Quiénes nos gobiernan?

Formular una argumentación exige tener en claro el tema a desarrollar y objetivos pretendidos. En este caso el tema es gobernar, y el objetivo determinar quiénes encabezan dicha responsabilidad, y sus roles. En especial, en momentos que se atraviesa una crisis económico-social inédita que lejos está de haber alcanzado su punto máximo. Esta identificación es imprescindible para comenzar a elaborar políticas de corto plazo que minimicen daños, y de mediano/largo plazo que reviertan la matriz de decadencia, antes que distraernos con especulaciones acerca de pujas de poder internas en el oficialismo y en la oposición

Plantear “quiénes” y no “quién” nos gobierna no es casual. Tras sucesivas crisis sufridas por el país, continuar caracterizándonos como un sistema democrático “fuertemente presidencialista” es falaz, ante la desaparición de partidos estables de alcance nacional como intermediadores de la política con la sociedad. Los partidos unívocos fueron suplidos por alianzas de coyuntura en las que la distribución de cargos reemplaza ideologías y programas de gobierno consistentes. Ante este panorama, el actual gobierno presenta dos curiosidades: 1) un presidente elegido por su vicepresidenta sin consultas partidarias, e informado públicamente a través de un tuit; 2) a once meses de asumido, carece de un plan integral al que deberían ajustarse propios y extraños. En su lugar, la economía, seguridad, salud, relaciones exteriores, entre otras áreas, generan confusos debates en su propio seno. La única cohesión se observa en la estrategia para desactivar las causas de corrupción.

Aportando a la confusión, los análisis políticos de diversas tendencias ideológicas, calidades reflexivas y fuentes reservadas, se explayan en presuponer preeminencias de poder (mandar), cuando lo importante es conocer los niveles de coordinación para actuar (gobernar). Ningún gobierno soporta presunciones o conjeturas permanentes sobre sus confusiones y debilidades; el país lo vivió con resultados nefastos. Es como si en pleno hundimiento de un trasatlántico sus ocupantes se preguntaran quiénes mandan, mientras el capitán y su plana mayor disfrazados de pasajeros se arrojan en los botes salvavidas para sobrevivir, metáfora que explica la permanencia de muchos políticos responsables de sucesivos hundimientos. Para evitar una nueva tragedia y distracciones fútiles, se debe tener en claro que gobierna el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, con los roles de presidente, jefa del Senado y de la Cámara de diputados respectivamente, que poseen los bloques legislativos mayoritarios. En segundo plano, el experimentado Roberto Lavagna, quien ubicó en puestos relevantes a varios de sus adherentes, como su hijo Marco en el Indec (positiva designación como lo fuera la del fallecido Todesca por parte de Macri), y en directorios del Banco Central y Nación, entre otros, además de contar con tres diputados propios. Uno de ellos, la diputada Graciela Camaño, que con su voto en el Consejo de la Magistratura desencadenó la crisis provocada por los desplazamientos de jueces que investigan la corrupción.    

Definidas las cabezas políticas responsables de fijar el rumbo del gobierno, se deben replantear recurrentes frivolidades, como reemplazar ministros solo para para “oxigenar” sin cambiar, o apelar a un “gran acuerdo nacional” como invocación mística. En el primer caso, a un ministro de Economía no puede exigírsele control de variables económicas, mientras altos funcionarios avalan y promueven usurpaciones, los responsables de la seguridad hablan y no conducen, los diplomáticos que contradicen a su ministro permanecen en sus cargos, y se actúa persistentemente para lograr la impunidad en las causas por corrupción. En cuanto a un “gran acuerdo nacional”, no puede lograrse si el que gobierna no presenta una propuesta integral, fundamentada y viable como base de acuerdo, que también debería presentar la oposición, que cuenta con la estructura e información para elaborarla. Recién entonces someterlas a consideración de las diversas entidades sectoriales para que formulen las contrapropuestas que consideren oportunas. Al transparentarse coincidencias y divergencias concretas, se conforma una plataforma de debate explícita que permita arribar a un acuerdo sustentable en el tiempo, en donde todos ceden algo. Comenzando por la política.

Buenos Aires, 30 de octubre 2020

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Observatorio político OBVIO

Existe una instancia en la que todos los niveles culturales, económicos y sociales comparten los estados emocionales del escepticismo, angustia, hartazgo, que en los sectores más desprotegidos alcanzan el nivel de desesperación. Lograrlo exige una continuidad generacional de fracasos políticos que nuestro país supera largamente, con breves ciclos de crecimiento y una matriz de decadencia inmutable. Para conservar el poder en estos contextos, los gobiernos y sus dirigentes responsables apelan a dos recursos clásicos: cooptar instituciones burocráticas y controlar/manipular la opinión pública. La creación por parte de la Defensoría del Público de un Observatorio cuyas siglas son NODIO, comprende ambos aspectos.

