Mes: octubre 2021

Perón es inocente

Ante crisis sociales extremas, la Argentina está plagada de invocaciones a diálogos y acuerdos incumplidos, utilizados como recurso de emergencia por las castas corporativas para lograr su supervivencia en un marco de nepotismo, corrupción y mediocridad conductiva. Pero como un nuevo intento de acuerdo político-institucional, económico y social surge como imprescindible, es oportuno identificar vicios y falacias que derivaron en los repetidos fracasos.  

Como todo análisis necesita un punto de partida sólido basado en realidades, el peronismo puede cumplir este requisito, no desde un debate historicista, sino en base a una actualidad que presenta cinco elementos concurrentes: 1) una pandemia cuya prolongada cuarentena transparentó desigualdades económicas, laborales y educativas; 2) una coalición de gobierno con un presidente designado por su vicepresidenta, conformada entre enemigos para derrotar a otros enemigos; 3) un poder ejecutivo sin objetivos definidos, parcelado en todas sus áreas, y que se enorgullece de carecer de un plan y descreer del mérito; 4) una deuda externa en dólares e interna en pesos, impagables en el corto y mediano plazo; 5) una ausencia de identidad ideológica en un gobierno que se dice peronista, como reflejó la conmemoración del 17 de octubre a través de tres actos en días sucesivos, con representaciones oficiales divergentes. Esta última anomia fáctica que no se condice con las invocaciones discursivas, hace pensar que la memoria de Perón, fallecido hace ya 46 años, podría brindar un aporte póstumo para encauzar la actual crisis, y marcar un camino que posibilite un acuerdo institucional, económico y social viable y virtuoso de corto, mediano y largo plazo. La posibilidad surge del propio Perón, cuando en la conferencia de prensa que brindara en 1972 a su regreso al país, señalara como fuerzas políticas activas a los radicales, socialistas y conservadores, entre otras. Al mencionársele la omisión del peronismo, respondió con su habitual ironía: “es que peronistas somos todos”.

La frase, pronunciada en una época de fuertes enfrentamientos, incluso armados, hacía referencia no solo a que su primer gobierno había impregnado la cultura política argentina, sino también al uso de su nombre e imagen para otros intereses. Bajo este planteo, deberían ser peronistas quienes integran y/o apoyan al gobierno, como el presidente Fernández, Guzmán, Kicillof, Moyano, Daer, Barrionuevo, Donda, Carlotto, Massa, Boudou, De Narváez, Brito, Mendiguren, Moreau, Ricardo Alfonsín, Zannini, entre otros. Incluso la propia vicepresidenta debió recordar en su discurso del 17 de octubre que era peronista. Del mismo modo en la oposición cabe citar a peronistas como Pichetto, Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, De la Torre, Monzó, Amadeo, entre tantos otros. Sin embargo, el paso del tiempo puede convertir convicciones sentidas del pasado en hipócritas oportunismos presentes, con consecuencias sociales ruinosas.  A Evita la hubiera sorprendido que sus queridos “grasitas” de entonces se multiplicaran, y sean utilizados hoy por otros “grasitas” más vivos para intermediar recursos públicos. O que Perón comprobara que la columna vertebral del movimiento la integran gremialistas enriquecidos, manejando “holdings” de medios de comunicación, correo, empresas constructoras, aseguradoras, entre otros negocios familiares. O que el partido Justicialista se diluyera en distintos nombres de fantasía en cada instancia electoral; que miembros del partido Radical no solo pueden romperse, sino cargos mediante, también pueden doblarse; y que los revolucionarios de antaño son los conservadores de hoy.   

Es momento entonces que previo a establecer temarios y estrategias de un acuerdo nacional integral y sostenible, aceptar circunstancialmente ante la emergencia y como recurso aglutinador que “somos todos peronistas”, o por el contrario, reconocer que como bien expresara textualmente un peronista histórico como Julio Bárbaro, “desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos”.

Sea cual fuere la decisión, llegó la hora de que las castas políticas y corporativas dejen de justificar oportunismos, malas praxis, corrupciones y degradaciones institucionales, utilizando la memoria de Perón. Y se asuma que con la democracia como abstracción, no “se come, se educa y se cura”. Lograrlo requiere de una clase política formada, capaz y honesta, en lugar de burócratas enriquecidos clamando desde los palcos que “con el hambre del pueblo no se juega”. Definida una base de partida común, surge el verdadero desafío, consistente en establecer una estrategia operativa y participativa, que evite que el acuerdo quede solo en manos de las mismas castas y corporaciones responsables de la decadencia argentina, lo que aseguraría un nuevo fracaso.

