Mes: abril 2024

Exitoso pacto de abril

La sesión del Senado del jueves 18 de abril ofrece múltiples aristas analíticas. Un senador propuso tratar sobre tablas (léase intempestivamente), un proyecto de resolución (cuyo objeto no se reveló)), para ser votado a mano alzada, lo que se aprobó sin constar si se cumplió con los 2/3 de votos afirmativos necesarios. Seguidamente, y tras un conteo visual a velocidad sorprendente, el proyecto fue aprobado en medio de un silencio parlamentario inédito, carente de arrebatados discursos. Concluido el trámite, que según determinaron medios de comunicación duró 1 minuto 52 segundos, se hizo público que los senadores se habían aprobado un aumento en sus ingresos de más del 130%.

Previo a destacar algunas de las valiosas enseñanzas que a futuro deja la sesión, cabe desear entre la esperanza y la ironía, que el exitoso “Pacto de Abril” multipartidario se replique con la aprobación de leyes transformadoras virtuosas en el anunciado “Pacto de Mayo”, por haber quedado en claro que cuando convergen intereses personales, las dirigencias no tienen grietas ideológicas o principistas insalvables. También surgieron aspectos del marketing político, referidos al discurso y a la imagen. Al momento de la votación de la resolución, el secretismo eliminó los discursos. En cuanto a las imágenes, se pueden observar rostros serios, algunos brazos caídos, manos alzadas, y en primera fila de las bancas una “manito” sobresaliendo tímidamente del escritorio, perteneciente al locuaz senador Lousteau, presidente de la UCR, intentado disimular su voto desde lo gestual, así como otros senadores una vez recuperadas sus voces tras la votación, lo hicieron desde lo discursivo, mediante excusas entre banales, infantiles y falaces. La escenografía mostró que quienes tienen la responsabilidad de elaborar y aprobar leyes, también pueden apelar a una práctica que todos hemos utilizado en alguna etapa de nuestra vida, definida con una frase nada académica: “hacerse las o los bolu….”

Pero sería un grave error agotar el análisis en este suceso puntual, pues promover cambios estructurales, más aún con los mismos actores, exige que los eventos políticos no se analicen en forma aislada o encapsulados bajo el mote de “escándalo”, sino que se interrelacionen racionalmente, para identificar la matriz de la decadencia nacional. Esta metodología se puede ejemplificar con dos hechos recientes y casi simultáneos de gran repercusión social: el mencionado aumento de las dietas de los senadores, y el aumento de las cuotas de la medicina prepaga, que en principio parecerían no ofrecer puntos de contacto, pues uno refiere al campo privado y otro al estatal; uno es de pequeña escala (72 senadores) con impacto moral, y el otro afecta a millones de afiliados con impacto económico. Pero si se los compara a través de los términos mercado, regulación, cartelización y porcentaje de los aumentos, las similitudes son sorprendentes y didácticas.

El origen de las reacciones sociales no las causaron los aumentos, sino la desproporción de los mismos (160% las prepagas y 130 % los senadores), en relación al marco social y la inflación. También se asimilaron senadores y empresarios en sus explicaciones parcializadas y engañosas. El término “mercado”, que a nivel elemental refiere al intercambio de bienes y servicios en una economía, implica para el Estado la responsabilidad de fijar marcos regulatorios racionales que aseguren competencia, en lugar de que dicha regulación la realice una “mano invisible” que obligue a que las gallinas (consumidores) estén en el mismo corral que los zorros (proveedores). Pero este principio le es aplicable a los organismos y empresas estatales, que brindan importantes bienes y servicios, pero dejan desde hace décadas en un mismo corral a usuarios y consumidores con los funcionarios políticos y empresarios asociados en la corrupción. También los interrelacionó el concepto de “cartelización”, sea entre los distintos bloques legislativos, unidos para incrementar desmedidamente sus ingresos con un “acting” sobre tablas incluido, y las grandes empresas de medicina prepaga que apelaron a la “mano invisible de mercado” para incrementar sus ingresos a los sopapos, aprovechando el cambio de gobierno, y la mala praxis (la ingenuidad en política no existe), de algunos de sus funcionarios.

No menos grave es que quedó expuesta una práctica creciente desde hace décadas, consistente en un desaforado “libre mercado” salarial y de prebendas políticas en los organismos públicos, injustificados moral y constitucionalmente (artículo 14 bis), en la que en cualquier repartición de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos descentralizados y empresas estatales, sus funcionarios políticos se otorgan los montos salariales y beneficios que se les ocurra, como si el Estado estuviera conformado por áreas de negocios independientes, sean legalizadas o mafiosas. Estos privilegios e inequidades se reflejaron en el contrapunto que el aumento que se otorgaron los senadores provocó entre distintos políticos respecto a quién ganaba más o ganaba menos. En estos cruces no se salvó ni el vocero presidencial Adorni.