El fin del Observatorio es el de “detectar, verificar, identificar y desarticular las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”. Grandilocuencia que recuerda a la tira cómica en la cual el perro Diógenes, ante los pensamientos de su dueño el Linyera, expresaba: ¡qué lo parió! Pero en lugar de sumergirnos en una grieta de apoyos y rechazos que embrutece a los situados en uno u otro lado, el hecho debería permitirnos reflexionar acerca de sus significados e implicancias políticas. En origen, el tema se instala en el campo de la opinión pública y propaganda política,  destinada precisamente a influenciar en la opinión de masas. Sus reglas básicas aún vigentes, que incluyen engaños y manipulación, nacieron en las primeras décadas del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo, fascismo y nazismo, potenciadas con los avances tecnológicos de entonces, como la radio y el cine, que otorgaron a los mensajes simultaneidad y velocidad de llegada a destinos lejanos (leer “La propaganda política”- Jean Marie Domenach – 1950). No es casual entonces que los controles de opinión pretendan ser ejercidos por organismos estatales.

A fines de dicho siglo, el desarrollo de plataformas digitales provocó un impacto inédito: la comunicación dejó de ser unidireccional (emisor político activo/receptor ciudadano pasivo), para convertirse en bidireccional, que permitía que anónimos ciudadanos a través de redes sociales pudieran actuar como emisores, afectando a pretendidos monopolios privados y estatales. A éstos últimos ya no le era suficiente con perseguir o prohibir medios disidentes, ni financiar periodismo adherente. Para colmo, los políticos al verse obligados a competir en ésta moderna ágora virtual para no perder presencia, en pocos caracteres expusieron sus mediocridades y pobrezas argumentativas. Esta modernidad presenta costos y beneficios que en caso de afectar derechos inviolables de las personas, sus responsables deberán afrontar las sanciones civiles y penales que correspondan. En el estudio de esta compleja problemática actúan instituciones privadas, universitarias y periodísticas, no para “desarticular”, sino para formar, informar y debatir en base a la razón por sobre la emoción, para que la detección de mentiras y engaños sea tarea de cada ciudadano, y no de un grupo de iluminados estatales politizados, que con psicólogo incluido piense por los ciudadanos. Nada nuevo: esto se llama libertad de expresión.

Pero oponerse cerradamente a NODIO tendría el efecto perjudicial de impedir la necesaria etapa experimental que demuestre cómo se “detectarán y desarticularán las noticias maliciosas”. Ejemplo, si se consideraría malicioso que un presidente brinde públicamente datos económicos falsos, y en ese caso, constatar cómo actuarían nuestros protectores. En lo inmediato, el ciudadano se podría entrenar en el ejercicio de detectar contradicciones e intenciones ocultas en los mensajes políticos “encapsulados” en un único tema, utilizando la sigla OBVIO, como se define a lo que debería ser notorio, visible y elemental. En el caso que nos ocupa, lo que pareciera acotado al campo comunicacional se debería asociar a lo institucional, para detenernos en un aspecto que la clase política, aún con graves crisis económicas y pobreza, se niega a reformular “por única vez”: la existencia de una estructura burocrática estatal sobredimensionada e ineficaz plagada de privilegios. Existe una intrascendente Defensoría del Público destinada a cuidar el pensamiento de adultos, con presupuestos de 400 millones de pesos. Simultáneamente, el responsable de la Oficina Anticorrupción anuncia que no actuará como querellante en los casos de corrupción de funcionarios, por no tener el personal suficiente. La propaganda política plasmaría lo descripto en un eslógan: ¡Pobres los pobres!

Buenos Aires, 21 de octubre 2020

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Juegos de mesa políticos

Reconocer la creciente decadencia económico-social que desde hace al menos cinco décadas sufre nuestro país tendría un consenso unánime, sin grietas. Lo confirman cinco hitos históricos previos a la actual crisis: rodrigazo en 1975; golpe militar en 1976; hiperinflación en 1989; crisis 2001-2002, y estancamiento económico 2008-2019. Todas ellos con los mismos síntomas: inflación, valor del dólar, déficit fiscal, deuda, congelamientos de productos y servicios, presión impositiva, corrupción. Curiosamente, sobreviven a este contexto las mismas dirigencias políticas responsables y sus fracasadas estrategias de gobierno, lo que presenta el desafío de no formular opiniones o análisis políticos igualmente repetitivos. Un modo comprensible de intentarlo es a través de los populares juegos de mesa, practicados por todos los sectores sociales y educativos.

