Mes: febrero 2023

Meta versos numéricos

El objetivo de la propaganda política de influenciar para que los ciudadanos adopten determinadas decisiones a través de mensajes simples que lleguen a todos los sectores sociales, incluye referencias numéricas y económicas aisladas para otorgar solidez al discurso político. Para ello se utilizan falacias de evidencia, un tipo de meta verso verbal (no confundir con el metaverso de inteligencia artificial), consistente en interrelacionar solo las cifras que conviene al político partiendo de bases comparativas distintas. Esta argucia permite que se pueda expresar impávido que después de China somos el país que más creció en el mundo, u otras afirmaciones similares que dejan a los ciudadanos como bebes sin pañales en una cuna.  

Pero usados de modo didáctico y sin manipulaciones, los números pueden ser de gran utilidad para extender la comprensión de la realidad política a todos los ámbitos sociales. Para ello es imprescindible partir de bases ciertas, siendo responsabilidad del Estado, como cuerpo político de una sociedad responsable de conducir y definir el perfil de un país, brindar cuadros con datos relevantes y fidedignos actualizados mensualmente, de modo que  oficialismo y oposiciones debatan propuestas coherentes y posibles en lugar de discutir la veracidad de los números. Un ejemplo es el índice de inflación, masivamente comprensible por su continuidad mensual y repercusión concreta en la economía y calidad de vida de cada ciudadano. No en vano se llegó a falsear este dato durante más de siete años. El índice de pobreza por su parte, tiene una repercusión más sectorizada según niveles socio-económicos, lo que no impide que discursivamente todos se preocupen por los pobres.

Cabe reflexionar sobre dos conceptos habituales en el discurso político: distribución del ingreso y sectores vulnerables. Un indicador internacional reconocido es el PBI, que permite medir comparativamente la riqueza tangible de las naciones. Pero llevado al ingreso per cápita según cantidad de habitantes, se produce la distorsión ejemplificada por el semiólogo Umberto Eco: “en el arte de la estadística si un hombre come dos pollos y otro ninguno, el resultado da invariablemente un pollo por cabeza”.

Existe un índice internacional más preciso pícaramente obviado, que mide la política distributiva y equidad social en función de la pirámide salarial y jubilatoria estatal: cuanto mayor es la diferencia entre el vértice y la base, el país es más pobre. Si se toman las jubilaciones estatales argentinas, sean percibidas vía Anses o regímenes de privilegio, se observa que a valores de marzo/2023, la jubilación mínima será de $ 58.665 (no se consideran bonos otorgados por gracia del gobierno), y la máxima estimada es de $ 1.600.000 (no se considera eventuales pensiones agregadas a la jubilación) Entre el vértice (pocos) y la base (muchos), existe una diferencia de 28 jubilaciones mínimas. Otra distorsión surge cuando se presentan crecimientos globales en las tasas de empleo. Para tener una perspectiva correcta en cuanto a tipo y calidad de empleo, el Estado debiera presentar un cuadro laboral mensual que indique cantidad de asalariados privados, asalariados estatales, autónomos, monotributistas, cuentapropistas no registrados, y considerados ocupados por tener planes sociales. La sola palabra “crecimiento” no es suficiente.

Un tema recurrente es el referido a la deuda pública, que el discurso circunscribe al FMI, aunque en los últimos años comenzó a considerarse la incidencia de la deuda interna en pesos. Debiera existir un cuadro oficial mensual que indique montos actualizados de deuda en monedas extranjeras y en pesos. La información puede profundizarse vía Internet a través de un link, que despliegue el detalle de montos según acreedores, tasas de interés y desembolsos previstos. Por ejemplo, partiendo de noviembre del 2019, fin del gobierno anterior, se destacan el desembolso del FMI de u$s44.150 millones, y un saldo líquido de reservas de u$s 14.000 millones. En este gobierno, a octubre de 2022 el total de deuda pública a valor dólar alcanzó los u$s 384.104 millones, o sea u$s 83.000 millones más que en noviembre de 2019. Si del total dolarizado extraemos la deuda en pesos, esta alcanza los 24 billones, que vencen en 2023. Como estos datos son originados en analistas financieros, es necesaria una información oficial fehaciente al respecto. De este modo durante la campaña electoral en lugar de opinar irrelevancias como que la deuda es manejable o que es una bomba próxima a estallar, los candidatos con ayuda de los banqueros, debieran explicar cómo se refinanciará y pagará.   

