Mes: mayo 2020

Centralismos familiares

El artículo primero de nuestra Constitución establece que la Nación Argentina “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La República es una organización del Estado conformada por entidades territoriales con cierto nivel de autonomía llamadas provincias, y los que gobiernan (Gobierno), son elegidos mediante el voto popular para ejercer el poder por períodos de tiempo limitados. Nuestro sistema político cumple con éstos requisitos? O responde a un poder centralizado en manos de grupos con reminiscencias familiares, que promueven artilugios legales para limitar el derecho ciudadano de elegir, minimizar el federalismo de las provincias (con beneplácito de muchos gobernadores), coptar instituciones, eternizarse en el poder, y apropiarse de recursos públicos con impunidad?

Analizar esta hipótesis durante la pandemia es oportuno, porque en estas circunstancias los hechos predominan por sobre las elaboraciones dialécticas, y exhiben admisiones explícitas por parte del poder político. Como la de excluir como trabajadores “esenciales” para realizar tareas y transitar durante el aislamiento, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, gran parte del ejecutivo y servicios bancarios, reconociendo que para gobernar (no solo en pandemias), basta con concentrar facultades para que el presidente decida, con pocos funcionarios de apoyo, y un aporte presencial mínimo en Diputados y Senado. Para esta forma de conducción familiar, los “esenciales” son los que menos ganan y más riesgos afrontan. Es posible asimilar este centralismo (pocos), a una democracia (muchos)? En realidad el núcleo duro legal del centralismo es preciso: 379 integrantes (presidente y vice; 24 gobernadores y sus vices, y 329 legisladores nacionales). Las “familias” suelen rotar en el desempeño de dichos roles.  Un contexto de ausencia de partidos políticos, identidades ideológicas fluctuantes y oportunismos personales que abarcan oficialismos y oposiciones, permite a las “familias políticas” el usufructo permanente del poder, con eventuales y breves interrupciones. Sea se las identifique como regímenes centralistas, autocráticos, elitistas o populistas, son esencialmente  conservadores: resisten cambios institucionales, demoran los intentos modernizantes, se aferran a sus privilegios, practican el nepotismo, y ejercen la cleptocracia, como se llama generar un estado de corrupción desde el poder.  Para lograr estas continuidades se debe minimizar el poder del voto, actuando fuertemente sobre el sistema electoral adaptándolo a las conveniencias del momento, salvo en dos aspectos: 1) la listas sábana, cuyos representantes “de los ciudadanos” acordados entre familias políticas no pueden ser modificadas por el votante; 2) permitir que procesados y condenados por delitos comunes contra el Estado puedan ser candidatos y ser elegidos, lo que asegura continuidad, impunidad e inmunidad.

José Nun, abogado y politólogo que fue secretario de Cultura de la Nación entre el 2004 y 2009, plantea que desde que los ciudadanos participan de la política a través de partidos y representantes parlamentarios que canalizan sus demandas en leyes que aplica el poder ejecutivo, y hace respetar el poder judicial, Estado y Gobierno dejaron de ser lo mismo. Pero las versiones políticas autocráticas los reunifican fuertemente. Señala Nun que “la decadencia argentina no está asociada únicamente a la voracidad capitalista sino también al saqueo de los dineros públicos y a la erosión constante de las instituciones, rasgos habituales de los liderazgos autocráticos”. El historiador argentino Tulio Halperín Dongui señalaba que “en la Argentina se formaron dos principios de legitimidad política inconciliables: el de matriz oligárquica (el país solo puede ser gobernado por nosotros), y el de matriz popular (el gobierno debe provenir de las mayorías electorales). En los últimos tiempos el peronismo se arrogó ambas representaciones” La referencia de Dongui al peronismo, plantea el interrogante si es aceptable a más de 45 años de su muerte, que se invoque la memoria de Perón para justificar oportunismos, incapacidades y corrupción. Clarifica esta duda el politólogo Julio Bárbaro, peronista histórico: “Desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo, con Carlos Menem; la izquierda con Cristina Kirchner” (La Nación – 10/12/17).

