Mes: noviembre 2020

Privilegios patrióticos

Describir en pocas líneas la descomunal estructura burocrática-política causante del empobrecimiento del país pareciera complejo, ante la abundancia de fuentes de información con datos y cifras parciales o carentes de veracidad. Podría encararse a modo escuela primaria, que brinda conocimientos básicos que alcanzan a todos los niveles sociales por igual (leer, escribir y operaciones matemáticas simples). Lo cual no degrada el análisis, pues la simplicidad se aplica a los adultos a través de mensajes y eslógans políticos, ya no basados en la razón (enseñar), sino en la emoción (convencer o engañar).

La recuperación de la democracia en 1983 es un adecuado punto de partida para evaluar el proceso político. Desde ese entonces se produjo una paulatina anomia partidaria que derivó en la desaparición del radicalismo y justicialismo como expresiones unívocas, sustituidos por recipientes llamados frentes, que tras ideologías y personajes simbólicos disimulan oportunismos y fluctuaciones políticas de coyuntura, basadas en canjes de cargos públicos y privilegios, que es la causal del sobredimensionamiento estatal. Pretender explicar el proceso de decadencia bajo rótulos temporales como menemismo, kirchnerismo o macrismo carece de sentido, pues todos recibieron y dejaron “pesadas herencias”. De usarse un denominador común para nuestro sistema político, sería el de “conservador”, por presentar resistencia a cambios institucionales superadores, obstruir intentos modernizantes y aferrarse a privilegios establecidos.

El gobierno de Cambiemos gobernó con minorías en ambas Cámaras legislativas, gobernaciones e intendencias. El actual gobierno, pese a que presenta una situación cuantitativa muy superior en cuanto a mayorías, afrontará desafíos similares si intenta modificar estructuras políticas, gremiales y empresarias decadentes, ineficaces y privilegiadas. Una vez más el justicialismo se ve ante la coyuntura de ajustar, posibilidad que no tienen las oposiciones. Sucedió en 1975 con el Rodrigazo; en 1990 con las privatizaciones de Menem, y en el 2002 con Duhalde-Remes Lenicoff. En todos los casos las decisiones de emergencia  tuvieron un origen común no ideológico: falta de dinero. La decisión de Menem de privatizar no fue neoliberalismo como se pregona. Con empresas estatales ineficientes y saqueadas por políticos, gremialistas y proveedores, como el caso de YPF, fue inevitable. No en vano Menem continúa siendo senador, al igual que muchos que lo acompañaron. Tampoco fueron ideológicas las reestatizaciones de YPF y las AFJP  en el 2008; el gobierno necesitaba dinero, y estaba en cesación de pagos. La historia se repite en el 2020: al Estado le falta mucho dinero, pero hasta ahora las estructuras estatales conservadoras e ineficientes no se ajustan. Peor aún, en simultáneo con la crisis y gestiones ante el FMI, se desarrolla una indisimulada puja en ámbitos políticos-judiciales para lograr impunidad. Por ello Aristóteles planteaba hace más de 2500 años que la única “grieta” admisible era la que dividía a las formas de gobierno en puras (los gobernantes buscan el bien común), e impuras o corruptas (los gobernantes buscan su propio bien).

Para incursionar en la etapa de ejemplos cabe mantener la metáfora de enseñanza primaria. La matemática comienza con números puros, para tiempo después enseñar porcentajes, que son muy usados en la comunicación política y encuestas, porque al no explicitarse la metodología de cálculo, sus veracidades son incomprobables. Es distinta la comprensión masiva entre 20 y 20%. Los datos “macro”, imprescindibles a nivel internacional, por sí solos no clarifican. Por ejemplo, un indicador relevante es el ingreso per cápita de cada país, que se obtiene dividiendo la renta (o riqueza) producida por su población total. A mayor ingreso individual, mayor desarrollo y bienestar. Sin embargo, si un país produce 100 pesos  a dividir por sus 10 habitantes, da un ingreso de 10 pesos per cápita, pese a que un habitante tenga 40 pesos, dejando a tres con cero. Por ello un indicador internacional más preciso para visualizar inequidades, es establecer la diferencia entre los ingresos estatales máximos y mínimos, pues es el Estado quien establece políticas, leyes, controles, impone impuestos, decide privilegios y determina sus ingresos y egresos Esto se grafica piramidalmente, lo que es razonable: muy pocos arriba y muchos abajo; cuanto mayor es la diferencia, mayor es la desigualdad. Internacionalmente se considera que una diferencia entre ingresos en el vértice (máximos), y la base (mínimos) superior a 15, indica niveles crecientes de pobreza y desigualdad. 

