Mes: septiembre 2020

Kirchner, Macri y la Corte

A los líderes de gobiernos autoritarios con pobres calidades democráticas les encanta referenciarse en la historia, sea pasada (Irigoyen, Perón), o futura: “la historia me juzgará”. El presente lo atraviesan con excusas (herencia recibida), o autoelogios (nadie hizo tanto como yo). En nuestro país el fenómeno  agrega la perdurabilidad en altos cargos públicos de políticos y sus familiares (nepotismos), que genera una continuidad entre pasado, presente y futuro que repite políticas, estrategias y discursos que concluyen en inevitables fracasos.  

Para opinar sobre la gravedad económico-social e institucional del momento, se apelará a una regla básica de la propaganda llamada de simplificación, consistente en utilizar palabras cortas y rítmicas que sean fácilmente recordadas. En este caso se adopta la trilogía “Kirchner, Macri y la Corte”, que engloba a dos ex presidentes y a los cinco jueces vitalicios del máximo organismo judicial, quienes constituyen hitos institucionales para entender el debate sobre tres temas interrelacionados, esenciales en el desarrollo de un país: justicia, coparticipación de recursos y corrupción. En cuanto a perdurabilidad en altos cargos, Cristina Kirchner los desempeña desde hace 35 años, cuando en 1995 fue elegida senadora nacional por Santa Cruz; el ex presidente Macri durante 15 años, cuando fuera elegido al frente del gobierno de la ciudad en el 2015. Como jueces en la Suprema Corte, Maqueda tiene una antigüedad de 17 años; Highton y Lorenzetti 16, Rosenkrantz y Rossatti 4.

Identificados los referentes institucionales, es momento de mencionar el contexto político. Existe un principio que indica que las leyes deben cumplirse, por lo que su desconocimiento no es excusa para infringirla. Por ello, para ser asumidas por la sociedad deberían tener continuidad en el tiempo. Más aún en el campo penal, donde su conocimiento se supone ineludible: no se debe violar, robar, matar, estafar, corromper. No es así en nuestro país, donde las leyes y procedimientos procesales se modifican, interpretan, tergiversan, acomodan y de ser necesario se incumplen, según intereses políticos de coyuntura. En especial en casos de corrupción estatal, donde los poderes públicos son juez y parte. El círculo vicioso cierra con legislaciones administrativas y electorales que favorecen la exclusión ciudadana, la perpetuidad política y la  impunidad delictiva. Comunicacionalmente predomina el cinismo, con políticos complacientes o cómplices con la impunidad que claman por la independencia de poderes, para horas más tarde presionar públicamente a miembros de la Corte y jueces.

Las anomalías institucionales se acumulan. Los condenados y procesados por corrupción pueden gobernar,  legislar y encabezar acciones y reformas judiciales que afectan causas penales que los involucran. Recientemente, el ineficaz Consejo de la Magistratura, con el voto decisivo de la diputada lavagnista Graciela Camaño, promovió el desplazamiento de jueces cuyo traslado el mismo Consejo aprobara hacía dos años, obligando a que la Corte dictamine sobre lo que ya dictaminó hace dos años. El principal problema es que para los corruptos la jurisprudencia no existe. Para justificar estas contradicciones, a la ciudadanía se le inculca que la justicia no tiene validez general, sino se identifica con los gobiernos de turno, sea peronista, macrista o kirchnerista. La llamada “mesa judicial” macrista al menos demostró que llegar a juicios orales públicos para definir culpabilidades e inocencias en tiempos razonables es posible. Es de esperar que la “mesa judicial” kirchnerista no logre desactivarlo.

El fenómeno de la perdurabilidad se reitera en el debate por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Los jueces de la Corte Maqueda y Rossatti participaron como convencionales en la reforma constitucional de 1994, que incumplió el mandato de acordar y promulgar un nuevo régimen de coparticipación entre Nación, ciudad de Buenos Aires y provincias, antes de diciembre de 1996. En la práctica, el proclamado federalismo se somete a decisiones del Ejecutivo por decretos, avalados por senadores siempre y cuando no afecten a sus jurisdicciones. Una alternativa sería que la Corte hiciera lugar al amparo de la Ciudad, hasta tanto se cumplimente dicho mandato constitucional. Las curiosidades judiciales no se agotan. Al haber cumplido la edad establecida por la Constitución para jubilarse, la jueza de la Corte Elena Highton presentó un amparo tildando al requisito de inconstitucional.

