La serpiente en movimiento

La última reflexión se refirió a la cantidad de organismos y cargos políticos nacionales que configuran una organización burocrática sobredimensionada, conservadora y elitista que se la asimiló al “huevo de la serpiente”, destinado desde hace décadas a crear estructuras para mantener poder y privilegios que oficialismos , oposiciones y dirigencias enriquecidas pretenden mantener. La condición de elitista se expresa en la permanente creación de beneficios laborales, jubilatorios y salariales, de los que carecen empleados y ciudadanos comunes.

Es razonable estudiar a la serpiente estatal en movimiento a partir de 1997, mediados del último mandato de Menem, porque 25 años define a una generación, y el período alberga a la mayoría de las dirigencias que prevalecen hoy. Un certero diagnóstico de la actualidad, paradójicamente lo formuló hace más de medio siglo Juan Perón, a cuya memoria recurren personajes oportunistas y enriquecidos para encubrir delitos y malas praxis. En su libro “La hora de los pueblos”, escrito en 1968, señalaba: “Se habla de una crisis argentina porque su economía está en bancarrota, pero no se habla de una crisis mayor representada por una falta total de ética y honestidad que habiendo sido el comienzo, amenaza con ser también un final trágico de nuestros males. La crisis moral es el peor azote de la situación actual, con el agravante que ha sido provocada desde el poder, que se empeña con una contumacia incomprensible de mantenerla, y su solución ha de ser previa a toda solución”. Su precisión y actualidad exime de mayor comentario. Cabe citar ejemplos recientes de la serpiente en movimiento.

1.- Pese a que las políticas sociales públicas están a cargo de áreas específicas de Nación, provincias y municipios, para manejar sus recursos se insertó en la estructura estatal a líderes piqueteros, bajo el principio mafioso de canjear “paz social por dinero”, quienes a su vez financian sus propias subestructuras con dinero público. Ante un negocio tan lucrativo, más organizaciones pretenden ser beneficiarias, por lo que los piquetes continúan. La voracidad de la serpiente burocrática impulsó la realización en 30 días de una tardía auditoría de planes sociales. Vencido el plazo, surgió un igualmente tardío informe de la AFIP que detectó innumerables irregularidades, que en lugar de ser considerado positivo, se lo sospechó de “carpetazo”. La ministra Tolosa Paz señaló que las irregularidades alcanzan a solo el 0,3% del total de beneficiarios, dando de baja solo a 2.243 planes, que a $ 27.225 por cada uno, implica hasta el momento 61 millones de pesos por mes, los que sin seguimientos administrativos profesionalizados son deglutidos por la serpiente, debido a que la militancia rentada no brinda servicios públicos, sino autoservicios.

2.- Pasando al sofisticado campo empresarial, el ministro Massa presentó un nuevo plan de regulación de precios denominado “Justos”, sin que ningún funcionario o empresario supieran explicar a la sociedad que los convertía en justos, y con la presencia de Coto y De Narváez entre otros supermercadistas. A días del anuncio, el acuerdo basado en “paz de precios por entrega de dólares” no se había firmado, pues la serpiente burocrática no contaba con datos consistentes para definir productos, puntos de venta, distribución, y las contraprestaciones en dólares a los empresarios.

3.- En el campo judicial descolló el juez federal Martínez de Giorgi, quien sobreseyó al ex subsecretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Liuzzi, acusado de enriquecimiento ilícito. Había ingresado a la función pública con 286.000 pesos declarados, y se retiró con departamentos en Puerto Madero, cocheras, empresas, autos BMW y una mansión en Marbella, en la que vive con su esposa. El juez de Giorgi se justificó en que no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado de su patrimonio, debido a que un perito oficial presentó tarde y mal sus conclusiones. Pese a no aclarar porqué el supuestamente inepto perito oficial no fue sustituido en tiempo y forma, el juez de Giorgi no fue acusado hasta el momento de aplicar el “lawfare” en su fallo.

