Cerebros políticos y Manes

Mientras continúan los extensos debates legislativos para definir una Ley Bases y un eventual pacto de gobernadores para implementarla, es oportuno incursionar en las singularidades que presentan los conocidos cerebros políticos criollos, de las que el fallecido politólogo José Nun brindó en el 2019 un perfil preciso: “En las zonas cálidas abundan los peces voladores, que para huir de sus atacantes marinos saltan casi un metro fuera del agua y planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse. Tienen un aire de familia con el planteo de muchos de nuestros políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores”.

Es de destacar que esta descripción fue hecha cuando aún no se había producido la experiencia del gobierno Fernández-Kirchner-Massa, y el posterior triunfo electoral de Milei. Sin embargo, la repetición por décadas de esta práctica provocó que gran parte de la sociedad sea reacia a permanecer engañada  por mensajes sin contenido, porque para ser creíbles necesitan que quienes los emiten sean creíbles. Pero conscientes de que quienes gozaron y gozan de privilegios intentarán mantener las estructuras administrativas, legales y electorales que posibilitaron sus permanencias y enriquecimientos, para concretar cambios estructurales virtuosos la sociedad deberá pasar del hartazgo emocional a ser capaz de detectar falacias, hipocresías y engaños discursivos. De allí la importancia de entender ciertas características de los cerebros políticos, ayudados por el surgimiento de dos actores ideales: el prestigioso neurólogo y diputado radical Facundo Manes, especialista en el estudio de cerebros, y del imprevisible presidente Javier Milei, cuya genética cerebral no pareciera seguir los cánones políticos habituales. Inicialmente cabe señalar sus semejanzas, que hacen más razonable la comparación: generacional (53 años Milei y 55 Manes); buena formación académica (economista uno y neurólogo el otro), y sin actividad político-partidaria previa al año 2021, en que ambos accedieron al rol de diputados nacionales.  Pero erróneamente a ambos se les adjudica la condición de “outsiders”, como se denominan a quienes sin antecedentes en la actividad política. acceden a altos niveles de representación pública por fuera de las estructuras político-partidarias tradicionales. Las listas sábanas legislativas abundan en nombres públicamente desconocidos que incluyen a familiares inútiles y portadores de apellidos, que ingresan producto de acuerdos entre cúpulas dirigenciales, en los que predominan nepotismos, amistades, figuras mediáticas y compromisos diversos, por lo que no se los puede denominar “outsider”. Tampoco lo fue Macri, a quien le llevó años consolidar su nuevo partido. Por ello el único fenómeno inédito desde 1983 lo representa Milei, no por ser “outsider”, sino por haber accedido a la presidencia sin una estructura partidaria nacional mínimamente consolidada. Ante lo cual, el cerebro de Milei con sus complejidades y verborragias incluidas merecerá un estudio más detenido, adjudicándole momentáneamente la condición de “disruptivo”, vale decir, que rompe con brusquedad un esquema político.

Distinto es el caso del cerebro de Manes, que como autor del libro “Usar el cerebro”, lo presupone capaz de formular argumentaciones entendibles y consistentes, pues en caso contrario solo aportan a la confusión general, que es un defecto habitual del discurso político. Por el contrario, y pese a ingresar como legislador a través de la estructura tradicional UCR, integrante de la coalición Juntos por el Cambio, afirmó que “Macri y Cristina no nos permiten pensar un país”, obviando de que en dichosgobiernos que cubrieron los últimos veinte años, participaron todos los políticos que hoy lo acompañan. Y sin rubor expresó su intención de querer ser candidato a presidente, haciendo sospechar que podría estar afectado de “hibris”” (soberbia), condición que también se le adjudica a Milei, Cristina Kirchner y Carrió. Sus discursos son del tipo motivador usuales en ámbitos académicos y empresariales, pero como legislador no solo no presenta proyectos de ley concretos, sino por el contrario, en el debate por la Ley Bases votó por su rechazo total en febrero pasado, y se abstuvo en la votación que aprobó la ley en general en abril. Por lo que la duda se asimila a la que provoca Milei: ¿qué encierra el cerebro de Facundo Manes?