Ante este panorama, es de desear que el fallo de la Corte, más allá del rechazo o aceptación de las demandas, defina vías claras y compartidas a futuro, que eviten continuar con decisiones fluctuantes alejadas del interés común. Por ejemplo, definir si los traslados de jueces se deciden en el ámbito judicial o en el político. Es verdad que el fallo podría ser ignorado por los políticos. Pero algo es algo.

Buenos Aires, 30 de septiembre 2020

Inseguridad fomentada

El reciente amotinamiento de la policía bonaerense es solo un síntoma visible de una grave enfermedad que carcome a todo el aparato administrativo político institucional. Dada la relevancia conceptual del término seguridad, cuyo significado entienden y afecta sin grietas a todos los niveles sociales, e involucra a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es una válida referencia para comprender la problemática del funcionamiento del Estado.  

Seguridad significa ausencia de peligro o riesgo. Para aplicarla a la protección de personas y bienes contra el delito y cumplir una obligación indelegable, el Estado crea organismos con capacidad de ejercer control. Tras este breve resumen de escuela primaria, en escasos meses se concatenaron incongruencias políticas: peleas entre Fréderik y Berni, máximos funcionarios del área, que recuerdan las entregas semanales de un “cómic” de los 60; liberaciones promovidas y legalizadas de presos peligrosos; tomas de tierras públicas y privadas planificadas y consentidas; anuncio de un plan de seguridad consistente en incorporar más policías y comprar más patrulleros, cuando cantidades no hacen un plan, sino es un plan el que determina cantidades. Y finalmente, usar la crisis para manotear fondos entre jurisdicciones. Como dirían los jóvenes, “dirigencias políticas al palo”.

Como consecuencia, un pequeño número de policías amotinados ante la impotencia de sus jefes, transparentó porque la operatividad delictiva predomina claramente por sobre la efectividad de la seguridad estatal. Para explicarlo se deben incorporar dos conceptos: complicidad y fomento. Cómplice es quien como partícipe necesario ayuda a cometer un delito sin tomar parte en su ejecución material.  Fomenta quien favorece de algún modo el avance del delito, sea por acción (ideología) u omisión (incapacidad operativa). Si bien los tres poderes del Estado y miembros de las fuerzas están implicados en ambas alternativas, cabe detenerse en el fomento institucional, que es la causa de la situación generalizada de inseguridad.  

Los presos no se fugaron; fueron legalmente liberados. Las tomas fueron organizadas por sectores con contactos políticos. Un juez de garantías tardó 60 días en ordenar un desalojo que luego el Ejecutivo no ejecuta, mientras altos funcionarios discutían si la usurpación es o no delito. Los reclamos policiales se basaron en compararse salarialmente con otras fuerzas, sin medir profesionalidad, cantidad y eficacia. La provincia tiene 90.000 policías activos, de los cuales cerca de 50.000 fueron incorporados hace siete años durante la gestión Scioli-Granados. Sin embargo, se reclama el auxilio de fuerzas federales. Se plantea el mal estado de los patrulleros, pero en lugar de ponerlos a punto y mantenerlos, se anuncia la compra de 2.000 nuevos patrulleros. Se expresa que el policía debe tener un buen salario, pero nada se aclara respecto a su formación profesional y logística que cuide su principal bien: la vida. El periodismo debiera colaborar en el esclarecimiento de la problemática, haciendo preguntas más precisas a los funcionarios responsables durante sus cabalgatas mediáticas. Por ejemplo:  

1) el clásico y universal “alto o disparo” a un delincuente, tiene vigencia en las directivas superiores? 2) cómo debe actuar el policía ante delincuentes con armas blancas? 3) se le enseña defensa personal? 4) existen prácticas regulares de tiro? 5) tiene sentido desgastarlo físicamente con “changas” adicionales? 6) se realiza un control regular de consumo de estupefacientes? 7) qué requisitos físicos debe reunir el ingresante (relación altura/ peso, visión, etc.) 8) cuál es el tiempo de formación policial, y que relación ingreso/egreso existió en los últimos ocho años?

Este tipo de interrogantes relativos a tareas específicas, deberían plantearse ante cada uno de los organismos estatales en estudio, a fin de optimizar recursos y rendimientos en base a principios de igualdad de oportunidades, valoración del esfuerzo personal y calidad del servicio brindado a la sociedad, que es el fin de un empleado público. Por último, cabe destacar la reiteración dialéctica que intenta disimular incapacidades políticas asociando delito con pobreza, cuando son los pobres quienes más sufren el delito. Con el agravante que simultáneamente, en los más altos niveles se libra a cara descubierta una batalla político-judicial para desactivar múltiples causas de corrupción en perjuicio del Estado, que involucran a funcionarios, empresarios, financistas, testaferros y abogados, todos multimillonarios. En estos casos es de suponer que el delito se asocia con riqueza, y la pobreza es moral.

