Juez Lijo: cielo o infierno?

Para reflexionar sobre el impacto que provocó el gobierno con la postulación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema, es necesario establecer el contexto en el que se mueven las fichas en el tablero político, siendo la principal cual torre en el ajedrez, la del presidente Milei, cuyo perfil de un personaje disruptivo, carismático y con toques mesiánicos en lo político, suele aparecer históricamente producto de gobiernos corruptos, fracasados y empobrecedores. Su invocación a las fuerzas del cielo usada como metáfora es analíticamente útil, porque reduce la grieta a la universal lucha entre el bien y el mal, en lugar de utilizar los desgastados ropajes ideológicos o partidarios, en especial cuando Milei deberá interactuar con una mayoría de fichas que desde hace décadas permanecen indemnes en el tablero político, sin estar claro quiénes pertenecen a las fuerzas del bien o del mal. Por ello para ir identificando en los hechos a unas y otras, la postulación de Lijo debiera servir como un nuevo disparador que se suma al debate por las leyes que posibilitarían un Pacto mayoritariamente consensuado que saque al país de su decadencia, asumiendo que quienes luchan para conservar privilegios e impunidades, son inmunes a consideraciones religiosas, éticas o morales.

Pasando de lo celestial a lo terrenal, para ingresar en la polémica por la postulación de Lijo caben dos prevenciones: en lo comunicacional, como es habitual, abundará la hipocresía, definida como “simular cualidades u opiniones contrarias a las que verdaderamente se tienen”. Y considerar que las dirigencias que permanecen inmutables desde hace décadas forjaron consolidadas relaciones familiares, laborales, de amistad e intereses particulares por sobre objetivos relacionados con el bien común, lo que dificultará diferenciar entre ángeles y demonios. Prueba de ello son las abundantes y serias  informaciones periodísticas, como las de Carlos Pagni a nivel nacional, y Daniel Bilotta en la provincia de Buenos Aires, entre otros, respecto a negociados y corrupción (obra pública, seguros, cooperativas), con el uso del potencial ante posibles delitos, y datos concretos y fehacientes para explicitar las relaciones personales, políticas y empresariales.

Al ser lógico que las mayores objeciones a Lijo se refieren a su actuación en los veinte años de juez federal, que incluyen acusaciones que desde hace años duermen en el Consejo de la Magistratura, es justo señalar que las mismas podrían extenderse al juez Martínez de Giorgi, a Grünberg y Obligado, quienes desactivaron juicios orales para los que habían sido designados, o a los recordados juez Oyarbide, fallecido, y Canicoba Corral, jubilado. Ante estos sucintos ejemplos, y como la aparición de Milei es resultado del hartazgo social ante viejas prácticas políticas, los interrogantes debieran ser más innovadores, como el que se formulan muchos ciudadanos: ¿con estas objeciones, acusaciones o sospechas explícitas generalizadas, el juez Lijo puede seguir siendo juez, y tramitar o congelar causas en las que están en juego libertades y patrimonios de ciudadanos? La duda cobra relevancia considerando que desde 1983 los jueces son elegidos por políticos, y desde 1998 funciona el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores, jueces, abogados y académicos, quienes deben seleccionar  jueces, juzgar sus desempeños y sancionarlos. Ante tales funciones, ¿sus integrantes son inocentes?

En un contexto en el que se mezclan convicciones e hipocresías, cabe incorporar una ironía, pero con un tinte de factibilidad. La figura del “arrepentido” tuvo gran impacto en la lucha contra la corrupción de obra pública, por lo que podría hacerse extensible para determinados funcionarios, como en el caso del juez Lijo, en caso de que expresara arrepentimiento por sus actuaciones anteriores. Sin vulnerar principios de confidencialidad, sus amplios nexos con sectores de poder lo hace de hecho conocedor de las asociaciones delictivas, sus gestores, tácticas de impunidad y manipulación de expedientes, que un nuevo burócrata podría no combatir, sea por complicidad política, rentada o incapacidad. Salvo que se designen a funcionarios como  Giordano, que en pocos días detectó el negociado de los seguros en la Anses, que durante años “nadie detectó”. La polémica que despertara Lijo ratifica además que el desarrollo de los presentes y futuros eventos políticos habrá que analizarlos en función de los votos legislativos y decisiones ejecutivas, no desde las excesivas e intrascendentes declaraciones políticas.  

Buenos Aires, 10 de abril 2024