Mes: febrero 2024

Como desvalijar al Estado

Estado es un concepto universal que refiere a una forma de organización política, social y económica conformada por un conjunto de instituciones. En nuestro país se traduce en Gobierno republicano, con un armado burocrático que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En la presente coyuntura, la responsabilidad institucional de plasmar los cambios que la situación económico-social demanda, recae en los 355 políticos que desempeñan los cargos de presidente, vice, gobernadores y legisladores, responsabilidad hasta el momento eludida mediante intercambios faranduleros de agravios, amenazas y grandilocuencias discursivas, que se licúan al momento del armado de listas electorales sábanas, con los habituales reacomodamientos y acuerdos entre otrora acérrimos enemigos. Mientras esta catarsis se desarrolla, vale establecer una hipótesis de la crisis: la sociedad está ante un Estado desvalijado, no por privados amenazando o coimeando a funcionarios públicos como en las mafias de los años 30, sino con funcionarios de alto nivel asociados a empresarios, intermediarios y testaferros, pues nada es más fácil que sustraer dinero público que es de todos para recaudar impuestos, pero pasa a ser de nadie una vez ingresados a las arcas públicas. De este modo se configura lo que Max Weber denominara Estados patrimonialistas, “que dan vía libre al enriquecimiento de sus funcionarios, cortesanos, favoritos, gobernadores, mandarines, recaudadores de contribuciones, procuradores y vendedores de gracias de toda clase”.    

Estos saqueos se facilitan con la creación de un sinnúmero de organismos públicos bajo distintas figuras jurídicas con altisonantes objetivos por fuera de las normas establecidas en la Administración Pública Nacional, a la que los supuestos defensores del Estado acusan de pesada, burocrática e ineficaz. Así surgen organismos descentralizados, unidades ejecutoras, corporaciones estatales u otras variantes, con supuestas autarquías financieras sin controles de gestión, y carentes de interrelaciones horizontales entre áreas de gobierno. Una estructura estatal eficiente es suplida, como en los acuerdos entre los viejos mafiosos, por kioscos autónomos: el juego, las universidades, la cultura, los proveedores monopólicos, mientras se empobrece la calidad de los servicios públicos básicos de educación, salud y seguridad, obligando a que muchos ciudadanos se desangren por tener que recurrir a los del sector privado. Crecen los cargos políticos con altos salarios, se incrementan el número de empleados de planta para financiar estructuras partidarias y disimular tasas de desempleo (en el año 2000 había 2.193.000 empleados públicos, y en el 2023 se llegó a 3.378.000), llegando a un caos organizativo que naturalmente incumple con el principio de que las leyes asegurarán al trabajador “igual remuneración por igual tarea”, establecido en el Artículo 14 bis de la Constitución. Por ejemplo un chofer del organismo público A, puede  ganar mucho más que el del organismo B. Ante estas desigualdades, teorizar hoy sobre los alcances de lo Público y Privado es irrelevante, dado que la obviedad de que la calidad de vida de un país la define un Estado-Gobierno fuerte y virtuoso, sucumbe ante una organización estatal laxa permeable a todo tipo de corrupciones y privilegios, de cuya existencia se acusan los propios políticos, pero más para entretener a la opinión pública que para desactivarlas. No sorprende entonces que en el tratamiento de la Ley Ómnibus, el sofisticado tema de los “Fideicomisos”, como se denominan los fondos públicos con destinos específicos entregados a sectores por fuera de la administración nacional, sin desembolsos planificados y carentes de controles efectivos, tuviera rechazos mayoritarios de todo el espectro político, incluida la izquierda. ¿Se va comprendiendo la causa de que haya 45% de pobres y en crecimiento?

Los hechos de corrupción cuyo conocimiento público se incrementa con los cambios de gobiernos de distinto signo político, exigen planificadas tramas con la intervención de varios actores que no pierden tiempo en superfluos debates ideológicos, y son conocidas en los ámbitos políticos, judiciales, sindicales y empresarios. Tramas que se viabilizan con las continuidades políticas, las impunidades judiciales y la resistencia a sancionar leyes que permitan un rápido decomiso de los bienes sustraídos, acción que ante la actual emergencia importa más que el deseo de que “los culpables vayan presos”. Para desactivar este esquema patrimonialista legalizado por quienes lo usufructúan, vale intentar identificar posibles huevos de la serpiente, a través de dos tipos de semillas: una política, sembrada en los años 90 con la privatización y posterior reprivatización de empresas y servicios públicos, y la otra de manipulación moral, a través de la captación de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales con dinero.