Buenos Aires, 23 de septiembre 2020

La política de los helechos

Para analizar hechos y arribar a conclusiones se debe tener presente que el discurso político suele incluir omisiones, falacias y cinismos que ocultan los verdaderos objetivos. En la asunción de Fernando Espinosa como intendente de La Matanza el 13 de diciembre de 2019, la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó ante sus adeptos: “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”. Cuidándose de mencionar que el justicialismo gobernó en forma ininterrumpida durante 36 años a La Matanza (1983-2020); 26 años a la provincia de Buenos Aires (1989-2015), y 14 años a la Nación (2002-2015). A casi nueve meses de la citada frase, una secuencia de sucesos clarifica roles en el poder gobernante, y más importante, permite proyectar con mayor precisión futuros escenarios políticos.  

1) el 13 de diciembre, el discurso de la vicepresidenta en La Matanza; 2) en marzo, comienzan los disensos públicos entre Fréderick y Berni, responsables de la seguridad nacional y provincial; 3) en abril, se promueve la liberación masiva de presos peligrosos; 4) en agosto, se produce una usurpación generalizada de tierras; 5) en septiembre, el día 4, ante Kicillof, Frederic y Berni, el presidente anuncia un Plan de Seguridad provincial; el día 7, con epicentro en La Matanza, se amotina la policía bonaerense; el día 9, se anuncia la quita de fondos coparticipables de la “opulenta” ciudad capital, para trasladarlos a la provincia de Buenos Aires; el día 10, Kicillof accede a los reclamos policiales, y mantiene en sus cargos al jefe de la policía y al secretario Berni; en el mismo día, 19 gobernadores apoyan públicamente la medida en desmedro de la ciudad.

Lo detallado, que exhibe componentes políticos que exceden el tema de la seguridad, permite proyectar el curso de gobierno tras 270 días de ejercicio, y obliga a modificar hipótesis analíticas recurrentes e incorrectas.

1.- Perdió sentido continuar planteando una única “grieta” separadora de dos expresiones  ciudadanas excluyentes. Es un recurso fomentado por castas políticas estables para manipular a la opinión pública, y que finalmente nada cambie. La realidad muestra que existen innumerables y fluctuantes grietas entre diversos sectores oportunistas que pujan por usufructuar recursos públicos. Jorge Asís los llamó irónicamente “bandas”, citando en la provincia de Buenos Aires a las conformadas por la gobernación, intendentes, la Cámpora y movimientos sociales. En agosto se coló la bonaerense.

2.- En los políticos se debe analizar tres cualidades: poder, identidad y utilidad. El poder, claramente lo ejerce Cristina Kirchner. Su referencia a “los helechos” porteños un lejano 13 de diciembre, tuvo el acompañamiento coral de sus seguidores, y concluyó en una decisión política. Esto se repetirá en los temas de su interés, que son concretos y acotados: no es una estadista. En cuanto a las identidades políticas, las cocteleras frentistas pretenden obtenerla invocando las memorias de Irigoyen, Perón, Evita o Alfonsín, o tras una hojarasca mística-partidaria como peronismo, radicalismo, progresismo, populismo, neoliberalismo, y otras, que justifiquen o legitimen desmanejos, privilegios y hasta corrupciones. Tal liviandad explica que los gobiernos se terminen personalizando en menemismo, kirchnerismo y macrismo. En este sentido, el actual es kirchnerista. Clarificación que no elimina conflictos pero ordena debates. En cuanto a la tercera cualidad, la utilidad, en política la ingenuidad personal no es una opción. Nadie se incorpora a listas sábanas legislativas u ocupa cargos ejecutivos por méritos propios, sin avales de peso y sin brindar contraprestaciones. A falta de capacidad, el beneficiado debe aportar al menos utilidad (votar, dejar hacer, no ver, ofrecer popularidad, actuar como propagador). Ello incluye a los habituales nepotismos familiares.

3.- La desactivación de un utópico “albertismo”, no supone que Alberto Fernández sea una víctima o engañara al votante. Como presidente cumple el rol que siempre practicó: operador, gestor, intermediador, conversador. Tarea que se desarrolla en ámbitos reservados en los que se discuten intereses particulares, nunca generales. El problema de Fernández es que al trasladar dicho rol al ámbito del control público, este pierde flexibilidad. Ello explica sus permanentes contradicciones discursivas.

