mayoría de las viejas dirigencias responsables de la decadencia en roles activos. Esta realidad, ante la grave crisis económica, social y moral que afronta la sociedad, debe considerarse como una oportunidad, según los siguientes aspectos: 1) si bien los beneficiarios de privilegios y corrupciones lucharán para mantenerlos, atraviesan un estado de debilidad, confusión y desprestigio; por ello, quienes resisten la aprobación de leyes transformadoras en lugar de rechazarlas aducen “estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma”, o mutan en expertos constitucionalistas. 2) la gestión del ex presidente Alberto Fernández hizo caducar el supuesto de que nuestros gobiernos se caracterizan por un fuerte presidencialismo, lo que revaloriza y pone en escena a los 355 políticos (presidente, vice, gobernadores y legisladores), responsables de encarar las imprescindibles transformaciones estructurales; 3) Las clásicas corrupciones que afloran con los cambios de gobierno nacional, provinciales y municipales de distinto signo no deben agotarse en el escándalo, sino impulsar modificaciones virtuosas en los procedimientos legales, administrativos y judiciales que las facilitan y aseguran su impunidad.

Las fuentes de información masivas para evaluar los hechos políticos, serán las periodísticas, sean generales o investigativas, y las de los propios actores políticos, asumiendo que muchos de ellos son afectos a gestos, frases y entonaciones teatrales, no para informar o esclarecer, sino con dosis de hipocresía, para convencer, confundir o engañar. Como para mantener privilegios no existen ideologías, estas actuaciones incluyen a peronistas, radicales, kirchneristas, derechas e izquierdas. En este contexto, destacar hechos políticos aparentemente desperdigados, será de utilidad a futuro si se los interrelaciona adecuadamente.

Estructuras estatales.- Tras asumir la intendencia de La Plata, Alak (UxP), denunció judicialmente que su antecesor Garro (JxC), le dejó una planta de 12.573 trabajadores, y casi la mitad cobra sueldo sin ir a trabajar. Garro lo desmintió, y paralelamente encontró nueva ocupación como subsecretario de Deportes de la Nación. Esta clásica nebulosa entre verdadero / falso se replica en todos los organismos, al ocultarse a la sociedad lainformación oficial fidedigna en cuanto a Organigramas, cantidad de personal, funciones y salarios brutos. Ello explica que el debate por la cantidad de contratos vencidos y no renovados, o despedidos por cobrar sin prestar servicios, solo en la administración central varíe entre 15.000, 50.000 o 70.000 empleados, según quien lo exprese.

Salarios de cargos políticos.- La información de política salarial correspondiente a cargos jerárquicos y/o políticos en todas las áreas (administración centralizada, descentralizada, poderes legislativo y judicial), cuyos montos y beneficios se determinan entre los propios beneficiarios, es el dato más difícil de obtener. No sorprende entonces que este ocultamiento los propios políticos lo utilicen para acciones de presión y desprestigio, como hiciera la diputada Tolosa Paz (UxP) tras el rechazo de los incrementos en las dietas legislativas, para comunicar a través de las redes que Javier Milei, ministros, secretarios y subsecretarios se subieron el sueldo en un 48% para enero y febrero. En medio de la confusión, se entrecruzaron antecedentes de decretos previos para dichos incrementos, que al fin y al cabo demostraron que no existe una política salarial global y coherente para funcionarios y cargos políticos, situación que se extiende a organismos provinciales y municipales. Esta práctica del secretismo en la información pública relevante no es culpa de Milei, pero será de su exclusiva responsabilidad desactivarlo, publicando los datos de cada organismo en las páginas web.

Corrupción estatal.-  Salvo el caso de los seguros, tema hasta ahora no sometido al escrutinio público, los negociados con cooperativas, fondos fiduciarios y contrataciones atadas a determinados proveedores, son ampliamente conocidas y difundidas desde hace décadas. Por lo que el verdadero “escándalo” es la facilidad con la que se pueden sustraen recursos públicos a la vista de funcionarios, organismos de control y oposiciones complacientes; como sucediera en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la que nadie se diera cuenta de las estafas pese a que hay “chocolates” de todas las marcas partidarias. En este marco, sin estar claro hasta el momento si impulsado por las fuerzas del cielo o del infierno, surge la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, lo que permite reflexionar sobre la tercera pata republicana, conformada por el poder judicial.