Buenos Aires, 28 de febrero 2024

Preguntas políticas estúpidas

Continuando con la metáfora de aprender a interpretar la propaganda y discursos políticos  con ingenuidad infantil, cabe retomar el cuadro publicado en La Nación el 08 de febrero pasado que bajo el título “El giro de los diputados”, indicaba de modo didáctico como votaron 55 diputados que aprobaron la Ley Ómnibus en general, pero luego cambiaron respecto a determinados artículos. La clara presentación visual de la información, se diseñó con el nombre e imagen de cada diputado, partido o bloque al que pertenece (se obvió los distritos que representan, pero el dato se obtiene por Internet),  y cómo votaron individualmente los 13 puntos tratados hasta que el proyecto fuera retirado del recinto. La información cuando es veraz, clara y carente de adjetivos degradantes no es un “escrache”,  pues la explicitación de las votaciones es una obligación de cara a la ciudadanía, pues permite relacionar la votación individual con las representaciones partidarias y provinciales que ostentan, y de este modo formular interrogantes. Distinto es lo sucedido en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que para ocultar responsabilidades en el aumento de impuestos, todos los bloques acordaron votar a mano alzada. Los escándalos pueden entretener pero no esclarecer.

Para persistir en intentar explicaciones simples de comprensión masiva, vale continuar con la metáfora de los aprendizajes infantiles para que la palabra “O-S-O” coincida con la imagen de un oso. Para ello se agregará la acción de preguntar, que en el caso de los niños tiene la virtud de la curiosidad, el deseo de saber; pero como en los adultos muchas preguntas  suponen escasa inteligencia y se las caracteriza de estúpidas, como llamaremos a las que surgen del mencionado cuadro publicado por La Nación. Como punto de partida se tomará al senador radical Lousteau, quien tras la presentación de la Ley Ómnibus y apelando a la estrategia discursiva habitual consistente en plantear con tono sapiente generalidades sin definir aspectos concretos, afirmó que “estamos de acuerdo con el fondo pero no con la forma”. Sin embargo, los extensos y saludables debates legislativos, votaciones y desenlace, mostraron que las diferencias eran de fondo y no de forma. Solo exhibieron uniformidad los legisladores de Unión por la Patria, pero lamentablemente con el objetivo de los gobiernos conservadores: pretender que nada cambie. Las expresiones políticas restantes mostraron una diversidad de criterio llamativa, en la que coexistieron el rechazo a algunos de los trece puntos tratados, con rechazos de casi todos los puntos por parte de otros legisladores. A los efectos de formular preguntas estúpidas, vale concentrarse solo en el punto “h” del artículo 4° (punto 5 en el cuadro), referido a un término nada popular pero que cobró vigencia: “Fideicomisos”.

La complejidad del término no es objeto de esta reflexión, salvo con una observación a futuro: no son una “caja negra de la política” (frase que nada aclara), sino otra burda ingeniería del “Estado que nos cuida”, para sustraer recursos públicos impúdicamente. Lo que lleva a la Pregunta estúpida 1: ¿qué control realizan los legisladores respecto a su administración y destino, o bien, sobre quiénes deben controlarlos?

El punto “Fideicomisos” tuvo 33 rechazos, pero 22 aprobaciones. Entre los 15 integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, hubo 6 aprobaciones (entre ellas la de los experimentados Monzó y Massot), y 10 rechazos. Pregunta estúpida 2: ¿en un Bloque de 16 integrantes, pueden haber tamañas divergencias? En todo caso, ¿con qué argumentaciones?

Integra este bloque la Coalición Cívica, con el elenco estable que dirige la doctora Carrió: Oliveto, Juan López y Ferraro. Los tres votaron igual: 11 rechazos (incluye fideicomisos), una aprobación y una abstención. Pregunta estúpida 3: ¿integran Hacemos Coalición Federal, o es un bloque místico?

En el bloque de la UCR, el punto “Fideicomisos” obtuvo 13 votos a favor y 10 en contra, entre los que se encontraban los tres representantes de Ciudad de Buenos Aires. Pero en el bloque surge una curiosidad: Marcela Coli (La Pampa) y Fernando Carbajal (Formosa), votaron de igual modo, con  12 rechazos y una aprobación. Pregunta estúpida 4: ¿No serán “topos” de Unión por la Patria? 

Hay indicios, no traidores. Y bienvenida la publicidad de los actos públicos para que cada ciudadano formule sus dudas y saque conclusiones. Pero la pregunta más inquietante, que ya no es estúpida, es la frivolidad de repetir como un mantra las palabras “diálogo, acuerdo, consenso”, sin preguntarse sobre qué medidas y para qué: ¿para mantener privilegios y corrupciones público-privadas como hasta ahora, o transformar estructuras empobrecedoras? A nivel nacional tienen la palabra 355 políticos, de los cuales se mencionó a 55.