Estos e innumerables otros casos similares, demuestran que gran parte del “gasto público” no es en beneficio de los pobres, sino de la intencionalmente deformada estructura política de cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, responsables de malas praxis, afectación de los recursos públicos, corrupciones e impunidades. Por ello, a la serpiente burocrática se la mantiene viva y engordando.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022

El huevo de la serpiente

El sistema de gobierno, la calidad de su estructura burocrática operativa (incluye a los poderes legislativo y judicial) y la profesionalidad de quienes deciden y conducen, definen el desarrollo de una sociedad. No se puede tener éxito con administraciones sobredimensionadas, jerárquicamente descoordinadas carentes de gestión, sin seguimiento de resultados en tiempo real, y con empleados capacitados obligados a convivir con mediocres acomodados políticos. Por ello las alternativas son dos: o se producen transformaciones dolorosas pero equitativas, o se continúa repitiendo ajustes igualmente dolorosos para mantener privilegios y prebendas, sin expectativas de futuro. Lamentablemente, el gobierno, la principal oposición y el Fondo Monetario Internacional coinciden en mantener indemne al huevo de la serpiente burocrática que alimenta continuidades políticas y corporativas causantes de las crisis argentinas.  

La referencia al FMI tiende a clarificar responsabilidades. El organismo no es un Banco privado, sino una institución financiera que con el aporte de países centrales (Estados Unidos, Japón, Francia, China), fue creado para socorrer a países que soliciten su apoyo para afrontar crisis económicas extremas, provocadas usualmente por malas praxis de los propios gobiernos. Para revertirlas, se acuerdan indicadores macro, como aumentar reservas, disminuir hasta extinguir déficits fiscales y normalizar la inflación, pero no incluyen modernizaciones estructurales, eliminación de privilegios para pocos elegidos  o cláusulas contra la corrupción. La única molestia que el FMI causa a los políticos respecto de otras fuentes crediticias internacionales es el control del organismo de las pautas acordadas, pese a que el acuerdo vigente no exige al actual gobierno desembolsos durante su gestión, le entrega aportes extras, y tiene una actitud condescendiente con los incumplimientos,. Queda claro entonces que las reformas institucionales estructurales imprescindibles para un desarrollo sostenible es responsabilidad exclusiva de los políticos argentinos oficialistas y opositores, beneficiarios directos de las malas praxis, sobredimensionamientos burocráticos y distorsiones jurídicas. 

Dados los antecedentes en cuanto a que las reformas estructurales se anuncian pero no se cumplen, un nuevo intento debe prever la resistencia de los beneficiarios del sistema, que será dura y hasta violenta, usando a conocidos gremialistas como fachada. Por ello es esencial comunicar a la sociedad una línea de acción clara que explicite que el objetivo prioritario no es el gasto público global, sino el político en particular, imprescindible para promover un Estado equitativo y eficaz, no sometido a estructuras y plantas políticas sobredimensionadas, ineptas y familiares. Respecto al personal estable, solo se verán afectados quienes no trabajen o cumplan con los requisitos legales para el cargo, siendo reemplazados por quienes sí los cumplan (principio de equidad).

Para no diluir el enfoque en anécdotas parcializadas, cabe comenzar actuando sobre la estructura administrativa nacional, cuyos excesos y deformaciones se replican en provincias y municipios. La etapa democrática se inició en 1983 con 8 ministerios, con roles trascendentes y definidos. En la actualidad existen 20, sin que lo justifiquen sus atribuciones y resultados.  Por ejemplo, Alemania tiene 14 y Estados Unidos 15. De estas puntas de iceberg, ante la ausencia de relevamientos oficiales completos, se estima que se desprenden 110 secretarías de Estado; 180 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos, 138 entes descentralizados, indefinidas subsecretarías “adjuntas” carentes de toda interrelación funcional, y 40 empresas estatales “patrióticas” pero a pérdida. Muchos de los organismos creados solo para lograr adhesiones políticas y sumar militantes, que en nada favorecen a los ciudadanos comunes, inmersos en el subdesarrollo, más de 40% de pobreza y 90% de inflación.

Cuando de los organigramas se pasa a los cargos políticos, muchas veces cubiertos por quienes carecen de formación específica, los estudiosos los estiman en más de 10.000 solo en el ámbito nacional. Resulta una obviedad que con estas estructuras públicas resulta imposible planificar un futuro con objetivos compartidos, y tener conducciones profesionalizadas, situación que como nunca desde 1983 transparenta el actual gobierno, que transitará su período completo de gestión al amparo del “vamos viendo”, pero sin cambiar. Por lo que urge que el gobierno y oposiciones expliciten una propuesta de reformulación profesional, eficaz y virtuosa de la estructura estatal, sea en lo inmediato, y/o con miras al 2023. Lograrlo implica un ajuste, pero político. O sea de los que más tienen, pero succionando recursos públicos sin brindar servicios de calidad o generar desarrollo.