Buenos Aires, 22 de febrero 2023

Mensajes enlatados

La propaganda es un instrumento comunicacional ineludible en una campaña electoral, que no puede confundirse con publicidad por perseguir un fin político y no comercial, ni tampoco con tener objetivos didácticos, pues su designio es convencer y subyugar. Sus principios básicos se crearon en las primeras décadas del siglo XX por representantes de totalitarismos, unos de izquierda (Lenin y Trotsky), y otros de derecha (Hitler y Goebbels). Por su alcance masivo, los mensajes aplican entre otras reglas, las de simplificación (deben ser breves y comprensibles), y de unanimidad (deben convencer que el líder o candidato piensa y actúa como desea o conviene a la mayoría). El psicólogo británico Bartlett, que en la década del 40 la estudió desde lo cognitivo, la definió “como una tentativa para ejercer influencia en la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas”.

Ante el comienzo del proceso electoral, es oportuno plantear algunas reflexiones. Si bien inicialmente las continuidades de nuestras perennes dirigencias políticas facilitan un análisis ciudadano crítico basado en el conocido eslogan de un supermercado “Yo te conozco”, suponen a su vez un gran desafío para quienes deban diseñar campañas coherentes y convincentes tanto para el oficialismo como para las oposiciones. Tal dificultad se reflejó en el spot presidencial de dos minutos de duración emitido a inicios de este año, que transparentó tal disociación con la realidad que ni siquiera puede ser tildado de manipulador. Comienza con un ombliguismo político habitual, en el que el presidente Fernández se refiere a una opinión del ex presidente Macri, tras lo cual se despliega un “collage” de imágenes que incluyen la frivolidad de su entorno familiar con perro incluido, mezcla épocas y personajes disímiles, intenta mimetizarse con méritos ajenos, abunda en abrazos, sonrisas y alegría, obviando toda referencia a las urgencias sociales, inflación y pobreza. El resultado es una falta de coherencia estructural que impide lograr un mensaje claro y potente recordable, que es el peor vicio de una propaganda política. La utilidad del video excede a sus particularidades, porque ejemplifica las dificultades que tendrán los candidatos para presentar campañas creíbles.

Tras la crítica corresponde incursionar en un campo propositivo acorde a la situación del país. La propaganda política se sustenta en un trípode soporte del candidato y/o partido, conformado por la pata visual, la discursiva y la programática, que debieran conformar un todo que contenga claridad, veracidad y coherencia. Como ejemplo vale recordar la campaña electoral de 1983, pues tras más de seis años de dictadura se desarrolló en un marco de estructuras partidarias en reconstrucción con escasos recursos económicos, y un entusiasmo político ciudadano en el que la esperanza suplía a las militancias rentadas. En este contexto de recursos escasos, en el que reconocidos publicistas argentinos debían extremar su creatividad, la campaña del candidato triunfante Alfonsín estuvo a cargo del prestigioso David Ratto, que trabajó ad honoren. Como soporte inicial invalorable tuvo la credibilidad que emanaba del candidato. El diseño del isologo (denominación que se da a una imagen de comunicación visual fácilmente recordable e identificable), fue un óvalo con los colores de la bandera nacional como fondo y las siglas RA en el centro, mimetizando las referencias República Argentina y Raúl Alfonsín, que subliminalmente asociaba al candidato con argentinidad, excluyendo referencias ideológicas o al pasado. En cuanto a la imagen, y sabiendo que los políticos en ámbitos públicos siempre saludan, aunque los insulten, se resolvió con el candidato uniendo sus dos manos volcadas a su izquierda a la altura del hombro. En los actos lo discursivo se cerraba con el recitado del preámbulo de la Constitución argentina, como claro símbolo de institucionalidad. Y como síntesis de la plataforma electoral, se realizó un armado con los denominados “100 medidas para que su vida cambie”, que permitía su publicación en medios gráficos a página completa, para ser leídas, entendidas y guardadas. Esta coherente integración entre candidato, gráfica, discurso y plataforma, hoy parecería imposible atento a las disoluciones partidarias y una grilla de candidatos plagados de fracasos. 

Pero pese a este marco de escepticismo el país reclama una oportunidad, que debiera nacer desde los propios ciudadanos antes que desde la oferta de candidatos. Para lograrlo se deberá extremar tanto el espíritu crítico para detectar falacias y contradicciones en el discurso político, como las exigencias para que se presenten compromisos programáticos con argumentaciones coherentes que demuestren que son de interés general y factibles. Nunca es tarde.