Es momento que todos los políticos (con privilegiados sueldos asegurados) sean incluidos como trabajadores “esenciales”, y asuman la obligación de definir un camino de mediano y largo plazo que reformule una estructura burocrática, institucional y jurídica económicamente insostenible, generadora de deudas externas e internas, pobreza y corrupción. Y se elimine la delegación de poderes (salvo la estrategia sanitaria), que permite la permanencia de un centralismo que reemplaza debates con decretos y modifica leyes con medidas “por única vez”. Si bien es verdad que el pedido se le formula a las viejas familias políticas, estas deberían asumir que sin cambios estructurales consensuados en pos del bien común, las consecuencias próximas no se podrán afrontar.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2020

Jekyll y Hyde políticos

La historia está jalonada de guerras y pestes que teorías pretendidamente anticipatorias, plantearon que cambiarían el mundo. Obviando que con los vicios y virtudes que bien describiera Maquiavelo, serán nuestros perennes políticos y sus luchas de poder, quienes marcarán la realidad presente y futura, que hasta el momento no presenta atisbos de cambios cualitativos (estructuras estatales sobredimensionadas e ineficientes; privilegios legalizados; baja calidad institucional), ni cuantitativos (alta inflación sistémica, carencia de moneda, agobio impositivo, desempleo privado, alta pobreza, corrupción), indicadores que se agravarán de no implementarse reformas estructurales que las “familias políticas” eluden debatir.  

Las pestes, pasada la etapa de destrucción y muerte en la que los hechos priman sobre los discursos y las injusticias resaltan ante los privilegios, permitieron avances notables en infraestructuras y sistemas sanitarios, que en el caso argentino debieran manifestarse en profundas e innovadoras reformas político institucionales que desactive un sistema elitista y anacrónico. El principal obstáculo es que la corporación política y privada beneficiaria del sistema, invocando emergencias, pretende mantenerlo. En este contexto será la acción ciudadana expresada a través de la temida opinión pública, que rudimentariamente se expresa en cacerolazos o autoconvocatorias, la que deberá forzar dichas transformaciones. Esta disociación entre intereses particulares y ciudadanos se manifiesta en plena pandemia, cuando con poderes constitucionales y actividades privadas paralizadas o reducidas a su mínima expresión, importantes cúpulas políticas, judiciales y legislativas se mueven con celeridad y sin barbijos, para mantener la impunidad en los innumerables casos en trámite de corrupción estatal-privada.

Para no realizar análisis basados en preconceptos que deriven en la repetición de críticas inconducentes que nada cambien, previamente se debieran detectar las falacias de viejas estrategias discursivas y de acción política, estableciendo pautas reflexivas más creativas:

1.- Eludir la trampa de la “grieta” social, que es un instrumento ancestral de manejo de masas basado en dividir para gobernar, perfeccionado a principios del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo y del fascismo.

2.- Evitar que las conclusiones se sustenten solo en abstracciones (justicia, derechos humanos), y personificaciones excluyentes (Perón, Alfonsín, Kirchner, Macri). El problema argentino es estructural, no circunstancial.

3.- Dado que los medios de comunicación son fuente informativa casi excluyente para el ciudadano común, asumir que en democracia ofrecen una diversidad ideológica no exenta de opiniones tendenciosas o falaces. Recae entonces en el receptor la responsabilidad de evaluar y detectar contradicciones en los mensajes políticos, que en muchos casos son solo eslógans, títulos de nota o noticias falsas, utilizándolos para formular nuestros propios  interrogantes en busca de nuevas respuestas.   