Buenos Aires, 24 de abril 2024

Entre moralinas e hipocresías

La polémica desatada por la postulación del juez Lijo, designado como tal por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003, y que provocara el casi unánime rechazo de distintas organizaciones no gubernamentales, debiera servir para entender la corrupción en el marco de las interrelaciones existentes entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, que erróneamente suelen presentarse como independientes cual compartimentos estancos, pero que existe desde un comienzo con la designación de jueces federales y nacionales.

Por ello cabe mencionar al Consejo de la Magistratura, que según declarara la Corte en noviembre del 2021 tardaba en promedio 1327 días corridos para cubrir una vacante en la justicia nacional, configurando un cuello de botella grave e inexplicable, sea por la cantidad de empleados que posee el Consejo, y por la ausencia de legislación que determine plazos de selección y elevación de ternas. Asimismo en el procedimiento de selección se sobrevaloran los antecedentes (cursos, seminarios), por sobre los conocimientos plasmados en el examen práctico, lo que se presta a todo tipo de manipulaciones. Hubo quienes ocuparon el primer lugar en el escrito, y tras las entrevistas y evaluación de antecedentes (que podrían actuar como filtro inicial y no final), retrocedieron varios puestos en el orden de mérito. La importancia de un juez en cuanto a la corrupción de funcionarios la explicita un párrafo del artículo 36 de la Constitución, que expresa que “Atentara asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. Ello supone  que la duración de tramitación de las causas para determinar culpabilidades e inocencias es esencial, por lo que lo más relevante para decidir sobre el desempeño y ascensos de jueces, en este caso Lijo, son los tiempos que en sus veinte años como juez federal demandaron sus tramitaciones de expedientes en delitos contra el Estado, cantidad de causas que elevara a juicio oral y público, y las que mantiene en tramitación con la fecha de inicio de los expedientes, que es información de verificación indubitable. Ubicando en segundo término las sospechas por eventuales y grises relaciones personales y/o comerciales en esferas del poder político, y sus nuevos antecedentes curriculares, así sea en las universidades de Oxford, Cambridge o La Sorbona. Dado que las demoras judiciales locales en casos de corrupción no existen en países desarrollados, es necesario establecer las responsabilidades de los legisladores en el diseño de leyes que permiten que los jueces manejen los tiempos de tramitación de causas a sus arbitrios, y que la corrupción estatal quede impune. De este modo, y con perdón de las fuerzas del cielo, en un país con desenfrenada corrupción será más fácil distinguir entre moralinas, hipocresías y realidades.

Para ejemplificar lo señalado, vale citar un caso de alcance e impacto internacional, centrado en la mega empresa constructora brasileña Odebrecht, cuyo presidente y dueño confesó en condición de arrepentido en los juicios realizados en Estados Unidos y Brasil en el 2016, haber pagado sobornos a funcionarios de distintos países, lo que derivó en múltiples juicios. Respecto a nuestro país, Odebrecht declaró haber sobornado a funcionarios argentinos entre el 2007 al 2014 por la suma de 35 millones de dólares, por la contratación de tres obras de infraestructura asociado a empresas locales, abriéndose las causas judiciales en tres juzgados distintos, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Juez Rafecas: redes troncales de gasoductos, contratadas por Cammesa e YPF. Fue elevada a juicio oral.

2.- Juez de Giorgi: soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Paralizada.

3.- Juez Casanello: dos plantas depuradoras en provincia de Buenos Aires, contratadas por Aysa. Fue elevada a juicio oral.

Mientras que en el ámbito latinoamericano Brasil, Perú, Panamá, Colombia y Ecuador concluyeron las actuaciones judiciales, con un total de 70 sentenciados, en nuestro país ninguna de las tres causas tiene juicio oral iniciado, y por lo tanto condenados. Esta inacción no debiera sorprender, pues cuando la corrupción goza de impunidad, en los debates políticos predominan las consideraciones morales sin convicción ni sustancia, que reemplazan a los innumerables antecedentes concretos para sancionar a jueces y fiscales. 

Buenos Aires, 17 de abril 2024

Juez Lijo: cielo o infierno?