Buenos Aires, 22 de mayo 2023

72 políticos en acción

En una instancia en la que políticamente pujan genuinas intenciones de cambiar la degradación económico-social del país desde hace décadas con las que pretenden mantener privilegios e impunidades, es adecuado continuar reflexionando manteniendo el principio básico de la propaganda política, consistente en emitir mensajes masivos breves, simples, y en general de veracidad incomprobable dirigidos a todos los sectores sociales por igual. La excepción en este caso será la de plantear datos, hechos veraces y dudas de ser necesario, que configuren hipótesis factibles, no verdades excluyentes. Esta simplicidad de origen lejos de ser banal, remite al esencial aprendizaje igualitario para saber leer y escribir, en el que la palabra se asocia a la imagen (por ejemplo, OSO junto a la imagen de un oso), que hace mucho más comprensibles las argumentaciones, que el empleo de insulsas abstracciones discursivas basadas en lo simbólico, ideológico y partidario. No es lo mismo expresar que “la CGT declara un paro general”, a que lo anuncien conocidos sindicalistas perdurables por décadas, como Daer, Moyano, Acuña, Piumatto, Palazzo y Andrés Rodríguez, entre otros.

Ello justifica centrarse en los 355 nombres propios de los políticos institucionalmente responsables de los fracasos pasados, con la oportunidad de redimirse si promueven cambios estructurales virtuosos, y establecer un orden analítico que interrelacione adecuadamente en el mediano plazo los hechos políticos, porque como diría Cristina Kirchner “todo tiene que ver con todo”, válido siempre y cuando se expliciten los elementos que componen “el todo”. A tal efecto, ordenados cronológicamente se proponen los siguientes: 1) triunfo electoral de Milei; 2) tratamiento de la Ley Bases en diputados; 3) tratamiento de la Ley Bases en el Senado; 4) de aprobarse la ley, mención de los principales artículos aprobados y rechazados; 5) análisis de los votos; 6) elección legislativa 2025. Dado por cerrados los puntos 1) y 2), es momento de detenerse en el tratamiento de la ley en el Senado, etapa en la que juegan 72 fichas (léase senadores), con perfiles distintos al de los diputados. En el Senado se igualan todas las provincias en cuanto a peso decisorio, cada una de las cuales aporta tres representantes, que idílicamente suponen dos del oficialismo y uno de la oposición. Sería lógico pensar que los senadores priorizarán los intereses de sus provincias por sobre los personales (evitar las carcajadas ante este supuesto), y que en el debate se compatibilizarán posturas para arribar a una propuesta factible y consistente. Especial interés reviste la actitud de quienes  ingresaron al senado como recientes ex gobernadores, que aún derrotados debieran actuar conjuntamente con los actuales (Manzur con Jaldo en Tucumán; Alicia Kirchner con Vidal en Santa Cruz; Corpacci con Jalil en Catamarca; Ledesma con su esposo Zamora en Santiago del Estero; Suárez con Cornejo en Mendoza y Uñac con Poggi en San Luis). Igual incógnita revisten los de adhesiones fluctuantes. Comprobar por ejemplo, si Lousteau actuará como presidente de la UCR en acuerdo con los gobernadores de dicho partido, o como Lousteau. La realidad es que todo lo que rodea a Milei hasta el momento es inédito y conmocionante: con poco más de cinco meses de gobierno no tiene leyes aprobadas, la ciudadanía sufrió dos paros generales de la CGT, y en abril hubo un ejemplar pacto masivo entre todos los senadores para aprobar en dos minutos un fuerte incremento de sus dietas, situación que no se repite para debatir temas trascendentes de interés general, y no particular. Las fuerzas del infierno no se amilanan ante las fuerzas del cielo.

Con respecto al soporte analítico del punto 6) referido a la elección legislativa 2025, que renovará 24 senadores y 127 diputados, su tratamiento a lo largo de meses comenzará una vez definido el destino de la Ley Bases, pues las votaciones serán importantes indicadores para incursionar en un tema clave que ya preocupa a muchos políticos. Cabe sin embargo adelantar una propuesta que apela a lo lúdico basado en un juego de mesa aún no patentado, tendiente a ejercitar reflexiones políticas individuales fundadas , que no estén condicionadas por las habituales técnicas de persuasión discursiva y propagandística. Así como existen los que permiten jugar a ser hombre o mujer de campo (Estanciero), inversor millonario (Monopolio) o estratega bélico (TEG), el juego “Listas sábanas legislativas 2025” tiene el objetivo de transformarnos en sagaces analistas políticos, para suponer cómo se configurarán dichas listas. Para jugar con éxito, desde ahora se debe prestar atención a como los políticos, que en el juego serán fichas con nombres propios, votan, actúan y declaran, para ir imaginando sus próximos reagrupamientos electorales para sobrevivir, y una vez oficializadas las listas, verificar el nivel de coincidencias. Próximamente se detallarán las reglas y diseño del tablero.