Buenos Aires, 03 de abril 2024

Negocios estatales seguros

Escándalo es una palabra que atrae la atención pública, por lo que es muy usada periodísticamente,así como “mafia”, que refiere a organizaciones delictivas clandestinas, que los propios políticos adjudican a sus adversarios en los debates. Es recordado el tuit de la ex presidenta Cristina Kirchner, señalando que la familia del entonces presidente Macri poseía contactos con la mafia calabresa Ndrangheta. Partir de estos términos para catalogar supuestas corrupciones estatales, elude analizar el contexto político, legal y administrativo que las facilitan, y su mecánica recurrente. Las corrupciones estatales se inician con funcionarios que planifican la sustracción de recursos públicos, asociados a privados en calidad de contratistas, proveedores, cooperativistas y testaferros, de modo de privatizarlos para luego proceder a repartirlos entre los partícipes del despojo. Con las mafias criminales de antaño comparten el uso ilegítimo de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero, extorsiones, fraudes, malversaciones y prevaricación. Pero se diferencian en que los negociados se producen sin derramamientos de sangre, y bajo las simbologías de Patria, el Estado te cuida, Pueblo, Desposeídos, y similares.

Por ello lo relevante del caso que surgió ante la opinión pública en febrero de este año, relacionado con la contratación de seguros realizada por organismos y empresas públicas, es analizar su mecánica, que comienza con una instrumentación legal y administrativa con objetivos virtuosos; continúa con interrelaciones “casuales” entre funcionarios y beneficiarios externos predeterminados que “privatizan” dichos fondos públicos, los que con apoyo de leyes laxas, ausencia de auditorías, controles e impunidad judicial, jamás se recuperan. El caso de los seguros ejemplifica los negocios públicos-privados “seguros”. En el año 2021 el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 823, que establecía que todas las empresas públicas debían asegurarse con la estatal Nación Seguros. Sus extensos considerandos contenían el ineludible fin loable: “Que un razonamiento elemental sugiere que el Estado Nacional contrate con sus propios organismos proveedores de bienes o servicios la satisfacción de sus necesidades en cada materia”. Puesto en vigencia, se arman las interrelaciones “casuales” entre funcionarios y privados partícipes. El titular de Nación Seguros de apellido Pagliaro, nombrado en mayo del 2020, recurrió a una figura ineludible para los negociados: el intermediario. “Casualmente” se contrata a Martínez Sosa, que por circunstancias de la vida es esposo de María Cantero, secretaria de décadas del entonces presidente Fernández, y además acreedor del ex presidente, por una deuda de 2000 dólares tomada hacía años. Como estos subterfugios no escapan al conocimiento de los funcionarios políticos, acostumbrados a practicar el principio “dejar hacer, dejar pasar”, pero también el de “participar” de negocios simples y redituables, la casi totalidad de los organismos públicos se acoplaron a la mecánica. Más allá de los más de 3.500 millones de pesos que hasta el momento se calcula pasaron injustificadamente a manos privadas en comisiones durante el 2020-23, lo importante es visualizar la facilidad con la que se pueden apropiar recursos públicos utilizando procedimientos administrativos presuntamente legales. Pero las enseñanzas continúan.