Se puede experimentar con un tema de alta sensibilidad económico-social: los jubilados. En noviembre de 2020 la jubilación máxima pertenece al ex juez Zaffaroni (régimen especial), con un haber jubilatorio de $ 830.000, mientras que la mínima es $ 18.129 (unos 4.200.000 jubilados). La diferencia entre vértice y base es de 45,78 veces, que supera largamente el indicador de 15 veces. Cuando se plantean estas inequidades jubilatorias, salariales y laborales en cúpulas estatales, el menú de excusas no reconoce diferencias ideológicas: “si no tenemos buenos sueldos gobernarían los ricos”; “los privilegiados somos pocos”. Esta disociación con la realidad entre conductores y conducidos la deben haber tenido Luis XVI antes de la Revolución Francesa, y el zar Nicolás antes de la Revolución Rusa, ambos considerados monarcas muy ineptos. Pero quizás ambos nunca hubieran imaginado que centurias más tarde, un legislador argentino diseñaba un impuesto para los “ricos”, mientras obtenía una benévola financiación estatal para pagar su millonaria deuda impositiva.

Buenos Aires, 25 de noviembre 2020

Ajuste sin destete político

Es habitual que los medios de comunicación propaguen opiniones de políticos, gremialistas e incluso empresarios, absolutamente contrapuestas con las que formularan pocos meses o años atrás. Como así también que los declarantes exhiban una larga perdurabilidad en cargos y usufructo de recursos públicos. Por lo que cabe suponer que para resolver la problemática de una Administración pública sobredimensionada, ineficiente y succionadora voraz de impuestos al trabajo, no habrá “quorum”, y que la expresión política “el país no soporta un ajuste” mientras una vez más se gestiona ante el FMI facilidades para postergar pagos de deudas invocando pobreza, se ajustan jubilaciones medias y bajas, se suben impuestos y se deprecian salarios, debe interpretarse que quienes “no soportan un ajuste” son los beneficiarios políticos, gremiales y empresarios de la referida estructura estatal, causante de las recurrentes crisis.

La situación podría asimilarse a la milenaria tradición hindú que en un marco de pobreza protege por ley a las vacas, consideradas símbolos sagrados de la fecundidad por proveer leche a los terneros y a la población. En nuestro caso el símbolo sagrado “Recursos Públicos” es succionado solo por sectores privilegiados que desde hace décadas se niegan a cumplir con la natural etapa del destete. Esta desigualdad genera un déficit fiscal (o de leche), que obliga a contratar forraje extranjero para alimentar a las vacas (crédito externo), mientras los empobrecidos ciudadanos reciben “leche” de descarte a modo de dádivas, o moneda sin valor para adquirirla (emisión de pesos). Consecuentemente la “leche” nunca alcanza para “todos y todas”, porque la producción de calidad es vorazmente consumida por quienes transformaron el concepto “servidores públicos” en “públicos a mi servicio”. A este contexto se le suman líderes mesiánicos que predican contra los “grupos de poder”, pero succionan de la misma ubre estatal. Los privilegios políticos incluyen familiares, servidumbre militante de apoyo y empresarios asociados en negocios corruptos.  