Buenos Aires, 15 de mayo 2024

Estado y castas presentes

Cerrada la etapa electoral con el triunfo de Javier Milei por sobre desprestigiados actores y aparatos partidarios, para canalizar el hartazgo social de modo positivo hacia el futuro, los hechos políticos deben analizarse de modo comprensible para todos los niveles sociales. Para ello es útil partir de una regla básica de la propaganda política llamada de Simplificación, cuyo instrumento más usado es el eslogan. Es diseñado con frases breves y rítmicas con términos fácilmente recordables por todos los niveles socio-culturales, que para ser efectivo debe ser compatible con la realidad, o hacer creer que lo es. Vale ejemplificar este concepto con los conocidos  “El Estado presente” acuñado por el gobierno anterior, y “Castas corruptas” como caballito de batalla electoral de Milei. El primero recurre a la abstracción Estado complementado con el término “presente”, pretendiendo convencer que actúa para el bien común y no en defensa de intereses sectarios. Milei por su parte utilizó el término Castas como forma de organización política, adjetivándolas como “corruptas”. El resultado electoral mostró cuál de los dos eslogans resultó más creíble para impactar en la sociedad. Sin olvidar que lo hizo en un contexto en el cual fueron derrotados regímenes caudillescos con décadas ejerciendo el poder, como se manifestara en las provincias de San Luis, Chaco, Neuquén y Santa Cruz. Sin embargo el sistema electoral diseñado permite que gran gran parte de las dirigencias asociadas o facilitadoras del saqueo de recursos públicos y avaladores de impunidades, aún desprestigiadas y conmocionadas estén activas, por lo que puede afirmarse que continúa “presente” la relación entre Estado y Castas. 

Esta realidad exige actualizar los parámetros analíticos, partiendo de la inédita debilidad legislativa de Milei y sus arrebatos impredecibles, que hacen públicamente partícipes de concretar cambios transformadores a los 355 políticos que a nivel nacional deciden (presidente, vice, gobernadores y legisladores), que según sus roles, deberán ser juzgados por como conducen, ejecutan y legislan (léase votan), y no porque se autoproclamen peronistas, radicales u otras variantes, y menos aún, por sus desgastados ropajes discursivos, ideológicos, partidarios o simbólicos, como Patria, Pueblo y Solidaridad, entre otros. Las actuales liquideces políticas son producto de la desaparición de las identidades nacionales unívocas de la UCR y el PJ, que hicieron colapsar los principios de Perón respecto a que “los únicos privilegiados son los niños” y “somos el partido de los trabajadores”, cuando hoy más del 50% de niños viven en estado de pobreza, y añejos sindicalistas enriquecidos se asocian a piqueteros y desocupados para mantener privilegios. También colapsó el principio de Alem respecto a que “el radicalismo se rompe pero no se dobla”, cuando desde hace décadas dirigentes radicales con cargos en mano se doblan y arrodillan, como ejemplifican los ex candidatos presidenciales Leopoldo Moreau y Ricardo Alfonsín, mutados en fervorosos kirchneristas. También es importante desactivar la trampa discursiva empobrecedora de si “más o menos Estado”, como si su eficacia se evaluara por tamaño o kilaje. El perfil de una Nación, sea cual fuere su régimen político, lo define el Estado, que en nuestro país republicano lo encarnan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, responsables de que haya subdesarrollo, corrupción y altos índices de pobreza. El ciudadano deberá estar atento al desarrollo de los acontecimientos, recordando que en la crisis 2001-2002 ante el clamor de que “se vayan todos”, se quedaron casi todos, y se encuentran hoy en funciones.

Las autoconvocatorias ciudadanas masivas e inevitablemente pacíficas, que se caracterizan por expresar reclamos comunes trascendentes que no admiten grietas ni logísticas organizativas políticas, suelen derivar en esclarecedoras enseñanzas. Se destacan el caso Blumberg en abril del 2004 en reclamo de seguridad, que produjo reformas legislativas inmediatas, algunas de las cuales pícaramente fueron posteriormente desactivadas; el conflicto del campo entre marzo y julio del 2008, que el gobierno calificara de “piquetes de la abundancia”, y transparentara que la temática del campo había pasado de la “oligarquía vacuna” a la industrialización con una cadena productiva integrada por diversos sectores sociales; y la realizada recientemente en defensa de las universidades públicas, que excediendo el justificado reclamo por la emergencia presupuestaria, hizo ver que el Consejo Universitario desde hace décadas no solo no es auditado, sino ni siquiera presenta Memoria y Balance de sus gestiones anuales ante los estudiantes y la sociedad aportante, ni ofrece propuestas para optimizar o modernizar su funcionamiento. Pese a lo cual hay políticos que en cabeza del senador Lousteau y el vicerrector Jacobitti, proponen crear cinco nuevas universidades, que conducirán políticos en lugar de académicos. En este ejemplo, ¿sería aplicable el eslogan “la Patria está en peligro?”