El caso surgió ante la opinión pública cuando el funcionario Osvaldo Giordano, quien manejara el tema jubilatorio en la provincia de Córdoba, fuera designado por el presidente Milei al frente de la Anses. Giordano observó que pese a que el organismo previsional utiliza los autoseguros en caso de otorgamiento de créditos a sus afiliados, debido a razones etarias, la Anses había sido inoculada con el virus “Nación Seguros” (léase intermediarios). A través de una planilla Excel realizó una sencilla comparación entre ambos costos, lo que arrojó una brecha del 40% en perjuicio de la Anses (léase jubilados). Irregularidad que como es de rigor, no fue advertida por decenas de funcionarios, organismos de control y locuaces legisladores. Lo señalado agrega una enseñanza casi bíblica, acorde a la lucha entre las fuerzas del cielo (el bien) y del infierno (el mal). Algunos “diablillos” infiltraron a las fuerzas del cielo mileístas para despedir al apto y honesto funcionario Giordano, porque su pareja, diputada nacional, votara en contra de algunos puntos de la Ley Ómnibus.

Buenos Aires, 27 de marzo 2024

354 políticos y Lousteau

En una sociedad hiperconectada bajo la dinámica de Internet y redes sociales, es necesario rescatar de la hojarasca informativa soportes analíticos simples y fehacientes, que permitan formular argumentaciones entendibles por todos los estratos socio-culturales como si se tratara de un eslogan, pero apelando a lo racional y no a lo emocional. El primer paso es identificar a los máximos responsables para concretar un pacto integral con leyes transformadoras y sustentables, que encaminen favorablemente los destinos del país. Solo 355 políticos tienen el poder de decisión institucional para ello, quienes deberán ser evaluados según conduzcan los poderes ejecutivos y como voten legislativamente, no por sus declaraciones. En torno a ellos, inevitablemente, merodearán presiones, lobbistas, opiniones bien o mal intencionadas, supuestos, rumores, noticias falsas, amenazas y trolls navegando en redes sociales, pero lo socialmente relevante son las políticas que se adopten.

En busca de una simplicidad analítica inicial vale apelar a un recurso lúdico, consistente en que cada uno de los 355 políticos sean fichas que se mueven en un tablero de gestión política con diversas vías para la toma de decisiones institucionales. Cada ficha tiene en el tablero una opción estática para cuando se analiza un discurso individual, y otra dinámica cuando se deba reagrupar a varias fichas según se vote legislativamente, sea para promover cambios o para impedirlos. El juego, para no distorsionar los análisis con polémicas faranduleras que intentan entretener para ocultar las verdades de fondo, no podrá adjudicar a ninguno de los 355 políticos adjetivos peyorativos tales como traidor, panqueque, corrupto o similar, pues el único objetivo es detectar las incongruencias resultantes de la interacción entre discurso, acciones y votaciones, que promuevan interrogantes que deberán clarificar los propios políticos o analistas. Este juego deberá contar, como sucediera hasta ahora con algunos medios escritos de comunicación con los tratamientos de la Ley Ómnibus en diputados y el DNU en el Senado, con la publicación visualmente clara del detalle de cómo votó cada legislador, indicando provincia que representa y espacio político o bloque al que pertenece, poniendo “Otros” en el caso de legisladores fluctuantes. Se describen ejemplos de la opción estática (discurso), y de la dinámica (reagrupamientos políticos según se vote).

En lo discursivo se analizan tres declaraciones del ya avezado Martín Lousteau, presidente de la UCR. 1) Tras no alcanzar el balotaje Juntos por el Cambio, para la segunda vuelta Bullrich y Macri se acercaron a Milei, lo que  generó la inmediata reacción de los radicales Morales y Lousteau, quienes manifestaron en conferencia de prensa su enojo ante esa decisión inconsulta, y declararon la neutralidad electoral de JxC. Pero avanzada la campaña, Morales se acopló al discurso de gobernadores de Unión por la Patria al decir que si ganaba Milei las provincias no podrían pagar los sueldos, y Lousteau señaló que no votaría a Milei, en manifiesta contradicción con la neutralidad que proclamaran. 2) Cuando ya presidente Milei envió al Congreso la llamada Ley Ómnibus, Lousteau declaró que “estaba de acuerdo con el fondo, pero no con la forma”. Sin embargo al momento de votar artículo por artículo e inciso por inciso, quedó en claro que el conflicto de muchos radicales (y otros), estaba en el fondo y no en la forma. 3) En el tratamiento del DNU en el Senado, pese a que casi la totalidad de los radicales votaron a favor de su vigencia, el presidente de la UCR Lousteau, tras  abundar en críticas, votó en contra. Intentó justificarse diciendo que “en privado muchos legisladores que votaron a favor del DNU lo criticaron”. Más allá de la incomprobable veracidad de su afirmación, Lousteau debe aprender que lo importante no es lo que se declara públicamente o en “off”, sino como se vota y se decide.   