Preguntarnos por ejemplo, ante nombres paradigmáticos vigentes desde hace más de 30 años: qué no se dijo y denunció de Carlos Menem? Hoy condenado, es senador. Qué no se dijo y denunció de Cristina Kirchner? Hoy con múltiples procesos, es vicepresidenta de la Nación. Cómo es posible esta realidad inédita en países socialmente más desarrollados? Para obtener respuestas, más importante que centralizarnos en las figuras de Menem y Kirchner, es desentrañar las tramas político-institucionales que lo hace posible. Seguramente, se entenderían los fracasos, corrupción y pobreza.

Como los análisis se basarán en antecedentes y opiniones fehacientes de políticos y dirigentes a través de medios de comunicación, se deberá tener presente sus fluctuaciones dialécticas y oportunistas adhesiones partidarias. Para ello es oportuno citar como metáfora al personaje de la famosa novela “Doctor Jekyll y el señor Hyde”, escrita por Louis Stevenson en 1886. Jekyll es un científico que, para estudiar la doble personalidad, crea una bebida que separa la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll la toma se convierte en Hyde, un sujeto capaz de cualquier atrocidad. Tras beberla nuevamente, recobra su personalidad más humana. Pasado el tiempo, desesperado por no conseguir los ingredientes con la pureza necesaria para lograr esta disociación de personalidades y poder gobernarlas, Jekyll se suicida, dejando una nota en la que confiesa el homicidio de Hyde.

La historia de más de 130 años merece adaptaciones a nuestro contexto. Los cambiantes mensajes políticos actuales no obedecen a una doble personalidad sino al uso consciente del cinismo, lo que explica que sus autores no se suiciden. El maléfico Hyde por su parte, de haber sido detenido en la actualidad, podría haber invocado ser un perseguido político.

Buenos Aires, 20 de mayo 2020

Complicidades explícitas

La historia argentina está jalonada de hechos de corrupción estatal resonantes y emblemáticos (sobreprecios en obras, servicios y compras, contrabandos, incumplimiento de concesiones de servicios, vaciamiento de organismos públicos crediticios y de fomento), que tienen como único afectado a los recursos públicos. La recurrente impunidad y no recuperación del dinero sustraído, insertó al país en una corrupción sistémica y permanente, que se transparentó a partir de 2016 por la sustitución de un gobierno de larga permanencia en el poder por otro de distinto signo político. En estas transiciones políticas, sea por pérdida de temor, búsqueda de justicia o producto de resentimientos, surgen denuncias, testigos, filmaciones, escuchas telefónicas, con jueces y fiscales expuestos por su inacción. Ante la multiplicidad de casos, el conocimiento de las “tramas” públicas-privadas armadas para el saqueo, se destacaron por sobre los “casos” individuales.  

Tras la exhibición pública de filmaciones con el grupo de Lázaro Báez y el ex Secretario José López contando y transportando millones de dólares, en el 2016 se aprobó la ley del arrepentido. A comienzos de 2018 surgió la llamada “causa de los cuadernos”, emblemática para comprender el alcance de las tramas delictivas en perjuicio del Estado. El alto nivel político y económico de sus integrantes (gobernantes, ministros, funcionarios varios, secretarios privados, empresarios, financistas, testaferros, jueces, fiscales), aunados sin desgastarse en debates ideológicos o “grietas” estériles, convertía en inevitable una contraofensiva feroz de igual nivel, para salvar patrimonios mal habidos y libertades personales. Pero la acumulación de evidencias y hartazgo social, obligó a que por primera vez los involucrados, en lugar de apelar a las clásicas operaciones subterráneas para negociar impunidad, debieran gestionar y amenazar a cara descubierta. Es en este contexto, agravado por la pandemia y una crisis económica estructural, que es necesario identificar paradigmas conceptuales y/o discursivos basados en falacias, para entender posibles escenarios inmediatos.

1.- El factor institucional más importante, inédito en otros países, es que producto de leyes aprobadas por las “familias políticas”, los procesados y condenados por delitos contra la administración pública pueden gobernar y legislar. Por ello como consecuencia de un nuevo cambio de gobierno nacional, retornaron altas autoridades nacionales y provinciales en dicha condición judicial, para cumplir simultáneamente los roles de representante público y parte acusada de delitos. Incongruencia que provocó la reciente crisis penitenciaria, con liberación desenfrenada de presos.