Buenos Aires, 08 de mayo 2024

Políticos desnudos

Para lograr cambios estructurales que afecten privilegios, inequidades y corrupciones consolidadas, los hechos políticos deberán analizarse como partes de una trama. Lo facilita el hecho de que las longevas dirigencias o castas a modo de eslogan, recuerdan a una famosa fábula en la que un rey preocupado por su vestimenta (léase imagen/discurso), fue convencido por dos sastres pícaros de haber confeccionado un traje que solo no podían verlo los estúpidos o funcionarios incapaces, condición que inhibió al rey y a sus cortesanos de admitir que no podían verlo. Al exhibirlo en un desfile, los pobladores, conocedores del hechizo, lo alabaron entusiastamente hasta que un niño gritó: ¡¡el rey está desnudo!!

Transportada esta fábula a nuestra realidad, la desnudez de los políticos ante la sociedad deriva de sus ruinosas actuaciones en las últimas décadas, que en el 2024 quedaron expuestas también en un desfile, pero electoral. El triunfo de Milei le sumó a lo mágico de las fábulas un componente místico con su invocación a las fuerzas del cielo, que irónicamente clarifica el debate, porque en lugar de plantear grietas basadas en líquidos partidismos o ideologías que fluctúan electoralmente cada dos años, nos presenta una grieta universal histórica, como es la lucha entre el bien y el mal. Estas referencias místicas parecieran justificarse con la llegada al poder de un personaje carente de aparato partidario nacional, que es descripto como afectado de hibris (soberbia), trastornos emergentes del poder (Calígula); fundamentalista, rudimentario, y con un peinado que lo relaciona con otros líderes populistas (Johnson, Trump), entre otras consideraciones psicofísicas, lo que haría suponer que el cielo envió a un ángel castigador de las viejas castas. Pero ya en el campo de lo racional y terrenal, es más razonable pensar que Milei triunfó con el enorme aparato electoral virtual que le aportaron las dirigencias oportunistas y responsables de la decadencia del país, citando entre otros a Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Kicillof, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Carrió, Pichetto, Lousteau, Jacobitti, Bregman, Del Caño, Espinosa, los Moyano, Daer, Palazzo, Baradel, Yasky, los gerenciadores de pobres y los empresarios prebendarios, quienes conscientes de su desnudez política ante la sociedad, mantienen sus discursos engañosos en reportajes y redes sociales, pero se mimetizan con las multitudes asistentes a las convocatorias masivas que tienen objetivos loables compartidos, como sucediera entre muchos otros, con el vicerrector de la UBA Jacobbitti y el gremialista Baradel en defensa de las universidades públicas.

Pero ya producido el “milagro” Milei, las fuerzas del cielo son válidas solo como apoyo espiritual individual. Su obvia y proclamada debilidad legislativa (¿otra imagen mística?) puede convertirla en una oportunidad al involucrar a 355 políticos con roles y atribuciones para generar cambios virtuosos y transformadores (presidente, vice, gobernadores y legisladores), quienes deberán ser juzgados por cómo ejecutan y votan para legislar. El presidente, otrora ángel castigador, asume en exclusividad la responsabilidad de armar equipos de gobierno consistentes, con funcionarios no solo honestos y formados, sino que sepan afrontar las presiones de quienes pretenden mantener privilegios, complicidades e impunidades. Para la tarea no hacen falta enigmáticos asesores vernáculos o extranjeros, perdidosos en la última elección, sino funcionarios que apliquen lo que se enseñaba hace décadas en la materia del secundario llamada Lógica.

Respecto a las convocatorias masivas, en este caso en apoyo de las universidades públicas, escenográficamente cuentan con un palco en donde se ubican los organizadores, con los asistentes, cuya cantidad determina el éxito del acto (en este caso alrededor de 400.000), ubicados en el llano. En el palco había dirigencias poco conocidas, con algún rector funcionario en el gobierno anterior, gremialistas, dos figuras setentistas que expresaron “haber pedido juicio político para Milei”, y “perdimos las elecciones, pero lucharemos”. No debiera sorprender que el discurso más pertinente, conciso y firme provino de una estudiante presidente de la Federación Universitaria, directamente involucrada en la problemática. Por el contrario, decenas de conocidos políticos disimularon su desnudez mimetizados entre la multitud, temerosos de que un niño los individualizara a los gritos como privilegiados y empobrecedores.