Buenos Aires, 27 de octubre 2021

Jueces al aire libre

Las alternancias entre gobiernos de distinto signo político, tienen dos efectos inmediatos: la pérdida de poder por parte de quienes lo usufructúan, y más importante, afectan a las estructuras de corrupción estatal-privada que se conforman durante ejercicios prolongados del poder. No en vano solo quienes lo ejercen reclaman “necesitar veinte años de gobierno para producir cambios”. Nuestro país, cuya decadencia económico-social está asociada a castas políticas y corporativas perennes, confirma la teoría.

La alternancia producida en el 2015, sumó al habitual juego de denuncias e impunidades hechos emblemáticos, como José López ocultando un bolso en un convento con nueve millones de dólares; integrantes del grupo Lázaro Báez filmados contando millones de dólares, y aparición de “fotocopias” de ocho cuadernos del chofer Centeno detallando los circuitos recaudatorios de coimas. En paralelo se aprobó la ley llamada del “arrepentido”, y la sociedad pudo comprobar que investigaciones complejas como la causa cuadernos se pueden realizar en menos de dos años, y que es posible llegar a juicios orales y públicos en plazos razonables. El propio poder judicial había producido un aporte esclarecedor, al confesar que no existe una única justicia, sino dos: una autoproclamada “legítima”, y por oposición, otra que no lo es. Respecto a esta anomalía, el ex juez de la Corte Antonio Boggiano señaló que un juez no está habilitado a realizar una superación de la ley, por lo que la justicia “legítima” es una justicia de partido, en donde no hay verdad sino intereses. Las castas por su parte, mantuvieron la legislación que permite a procesados y condenados gobernar, y poner a sus abogados defensores en organismos de control o cargos judiciales. En este contexto, el retorno en el 2019 de quienes gobernaran hasta el 2015 no debe entenderse como un retroceso en la búsqueda de un saneamiento institucional, sino inserta en una secuencia temporal inevitable y necesaria para arribar a cambios de fondo definitivos. En democracia, a diferencia de las revoluciones o dictaduras, las transformaciones no son instantáneas; se producen por efectos de saturación, descomposición o hartazgo social.

Por ello en cuanto a corrupción, la atención pública deberá centrarse en el poder judicial, entendido no como una abstracción global, sino identificando a peritos oficiales, fiscales y jueces intervinientes en cada caso, evaluándolos no solo por sus fallos, sino por sus antecedentes y tiempos procesales. Para evitar evaluaciones subjetivas, sería oportuno diseñar una ficha síntesis de cada causa distribuidas a través de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, con la siguiente información de base: 1) Fecha de inicio de la causa, con juez y fiscal actuante; 2) tiempo de investigación y resolución final, sea de desestimación o elevación a juicio oral; 3) en caso de juicio oral, integrantes del tribunal, fechas de inicio y de sentencia. Informaciones más detalladas pueden obtenerse a través de portales web específicos. Cabe ejemplificar con algunos casos recientes.  

1) El juez Daniel Obligado denegó a Boudou en diciembre de 2020 un pedido de prisión domiciliaria. Entrevistado de inmediato por sus defensores Peñafort y Rúa, Obligado modificó su decisión. Condenado a cinco años y diez meses, Boudou cumplió escasos meses en prisión.

2) En el año 2007 se inició en el juzgado de Servini de Cubría una causa por fraude a la administración pública contra la ex Secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti. Quince años más tarde, el tribunal oral conformado por los jueces Sabrina Namer, Giménez Uriburu y Guillemo Costabel, e intervención del fiscal Luciani, la condenó a tres años de prisión en suspenso y a devolver siete millones de pesos.

3) En noviembre de 2016 el fallecido juez Bonadío elevó a juicio oral la causa por defraudación conocida como Plan Qunita. En septiembre de este año el tribunal oral integrado por Grunberg, Michilini y Basílico, por recomendación de la fiscal Gabriela Baigún y peritos de la Corte, sobreseyó a los 18 acusados.  

4) En la causa por encubrimiento en la firma del Memorándum con Irán iniciada en el juzgado del fallecido juez Bonadío, el tribunal oral integrado por los jueces José Michilini, Graciela López Iñíguez y Daniel Obligado sobreseyeron en octubre a todos los acusados sin citar a juicio, por entender que no hubo delito.