Buenos Aires, 21 de febrero 2024

Juego infantil con 30 políticos

Para analizar el actual desenvolvimiento político centrado en el tratamiento legislativo de la llamada Ley Ómnibus, es oportuno mantener el principio de la propaganda política, cuyos mensajes breves y de dudosa veracidad buscan ser masivamente entendibles, pero apelando a lo emocional en busca de subyugar. Principio que puede ser útil de ser aplicarlo a lo racional y formativo como sucede cuando se aprende a leer y escribir, para lo cual la palabra O-S-O debe coincidir con la imagen del oso, y P-A-T-O con la del pato. Para tal objetivo se puede plantear un juego compuesto de fichas divididas en tres cajas:

La caja “Políticos”, incluye 30 fichas con el nombre de legisladores en ejercicio que tienen actuación política desde hace décadas, muchos de ellos ex gobernadores: Corpacci, Juez, Alicia Kirchner, Ledesma de Zamora, Loustau, Manzur, Mayans, Parrilli, Recalde, Sapag, Suárez y Unac en el Senado. Barletta, Bordet, Casas, Cobos, Máximo Kirchner, López Murphy, Monzó, Moreau, Palazzo, Pichetto, Ritondo, Santilli, Snopek, Stolbizer, Soria, Valdés, Vidal y Yasky en Diputados.

La caja “Ideologías” posee 10 fichas con las supuestas variantes ideológicas que pululan en los análisis y discursos: radicalismo, peronismo, kirchnerismo, radicalismo K, peronismo federal, socialismo, desarrollismo, marxismo, populismo y neoliberalismo. Quien tenga dificultades para definir diferencias, puede usar como comodines la izquierda, el centro y la derecha.

La caja “Partidos, Coaliciones y Bloques legislativos”, se integra con 10 fichas con los Bloques actuales más representativos: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Frente de Todos, PRO, UCR, Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal, Hacemos por Nuestro País e Innovación Federal. (nótese que a estos tres últimos bloques nadie los votó).

Puestas todas las fichas sobre una mesa y acorde a los antecedentes de los últimos veinticinco años, se verificará que es casi imposible encontrar una asociación coherente entre político, ideología y partido/bloque, situación que se transparenta cada dos años en el armado de las listas electorales. En el ejercicio de detectar las causales, un punto de partida razonable es el resultado electoral nacional del 22 de octubre pasado, que incluía una renovación legislativa parcial. La campaña, como mostraron los debates y como ya es habitual, careció de programas de gobierno con propuestas concretas, omisión que como ahora, se intentó disimular a través de intercambio de agresiones, amenazas y grandilocuencias farandulescas, incluido místicas. Massa exhibió un fuerte apoyo de las corporaciones relacionadas a prebendas y recursos públicos; Bullrich una hibridez interna que nunca terminó de explicitar los cambios (Larreta como precandidato, en un reportaje en Clarín el 26/02/23 expresó “Necesitamos en 100 horas, tomar 1.000 medidas”), y Milei formuló transformaciones con complejas resonancias académicas en lo programático, como la dolarización, pero potenció su identidad con un eslogan que interpretó el hartazgo social, al plantear terminar con las viejas castas de dirigentes. El resultado electoral ubicó primero a Unión por la Patria con el 36,58% de los votos, alcanzando el total de 138 legisladores; Libertad Avanza con el 30,04% y 46 legisladores, y fuera del balotaje, Juntos por el Cambio con el 23,85% y 116 legisladores. Datos duros que permiten tres deducciones: 1) ya desde octubre se conocía la debilidad legislativa de Milei; 2) el sistema electoral vigente impide al votante que tradicionales “castas” se mantengan en el poder legislativo; 3) el trípode conformado por las tres coaliciones que sumadas alcanzaron el 90,47% de los votos, hoy no existe. La segunda vuelta electoral el 19 de noviembre careció de sofisticaciones analíticas: el 55,69% de Milei respondió a un deseo de cambio y hartazgo social, y el 44,30% de Massa albergó continuidades corporativas para los negocios y subsidios como contención social. Cabe suponer que nadie pensaba que se votaba a coaliciones coherentes o a estadistas.

Paradójicamente esta liquidez abre un sendero difícil pero esperanzador si la información basada en datos estructurales veraces predomina por sobre los cruces de opiniones volcadas más al escándalo recreativo. La publicación en el diario La Nación del jueves 08 de febrero,que mostró en sus páginas 12 y 13 como votaron 55 legisladores los primeros 13 puntos de la Ley Ómnibus, por su claridad didáctica y visual, se asimila a la metáfora del juego infantil para analizar hechos políticos de modo comprensible, constatar que no todos los diputados están en un pie de igualdad en cuanto a sus votaciones, y saber que el término “traición” se aplica en acuerdos claves incumplidos entre líderes, pero en política legislativa lo correcto es hablar de “juego de intereses no explicitados públicamente”, incluidos los personales. Lo relevante, es que el actual debate y polémicas entre ejecutivo, gobernadores y legislativo, confirma que la atención ciudadana debe concentrarse en los 355 políticos que a nivel nacional tienen las responsabilidades institucionales y capacidad de decidir las imprescindibles transformaciones, siendo Milei la cabeza.