El gobierno por su parte, tentado por las fuerzas del infierno, cometió dos serios errores. Subestimó el reclamo social masivo y justificado, intentando mezclarlo con supuestas y obvias manipulaciones políticas de quienes están desnudos ante la sociedad. Y de igual modo, trató en simultáneo la histórica falta de rendición anual de cuentas por parte del Consejo Superior Universitario, con una readecuación presupuestaria razonable de corto plazo, acorde al ajuste económico que afronta la sociedad en su conjunto.

Buenos Aires, 30 de abril 2024

Exitoso pacto de abril

La sesión del Senado del jueves 18 de abril ofrece múltiples aristas analíticas. Un senador propuso tratar sobre tablas (léase intempestivamente), un proyecto de resolución (cuyo objeto no se reveló)), para ser votado a mano alzada, lo que se aprobó sin constar si se cumplió con los 2/3 de votos afirmativos necesarios. Seguidamente, y tras un conteo visual a velocidad sorprendente, el proyecto fue aprobado en medio de un silencio parlamentario inédito, carente de arrebatados discursos. Concluido el trámite, que según determinaron medios de comunicación duró 1 minuto 52 segundos, se hizo público que los senadores se habían aprobado un aumento en sus ingresos de más del 130%.

Previo a destacar algunas de las valiosas enseñanzas que a futuro deja la sesión, cabe desear entre la esperanza y la ironía, que el exitoso “Pacto de Abril” multipartidario se replique con la aprobación de leyes transformadoras virtuosas en el anunciado “Pacto de Mayo”, por haber quedado en claro que cuando convergen intereses personales, las dirigencias no tienen grietas ideológicas o principistas insalvables. También surgieron aspectos del marketing político, referidos al discurso y a la imagen. Al momento de la votación de la resolución, el secretismo eliminó los discursos. En cuanto a las imágenes, se pueden observar rostros serios, algunos brazos caídos, manos alzadas, y en primera fila de las bancas una “manito” sobresaliendo tímidamente del escritorio, perteneciente al locuaz senador Lousteau, presidente de la UCR, intentado disimular su voto desde lo gestual, así como otros senadores una vez recuperadas sus voces tras la votación, lo hicieron desde lo discursivo, mediante excusas entre banales, infantiles y falaces. La escenografía mostró que quienes tienen la responsabilidad de elaborar y aprobar leyes, también pueden apelar a una práctica que todos hemos utilizado en alguna etapa de nuestra vida, definida con una frase nada académica: “hacerse las o los bolu….”

Pero sería un grave error agotar el análisis en este suceso puntual, pues promover cambios estructurales, más aún con los mismos actores, exige que los eventos políticos no se analicen en forma aislada o encapsulados bajo el mote de “escándalo”, sino que se interrelacionen racionalmente, para identificar la matriz de la decadencia nacional. Esta metodología se puede ejemplificar con dos hechos recientes y casi simultáneos de gran repercusión social: el mencionado aumento de las dietas de los senadores, y el aumento de las cuotas de la medicina prepaga, que en principio parecerían no ofrecer puntos de contacto, pues uno refiere al campo privado y otro al estatal; uno es de pequeña escala (72 senadores) con impacto moral, y el otro afecta a millones de afiliados con impacto económico. Pero si se los compara a través de los términos mercado, regulación, cartelización y porcentaje de los aumentos, las similitudes son sorprendentes y didácticas.

El origen de las reacciones sociales no las causaron los aumentos, sino la desproporción de los mismos (160% las prepagas y 130 % los senadores), en relación al marco social y la inflación. También se asimilaron senadores y empresarios en sus explicaciones parcializadas y engañosas. El término “mercado”, que a nivel elemental refiere al intercambio de bienes y servicios en una economía, implica para el Estado la responsabilidad de fijar marcos regulatorios racionales que aseguren competencia, en lugar de que dicha regulación la realice una “mano invisible” que obligue a que las gallinas (consumidores) estén en el mismo corral que los zorros (proveedores). Pero este principio le es aplicable a los organismos y empresas estatales, que brindan importantes bienes y servicios, pero dejan desde hace décadas en un mismo corral a usuarios y consumidores con los funcionarios políticos y empresarios asociados en la corrupción. También los interrelacionó el concepto de “cartelización”, sea entre los distintos bloques legislativos, unidos para incrementar desmedidamente sus ingresos con un “acting” sobre tablas incluido, y las grandes empresas de medicina prepaga que apelaron a la “mano invisible de mercado” para incrementar sus ingresos a los sopapos, aprovechando el cambio de gobierno, y la mala praxis (la ingenuidad en política no existe), de algunos de sus funcionarios.