Cabe recordar la frase del legislador ateniense Solón en el año 594 a. C.: ““Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”

Buenos Aires, 20 de octubre 2021

Secretos divulgados

En su discurso de cierre de la campaña electoral de las PASO, el presidente Fernández afirmó textualmente: “En este gobierno ya no tenemos más espías al servicio de los jueces ni espiando a los argentinos, ni operadores oficiales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades”. Como las relaciones entre política, justicia y espionaje son inevitables en lo administrativo y operativo, lo relevante es establecer profesionalidad y honestidad. En tal sentido, lo único que se modificó producto de las urgencias provocadas por los avances en procesos por corrupción y la ineptitud de la Agencia Federal de Investigaciones, es que el habitual secretismo que rodea a estas relaciones se trasladó a la esfera pública, sin modificar el trasfondo de impunidad. 

Los llamados “operadores oficiales”, que actúan ante los magistrados convenciendo, amenazando o sobornando, fueron sustituidos por altos funcionarios de gobierno amenazando públicamente a jueces y fiscales que avanzan en las causas de corrupción estatal-privada. Tarea en la que colaboran integrantes del poder judicial y del Consejo de la Magistratura. La ofensiva contra los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a fin de afectar sus dictámenes judiciales, acusándolos de haberse reunido con el ex presidente Macri, contó con el aporte de la jueza Servini de Cubría, que en plena internación por estar afectada por Covid, se tomó el trabajo de enviar el 19 de abril una carta pública al camarista Hornos, pidiéndole que renuncie al cargo en aras del bien de la República. Invocación ética que ingresó en un cono de sombras, al ser designado simultáneamente su hijo Juan Carlos en el Consejo de la Magistratura, con aval del gobierno. Las presiones alcanzaron a la propia Corte Suprema, con declaraciones como las del legislador Moreau, o el camarista Juan Ramos Padilla propiciando por redes sociales el 05 de diciembre del 2020 un juicio político a la Corte, por haber confirmado la condena a Amado Boudou. El politizado e ineficiente Consejo de la Magistratura por su parte, ante la decisión de la Corte de que concursen sus cargos decenas de jueces cuyas designaciones o traslados de juzgados se realizaron sin acuerdos de Senado, (situación de la propia jueza Cubría), solo se abocó a concursar los que ocupan Castelli, Bertuzzi y Bruglia, a los que el gobierno intenta remover por sus fallos. Con respecto a la “compra de jueces y voluntades” que el presidente no identifica, dicho Consejo jamás actuó y/o condenó a magistrados denunciados por enriquecimiento ilícito. Con estos antecedentes, no son necesarios operadores subrepticios.

En cuanto a los espías, el panorama es más patético. En la AFI parecieran abundar espías, pero no agentes de inteligencia que procesen la información recolectada para detectar riesgos que conspiren contra la seguridad exterior e interior de la Nación (Artículo 2° de la Ley de Inteligencia). La fiscal Caamaño, designada interventora de la AFI, logró un hecho inédito en el mundo del espionaje: involucrar y exponer al personal de inteligencia en diversas causas tramitadas simultáneamente en cinco juzgados federales: Luis Rodríguez, Martínez de Giorgi y Servini de Cubría (Comodoro Py); Federico Villena (Lomas de Zamora), y Martín Bava (Dolores). Al juez Villena la interventora Caamaño le envió documentación sensible con datos de más de 100 espías, algunos destinados en el extranjero que debieron ser repatriados. Y en la causa Nisman, cuando el fiscal Taiano citó a declarar a 89 agentes de inteligencia activos el día de su muerte, Caamaño informó que 64 de ellos ya no trabajaban en el organismo, exhibiendo una rotación de personal más comparable a vendedores puerta a puerta que a un organismo de inteligencia. Ni al libretista de la vieja serie “Superagente 86” se le hubiera ocurrido tantos disparates.

Una base para conjeturar el destino de estas causas la brinda la tramitada en el 2019 por el juez Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, conocida como operación “puf” de la causa cuadernos, en la que intervienen espías activos, ex espías, policías, fiscales, abogados, funcionarios y empresarios, en su mayoría  partícipes en otras causas judiciales y operaciones políticas relacionadas con corrupción. Por lo que es razonable aventurar que esta causa ya cerrada sin haber logrado el objetivo originalmente buscado, jamás se elevará a juicio oral y público. Es lo que sucedió con el reciente fallo del Tribunal Oral Federal n°8 en la causa por la firma del Memorándum con Irán, que pareciera haberse basado en evitar las declaraciones públicas de los testigos involucrados. Por ello el discurso presidencial presenta veracidades pero no virtudes. Las amenazas a jueces y fiscales permanecen, pero pasaron a ser públicas. De igual modo se mantiene inmutable la escasa profesionalidad de los organismos de inteligencia, en cuya conducción rotan políticos, magistrados y empresarios.    