Buenos Aires, 15 de febrero 2023

De un tuit a un juicio político

Las crisis recurrentes deben analizarse en el marco de un contexto temporal definido, que incluya un pasado reciente generacionalmente conocido por gran parte de los ciudadanos, identifique causales de los males presentes, y obligue a definir un futuro cercano, dado que las anécdotas puntuales, aún valederas, no son sino secuencias de una forma de ejercer el poder público.  En consecuencia, para intentar entender cómo con una crisis económico-social inédita en los últimos 30 años, los debates se concentran en acusaciones entre funcionarios de integrar mafias estatales (en muchos casos reales), y encarar un extemporáneo juicio a los integrantes de la Corte, se considerará el período comprendido entre  el 18 de mayo de  2019 hasta diciembre del 2024, dado que el ciudadano con su voto no podrá evitar que muchos de sus responsables continúen actuando en el año 2024 y subsiguientes. En este ejercicio los antecedentes y hechos concretos deben primar por sobre promesas, propagandas banales y frivolidades discursivas.

En mayo de 2019 Cristina Kirchner anunció por tuit que la fórmula electoral de su Frente se conformaría con Alberto Fernández como precandidato a presidente y ella a vicepresidenta. Al no ser objetada la decisión por sus aliados, ratificó su rol de líder indiscutida de un espacio con aura de progresismo de izquierda rentada, y dejó expuesta la mediocridad de quienes la rodean, gobernadores inclusive, expectantes de contar con su bendición para ambiciones futuras.  Semanas más tarde, Fernández acordó con Massa su incorporación al Frente de Todos, que resultó triunfante en las elecciones presidenciales. En ese entonces la decisión de la vicepresidenta motivó una hipótesis: Fernández, carente de estructura para competir por espacios de poder y con experiencia administrativa, aportaba su condición de lobista judicial para lograr al menos la impunidad de la vicepresidenta y su entorno familiar; y Massa contribuía con su condición de lobista en círculos empresariales relacionados con negocios con el Estado. Pero más allá de esta hipótesis, ya entonces surgieron constataciones  y repercusiones partidarias inmediatas.  

Los antecedentes de centroderecha de Fernández y Massa, mostraron que como en las mafias, en los acuerdos para mantener poder y/o negocios las ideologías o viejos agravios no constituyen obstáculos, aunque encierran un riesgo latente que describiera Maquiavelo hace más de 500 años: la traición de los mercenarios. Asimismo en cuestión de horas, Cristina Kirchner al lograr la licuación del peronismo autoproclamado federal, con Massa saltando al kirchnerismo y Pichetto como vicepresidente de Macri, demostró que opciones serias de gobierno no pueden armarse en pocos meses, o con figuras emergentes disruptivas carentes de estructuras nacionales consolidadas. Pero la enseñanza más grave surgió una vez iniciada la gestión de gobierno: tampoco pueden ofrecer coherencia para gobernar, más aún cuando se carece de un programa de gobierno sólido, compartido y explicitado, espacios mayoritarios que incorporen a oportunistas que se suponen útiles para ganar, pero un lastre para gobernar. Transcurridos casi cuatro años de emitido el tuit y vistas las consecuencias, es importante debatir en la presente campaña electoral si es admisible que la legislación vigente permita que los integrantes de una fórmula presidencial estén procesados o condenados por delitos contra el Estado, considerando su potestad de elegir a todos los integrantes de organismos de control que deben defender los intereses del Estado, y no el de quienes los designan. Los daños institucionales quedaron actualmente expuestos con un gobierno que en defensa de prioridades personales, dedicó al menos la mitad de su gestión para operar sobre el campo judicial en busca de impunidad por actos de corrupción estatal-privada, en detrimento de lo que exige la situación económico-social.

Para evitar esta inconsistencia que entre otros efectos promueven campañas falaces como “Cristina (o quien fuere) está proscripta”, se debería debatir que, considerando antecedentes de países desarrollados, un procesado o condenado esté impedido de integrar cuanto menos una fórmula presidencial, para que sus integrantes y adherentes no puedan utilizar todas las estructuras ejecutivas, legislativas y judiciales disponibles para atacar, degradar o sustituir a quienes pretendan actuar eficazmente en causas de corrupción contra el Estado. La ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, en su inciso c) del Artículo 5° señala que no podrá ingresar a la administración “el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos dolosos o contra la Administración Pública Nacional”. En esta reflexión no se menciona a la insulsa ley de Ética aplicable a quienes ejercen la función pública surgida por imposición de la Reforma constitucional de 1994, porque en las mafias el término ética es reemplazado por el término códigos.