Buenos Aires, 16 de noviembre 2022

Atrapado sin salida

La actual coyuntura política recuerda a la famosa película de 1975 “Atrapado sin salida”, interpretada por Jack Nicholson, que se desarrolla en un hospital psiquiátrico cuyos internados, sometidos a normas rigurosas, acabarán desencadenando una guerra entre pacientes y personal del hospital, rol que en nuestra versión criolla encarnan quienes ejercen roles políticos. Como metáfora, son nuestros ciudadanos comunes los pacientes que atrapados sin salida desde hace décadas, deberán rebelarse contra quienes los sojuzgan para forzar acciones nacionales transformadoras.

No es casual que los jactanciosamente llamados “debates políticos” sean en realidad toscos espectáculos, en los que Cristina Kirchner habla de supuestos y confusos logros pasados omitiendo el presente, el heredero Máximo critica a su propio gobierno, Morales y Macri discuten sobre Yirigoyen, y Patricia Bullrich amenaza con romperle la cara a un funcionario de la Ciudad, entre otras puestas en escena del “under” teatral político. Esta disociación con la realidad se visualiza en los actos de juras de funcionarios y políticos partidarios, en los que los convocantes se exhiben sonrientes y eufóricos en medio de la pobreza, detalle que asesores de imagen y publicistas parecieran no advertir. La única alternativa entonces, es que sean los sufridos ciudadanos quienes instalen y promuevan hasta las elecciones de 2023 temas relevantes para la sociedad, sin por ello obviar peleas y necedades discursivas mediáticas, pero solo como mero esparcimiento en el negocio del escándalo.

Las argumentaciones deberán emplear un léxico claro y entendible por todas las franjas sociales, eludiendo las manipulaciones o engaños del discurso político; y los análisis se referenciarán en acciones u opiniones de funcionarios relevantes con altas responsabilidades públicas, con veracidad certificada vía reportajes, audios y videos, omitiendo a bufones de palacio que solo aportan confusión y/o sumisión. Vale el reciente ejemplo del tratamiento de la ampliación de la Corte en el Senado, cuando el senador Parrilli hizo referencia a jueces mafiosos y Mayans propugnó cambiar impunidad por paz social, lo que de hecho oficializó la existencia de una estructura estatal mafiosa, lo que expone el uso de un recurso habitual de las mafias por parte de políticos y asociados, consistente en saturar a los juzgados con denuncias para coaccionar a determinados actores en busca de acordar impunidad, y en paralelo, resistirse a los juicios orales y públicos, que es la única instancia que define inocencias y culpabilidades.

La tarea exige un ordenamiento temático que establezca prioridades estructurales, y evite comenzar con parcializaciones prejuiciosas o “grietas” paralizantes. Por ello es oportuno comenzar por un aspecto que involucra por igual al oficialismo, oposición y Fondo Monetario Internacional: ninguno de ellos plantea como prioritaria y urgente la transformación concreta de la estructura burocrática y jurídica estatal, que plagada de ineficacia y privilegios es la causante del subdesarrollo del país. Quienes por el contrario, por acción u omisión protegen lo que Max Weber denominó patrimonialismo: enriquecidos funcionarios, empresarios, sindicalistas, cortesanos, gobernadores, favoritos y vendedores de gracias, con ciudadanos sumidos en la pobreza, a los que el Estado “cuida” con miserables dádivas. La ausencia de propuestas se reemplazan por peleas, oscuras gestiones y mutaciones partidarias basadas en intereses individuales de quienes pretenden desde posiciones de privilegio, seguir “cuidando” a la población con recursos del Estado a partir de diciembre de 2023. Estas actitudes recuerdan a la ironía y precisión con la que describía el fallecido politólogo José Nun a muchos de estos actores del espectáculo político: “En las zonas cálidas abundan los peces voladores, que saltan casi un metro fuera del agua y planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse, para huir de sus atacantes marinos. Tienen un aire de familia con el planeo de muchos de nuestros políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores”.

Esta coincidencia entre oficialismo, oposiciones y FMI se analizará en la próxima reflexión.

Buenos Aires, 09 de noviembre 2022