No menos grave es que quedó expuesta una práctica creciente desde hace décadas, consistente en un desaforado “libre mercado” salarial y de prebendas políticas en los organismos públicos, injustificados moral y constitucionalmente (artículo 14 bis), en la que en cualquier repartición de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos descentralizados y empresas estatales, sus funcionarios políticos se otorgan los montos salariales y beneficios que se les ocurra, como si el Estado estuviera conformado por áreas de negocios independientes, sean legalizadas o mafiosas. Estos privilegios e inequidades se reflejaron en el contrapunto que el aumento que se otorgaron los senadores provocó entre distintos políticos respecto a quién ganaba más o ganaba menos. En estos cruces no se salvó ni el vocero presidencial Adorni.

Buenos Aires, 24 de abril 2024

Entre moralinas e hipocresías

La polémica desatada por la postulación del juez Lijo, designado como tal por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003, y que provocara el casi unánime rechazo de distintas organizaciones no gubernamentales, debiera servir para entender la corrupción en el marco de las interrelaciones existentes entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, que erróneamente suelen presentarse como independientes cual compartimentos estancos, pero que existe desde un comienzo con la designación de jueces federales y nacionales.

Por ello cabe mencionar al Consejo de la Magistratura, que según declarara la Corte en noviembre del 2021 tardaba en promedio 1327 días corridos para cubrir una vacante en la justicia nacional, configurando un cuello de botella grave e inexplicable, sea por la cantidad de empleados que posee el Consejo, y por la ausencia de legislación que determine plazos de selección y elevación de ternas. Asimismo en el procedimiento de selección se sobrevaloran los antecedentes (cursos, seminarios), por sobre los conocimientos plasmados en el examen práctico, lo que se presta a todo tipo de manipulaciones. Hubo quienes ocuparon el primer lugar en el escrito, y tras las entrevistas y evaluación de antecedentes (que podrían actuar como filtro inicial y no final), retrocedieron varios puestos en el orden de mérito. La importancia de un juez en cuanto a la corrupción de funcionarios la explicita un párrafo del artículo 36 de la Constitución, que expresa que Atentara asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. Ello supone  que la duración de tramitación de las causas para determinar culpabilidades e inocencias es esencial, por lo que lo más relevante para decidir sobre el desempeño y ascensos de jueces, en este caso Lijo, son los tiempos que en sus veinte años como juez federal demandaron sus tramitaciones de expedientes en delitos contra el Estado, cantidad de causas que elevara a juicio oral y público, y las que mantiene en tramitación con la fecha de inicio de los expedientes, que es información de verificación indubitable. Ubicando en segundo término las sospechas por eventuales y grises relaciones personales y/o comerciales en esferas del poder político, y sus nuevos antecedentes curriculares, así sea en las universidades de Oxford, Cambridge o La Sorbona. Dado que las demoras judiciales locales en casos de corrupción no existen en países desarrollados, es necesario establecer las responsabilidades de los legisladores en el diseño de leyes que permiten que los jueces manejen los tiempos de tramitación de causas a sus arbitrios, y que la corrupción estatal quede impune. De este modo, y con perdón de las fuerzas del cielo, en un país con desenfrenada corrupción será más fácil distinguir entre moralinas, hipocresías y realidades.

Para ejemplificar lo señalado, vale citar un caso de alcance e impacto internacional, centrado en la mega empresa constructora brasileña Odebrecht, cuyo presidente y dueño confesó en condición de arrepentido en los juicios realizados en Estados Unidos y Brasil en el 2016, haber pagado sobornos a funcionarios de distintos países, lo que derivó en múltiples juicios. Respecto a nuestro país, Odebrecht declaró haber sobornado a funcionarios argentinos entre el 2007 al 2014 por la suma de 35 millones de dólares, por la contratación de tres obras de infraestructura asociado a empresas locales, abriéndose las causas judiciales en tres juzgados distintos, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Juez Rafecas: redes troncales de gasoductos, contratadas por Cammesa e YPF. Fue elevada a juicio oral.

2.- Juez de Giorgi: soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Paralizada.

3.- Juez Casanello: dos plantas depuradoras en provincia de Buenos Aires, contratadas por Aysa. Fue elevada a juicio oral.

Mientras que en el ámbito latinoamericano Brasil, Perú, Panamá, Colombia y Ecuador concluyeron las actuaciones judiciales, con un total de 70 sentenciados, en nuestro país ninguna de las tres causas tiene juicio oral iniciado, y por lo tanto condenados. Esta inacción no debiera sorprender, pues cuando la corrupción goza de impunidad, en los debates políticos predominan las consideraciones morales sin convicción ni sustancia, que reemplazan a los innumerables antecedentes concretos para sancionar a jueces y fiscales. 