Buenos Aires, 08 de febrero 2023

Entre mafias y elecciones

“Mafias” y “elecciones” son expresiones que marcarán el devenir político del presente año. En el primer caso, debido al invalorable aporte de gran parte de la clase política, que al catalogar en sus discursos y redes sociales como “mafiosos” a altos funcionarios oficialistas, opositores y judiciales, permite que mafia deje de utilizarse como metáfora para ajustarse a una realidad explícita, aspecto que no deberán obviar los análisis políticos. En cuanto a las elecciones, se presentan dos etapas: la que culmina el 24 de junio como fecha límite de presentación de listas de precandidatos, período durante el cual los políticos negocian apasionadamente intereses personales, mutaciones partidarias y ubicaciones en las listas sábana, para encarar luego la campaña electoral que definirá quienes conducirán el país a partir de diciembre. En este contexto, los ciudadanos deberán esforzarse en detectar los mensajes falaces, pero partiendo de considerar al sistema democrático de gobierno como el mejor entre los posibles, y que la frase “todos los políticos son iguales” no se utilice para encubrir corruptos.  

El inédito reconocimiento de la existencia de “mafias” políticas estatales, fue consecuencia de que muchos de sus partícipes al ver amenazados judicialmente sus negocios, patrimonios y libertades, se ven obligados a actuar como mafiosos cercados por la policía tratando de escapar a los tiros y a cara descubierta, disimulando sus objetivos de lograr impunidad tras engañosos debates constitucionales e ideológicos. Para esta estrategia cobran relevancia “personajes secundarios” poco conocidos públicamente, tales como jueces y fiscales federales en provincias, abogados todo terreno, burdos espías públicos carentes de inteligencia, y muchos gobernadores, legisladores, sindicalistas y empresarios que temen que si se acabara la mafia que simulan denunciar, la justicia podría ir por ellos. Lo que explica que la condena judicial a una vicepresidenta y sus partícipes necesarios genere tal descalabro institucional, en el que los acusados y/o condenados por corrupción, en cabeza nada más ni nada menos que del presidente, acusan y pretenden destituir y/o eliminar a quienes los juzgan y condenan,

Consolidar mafias estatales, y en especial en un sistema democrático, necesita de tiempo y complicidad de un amplio espectro político que vaya desvirtuando legislaciones virtuosas basadas en el interés ciudadano mayoritario, para sustituirlas por las que fomentan privilegios políticos elitistas, sean salariales, administrativos o penales. Por ello la irrelevancia de catalogar la acción de gobierno como “alejada del interés y urgencias de la gente”, cuando desde hace décadas estas agendas políticas han sido recurrentes: regímenes jubilatorios privilegiados, reformas electorales oportunistas para restringir el poder del votante a elegir, capciosas interpretaciones penales de los fueros legislativos, ejercitar el secreto de la información pública y en paralelo acudir al espionaje ilegal para coaccionar y no para castigar, promover reformas procesales que permitan que corruptos enriquecidos transiten su vida política siendo “inocentes hasta que no se pruebe lo contrario”, condonar millonarias deudas impositivas a amigos del poder. Hechos que una vez más, certifican que en el mundo de las mafias no hay derechas e izquierdas. 

En este contexto quienes pretenden presentarse como una opción de gobierno no pueden limitarse a expresar indignaciones y críticas inconducentes, colaborando con la estrategia de las grandilocuencias que eviten centrarse en aclarar y/o explicar corrupciones concretas,  pues resulta evidente que las causales para promover el juicio político de todos los integrantes de la Corte Suprema no son las de un régimen de coparticipación federal, cuya obligación constitucional de reformularlo está incumplida por los políticos desde 1996, ni una de las tantas modificaciones sufridas por el Consejo de la Magistratura, que entre paréntesis jamás sancionó a un juez y/o fiscal por corrupción, sino el de lograr impunidad judicial incluso por sobre el objetivo de mantener el poder.

Para fundamentar esta hipótesis, cabe preguntarse cómo se llegó a esta debacle, subyacente desde hace décadas tras cuarenta años de democracia. Será tema de la próxima reflexión, partiendo de una fecha clave no muy lejana: 18 de mayo de 2019.

Buenos Aires, 01 de febrero de 2023