Para el ejemplo de fichas dinámicas se considera el rechazo del DNU en el Senado, en el que cabe recordar, cada provincia tiene tres senadores, lo que presupone similar preponderancia entre distritos para definir políticas nacionales consensuadas. Los cinco ex gobernadores que son hoy senadores, de los cuales Uñac y Alicia Kirchner perdieron la elección en sus provincias en el 2024, votaron en rechazo del DNU. De igual modo lo rechazaron los senadores Parrilli, Silvia Sapag y la fluctuante Lucía Crexell, representantes de Neuquén, en la que el gobernador triunfante desalojó del poder tras 40 años al sapagismo. Ante estos reagrupamientos cabe preguntarse, ¿los mencionados actuaron en consenso con los gobernadores electos y priorizando los intereses provinciales?

Como se observará, este juego didáctico no consiste en afirmar o prejuzgar sin datos ciertos, sino en detectar contradicciones o formular interrogantes que deberán ser paulatinamente esclarecidos en el marco de los 355 políticos.

Buenos Aires, 20 de marzo 2024

Unitarios, federales, cielo e infierno

Siempre con el objetivo de que las reflexiones sean comprensibles por todas las franjas socio-culturales, como sucede cuando se aprende a leer y escribir y la palabra PATO debía coincidir con la imagen de un pato, en esta reflexión cabe apelar al popular crucigrama, entretenimiento que obliga a pensar como entrecruzar letras para formar palabras coherentes, situación difícil de encontrar en el discurso político. Desde lo moral se había mencionado al monje Savonarola, crítico de la corrupción en la Florencia de fines del siglo XV, como símil de Milei en cuanto a los adjetivos que se le adjudicaran: disruptivo, virulento, fanático, soberbio. Para lo político vale citar a Maquiavelo, que en la Florencia de entonces actuó como diplomático ante quienes gobernaban en la dividida Italia en permanentes conflictos, lo que le permitió adquirir un conocimiento del manejo del poder que lo llevó a transformar a la política en ciencia, y formular principios con plena vigencia en la actualidad. En este caso las palabras que aportan los gobernadores para armar el crucigrama son las de unitarios, federales, porteños, interior. El hecho de que para encontrar antecedentes de la personalidad de nuestro presidente hubo que remontarse a la Florencia renacentista, y para hallar similitudes con la terminología utilizada por los gobernadores en el presente debate Nación-provincias hay que retroceder hasta los sangrientos conflictos nacionales que atravesaron el siglo XIX, cabe preguntarse si estamos ante renovadas pujas entre príncipes, caudillos o castas, según se prefiera.

Sin embargo es de  desear que un Pacto nacional histórico, virtuoso y transformador sea posible, dado que la responsabilidad recae solo en las máximas autoridades institucionales elegidas para gobernar: el presidente, 23 gobernadores y Jefe de la Ciudad, sin desconocer que sin duda afrontarán la presión de intereses sectoriales y lobistas varios para mantener u obtener privilegios. Para evitar debates estériles respecto a sus antecedentes, y por ejemplo discutir si el gobernador formoseño Insfrán es unitario o federal, es recomendable que invocando a las “fuerzas del cielo”, se perdonen a los 25 funcionarios mencionados todos sus pecados políticos pasados. Perdón que no debiera extenderse, al menos hasta el momento, a los espacios políticos que representan, que sintéticamente llamaremos Unidad (Massa); Libertad (Milei) y Cambio (Bullrich, Rodríguez Larreta). En el caso Unidad, otrora oficialismo, el objetivo era mantener poder sin que nada cambie. Libertad por su parte, presentó a un candidato sin estructura partidaria que propugnaba cambios económicos de compleja implementación, pero que encarnó el hartazgo social. La evaluación de Juntos es más singular, no porque el candidato natural para acceder al gobierno ni siquiera alcanzara el balotaje, sino porque en su rol de oposición no explicitan cuáles son los cambios que proponían y que ahora avalarían, confusión a la que aportan dirigentes del PRO, UCR, Peronismo Federal y Coalición Cívica en sus declaraciones, muchas de las cuales parecieran reacias a todo cambio. Es oportuno entonces recordar indicios que permitan armar el crucigrama, en especial para aquéllos que cuando pierden plantean que el electorado fue engañado.

