Corrupción didáctica
La acusación de los fiscales en la causa de obras viales en Santa Cruz, instaló un debate de cara a la sociedad, que en busca de adhesión popular reemplaza complejidades jurídicas con acciones y mensajes que siguen clásicas técnicas de la propaganda política moderna, nacida en las primeras décadas del siglo XX. Se apela a lo simbólico (Perón, 17 de octubre); a la repetición de un mismo eslogan por varios actores al mismo tiempo; a la escenificación de unanimidad mediante manifestaciones; a focalizarse en enemigos visibles (macrismo, medios de comunicación), y a la victimización, aduciendo persecuciones políticas en lugar de inocencia. Esta popularización del debate no lo degrada sino lo enriquece, pues brinda la oportunidad de evaluar la matriz de corrupción estatal-privada de modo comprensible para todas las franjas sociales.
Cabe clarificar las diferencias entre delitos públicos y privados. Los públicos nacen en funcionarios estatales asociados a cómplices externos, en perjuicio de recursos del Estado. Los privados organizados a gran escala, inicialmente con negocios del juego, prostitución y contrabando, invierte el circuito: es el delincuente quien necesita de la complicidad de funcionarios públicos para desarrollarse. En todos los casos las partes se interconectan a través del dinero, privilegios, coimas, coacción, amenazas y miedo. Los históricos recursos sangrientos empleados por gángsters y mafias, se mantienen hoy solo en el narcotráfico. En cuanto a las adhesiones o rechazos populares hacia los líderes corruptos, responden a diversos orígenes: convicciones, beneficios personales o grupales, admiración, principios, odio, y en niveles extremos, irracionalidad y fanatismo. Políticamente, las reacciones sociales masivas, sean genuinas o manipuladas, son útiles para diluir responsabilidades y/o culpabilidades institucionales. Retomando nuestra actualidad, para evitar el ardid del caos discursivo la atención deberá concentrase en el accionar de solo 356 actores: el presidente, la vicepresidenta y Massa, en el ejecutivo; 24 gobernadores (incluye CABA); 257 diputados y 72 senadores. El resto conforman acompañamientos corales en muchos casos delirantes, más acordes al mundo del espectáculo político, que nada aportan para arribar a conclusiones útiles. Sin embargo, cabe una excepción para recordar un hecho simbólico e ilustrativo. En 1991 Horacio Verbitsky publicó el exitoso trabajo de investigación “Robo para la corona”, título referenciado en una supuesta frase de José Luis Manzano en cuanto a uno de sus roles en casos de corrupción en el gobierno de Menem. Treinta y un años más tarde, Manzano hace negocios con el gobierno del cual Verbitsky es uno de sus portavoces periodísticos.
Esta continuidad temporal ayuda a comprender que en el juicio de Vialidad se juzga un hecho puntual de corrupción, pero inserto en una extensa cadena de hechos corruptos impunes, que demuestran que desde hace décadas el país está inmerso en lo que se denomina estado permanente de corrupción. Esta disquisición podría explicar la estrategia de la vicepresidenta de intentar involucrar a todo el peronismo en su defensa, dado que muchos funcionarios, gobernadores, intendentes, sindicalistas y empresarios, ante los avances judiciales, con visión de futuro están actuando en su autodefensa. Este punto abre un debate siempre soslayado, sobre si el recuerdo de Perón es utilizado solo como fetiche de urgencia para unificar y/o encubrir.
En cuanto a la emocional e inconexa línea argumental de la vicepresidenta, quizás por sentirse injustamente juzgada ante la histórica cadena de impunidades la llevó a formular un planteo habitual en tramas con muchos partícipes, consistente en amenazar que podrían caer varios junto con ella. Estrategia que indirectamente sería un importante aporte para un comienzo de saneamiento institucional. Mencionó a su fallecido marido en la fusión de Multicanal con Cablevisión en el 2007; la existencia de integrantes de la justicia enriquecidos, obviando que el Consejo de la Magistratura cajoneó todas las denuncias por enriquecimientos ilícitos; citó a empresarios como Caputo y Chediak, que con muchos otros están incluidos en la causa Cuadernos, cuyo juicio oral y público políticos y empresarios intentan dilatar. Por ello en pos de lograr justicia y revertir la matriz de corrupción, se deberá evitar la banalización de “Cristina presa”, que solo servirá para que muchos corruptos continúen escondiéndose detrás de ella.
Finalmente cabe destacar el planteo de Massa, que merecerá también un profundo debate, respecto a que un Jefe de Administración no puede responder por sus subordinados. Vale entonces recordar nuevamente al libro de Verbitsky, por postular que a medida que se asciende en la pirámide burocrática, las instancias superiores no sólo tienen la responsabilidad formal por los actos de sus subordinados, sino que los propios delitos serían imposibles sin su protección.
Buenos Aires, 31 de agosto 2022
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