Planteados estos parámetros generales, es momento de retomar la problemática de seguridad que estalló en agosto con el amotinamiento de la policía bonaerense, pues arroja enseñanzas a futuro. El conflicto solucionó parcialmente un tema salarial, pero se continúa sin definir una política de seguridad coherente y nacional, que interrelacione adecuadamente legislación, accionar judicial con el policial, profesionalización de las fuerzas y marco presupuestario. Será tema de la próxima opinión.

Buenos Aires, 16 de septiembre 2020.  

Política genealógica

La indisoluble relación entre sistemas de gobierno y nivel de sus representantes políticos, presenta en origen una disyuntiva: si los gobernantes respetarán el sistema, o buscarán amoldarlo a sus intereses particulares. Esta última opción genera castas políticas con tendencias totalitarias, que exacerban las luchas por alcanzar el poder político, que debe sostenerse con costosas estructuras burocráticas que se financian con altos tributos que pagarán los gobernados.  

Interpretar nuestra realidad política implica clarificar esta relación entre sistema y representación; de ser imperfecta, permite que coexistan vertientes totalitarias con democráticas. La calidad de un sistema de gobierno no la define su denominación, ni votar supone democracia. Gobernar buscando concentrar el poder puede lograrse bajo un líder (dictador), o colectivamente (partido único). El gobierno venezolano de Maduro no es más democrático que la monarquía constitucional de Inglaterra. El sistema institucional capitalista de EE: UU no es antidemocrático. El de Argentina no tiene la misma calidad que el de Uruguay y Chile. Bajo cualquier régimen, sea en EE.UU., Venezuela, Francia, Rusia, China o Argentina, es el Estado quien tiene el poder excluyente de fijar políticas, legislar, ejecutar y juzgar. De perder esta capacidad se ingresa en la anarquía. Por lo que carece de relevancia debatir en abstracto si se quiere más o menos Estado. Identificar los vicios que expliquen nuestra decadencia de décadas, requiere centrarse en la baja calidad de nuestro sistema institucional y de representación, cuyos beneficiarios invocan adhesiones o simbologías históricas como peronismo y radicalismo, encubriendo una realidad que nos aproxima al totalitarismo: la existencia de castas políticas perennes y oportunistas, sin ideologías coherentes ni intereses nacionales comunes.

En la recuperación de la democracia en 1983, dos partidos tradicionales y consolidados como el PJ y la UCR alcanzaron casi el 92% total de los votos.  En 1989 ambos partidos sumaron casi el 80 %. Tras el Pacto Menem-Alfonsín que derivara en una reforma constitucional de pobres resultados, y un crecimiento desmesurado de las estructuras burocráticas, en 1995 se reeligió a Menem. El radicalismo, con el 17% de los votos perdió su identidad, que nunca recuperó. Lo mismo le sucedió al PJ en 1999, al caer derrotado ante una alianza conformada por radicales y peronistas disidentes. La desaparición del clásico bipartidismo se efectivizó en la crisis 2001-2002, a partir de la cual las pujas electorales se dirimen entre frentes polifacéticos y fluctuantes, plagados de oportunismos y acuerdos que fueron degradando el sistema institucional a través de legislaciones altamente restrictivas del derecho del pueblo a elegir a sus representantes, como listas sábanas, reelecciones indefinidas, ley de lemas, autoprotección en causas penales, digitación del acceso a cargos públicos, etc. Consolidando de este modo a una dirigencia que semeja a árboles genealógicos familiares (nepotismos), y políticos (travestismos). Los “consensos” sin identidades definidas abundan: De la Rúa-Alvarez (1999); Rodríguez Saá-Posse (2003); Cristina Kirchner-Cobos y Lavagna-Morales (2007); Ricardo Alfonsín con De Narváez en su lista (2011); Macri-Pichetto y Fernández-Massa asociados a la por ellos denostada Cristina Kirchner (2019). Los “disensos” se manifiestan en peleas entre lenguaraces y charlatanes de feria, como llamara el Chino Navarro a Berni, para definir quién es más inútil, más corrupto o si usurpar propiedades públicas y privadas es un delito. Esta consolidación de genealogías políticas promotoras de legislaciones que las sostienen y protegen, explica que las prioridades en plena pandemia y pobreza, pasen por complejas reformas judiciales en el fuero penal, que desarmen y/o afecten causas de corrupción que involucran a funcionarios del ejecutivo, del legislativo y privados asociados, todos ellos succionadores de recursos públicos.