En La Nación del 16 de abril del 2023, página 2 de la sección Economía, se destacaron las declaraciones de dos precandidatos a la presidencia de la Nación, con foto incluida. Dijo Rodríguez Larreta: “Tenemos que volver al federalismo y dejar atrás al país unitario. Debemos saber cuáles son los recursos que van a Nación, provincias y municipios”. Dijo el precandidato Milei: ”Hay que pasar la motosierra por dónde roba la política; hay que reventar la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias” Resultado: ganó la presidencia Milei, nuestro redivivo Savonarola. Pero Rodríguez Larreta ayuda a comprender la confusión presente que ofrece su coalición para aportar cambios virtuosos. Su frase “debemos saber cuáles son los recursos que van a …” que puede adjudicarse a cualquier político tradicional al momento de formular declaraciones; cuando expresa “debemos saber…debemos conversar…debemos acordar…”, lo que genera una duda: ¿no cuentan con toda la información necesaria cuando se formulan opiniones tras muchos años de gestión? Las sociedad necesita hechos y datos, no pareceres.

Para no repetir errores vale recordar dos antecedentes conocidos. En la reforma constitucional de 1994, a fin de no afectar el objetivo de reelección de Menem, se prorrogó el mandato de elaborar un nuevo régimen de coparticipación hasta antes de la finalización del año 1996. No se cumplió. En noviembre de 2017 el ex presidente Macri suscribió con los gobernadores un convenio fiscal de 11 puntos, muchos de los cuales intentan reeditarse ahora, que en menos de un año fue incumplido. ¿Primará esta vez la racionalidad y veracidad en este nuevo capítulo de una añeja y aburrida historia?

Buenos Aires, 13 de marzo 2024

Milei, Savonarola e indulgencias

Las metáforas facilitan que los análisis subjetivos y opinables se apoyen en hechos preexistentes históricos, y que sean masivamente comprensibles desde lo racional. A fin de reflexionar sobre nuestra coyuntura política, se recuerda a la Florencia de fines del siglo XV y comienzos del XVI para confrontar similitudes y diferencias, que además dispone de un apoyo visual aceptable en la serie “Los Médici” disponible en Flow, que respeta hechos y sitios históricos,

La Italia de entonces se dividía políticamente en ciudades-estado rivales entre sí, como Florencia, Milán, Venecia, Génova, Siena, Nápoles y Roma, asimilables a nuestras provincias, y gobernadas como principados con prácticas de nepotismo, semejantes a nuestra Formosa y hasta hace poco San Luis y Santa Cruz. En la Iglesia Católica asentada en Roma, los Papas pertenecían a familias poderosas como los Médicis y los Borgia, que por tener el monopolio religioso, en esta metáfora podría cumplir el rol del Gobierno Nacional. Quienes conducían las ciudades-estado adquirían el poder por herencia (Rodríguez Saa, los Kirchner), o por las armas, que en nuestra actualidad son electorales, como ley de lemas o listas sábanas, entre otras. En la necesidad de incrementar poder y recursos ajenos (en nuestro caso recursos públicos), los déspotas vivían en permanentes intrigas, enfrentamientos políticos, traiciones y reconciliaciones, por lo que su poder militar era esencial (en nuestro caso clientelismo), y según los conflictos debían reforzarse con fuerzas mercenarias nada confiables, que en nuestra realidad más civilizada son asimilables a políticos y legisladores que permanentemente fluctúan entre distintas coaliciones. En Florencia se destacó el despotismo ilustrado de la familia Médicis, que amasara su fortuna como comerciantes y banqueros, y en carácter de mecenas produjeran un reverdecer arquitectónico, cultural y artístico histórico, que alcanzó su clímax con Lorenzo el Magnífico, generando artistas de la envergadura de Da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli entre otros. En este punto la comparación nos es muy desventajosa, dado que el mayor logro de nuestros mecenas fue el lenguaje inclusivo, en el que por ejemplo, a las palabras “todos y todas” había que agregarle “todes”. 