2.- En cuanto al ámbito judicial, dada la relevancia que tendrá en esta etapa de esclarecimiento y presiones políticas, es necesario clarificar preconceptos. Los poderes constitucionales no son asépticamente independientes, sino funcionalmente interdependientes. Como ejemplo, la designación y remoción de jueces, o que una misma persona pueda desempeñar roles en el ejecutivo, legislativo y judicial en distintas etapas. En el caso de los controvertidos jueces De Lázzari y Violini en la provincia de Buenos Aires, que encabezaron el operativo político de liberación masiva de presos, el primero fue Secretario de Seguridad de Duhalde, y el segundo precandidato a intendente de La Plata por el Justicialismo. Las intencionalidades políticas en muchos casos no se ocultan. Son conocidas las groseras intervenciones de jueces y fiscales en redes sociales y otros medios públicos, para denigrar a quienes no responden a sus preferencias políticas. El mismo Violini realizó duras críticas a la ex gobernadora Vidal por su intento de desactivar las bandas políticas-judiciales en la provincia, a lo que llamó “persecución judicial”. Recientemente la camarista Ana María Figueroa declaró haber sido presionada por un funcionario de Macri hace cuatro años, sin dar su nombre ni denunciarlo entonces ni ahora. En un sistema democrático el criterio de “independencia” debe aplicarse a la capacidad de decidir conforme a leyes y principios de justicia, asociada a la virtud de honestidad. Y no como la doctora Figueroa, adjudicar oportunistamente categorías políticas de gobierno malo (el que se fue), y gobierno bueno (el que está).

3.- Respecto a las estrategias comunicacionales públicas, para detectar operativos de confusión y lograr un cambio de fondo en las estructuras administrativas burocráticas, se deberá evitar la trampa del uso de abstracciones encubridoras de responsabilidades. En lugar de “poder judicial”, deberemos concentrarnos en nombres de jueces y fiscales actuantes en los distintos casos, con sus antecedentes y decisiones, lo que incluye a la Corte Suprema. En un contexto explícito de casos de corrupción estatal-privada, la puja no será doctrinaria sino ancestral: lucha entre honestos y deshonestos y/o acomodaticios. Es sabido que en estas circunstancias y conociendo nuestra historia, los embates del poder político se centrarán en los honestos.

Hace unos 2.600 años el legislador ateniense Solón, promotor de reformas para aliviar al campesinado asediado por la pobreza, afirmaba: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2020

Virus político activo

Alberto Fernández se transformaba el pasado 27 de octubre en presidente de Argentina, con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Hasta su asunción el 10 de diciembre, contaba con 43 días para conformar el equipo de funcionarios y presentar el plan de gobierno. No sucedió, y en su lugar se legislaron medidas que reiteraban viejos vicios invocando emergencia: delegar funciones en el ejecutivo para gobernar por decreto, congelar tarifas y diversos precios, crear más impuestos, afectar jubilaciones y mantener privilegios políticos y estructuras estatales ineficaces y económicamente insostenibles para la ciudadanía. Transcurridos a la fecha 190 días de elegido, el gobierno continúa sin presentar un plan nacional y presupuestario de gobierno. A fines de febrero surgieron las primeras noticias sobre un virus que asolaba a una lejana localidad china, que se extendió rápidamente a nivel mundial. El 20 de marzo se declaró en el país un aislamiento estricto aún vigente, que incluyó a los esenciales poderes legislativo y judicial. En ese letargo institucional, y asesorado por especialistas, el presidente se ponía entusiastamente al frente de las estrategias para minimizar daños de la pandemia. Pero, tras su estadía en Cuba, alguien decidió que ya era momento de reactivar la acción política: Cristina Kirchner.