Esta estructura institucional débil y plagada de cínicos que pueden negar lo afirmado en el pasado o modificar a futuro lo que dicen en el presente, opera nocivamente en el proceso de gobernar, y destructivamente en los gobernados. Maquiavelo describió a estos personajes con precisión, cuando se refirió a las tropas mercenarias: “Son inútiles y peligrosas; y el príncipe que descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos…”  

Buenos Aires, 09 de septiembre 2020

Políticos lenguaraces

El lenguaraz, adjetivo que describe a quien habla con descaro y desvergüenza, en la historiografía gauchesca cumplía el rol de oficiar de traductor entre indios nativos y conquistadores territoriales, para lograr acuerdos. No era tarea fácil, pues un mismo término tenía significados distintos para unos u otros; por ello para crear confianza, su locuacidad y picardía debía evitar agresiones y falsas interpretaciones. Este personaje que se suponía extinguido, revivió en el mes de agosto encarnado en los máximos capitostes del poder político desde la recuperación de la democracia en 1983: el presidente en ejercicio Fernández, y los ex presidentes Duhalde, Cristina Kirchner y Macri. Menem se excusó, aduciendo quizás razones de salud. Debido a los avances tecnológicos, los mensajes se trasladaron a las diversas tribus en formato audiovisual y tuits, en lugar de hacerlo a través de los históricos chasques.

El fecundo diálogo lo inició el 6 de agosto la ex cacique perseguida por corrupción Cristina Kirchner, con un tuit impactante: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”.

El 23 de agosto el actual cacique mayor de la argentina, también conocido como Alberto, expresó con tono místico mientras exhibía una filmina: “Al país le fue mejor con el coronavirus que con Macri”.

El 24 de agosto por la noche, en un estudio-toldería televisivo, el ex cacique Duhalde expresó: “El próximo año no habrá elecciones. Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe». Entre los presentes cundió la duda respecto a la traducción: golpe significaría hacer sonar tambores en son de paz o de guerra?  

El 25 de agosto reapareció el gran cacique Alberto, señalando que se había olvidado de informar a las tribus que tras el inicio de la cuarentena parlamentó el pasado 19 de marzo con el anterior cacique Macri, y éste le recomendó: “Dejemos a la gente en la calle y que se mueran todos los que tengan que morirse».

El 26 de agosto el ex cacique Macri, también llamado Mauricio, quien se encontraba en Suiza tratando de colonizar a la FIFA, desmintió al gran cacique Fernández, señalando que sin verdad no se puede negociar.

El mismo día por la mañana en un estudio-toldería radial, el ex cacique Duhalde confesó que debido a la cuarentena, “es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados”, adjudicando sus dichos a un brevísimo brote psicótico.  

Para tranquilidad de poblados y tolderías argentinas, agosto concluyó sin nuevas declaraciones entre lenguaraces, que a la pandemia le sume reacciones psicóticas masivas. Sin embargo se debe destacar una expresión del ex cacique Duhalde a la que no se le prestó atención, al señalar que tras ser designado en la crisis 2001-2002 presidente en reemplazo del renunciante radical De la Rúa, gobernó “junto al doctor Raúl Alfonsín” (textual), quien durante su presidencia sufriera por parte del entonces identificable y compacto justicialismo una oposición dura, plasmada en trece paros generales de la CGT. Al punto que, como sucediera con De la Rúa, debió abandonar el gobierno antes de finalizar su mandato. Si bien esta mención de Duhalde no puede ser ratificada por el fallecido Alfonsín, ni afecta a su justo reconocimiento como verdadero demócrata y presidente honesto, merece una reflexión.

Ejercer oposiciones constructivas es imprescindible, pero plantear en un sistema democrático “cogestiones” que no son tales, solo encubren sumisiones de supuestos opositores ante monopolizadores del poder, las que canjean por privilegios personales. La condescendencia de Duhalde con el fallecido Alfonsín obliga a poner la lupa sobre el accionar de quienes hoy, diciéndose radicales o defensores de derechos humanos, solo usufructúan memorias y símbolos para actuar como “caballos de Troya” que favorezcan a gobiernos monopólicos e impida alternancias. Consensuar en base a principios virtuosos y de interés común necesita de legitimidades equilibradas de representación, en lugar de invocar al consenso para esconder perpetuaciones y beneficios personales. Ello explica porque,  pese al dislate de agosto entre lenguaraces, el eslogan “Argentina unida” mantendrá vigencia. Su redacción virtuosa esconde un mensaje subliminal habitual en sistemas dictatoriales o democracias de baja calidad: “unida bajo mi conducción”.

Quizás Duhalde sufrió un síntoma que no es psicótico, y alcanza a demasiados políticos argentinos: no resignarse a ser una parte del pasado.

Buenos Aires, 02 de septiembre de 2020