En esa época abundaba la corrupción política y los excesos mundanos en los entornos del poder. La Iglesia, para incrementar sus recursos instaló las llamadas indulgencias, que no perdonaban el pecado en sí mismo, sino que mediante aportes dinerarios eximía a los fieles culpables de las penas que de otro modo deberían purgar, sea en vida o luego de muerto. Indulgencias que en nuestro caso aún se practican en ciertos ámbitos judiciales para mantener impunidades, o  transformarlas en “retornos” que privados enriquecidos por actos de gobierno que los favorecían, aportaban a los funcionarios que otorgaron la gracia. En este contexto irrumpió el carismático y vehemente fraile dominico Savonarola, un Milei de época, que en sermones y actos públicos se sublevó contra la autoridad política y religiosa, predicando violentamente contra el lujo, depravación y vanidades de las élites gobernantes. Su prédica alcanzó una enorme repercusión en el pueblo, al punto que asumió de hecho el poder (no había elecciones populares), cuando en 1494 una revuelta provocó la expulsión de los Médicis. Pero, aun cuando su prédica modificó costumbres y excesos, ante las recurrentes crisis económicas el pueblo comenzó a cansarse de Savonarola, la Iglesia aprovechó para excomulgarlo, y en 1498 terminó quemado en la hoguera. En ese mismo año Maquiavelo ocupa sus primeros cargos diplomáticos en Florencia, adquiriendo una vasta experiencia en complejas negociaciones internas y con Francia, que le permitieron transformar a la política en una ciencia, sin los resabios teológicos de la Edad Media.

Este especial período histórico nos sirve como metáfora y referencia, pues transita del oscurantismo de la Edad Media a la modernidad; del fanatismo y la Inquisición al Renacimiento cultural, y los excesos de la Iglesia derivaron en la Reforma de Lutero y la Contrarreforma católica. ¿Logrará nuestro moderno predicador Milei en contra de lo viejo y corrupto actuar como catalizador de un cambio? Pese a que la hoguera no parece viable, ¿logrará eludir los más civilizados “golpes blandos” que ejecutan sin apoyo militar civiles en defensa de sus privilegios, con el helicóptero como simbología? La palabra la tienen hoy 25 políticos: el propio Milei, 23 gobernadores y el Jefe de la Ciudad.

Nadie más adecuado que Maquiavelo para relacionar el ayer florentino con el hoy en nuestro país, y acudiendo a su promocionado perfil de león aconsejarle a Milei: “conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro protegerse de los lobos”.