Esta recurrencia preanuncia que el país no podrá pagar los nuevos compromisos futuros que los propios responsables del atraso gestionan ante el FMI, sin modificar la desmesura estatal. El FMI lo sabe, pero no es su función trabajar en detalles, sino establecer metas fiscales macro que permitan suponer saldos para afrontar a futuro la renovada deuda, que generará una nueva negociación cuando haya que pagar. Terminar con esta secuencia del atraso permanente, previo a ejemplificarla con nombres y datos numéricos, necesita establecer algunos pilares conceptuales. En principio cinco: 1) Inevitabilidad: el “ajuste” no solo es inevitable, sino está afectando a vastos sectores sociales desde hace décadas, y se agravará próximamente. La prioridad debería ser desarmar privilegios, estructuras burocráticas y cargos ociosos, sin afectar laboralmente a las franjas no políticas que realmente trabajan con carga horaria real; 2) Equidad: las medidas que se adopten deben eliminar el falaz término “solidaridad”, consistente en sacar dinero a los que producen para sostener privilegios políticos, reemplazándolo por “equidad”, basada en no favorecer a una persona perjudicando a otra. Los sacrificios jubilatorios, por ejemplo, deberán alcanzar proporcionalmente a todos los regímenes previsionales sin excepción, y los privilegios no podrán disfrazarse de conquistas laborales o derechos adquiridos; 3) Corrupción: desarmar el andamiaje burocrático, jurídico y normativo que favorece el saqueo de recursos públicos, la permanencia de sus responsables y la facilitación de la impunidad. 4) Representatividad: eliminar las listas sábanas y sean los ciudadanos quienes elijan a sus legisladores, quienes una vez asumidos no podrán traicionar al votante pasando a otro sector político, o declararse “independientes”. Y desactivar de inmediato los esfuerzos legislativos destinados a complejos rearmados judiciales que faciliten impunidad. 5) Grietas: asumir que las grietas políticas de cúpulas no son ideológicas sino pujas por poder y privilegios, como cada dos años muestra el armado de listas para elecciones nacionales. Pero que inoculadas a las masas, las dividen en crédulas (propaganda), idiotas útiles (fanatismo), u oportunistas (adhesiones canjeadas por recursos o cargos).  

Las oposiciones por su parte, incluidas las izquierdas, no pueden agotarse en lo discursivo o en no votar, lo que las convierte por acción u omisión en ineptas, indiferentes o cómplices. Su obligación es actuar e informar claramente a la sociedad sus objeciones, inequidades y contrapropuestas, aunque luego pierdan las votaciones. Esta tarea esclarecedora no puede recaer exclusivamente en el periodismo.

Buenos Aires, 18 de noviembre 2020

Revolucionarios conservadores

Toda comunicación política masiva posee un principio básico con origen en la propaganda, que aplican gobiernos democráticos, autoritarios o dictatoriales: los mensajes, para que lleguen a todos los niveles culturales y socio-económicos y se supongan comprendidos, deben ser breves, impactantes y sencillos. Por ello usan palabras convocantes como Patria, República, Solidaridad, Juntos, Todos, o a generalizaciones indefinidas como derecha, izquierda, neoliberal, populismo. De este principio, a fin de analizar temas más complejos, podría rescatarse la simplicidad. En este caso, para detectar las falencias político-institucionales causantes de la decadencia argentina.

El punto de partida sería entender la interrelación y diferencias entre Estado y Gobierno. El primero conforma la estructura jurídica-institucional del sistema político (constitución, leyes y normas), y Gobierno la parte operativa burocrática encargada de ejecutar tareas (organismos y funcionarios). En los países desarrollados, el Estado mantiene una organización consistente en el tiempo (solidez institucional), mientras que el Gobierno varía en sus matices de conducción y ejecución política a través de autoridades elegidas mediante elecciones, respetando los marcos institucionales preexistentes del Estado. De esta elemental explicación a nivel de eslogan, emerge el huevo de la serpiente: en nuestro país la relación virtuosa entre Estado y Gobierno no se cumple. Si se parte desde 1983 a la fecha, para no extendernos en el tiempo, todos los andamiajes institucionales han sido, son y serán modificados, adaptándolo a las coyunturas político/partidarias: la Constitución, número de miembros de la Corte, número de integrantes del Consejo de la Magistratura, leyes electorales, sistema jubilatorio, leyes impositivas, privatizaciones, reestatizaciones, etc. Solo se mantienen inmutables los privilegios políticos e impunidades por corrupción.