Buenos Aires, 17 de abril 2024

Juez Lijo: cielo o infierno?

Para reflexionar sobre el impacto que provocó el gobierno con la postulación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema, es necesario establecer el contexto en el que se mueven las fichas en el tablero político, siendo la principal cual torre en el ajedrez, la del presidente Milei, cuyo perfil de un personaje disruptivo, carismático y con toques mesiánicos en lo político, suele aparecer históricamente producto de gobiernos corruptos, fracasados y empobrecedores. Su invocación a las fuerzas del cielo usada como metáfora es analíticamente útil, porque reduce la grieta a la universal lucha entre el bien y el mal, en lugar de utilizar los desgastados ropajes ideológicos o partidarios, en especial cuando Milei deberá interactuar con una mayoría de fichas que desde hace décadas permanecen indemnes en el tablero político, sin estar claro quiénes pertenecen a las fuerzas del bien o del mal. Por ello para ir identificando en los hechos a unas y otras, la postulación de Lijo debiera servir como un nuevo disparador que se suma al debate por las leyes que posibilitarían un Pacto mayoritariamente consensuado que saque al país de su decadencia, asumiendo que quienes luchan para conservar privilegios e impunidades, son inmunes a consideraciones religiosas, éticas o morales.

Pasando de lo celestial a lo terrenal, para ingresar en la polémica por la postulación de Lijo caben dos prevenciones: en lo comunicacional, como es habitual, abundará la hipocresía, definida como “simular cualidades u opiniones contrarias a las que verdaderamente se tienen”. Y considerar que las dirigencias que permanecen inmutables desde hace décadas forjaron consolidadas relaciones familiares, laborales, de amistad e intereses particulares por sobre objetivos relacionados con el bien común, lo que dificultará diferenciar entre ángeles y demonios. Prueba de ello son las abundantes y serias  informaciones periodísticas, como las de Carlos Pagni a nivel nacional, y Daniel Bilotta en la provincia de Buenos Aires, entre otros, respecto a negociados y corrupción (obra pública, seguros, cooperativas), con el uso del potencial ante posibles delitos, y datos concretos y fehacientes para explicitar las relaciones personales, políticas y empresariales.

Al ser lógico que las mayores objeciones a Lijo se refieren a su actuación en los veinte años de juez federal, que incluyen acusaciones que desde hace años duermen en el Consejo de la Magistratura, es justo señalar que las mismas podrían extenderse al juez Martínez de Giorgi, a Grünberg y Obligado, quienes desactivaron juicios orales para los que habían sido designados, o a los recordados juez Oyarbide, fallecido, y Canicoba Corral, jubilado. Ante estos sucintos ejemplos, y como la aparición de Milei es resultado del hartazgo social ante viejas prácticas políticas, los interrogantes debieran ser más innovadores, como el que se formulan muchos ciudadanos: ¿con estas objeciones, acusaciones o sospechas explícitas generalizadas, el juez Lijo puede seguir siendo juez, y tramitar o congelar causas en las que están en juego libertades y patrimonios de ciudadanos? La duda cobra relevancia considerando que desde 1983 los jueces son elegidos por políticos, y desde 1998 funciona el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores, jueces, abogados y académicos, quienes deben seleccionar  jueces, juzgar sus desempeños y sancionarlos. Ante tales funciones, ¿sus integrantes son inocentes?

En un contexto en el que se mezclan convicciones e hipocresías, cabe incorporar una ironía, pero con un tinte de factibilidad. La figura del “arrepentido” tuvo gran impacto en la lucha contra la corrupción de obra pública, por lo que podría hacerse extensible para determinados funcionarios, como en el caso del juez Lijo, en caso de que expresara arrepentimiento por sus actuaciones anteriores. Sin vulnerar principios de confidencialidad, sus amplios nexos con sectores de poder lo hace de hecho conocedor de las asociaciones delictivas, sus gestores, tácticas de impunidad y manipulación de expedientes, que un nuevo burócrata podría no combatir, sea por complicidad política, rentada o incapacidad. Salvo que se designen a funcionarios como  Giordano, que en pocos días detectó el negociado de los seguros en la Anses, que durante años “nadie detectó”. La polémica que despertara Lijo ratifica además que el desarrollo de los presentes y futuros eventos políticos habrá que analizarlos en función de los votos legislativos y decisiones ejecutivas, no desde las excesivas e intrascendentes declaraciones políticas.  