Buenos Aires, 14 de febrero 2024

Imágenes falsas y verdaderas

De los 355 elegidos por el voto popular (algunos en forma directa y otros a través de listas sábanas), que para evitar polémicas inútiles metafóricamente recibieran un perdón general por sus responsabilidades pasadas excepto las penales, 283 de ellos (pues se excluye a los 72 senadores), continúan debatiendo la llamada ley ómnibus, y por vías judiciales el decreto de necesidad y urgencia. Con el objetivo de que las aprobaciones y rechazos estructurales finales se transmitan a la sociedad de modo que sean masivamente comprendidas y sin intermediarios políticos interesados, vale continuar marcando aspectos de la comunicación política y sus técnicas propagandísticas, que suelen conspirar contra este deseo. Jean-Marie Domenach, en su reconocido libro “La propaganda política” del año 1950 (posguerra), señalaba que “sin actos que la apoyen, una propaganda no pasa de ser un mero verbalismo que crea ilusiones peligrosas”.  

Mencionados los principios del “eslogan”, cabe hacer referencia a un aspecto que preocupa a quienes  ejercen los vértices del poder o pretenden ejercerlo: la “imagen”. Concepto que aparece banalizado por las recurrentes mediciones fluctuantes de imagen, utilizadas cual elixir medieval para opinar que oposiciones destituyentes están a la espera de la baja de imagen de un gobierno y/o su presidente para endurecer sus acciones. Esta insustancialidad queda reflejada en la precisa definición de Maquiavelo, cuando refiriéndose al príncipe dijo que “los hombres en general juzgan más por los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, más pocos saben lo que eres”. Con el desarrollo de los medios de comunicación visual (es usual la referencia al primer debate presidencial  televisado entre Kennedy y Nixon en 1960), se potenció la preocupación por la imagen en los equipos de consultoría política, con un rol que bien describiera el especialista Hugo Haime en su libro “La imagen del poder”, del año 1997: “La habilidad del consultor no está en pensar cómo convierto a mi cliente o candidato en algo que la gente está dispuesta a comprar, sino en potenciar aquellos puntos fuertes que le permitan ser positivamente percibido por el electorado, tratando de neutralizar los aspectos negativos”. Aplicada esta definición a nuestro contexto político, la predominancia de aspectos negativos explica la dificultad de los consultores para armar una imagen consistente de quienes desde hace tres décadas son responsables de los fracasos económicos-sociales y fluctúan entre diversos espacios de poder.  Posiblemente este haya sido el desbalance que en cuanto a imagen, se produjo entre Larreta, Bullrich, Massa, muchos de sus asociados, y Milei.

Pero minimizada su influencia en cuanto a instrumento de valoración individual de dirigencias vastamente conocidas, la imagen adquiere un fuerte impacto ante la opinión pública cuando exhibe hechos políticos que tampoco se pueden “tocar”, como diría Maquiavelo, pero salvo que sean trucadas, otorgan un grado de veracidad que no poseen los discursos y los eslogans. Cabe citar dos ejemplos. En el campo de la corrupción, la icónica imagen del ex subsecretario de Obras Públicas José López intentando ocultar a medianoche y acompañado de una ametralladora, un bolso con nueve millones de dólares en un supuesto convento, transparentó en pequeña escala el volumen económico de la corrupción estatal-privada. En cuanto a lo gremial, fotografías y filmaciones mostrando a añejos dirigentes participando y aplaudiendo de pie el 29 de octubre pasado al candidato Massa en un acto de campaña, para tan solo 88 días más tarde, un 24 de enero, los mismos dirigentes denostar desde un palco al gobierno asumido el 10 de diciembre, confirmó la enorme resistencia que ejercerán los sectores corporativos privilegiados ante cualquier cambio que los afecte, con un detalle desde lo .discursivo: dichos sectores privilegiados no atacan solo los artículos que los afectan, lo que los expondría a un debate específico y público, sino plantean rechazar la ley y el decreto en su totalidad.

Para encubrir esta estrategia, los intereses corporativos con acciones callejeras de apoyo, mutaron en sagaces constitucionalistas y simulan haber leído todos los artículos de la ley y del decreto, para concluir que atentan contra los intereses del pueblo. 

Buenos Aires, 07 de febrero 2024