En marzo, los diputados Heller y su hijo Máximo elaboraron un proyecto de impuesto a la riqueza; los defensores del condenado Boudou, doctores Rúa y Peñafort, lograron que el juez Daniel Obligado autorizara su detención domiciliaria, que el mismo juez rechazara una semana antes; los funcionarios del Ministerio de Justicia Pietragalla y Pryzbilski, entre otros, presionaron judicialmente para obtener la libertad de Ricardo Jaime, Martín Báez y Luis DElía, presos privilegiados sin hacinamiento, tras lo cual, coordinadamente se desató la fiebre liberadora de presos peligrosos; la vicepresidenta puso a trabajar a la Corte, solicitándole certidumbre sobre la validez de sesiones legislativas a distancia, y la funcionaria del Senado y defensora de Boudou, Graciana Peñafort, advirtió a sus miembros que “es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones». La Corte se expidió de inmediato. En la administración central, Vanoli, titular de la Anses (principal presupuesto estatal), fue relevado por la kirchnerista Raverta. El sutil canciller Solá, generaba permanentes conflictos con países vecinos.  

Las acciones políticas deben analizarse como secuencias interconectadas, no como impulsos coyunturales. En especial, cuando de ahora en más lo político predominará sobre lo sanitario, con independencia de la duración de la pandemia. Todo análisis debe explicitar las hipótesis sobre las que se sustenta. Se destacan tres: 1) ineficaz y costosa organización administrativa político-institucional, carente de partidos políticos creíbles y activos, que han sido sustituidos por “familias políticas perennes” cada vez más asociadas a la corrupción estatal-privada. 2) limitantes económicas propias del país desde hace décadas: carencia de moneda nacional, alta inflación sistémica, y cúpulas industriales y comerciales sin capital de riesgo propio y gestoras de prebendas políticas, que ahogan todo atisbo de modernización y competencia. 3) ausencia de liderazgos con visión de futuro y capacidad de implementación. Alfonsín tuvo honestidad y éxitos institucionales, pero dejó anticipadamente el gobierno con hiperinflación.

Merece atención el tema liderazgos, en un país que proclama líderes a quienes concentran recursos públicos y actúan como anacrónicos caudillos, para clarificar especulaciones inconducentes sobre quien manda en la fórmula presidencial. En la campaña, el presidente Fernández se presentó como “un hombre común”. Pésima estrategia. Las sociedades están plagadas de hombres y mujeres comunes, concepto que no excluye a esforzados trabajadores y empresarios exitosos. Lo que la política argentina demanda y no logra, es que a las virtudes de “hombre común” se le agregue la difícil condición de estadista, con un equipo de gobierno acorde. En 1913, José Ingenieros lo llamaba hombre superior, definiéndolo como capaz de concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Por el contrario, hoy políticos, jueces, fiscales, empresarios, todos ellos “comunes”, concentran esfuerzos en destruir las causas y juicios por corrupción, marco en el que se inserta la provocada crisis carcelaria.

Cabe preguntarse: si la vicepresidenta tampoco es una estadista, y solo líder de un grupo férreo y acotado, que la distingue del “común” Alberto Fernández? Maquiavelo, creador de la ciencia política moderna, en su tratado El príncipe afirmaba: “cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es realmente”. Pero Cristina Kirchner, más allá de asesores de imagen, transmite lo que realmente es. Desinteresada por eventos sociales que excedan lo familiar, rechazo a los debates políticos presenciales, rencores explícitos, exigencia de adhesiones irrestrictas, planificadora de estrategias, opera, elige, decide, y será difícil traicionarla por quienes solicitaron su amparo. En este contexto de políticos “comunes”, es razonable establecer que Fernández propone y Cristina Kirchner dispone, lo que no implica un menoscabo para uno u otro. Simplemente los roles surgieron de un acuerdo de partes, aunque muchos de los involucrados y actores ajenos sueñen con dejarlo sin efecto.  

Buenos Aires, 06 de mayo de 2020