Buenos Aires, 10 de abril 2024

Política teatral

Concluyó la etapa electoral en la que un 56% del electorado ungió como presidente a Javier Milei, un disruptivo carente de estructura partidaria que al interpretar con su prédica el hartazgo social, no solo derrotó al peronismo gobernante sino a las anquilosadas dirigencias promotoras de malas praxis, privilegios y corrupción. Pero a la hora de gobernar se encuentra con una inédita y previsible minoría legislativa, y con la mayoría de las viejas dirigencias responsables de la decadencia en roles activos. Esta realidad, ante la grave crisis económica, social y moral que afronta la sociedad, debe considerarse como una oportunidad, según los siguientes aspectos: 1) si bien los beneficiarios de privilegios y corrupciones lucharán para mantenerlos, atraviesan un estado de debilidad, confusión y desprestigio; por ello, quienes resisten la aprobación de leyes transformadoras en lugar de rechazarlas aducen “estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma”, o mutan en expertos constitucionalistas. 2) la gestión del ex presidente Alberto Fernández hizo caducar el supuesto de que nuestros gobiernos se caracterizan por un fuerte presidencialismo, lo que revaloriza y pone en escena a los 355 políticos (presidente, vice, gobernadores y legisladores), responsables de encarar las imprescindibles transformaciones estructurales; 3) Las clásicas corrupciones que afloran con los cambios de gobierno nacional, provinciales y municipales de distinto signo no deben agotarse en el escándalo, sino impulsar modificaciones virtuosas en los procedimientos legales, administrativos y judiciales que las facilitan y aseguran su impunidad.

Las fuentes de información masivas para evaluar los hechos políticos, serán las periodísticas, sean generales o investigativas, y las de los propios actores políticos, asumiendo que muchos de ellos son afectos a gestos, frases y entonaciones teatrales, no para informar o esclarecer, sino con dosis de hipocresía, para convencer, confundir o engañar. Como para mantener privilegios no existen ideologías, estas actuaciones incluyen a peronistas, radicales, kirchneristas, derechas e izquierdas. En este contexto, destacar hechos políticos aparentemente desperdigados, será de utilidad a futuro si se los interrelaciona adecuadamente.

Estructuras estatales.- Tras asumir la intendencia de La Plata, Alak (UxP), denunció judicialmente que su antecesor Garro (JxC), le dejó una planta de 12.573 trabajadores, y casi la mitad cobra sueldo sin ir a trabajar. Garro lo desmintió, y paralelamente encontró nueva ocupación como subsecretario de Deportes de la Nación. Esta clásica nebulosa entre verdadero / falso se replica en todos los organismos, al ocultarse a la sociedad lainformación oficial fidedigna en cuanto a Organigramas, cantidad de personal, funciones y salarios brutos. Ello explica que el debate por la cantidad de contratos vencidos y no renovados, o despedidos por cobrar sin prestar servicios, solo en la administración central varíe entre 15.000, 50.000 o 70.000 empleados, según quien lo exprese.

Salarios de cargos políticos.- La información de política salarial correspondiente a cargos jerárquicos y/o políticos en todas las áreas (administración centralizada, descentralizada, poderes legislativo y judicial), cuyos montos y beneficios se determinan entre los propios beneficiarios, es el dato más difícil de obtener. No sorprende entonces que este ocultamiento los propios políticos lo utilicen para acciones de presión y desprestigio, como hiciera la diputada Tolosa Paz (UxP) tras el rechazo de los incrementos en las dietas legislativas, para comunicar a través de las redes que Javier Milei, ministros, secretarios y subsecretarios se subieron el sueldo en un 48% para enero y febrero. En medio de la confusión, se entrecruzaron antecedentes de decretos previos para dichos incrementos, que al fin y al cabo demostraron que no existe una política salarial global y coherente para funcionarios y cargos políticos, situación que se extiende a organismos provinciales y municipales. Esta práctica del secretismo en la información pública relevante no es culpa de Milei, pero será de su exclusiva responsabilidad desactivarlo, publicando los datos de cada organismo en las páginas web.

Corrupción estatal.-  Salvo el caso de los seguros, tema hasta ahora no sometido al escrutinio público, los negociados con cooperativas, fondos fiduciarios y contrataciones atadas a determinados proveedores, son ampliamente conocidas y difundidas desde hace décadas. Por lo que el verdadero “escándalo” es la facilidad con la que se pueden sustraen recursos públicos a la vista de funcionarios, organismos de control y oposiciones complacientes; como sucediera en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la que nadie se diera cuenta de las estafas pese a que hay “chocolates” de todas las marcas partidarias. En este marco, sin estar claro hasta el momento si impulsado por las fuerzas del cielo o del infierno, surge la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, lo que permite reflexionar sobre la tercera pata republicana, conformada por el poder judicial.

Buenos Aires, 03 de abril 2024