Presentan una amplia gama de opciones y complejidades; entre otras, ajedrez, cartas, ruleta, dados, adivinanzas, armado de palabras, carreras, competencias bélicas, simulaciones financieras. Algunos de ellos exigen capacidad, esfuerzo y estrategia (ajedrez), y otros solo suerte (dados), ambas necesarias en la política. Maquiavelo llamaba “virtud” a la capacidad, que es inherente a la persona, y “fortuna” a la suerte, que es ajena a la persona. Al igual que en la política, algunos juegos tienen “comodines”, así llamados porque pueden tener varios usos simultáneos. Las diversas opciones lúdicas deben cumplir el ineludible requisito de tener reglas de juego explícitas conocidas por todos los jugadores, de cumplimiento estricto. Hablar entonces de “juego político” no debiera suponer superficialidad y oportunismo, sino tener marcos de referencia estables y aceptados. Caso contrario, no hay juego.

Los juegos pueden originarse en costumbres populares que el tiempo convierte en normas (políticamente asimilables a leyes fundamentales consolidadas), o ser creados por especialistas cuyos diseños se adaptan a gustos y necesidades de época (que sería el caso de planes de gobierno). Aceptado el uso de esta metáfora lúdica para identificar la causa de nuestra decadencia, y sentados a la mesa los participantes en cualquier juego, sería absurdo comenzar a debatir cómo jugar, o que modificaciones o excepciones realizar a las normas establecidas. Sin embargo, nuestras dirigencias no poseen y/o respetan las normas tradicionales (leyes), ni las que surgen de nuevos diseños de época (planes estables de gobierno). Por el contrario, sus creatividades se destinan a incumplir, discutir, interpretar, amoldar, rechazar, corromper, toda posibilidad de jugar racionalmente bajo reglas aceptadas y compartidas (gobernar). Muestran preferencias por los juegos de cartas cuya esencia consiste en engañar, confundir, mentir, con jugadores que con expresión inmutable cantan “es necesaria la unión de todos”; “vengo a terminar con la grieta”; “quiero una oposición responsable”, mientras sorprenden jugando un “tweet” que contiene agresiones, pensamientos superficiales o pretensiones de perpetuación en el poder.

La utilidad de la simbología de los juegos de mesa como herramienta para entender las causas de la decadencia dirigencial, puede ejemplificarse con dos juegos imaginarios titulados “Shock o gradualismo?” y “Consejos económicos-sociales”. En ambos casos, sentados los jugadores en sus mesas y ante la ausencia de reglas, preguntarán sobre el contexto para decidir entre shock o gradualismo, y en el segundo juego, sobre qué temas y propuestas los integrantes del Consejo deben aconsejar. Vale decir, las normas de juego (en este caso un plan integral de gobierno) son imprescindibles para jugar (en este caso opinar, aconsejar, proponer, acordar). Su ausencia provoca que las invocaciones a la unidad tengan más de autoritario que de objetivos compartidos, y que los Consejos intersectoriales se asemejen a mesas de café entre viejos conocidos que buscan mantener privilegios.

Si se avanza en el tablero analítico, se observará que incluso las disyuntivas son contradictorias: shock y gradualismo no son opciones sino secuencias. El shock (conmoción, sacudida), se refiere a hechos imprevistos normalmente naturales (terremotos, muertes). El gradualismo se aplica a una secuencia temporal planificada, que si fuera eficaz, no derivaría en shock, el que sería inevitable si el gradualismo fracasa. Lo que nos arroja a otro engañosos y viejo debate: si el Estado se defiende con estructuras eficaces, sin privilegios ni corrupción, o coptado por falsos ideólogos succionadores de recursos públicos. Qué afecta más a una sociedad empobrecida: la pérdida de empleo de 1.700 trabajadores porque la línea aérea Latam que brinda un servicio público deja de operar, o que se dejen de pagar 4.500 salarios a quienes sin serlo ni trabajar, lucran bajo el falaz rótulo de “asesores” legislativos? Este es el debate que desde hace décadas la clase política se niega a dar.