Para reflexionar sobre el impacto que provocó el gobierno con la postulación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema, es necesario establecer el contexto en el que se mueven las fichas en el tablero político, siendo la principal cual torre en el ajedrez, la del presidente Milei, cuyo perfil de un personaje disruptivo, carismático y con toques mesiánicos en lo político, suele aparecer históricamente producto de gobiernos corruptos, fracasados y empobrecedores. Su invocación a las fuerzas del cielo usada como metáfora es analíticamente útil, porque reduce la grieta a la universal lucha entre el bien y el mal, en lugar de utilizar los desgastados ropajes ideológicos o partidarios, en especial cuando Milei deberá interactuar con una mayoría de fichas que desde hace décadas permanecen indemnes en el tablero político, sin estar claro quiénes pertenecen a las fuerzas del bien o del mal. Por ello para ir identificando en los hechos a unas y otras, la postulación de Lijo debiera servir como un nuevo disparador que se suma al debate por las leyes que posibilitarían un Pacto mayoritariamente consensuado que saque al país de su decadencia, asumiendo que quienes luchan para conservar privilegios e impunidades, son inmunes a consideraciones religiosas, éticas o morales.

Pasando de lo celestial a lo terrenal, para ingresar en la polémica por la postulación de Lijo caben dos prevenciones: en lo comunicacional, como es habitual, abundará la hipocresía, definida como “simular cualidades u opiniones contrarias a las que verdaderamente se tienen”. Y considerar que las dirigencias que permanecen inmutables desde hace décadas forjaron consolidadas relaciones familiares, laborales, de amistad e intereses particulares por sobre objetivos relacionados con el bien común, lo que dificultará diferenciar entre ángeles y demonios. Prueba de ello son las abundantes y serias  informaciones periodísticas, como las de Carlos Pagni a nivel nacional, y Daniel Bilotta en la provincia de Buenos Aires, entre otros, respecto a negociados y corrupción (obra pública, seguros, cooperativas), con el uso del potencial ante posibles delitos, y datos concretos y fehacientes para explicitar las relaciones personales, políticas y empresariales.

Al ser lógico que las mayores objeciones a Lijo se refieren a su actuación en los veinte años de juez federal, que incluyen acusaciones que desde hace años duermen en el Consejo de la Magistratura, es justo señalar que las mismas podrían extenderse al juez Martínez de Giorgi, a Grünberg y Obligado, quienes desactivaron juicios orales para los que habían sido designados, o a los recordados juez Oyarbide, fallecido, y Canicoba Corral, jubilado. Ante estos sucintos ejemplos, y como la aparición de Milei es resultado del hartazgo social ante viejas prácticas políticas, los interrogantes debieran ser más innovadores, como el que se formulan muchos ciudadanos: ¿con estas objeciones, acusaciones o sospechas explícitas generalizadas, el juez Lijo puede seguir siendo juez, y tramitar o congelar causas en las que están en juego libertades y patrimonios de ciudadanos? La duda cobra relevancia considerando que desde 1983 los jueces son elegidos por políticos, y desde 1998 funciona el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores, jueces, abogados y académicos, quienes deben seleccionar  jueces, juzgar sus desempeños y sancionarlos. Ante tales funciones, ¿sus integrantes son inocentes?

En un contexto en el que se mezclan convicciones e hipocresías, cabe incorporar una ironía, pero con un tinte de factibilidad. La figura del “arrepentido” tuvo gran impacto en la lucha contra la corrupción de obra pública, por lo que podría hacerse extensible para determinados funcionarios, como en el caso del juez Lijo, en caso de que expresara arrepentimiento por sus actuaciones anteriores. Sin vulnerar principios de confidencialidad, sus amplios nexos con sectores de poder lo hace de hecho conocedor de las asociaciones delictivas, sus gestores, tácticas de impunidad y manipulación de expedientes, que un nuevo burócrata podría no combatir, sea por complicidad política, rentada o incapacidad. Salvo que se designen a funcionarios como  Giordano, que en pocos días detectó el negociado de los seguros en la Anses, que durante años “nadie detectó”. La polémica que despertara Lijo ratifica además que el desarrollo de los presentes y futuros eventos políticos habrá que analizarlos en función de los votos legislativos y decisiones ejecutivas, no desde las excesivas e intrascendentes declaraciones políticas.  

