Calles ensangrentadas
La perdurabilidad política del ministro Aníbal Fernández a partir de 1983, y su condición de peronista genuino, algo no habitual entre quienes dicen serlo en el actual equipo de gobierno, aconseja que su expresión de que habrá “sangre en las calles si triunfara la oposición en la elección nacional”, deba considerarse seriamente, y formular consecuentemente una hipótesis de conflicto.
En democracia “sangre en las calles” remite a sucesos tumultuosos con decenas de muertos civiles, como sucediera en la masacre de Ezeiza en junio de 1973, y la represión en Plaza de Mayo y aledaños en diciembre del 2001. Contra lo que se supone, lo económico actúa como “caldo de cultivo”, pero el detonante lo producen facciones de choque asociadas a intereses políticos. Ello explica que el actual gobierno a lo largo de sus 40 meses de gestión, pese a tener una crisis económico-social terminal con índices de inflación y pobreza que remiten a la crisis 2001/2002, con continuas manifestaciones multitudinarias de protesta con foco en la ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias, no sufriera desmanes organizados violentos, y menos aún, tuviera “sangre en las calles”. La reforma jubilatoria que realizara apenas asumido en diciembre de 2019 por la que sacó a la inflación como índice de actualización, no provocó el alúd de piedras frente al Congreso como sucediera con la reforma en diciembre de 2017. Tampoco la CGT llamó a paros generales pese a la pérdida del valor de los salarios carcomidos por la inflación, situación que se intenta paliar con bonos extraordinarios gestionados por gremios poderosos. Asumido que los desmanes violentos no los producen ciudadanos que aún en sus penurias son esencialmente pacíficos, sino por fuerzas de choque que cuentan con logística política, cabe suponer que Fernández elípticamente se refirió a la sangre de muertes provocadas para quebrar un orden institucional democrático, en pos de intereses corporativos, habitualmente corruptos.
Establecido el contexto en el que es posible generar “sangre es las calles”, cabe comentar la mano de obra necesaria para desatar las acciones directas. Las experiencias indican el aporte de municipios que con altos índices de pobreza, son manejados por los llamados barones del conurbano, que basan su perdurabilidad en complicidades entre funcionarios, fuerzas policiales, barras bravas e inclusive narcotraficantes, con patotas aptas para “todo servicio”. En el campo gremial, la acción directa la realizarán grupos asalariadas (no trabajadores), útiles tanto para coaccionar a empresas como para dirimir violentas pujas internas, como sucediera en los gremios de camioneros, construcción y portuarios. La CGT abandonaría su rol benevolente con el actual gobierno, para llamar a paros generales que generen climas desestabilizadores; En el campo público actuarán sindicalistas que mezclan lo laboral con sus roles políticos, en especial ATE, encargados de generar disturbios en diversas sedes administrativas. En lo institucional, la caja de resonancia estará en el Congreso. La extrema izquierda por su parte, en forma autónoma, actuará en su campo de acción preferido: la calle. Si esta hipótesis se considera válida y posible, la declaración del ministro Fernández debería despertar inquietudes en la elaboración programática de la presente campaña electoral, en base a tres consideraciones:
1.- Cualquier programa de gobierno, en el tema de la seguridad interna deberá prever como afrontar acciones planificadas violentas y desestabilizadoras, usualmente disfrazadas de populares, y sus estrategias discursivas de apoyo.
2.- Como si los sectores sociales más desfavorecidos no sufrieran desde hace años y con una capacidad de aguante sorprendente, una pregunta ingenua en entrevistas periodísticas a políticos, es si con sus propuestas electorales “la gente” sufrirá. La pregunta debería ser si “sufrirán” los políticos y empresarios prebendarios del Estado, los que lucran con empresas y estructuras públicas con pérdidas millonarias, y corruptos enriquecidos buscando impunidad.
3.- Ante los habituales llamados a concertaciones políticas que los beneficiarios de recursos públicos suelen hacer en momentos de crisis extremas, que sus propias continuidades indican que siempre existieron en base a intereses personales y que algunos cínicos llaman “patrióticas”, cabría preguntarse si los acuerdos reclamados en esta etapa electoral, sea para triunfar o subsistir, incluirán a corruptos, acomodaticios o incapaces para desempeñar sus cargos.
Buenos Aires, 26 de abril 2023