El título no está referido a conocidos casos de gremialistas que utilizan su condición para conformar empresas propias relacionadas con la actividad que representan, como servicios logísticos, aseguradoras, salud, sino apunta a su rol específico de defender los intereses laborales y salariales de sus afiliados. Hablaremos solo del gremialismo relacionado con la actividad privada, pues el estatal posee matices propios que se analizarán a futuro. La tercera pata del trípode del mercado laboral, la conforman los Estados nacional y provinciales, con su responsabilidad superior de defensa del interés general.
Porqué planteamos “gremialista igual a empresario”, y no a la inversa? Es cada vez más habitual que en las pujas de distribución del ingreso entre el capital (empresarios), y salarios (trabajadores), el rol de portavoz de reclamos empresariales para obtener concesiones y/o beneficios por parte del Estado, lo asuman casi en exclusividad los gremialistas. Lo grave es el elemento de coacción utilizado: despidos o amenazas de despido de trabajadores.
Recordemos dos ejemplos recientes. En febrero de 2016 Pablo Moyano, del gremio camioneros, encabezó una protesta ante el Banco Central aduciendo que la no distribución de los resúmenes bancarios en papel, significaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en la distribuidora OCA. Patricio Farcuh, presidente del grupo controlante de la empresa, se mantuvo en silencio. Posteriormente se conoció que OCA tenía una millonaria deuda por aportes patronales y con la AFIP. El gremio lo sabía? En la misma época se produjo un conflicto en Cerro Dragón, principal yacimiento de petróleo del país, ante la baja del precio internacional del crudo. Las caras visibles del reclamo de soluciones ante el gobierno nacional, representado por el ministro Aranguren, fueron el sindicalista Jorge Ávila y el gobernador de Chubut. Públicamente no participaron los concesionarios privados (grupo Bulgheroni, Tecpetrol de Techint y la china Cnooc). Sus aportes en el acuerdo se redujeron a “no echar gente”?
Este rol gremial de “vocero oficioso” de intereses patronales no explícitos, que pretenden subsidios y/o aportes del Estado con bajo o nulo riesgo empresarial, explica en gran parte la creciente desocupación, precariedad laboral, trabajo en negro y baja competitividad. El sistema político argentino de las últimas décadas, bajo etiquetas de progresismo, populismo, neoliberalismo, pero con los mismos políticos, dirigentes y empresarios, mantuvo una práctica recurrente: hasta la siguiente crisis económica, siempre el que paga es el Estado. Paga subsidios que mantienen pobres a los pobres, paga subsidios y prebendas promocionales a ricos, paga sobrecostos en obras públicas, acepta descapitalizaciones en las concesiones de servicios, crea o mantiene onerosos e inútiles organismos de control que no controlan o apañan. La contrapartida es la baja calidad de los servicios estatales de educación, salud y seguridad pública, y presión impositiva creciente. Para transformar esta realidad que lleva décadas (ver calendario de crisis económicas-sociales), deberemos evitar embarcarnos una vez más en falsos e intrascendentes debates ideológicos. Con corrupción y negociados, la ideología es una pantalla. Lograrlo, dependerá tanto del oficialismo como de la oposición.
Alcanzar transformaciones saludables y estables en las relaciones laborales entre Estado, capital y trabajo, es posible con los instrumentos existentes. En primer término, aunque sabemos que la Constitución nacional se aplica según convenga, está en el párrafo del artículo 14 bis, que incluye entre los derechos del trabajador su “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Recordarlo, al menos debería servir para cumplir con dos acciones posibles en lo inmediato: 1) transparentar las estructuras de costos sectoriales, que indiquen incidencias salariales, beneficios empresariales, aportes directos o indirectos del Estado si los hubiere, y cargas impositivas. Esta información es la que desde hace años, con expresión enigmática, los funcionarios llaman “determinar la cadena de valor”, y otros denominan “el costo argentino”; 2) utilizar como únicos indicadores de referencia los hoy confiables del Indec, por representar el interés general. Ningún país puede desarrollar políticas coherentes con índices oficiales ocultados o falseados.
Invocar actos de justicia ante la sociedad, debe sustentarse en datos ciertos y concretos, no en grandilocuencias verbales o coacciones.
Buenos Aires, 15 de febrero 2017