Buenos Aires, 13 de octubre 2021

Tercer triunvirato

A más de 200 años de que el poder ejecutivo lo ejercieran dos triunviratos, el primero en 1811 y el segundo en 1812, imprevistamente surgió en nuestro país el tercero, integrado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y José Manzur. En esta curiosidad histórica, se destacan las similitudes entre los contextos políticos de entonces y el actual: conflictos en el seno del poder, caudillismos provinciales, visiones de futuro distintas, pujas económicas, y triunviros que tenían divergencias entre ellos, con escasa operatividad y corta duración en sus cargos, por lo que este tipo de conducción se abandonó. Retomada recientemente, sus expectativas de sobrevivencia llegan hasta el 14 de noviembre, pues el lunes 15, sea cual fuere el resultado, la historia será otra.

Tamaña crisis la provocó el instrumento más idóneo para que los ciudadanos se expresen, aún en un país con un historial de “fraudes patrióticos” y un sistema electoral amañado: el voto simultáneo, secreto y obligatorio. Si bien los votos ni siquiera consagraron legisladores, despertaron el temor a perder mayorías legislativas que aseguren a las castas mantener poder e impunidad. El resultado sorprendió no solo por su extensión territorial, sino por incluir a franjas sociales empobrecidas humillantemente identificadas como “votos cautivos”, como si tal condición no incluyera a políticos enriquecidos y empresarios con prebendas. Frente a esta confluencia popular activa, se produjo una confluencia política reactiva para recuperar votos fugados “del redil”, según léxico de caudillos. El primer paso consistió en la resurrección histórica del triunvirato, cuyo accionar se concentrará hasta el 14 de noviembre. En este breve plazo se podrá visualizar con claridad y en modo simultáneo las tres patas del trípode que caracterizan a nuestras rancias castas políticas: conservadoras en el ejercicio del poder, líquidas en lo ideológico y cínicas en lo discursivo.

La pata de prácticas conservadoras se desplegó con la designación del gobernador tucumano Juan Manzur como cabeza del triunvirato, con apoyo testimonial de reconocidos caudillejos provinciales, para apelar a estrategias igualmente añejas: comprar voluntades con platita en el bolsillo, garrafas, zapatillas, en lugar de asegurar educación, salud y seguridad. Al trasladarse este esquema al centro de poder “porteño”, se desplegó la siguiente pata: la liquidez ideológica. Se designaron ministros identificados con tradicionales derechas, sin que ello provocara las renuncias o quejas de quienes dicen pertenecer a autoproclamadas izquierdas, sean de funcionarios como Gómez Alcorta y Donda, entre otros, o representantes de entidades financiadas con recursos públicos, que seguirán lucrando bajo un barniz progresista basado en declamar derechos humanos, igualdad de género, lucha contra la discriminación y lenguaje inclusivo, beneficios que jamás llegarán a las franjas sociales más desprotegidas, y no interesan a los tradicionales caudillismos. Tales oportunismos demuestran a quienes desde hace décadas claman por consensos políticos, que canjeando cargos públicos y otros privilegios es posible alcanzarlos, y más aún, lograr que derechas e izquierdas compartan gobierno sin “grietas”.

La tercera pata del trípode sostiene a los cinismos discursivos, y es la más habitualmente desplegada, especialmente en procesos electorales. Se destacan dos frases emblemáticas: “no supimos escuchar a la gente”, y libretita en mano, “queremos conocer sus necesidades y opiniones”. Son pronunciadas por quienes ocupan cargos políticos de relevancia desde hace décadas, por lo que cuentan con todos los instrumentos institucionales, legales, operativos y estadísticos que les permite tener un preciso cuadro de situación del país que gobiernan. Una inédita pandemia le sumó cinismo operativo, consistente en eliminar de forma súbita todas las prolongadas restricciones que provocaran serios daños económicos y sociales, convirtiendo en una abstracción al término “aforo”, que en el apuro no se especificó quién y cómo se controla. Como novedad, los legisladores aceptaron trabajar en forma presencial, en este caso con aforo fácilmente verificable.

Parafraseando una conocida frase de Borges, se diría que nuestras viejas castas políticas son incorregibles.

Buenos Aires, 06 de octubre 2021