Buenos Aires, 14 de octubre 2020

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Confundir ideología con estupidez

El desarrollo de los medios de comunicación y sus diversas plataformas digitales, obligó a los políticos a tener una presencia mediática asidua, que en lugar de exhibirlos como dirigentes capacitados y coherentes lo hacen como simples comentaristas, cuyas inconsistencias argumentales las disfrazan de ideología, cuando en realidad representan estupidez. La ideología es un conjunto de ideas amalgamadas que caracterizan a una persona; la estupidez es torpeza para comprender hechos, explicándolos desde una óptica personal y simplicidad dogmática. La que usan para mantener indemnes sus privilegios, como sucediera en las crisis de 1975, 1989, 2002, y seguramente en la actual.

Como consecuencia, en el marco de una crisis económico-social inédita, altos funcionarios en lugar de resolver problemas, se dedican a opinar sobre la meritocracia, si la usurpación es delito, o creativamente, proponer ahorrar en pesos. Tal frivolidad, cinismo o incapacidad, según se prefiera, se transparentó recientemente en dos hechos relacionados con una obligación del Estado de alta sensibilidad: la seguridad.  El primero de ellos tuvo amplia difusión a través de un video que muestra la muerte de un efectivo de la policía federal a manos de un paciente siquiátrico, en avenida del Libertador y San Martín de Tours. De inmediato los funcionarios de seguridad nacionales, de la ciudad y provincia de Buenos Aires, se embarcaron en inútiles debates que trasladaban culpas y renovaban la vieja polémica sobre el uso de las pistolas Taser, en lugar de explicitar cual es el plan nacional de seguridad, y la formación y pautas que sus efectivos tienen ante el accionar de delincuentes. A quienes debieran conducir les es más cómodo disfrazar de ideología sus incapacidades, contando como piensan en lugar de como actúan, considerando que los delincuentes no eligen a sus víctimas según a quien hayan votado.

El segundo hecho casi simultáneo, se refiere a las investigaciones judiciales referidas al accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyas actividades reservadas, según la ley están destinadas a proteger “la seguridad exterior e interior de la Nación” (textual). Por el contrario, se lo convirtió en un organismo carente de profesionalidad, útil para lucrar con sus fondos reservados y ejecutar operaciones ilegales de desprestigio contra adversarios políticos. No en vano, lo condujeron sucesivamente Parrilli, Arribas y Caamaño. Tal anomalía derivó en un absurdo para cualquier organismo de inteligencia, que posee sus propios controles políticos internos y externos (bicameral): estar sometido a investigaciones judiciales en cuatro juzgados distintos: Ramos Padilla en Dolores; Augé en Lomas de Zamora; de Giorgi y recientemente Servini de Cubría, ambos en ciudad de Buenos Aires. Producto de la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño ante el juzgado de Lomas de Zamora para que investigara supuestas escuchas ilegales, se produjo lo inevitable: envió más de 3.850 decisiones emitidas entre 2015-2019 (período Macri), con detalle de movimientos internos, datos secretos y nombres de más de 100 espías, varios en el exterior, que se hicieron públicas. Como fiscal, Caamaño debería saber que las documentales que se incorporan al expediente son conocidas por el personal de los juzgados y los abogados de las partes, por lo que el secreto es imposible. Como consecuencia, el 2 de octubre ingresó a la AFI un oficio del fiscal Eduardo Taiano, solicitando datos ampliatorios referidos a 89 espías activos al momento de encontrarse muerto al fiscal Nisman en el mes de enero del 2015, cuando conducían la AFI entre otros el hoy jubilado Stiuso, y los actuales funcionarios Mena y Pocino, e información para detectar el origen de las filtraciones mencionadas. La nueva causa recayó en el juzgado federal de Servini de Cubría. El llamado caso D Alessio por su parte, a cargo del juez Ramos Padilla, es de gran interés público por la participación, sea como acusadores, acusados y abogados intervinientes, de personajes “todo terreno sin grietas” especialistas para ensuciar causas, confundir, coaccionar, engañar y amenazar, en pos de favorecer negocios e impunidades. Fracasada la operación de involucrar al fiscal Stornelli y hacer caer la causa Cuadernos, el juez demora en elevar la causa a juicio oral, como se lo reclamara en diciembre pasado la Cámara Federal de Mar del Plata.

Este cuadro de situación saturado de manipulaciones manifiestas, podrían generar consecuencias políticas virtuosas no deseadas: dado que los agentes dejaron de ser secretos, los juicios orales podrían blanquear el funcionamiento de la AFI, reestructurarla en su totalidad, y sacarla de la esfera de las malas praxis y estupideces políticas.

Buenos Aires, 07 de octubre 2020

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