Buenos Aires, 10 de abril 2024

Política teatral

Concluyó la etapa electoral en la que un 56% del electorado ungió como presidente a Javier Milei, un disruptivo carente de estructura partidaria que al interpretar con su prédica el hartazgo social, no solo derrotó al peronismo gobernante sino a las anquilosadas dirigencias promotoras de malas praxis, privilegios y corrupción. Pero a la hora de gobernar se encuentra con una inédita y previsible minoría legislativa, y con la mayoría de las viejas dirigencias responsables de la decadencia en roles activos. Esta realidad, ante la grave crisis económica, social y moral que afronta la sociedad, debe considerarse como una oportunidad, según los siguientes aspectos: 1) si bien los beneficiarios de privilegios y corrupciones lucharán para mantenerlos, atraviesan un estado de debilidad, confusión y desprestigio; por ello, quienes resisten la aprobación de leyes transformadoras en lugar de rechazarlas aducen “estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma”, o mutan en expertos constitucionalistas. 2) la gestión del ex presidente Alberto Fernández hizo caducar el supuesto de que nuestros gobiernos se caracterizan por un fuerte presidencialismo, lo que revaloriza y pone en escena a los 355 políticos (presidente, vice, gobernadores y legisladores), responsables de encarar las imprescindibles transformaciones estructurales; 3) Las clásicas corrupciones que afloran con los cambios de gobierno nacional, provinciales y municipales de distinto signo no deben agotarse en el escándalo, sino impulsar modificaciones virtuosas en los procedimientos legales, administrativos y judiciales que las facilitan y aseguran su impunidad.

Las fuentes de información masivas para evaluar los hechos políticos, serán las periodísticas, sean generales o investigativas, y las de los propios actores políticos, asumiendo que muchos de ellos son afectos a gestos, frases y entonaciones teatrales, no para informar o esclarecer, sino con dosis de hipocresía, para convencer, confundir o engañar. Como para mantener privilegios no existen ideologías, estas actuaciones incluyen a peronistas, radicales, kirchneristas, derechas e izquierdas. En este contexto, destacar hechos políticos aparentemente desperdigados, será de utilidad a futuro si se los interrelaciona adecuadamente.

Estructuras estatales.- Tras asumir la intendencia de La Plata, Alak (UxP), denunció judicialmente que su antecesor Garro (JxC), le dejó una planta de 12.573 trabajadores, y casi la mitad cobra sueldo sin ir a trabajar. Garro lo desmintió, y paralelamente encontró nueva ocupación como subsecretario de Deportes de la Nación. Esta clásica nebulosa entre verdadero / falso se replica en todos los organismos, al ocultarse a la sociedad lainformación oficial fidedigna en cuanto a Organigramas, cantidad de personal, funciones y salarios brutos. Ello explica que el debate por la cantidad de contratos vencidos y no renovados, o despedidos por cobrar sin prestar servicios, solo en la administración central varíe entre 15.000, 50.000 o 70.000 empleados, según quien lo exprese.

Salarios de cargos políticos.- La información de política salarial correspondiente a cargos jerárquicos y/o políticos en todas las áreas (administración centralizada, descentralizada, poderes legislativo y judicial), cuyos montos y beneficios se determinan entre los propios beneficiarios, es el dato más difícil de obtener. No sorprende entonces que este ocultamiento los propios políticos lo utilicen para acciones de presión y desprestigio, como hiciera la diputada Tolosa Paz (UxP) tras el rechazo de los incrementos en las dietas legislativas, para comunicar a través de las redes que Javier Milei, ministros, secretarios y subsecretarios se subieron el sueldo en un 48% para enero y febrero. En medio de la confusión, se entrecruzaron antecedentes de decretos previos para dichos incrementos, que al fin y al cabo demostraron que no existe una política salarial global y coherente para funcionarios y cargos políticos, situación que se extiende a organismos provinciales y municipales. Esta práctica del secretismo en la información pública relevante no es culpa de Milei, pero será de su exclusiva responsabilidad desactivarlo, publicando los datos de cada organismo en las páginas web.

Corrupción estatal.-  Salvo el caso de los seguros, tema hasta ahora no sometido al escrutinio público, los negociados con cooperativas, fondos fiduciarios y contrataciones atadas a determinados proveedores, son ampliamente conocidas y difundidas desde hace décadas. Por lo que el verdadero “escándalo” es la facilidad con la que se pueden sustraen recursos públicos a la vista de funcionarios, organismos de control y oposiciones complacientes; como sucediera en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la que nadie se diera cuenta de las estafas pese a que hay “chocolates” de todas las marcas partidarias. En este marco, sin estar claro hasta el momento si impulsado por las fuerzas del cielo o del infierno, surge la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, lo que permite reflexionar sobre la tercera pata republicana, conformada por el poder judicial.

Buenos Aires, 03 de abril 2024