Buenos Aires, 06 de marzo 2024

Como desvalijar al Estado

Estado es un concepto universal que refiere a una forma de organización política, social y económica conformada por un conjunto de instituciones. En nuestro país se traduce en Gobierno republicano, con un armado burocrático que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En la presente coyuntura, la responsabilidad institucional de plasmar los cambios que la situación económico-social demanda, recae en los 355 políticos que desempeñan los cargos de presidente, vice, gobernadores y legisladores, responsabilidad hasta el momento eludida mediante intercambios faranduleros de agravios, amenazas y grandilocuencias discursivas, que se licúan al momento del armado de listas electorales sábanas, con los habituales reacomodamientos y acuerdos entre otrora acérrimos enemigos. Mientras esta catarsis se desarrolla, vale establecer una hipótesis de la crisis: la sociedad está ante un Estado desvalijado, no por privados amenazando o coimeando a funcionarios públicos como en las mafias de los años 30, sino con funcionarios de alto nivel asociados a empresarios, intermediarios y testaferros, pues nada es más fácil que sustraer dinero público que es de todos para recaudar impuestos, pero pasa a ser de nadie una vez ingresados a las arcas públicas. De este modo se configura lo que Max Weber denominara Estados patrimonialistas, “que dan vía libre al enriquecimiento de sus funcionarios, cortesanos, favoritos, gobernadores, mandarines, recaudadores de contribuciones, procuradores y vendedores de gracias de toda clase”.    

Estos saqueos se facilitan con la creación de un sinnúmero de organismos públicos bajo distintas figuras jurídicas con altisonantes objetivos por fuera de las normas establecidas en la Administración Pública Nacional, a la que los supuestos defensores del Estado acusan de pesada, burocrática e ineficaz. Así surgen organismos descentralizados, unidades ejecutoras, corporaciones estatales u otras variantes, con supuestas autarquías financieras sin controles de gestión, y carentes de interrelaciones horizontales entre áreas de gobierno. Una estructura estatal eficiente es suplida, como en los acuerdos entre los viejos mafiosos, por kioscos autónomos: el juego, las universidades, la cultura, los proveedores monopólicos, mientras se empobrece la calidad de los servicios públicos básicos de educación, salud y seguridad, obligando a que muchos ciudadanos se desangren por tener que recurrir a los del sector privado. Crecen los cargos políticos con altos salarios, se incrementan el número de empleados de planta para financiar estructuras partidarias y disimular tasas de desempleo (en el año 2000 había 2.193.000 empleados públicos, y en el 2023 se llegó a 3.378.000), llegando a un caos organizativo que naturalmente incumple con el principio de que las leyes asegurarán al trabajador “igual remuneración por igual tarea”, establecido en el Artículo 14 bis de la Constitución. Por ejemplo un chofer del organismo público A, puede  ganar mucho más que el del organismo B. Ante estas desigualdades, teorizar hoy sobre los alcances de lo Público y Privado es irrelevante, dado que la obviedad de que la calidad de vida de un país la define un Estado-Gobierno fuerte y virtuoso, sucumbe ante una organización estatal laxa permeable a todo tipo de corrupciones y privilegios, de cuya existencia se acusan los propios políticos, pero más para entretener a la opinión pública que para desactivarlas. No sorprende entonces que en el tratamiento de la Ley Ómnibus, el sofisticado tema de los “Fideicomisos”, como se denominan los fondos públicos con destinos específicos entregados a sectores por fuera de la administración nacional, sin desembolsos planificados y carentes de controles efectivos, tuviera rechazos mayoritarios de todo el espectro político, incluida la izquierda. ¿Se va comprendiendo la causa de que haya 45% de pobres y en crecimiento?

Los hechos de corrupción cuyo conocimiento público se incrementa con los cambios de gobiernos de distinto signo político, exigen planificadas tramas con la intervención de varios actores que no pierden tiempo en superfluos debates ideológicos, y son conocidas en los ámbitos políticos, judiciales, sindicales y empresarios. Tramas que se viabilizan con las continuidades políticas, las impunidades judiciales y la resistencia a sancionar leyes que permitan un rápido decomiso de los bienes sustraídos, acción que ante la actual emergencia importa más que el deseo de que “los culpables vayan presos”. Para desactivar este esquema patrimonialista legalizado por quienes lo usufructúan, vale intentar identificar posibles huevos de la serpiente, a través de dos tipos de semillas: una política, sembrada en los años 90 con la privatización y posterior reprivatización de empresas y servicios públicos, y la otra de manipulación moral, a través de la captación de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales con dinero.

Buenos Aires, 28 de febrero 2024