Transcurrido el primer año de gobierno nacional de la coalición Cambiemos, y de ejecutivos provinciales y municipales que tuvieron renovaciones generacionales en unos casos, o ratificaciones de conducciones casi feudales en otros, es oportuno reflexionar sobre transformaciones necesarias para que no se reiteren políticas pendulares recurrentes, que catalogadas como neoliberales o populistas, arrojaron un único resultado: políticos y empresarios enriquecidos, con población empobrecida. Los extremos del péndulo se repiten desde hace décadas. Se adoptan decisiones meramente recaudatorias y/o confiscatorias ante emergencias económicas terminales, para que años más tarde, los mismos actores retomen un festival de gastos públicos irresponsables y corruptos. Sirvan de ejemplo las privatizaciones y reestatizaciones de YPF, Aerolíneas y sistema jubilatorio.
Se entiende como lenguaje político los mensajes propalados a través de diversos medios de comunicación en busca de adhesión, presentando a la opinión como si fuera información. Con el surgimiento de los regímenes totalitarios del siglo XX, y el simultáneo desarrollo tecnológico que permitió comunicar masivamente a grandes distancias, surgieron las reglas de propaganda política hoy vigentes, direccionadas a lo emocional antes que a lo racional. La posterior aparición de Internet y redes sociales, si bien expandieron el fenómeno, no modificó la esencia de las reglas originales. Por lo tanto, informarnos requiere el mismo esfuerzo que afrontábamos en las clásicas bibliotecas: buscar las fuentes relacionadas con el tema en cuestión, procesar datos y formar nuestra opinión.
Pero esta evolución comunicacional produjo una consecuencia en los actores políticos aún no debidamente mensurada. Se manifiesta principalmente en el sector legislativo, por su responsabilidad primaria de establecer leyes y normativas de los temas en debate (controles públicos, sanciones administrativas y penales, minoridad, leyes sociales, etc.). Mientras los ciudadanos incrementaron sus niveles de interacción y espíritu crítico, los legisladores, obligados a tener presencia activa en redes sociales y como panelistas en programas de opinión, desnudan preocupantes contradicciones, desconocimientos y oportunismos. Se mantienen en el esquema de opinar, pero no de informar y/o formar.
Ejemplifiquemos con un tema de actualidad: la baja de imputabilidad de menores de 16 a 14 años. La legisladora “Doña Margarita” twitea que se opone, y el legislador “Don Raúl” que aprueba. Pero ninguno de ellos nos expresa cuáles son sus propuestas y las de sus bloques al respecto; cuándo las presentarán, y si atenderán integralmente la problemática, o serán parches acordes sucedan los hechos y repercutan en la sociedad. Aún con su limitación de caracteres y espacios, las propias redes sociales permiten brindar información. Solo se debe incluir el “link” que una vez abierto, permita conocer en detalle sus propuestas y proyectos de ley.
Paralelamente, este contexto digital brinda al ciudadano común una herramienta aún no usufructuada de modo adecuado. Consiste en no limitarnos a mantener el rol de usuarios pasivos característico de los medios clásicos (lector, oyente, espectador), pulsando “me gusta / no me gusta” o “seguir”, sino transformarnos en actores activos, exigiendo al legislador o funcionario propalador de mensajes sintéticos, respuesta a nuestros pedidos de información. Deberá ser una tarea persistente, porque políticos, empresarios y gremialistas no están preparados para responder, sino para convencer unilateralmente a receptores masivos, en base a frases hechas, verdades a medias o incomprobables. En la próxima opinión analizaremos algunos ejemplos de actualidad con frases o conceptos altisonantes que se viralizan, pero que nada aportan en la búsqueda de la verdad, o peor aún, la ocultan.
Buenos Aires, 25 de enero de 2017