Privilegios patrióticos
Describir en pocas líneas la descomunal estructura burocrática-política causante del empobrecimiento del país pareciera complejo, ante la abundancia de fuentes de información con datos y cifras parciales o carentes de veracidad. Podría encararse a modo escuela primaria, que brinda conocimientos básicos que alcanzan a todos los niveles sociales por igual (leer, escribir y operaciones matemáticas simples). Lo cual no degrada el análisis, pues la simplicidad se aplica a los adultos a través de mensajes y eslógans políticos, ya no basados en la razón (enseñar), sino en la emoción (convencer o engañar).
La recuperación de la democracia en 1983 es un adecuado punto de partida para evaluar el proceso político. Desde ese entonces se produjo una paulatina anomia partidaria que derivó en la desaparición del radicalismo y justicialismo como expresiones unívocas, sustituidos por recipientes llamados frentes, que tras ideologías y personajes simbólicos disimulan oportunismos y fluctuaciones políticas de coyuntura, basadas en canjes de cargos públicos y privilegios, que es la causal del sobredimensionamiento estatal. Pretender explicar el proceso de decadencia bajo rótulos temporales como menemismo, kirchnerismo o macrismo carece de sentido, pues todos recibieron y dejaron “pesadas herencias”. De usarse un denominador común para nuestro sistema político, sería el de “conservador”, por presentar resistencia a cambios institucionales superadores, obstruir intentos modernizantes y aferrarse a privilegios establecidos.
El gobierno de Cambiemos gobernó con minorías en ambas Cámaras legislativas, gobernaciones e intendencias. El actual gobierno, pese a que presenta una situación cuantitativa muy superior en cuanto a mayorías, afrontará desafíos similares si intenta modificar estructuras políticas, gremiales y empresarias decadentes, ineficaces y privilegiadas. Una vez más el justicialismo se ve ante la coyuntura de ajustar, posibilidad que no tienen las oposiciones. Sucedió en 1975 con el Rodrigazo; en 1990 con las privatizaciones de Menem, y en el 2002 con Duhalde-Remes Lenicoff. En todos los casos las decisiones de emergencia tuvieron un origen común no ideológico: falta de dinero. La decisión de Menem de privatizar no fue neoliberalismo como se pregona. Con empresas estatales ineficientes y saqueadas por políticos, gremialistas y proveedores, como el caso de YPF, fue inevitable. No en vano Menem continúa siendo senador, al igual que muchos que lo acompañaron. Tampoco fueron ideológicas las reestatizaciones de YPF y las AFJP en el 2008; el gobierno necesitaba dinero, y estaba en cesación de pagos. La historia se repite en el 2020: al Estado le falta mucho dinero, pero hasta ahora las estructuras estatales conservadoras e ineficientes no se ajustan. Peor aún, en simultáneo con la crisis y gestiones ante el FMI, se desarrolla una indisimulada puja en ámbitos políticos-judiciales para lograr impunidad. Por ello Aristóteles planteaba hace más de 2500 años que la única “grieta” admisible era la que dividía a las formas de gobierno en puras (los gobernantes buscan el bien común), e impuras o corruptas (los gobernantes buscan su propio bien).
Para incursionar en la etapa de ejemplos cabe mantener la metáfora de enseñanza primaria. La matemática comienza con números puros, para tiempo después enseñar porcentajes, que son muy usados en la comunicación política y encuestas, porque al no explicitarse la metodología de cálculo, sus veracidades son incomprobables. Es distinta la comprensión masiva entre 20 y 20%. Los datos “macro”, imprescindibles a nivel internacional, por sí solos no clarifican. Por ejemplo, un indicador relevante es el ingreso per cápita de cada país, que se obtiene dividiendo la renta (o riqueza) producida por su población total. A mayor ingreso individual, mayor desarrollo y bienestar. Sin embargo, si un país produce 100 pesos a dividir por sus 10 habitantes, da un ingreso de 10 pesos per cápita, pese a que un habitante tenga 40 pesos, dejando a tres con cero. Por ello un indicador internacional más preciso para visualizar inequidades, es establecer la diferencia entre los ingresos estatales máximos y mínimos, pues es el Estado quien establece políticas, leyes, controles, impone impuestos, decide privilegios y determina sus ingresos y egresos Esto se grafica piramidalmente, lo que es razonable: muy pocos arriba y muchos abajo; cuanto mayor es la diferencia, mayor es la desigualdad. Internacionalmente se considera que una diferencia entre ingresos en el vértice (máximos), y la base (mínimos) superior a 15, indica niveles crecientes de pobreza y desigualdad.
Se puede experimentar con un tema de alta sensibilidad económico-social: los jubilados. En noviembre de 2020 la jubilación máxima pertenece al ex juez Zaffaroni (régimen especial), con un haber jubilatorio de $ 830.000, mientras que la mínima es $ 18.129 (unos 4.200.000 jubilados). La diferencia entre vértice y base es de 45,78 veces, que supera largamente el indicador de 15 veces. Cuando se plantean estas inequidades jubilatorias, salariales y laborales en cúpulas estatales, el menú de excusas no reconoce diferencias ideológicas: “si no tenemos buenos sueldos gobernarían los ricos”; “los privilegiados somos pocos”. Esta disociación con la realidad entre conductores y conducidos la deben haber tenido Luis XVI antes de la Revolución Francesa, y el zar Nicolás antes de la Revolución Rusa, ambos considerados monarcas muy ineptos. Pero quizás ambos nunca hubieran imaginado que centurias más tarde, un legislador argentino diseñaba un impuesto para los “ricos”, mientras obtenía una benévola financiación estatal para pagar su millonaria deuda impositiva.
Buenos Aires, 25 de noviembre 2020