La consecuencia de la fusión de Estado (permanente) con Gobierno (circunstancial), genera concentración creciente de poder y pérdida de horizontes nacionales. El ejemplo extremo se plasmó en la frase del monarca absolutista francés Luis XIV: “El Estado soy yo”. Esta referencia histórica no es casual, pues las formas de ejercer el poder determinan la configuración de sus soportes administrativos, sea en las antiguas Cortes, o en los presentes Gobiernos. En las Cortes pululaban consejeros, ministros, ujieres, barones, condes, doncellas, servidumbre, bufones, aduladores, que poseían privilegios por el solo hecho de formar parte de ella. Dichos personajes, algunos con otras denominaciones, existen en los gobiernos autoritarios actuales. En ambos casos mantenerlos implica costosas estructuras administrativas, mayormente ociosas, solventadas con crecientes impuestos que pagan los que trabajan sin privilegios. Las consecuencias son inevitables: cúpulas burocráticas enriquecidas, y poblaciones empobrecidas.

Esta matriz histórica que relaciona modelos de ejercer el poder con sus estructuras de gobierno, se plasma en nuestra realidad política, con una modificación permanente de principios que debieran ser estables (Estado), que es acompañada por el crecimiento continuo de las estructuras burocráticas (Administración). En este proceso las ideologías transmutan en negociaciones por poder y privilegios. Ejemplifiquemos con la simplicidad de un eslogan: Alberto Fernández mutó con la presidencia; Victoria Donda con el Inadi; Ricardo Alfonsín con la embajada en España, enarbolando discursos engañosamente revolucionarios o progresistas, que legislan y practican reelecciones indefinidas, listas sábanas, nepotismos, fueros especiales, ingresos a la administración pública con padrinazgos que sustituyen al mérito, entre otros vicios. Esta patología institucional genera una decadencia que no puede adjudicarse a “grietas” ideológicas, pues los principales partícipes del sistema con sus volubles adhesiones políticas, son desde hace décadas los mismos. Las divergencias más difíciles de resolver son las basadas en pujas por poder y privilegios.  

Por ello es conveniente analizar la problemática de la estructura administrativa estatal comenzando por lo conceptual (causas), para luego profundizar en lo cualitativo y cuantitativo (efectos). Entender lo conceptual desarmará falaces discursos conservadores disfrazados de revolucionarios, como que “el país no soporta más ajustes”, mientras se aumentan impuestos, se reducen las jubilaciones medias y bajas, se promueven negocios subsidiados, se incrementa el desempleo y la pobreza. Lamentablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centrará en establecer plazos, montos y saldos para el pago de deudas, sin detenerse en analizar si para ello se ajustan jubilaciones o se eliminan sobrecostos de corrupción y privilegios. Los ajustes internos sobre los sectores políticamente más vulnerables, llamados cínicamente “solidarios”, los realizan revolucionarios conservadores criollos.  

Buenos Aires, 11 de noviembre 2020

La carta y la Corte

“La carta” de la vicepresidenta Kirchner emitida la pasada semana, y el reciente “fallo” de la Corte Suprema relacionado con el desplazamiento de jueces que entienden en causas de corrupción estatal-privada, ratifica que la modernidad no modifica ancestrales principios, simbolismos y actitudes políticas. Este revival historicista se complementa con la actuación de Grabois, un personaje que recuerda al monje medieval florentino Savonarola.

“La carta” cumple el rol de los antiguos oráculos, mediante los cuales los dioses a través de pitonisas transmitían mensajes en forma de profecías y augurios, que daban respuesta a las inquietudes de sus fieles. Los únicos nombres mencionados eran los de dioses, siempre omnipotentes, y los enemigos de turno. El oráculo/carta vicepresidencial, que se permite recordar que los dioses pueden tener benevolencia para perdonar a quienes en su momento los atacaron y agraviaron, encierra múltiples enigmas. Reconoce que el pueblo sin distinción de clases busca protegerse de los desaguisados políticos a través del dólar; que es necesario un gran acuerdo nacional, pero sin los enemigos; que hay funcionarios que no funcionan, y que el que decide es el presidente. Tras el pronunciamiento, gran número de hermeneutas, como se denominan a los que ejercen el arte de descifrar mensajes, analizaron posibles y diversos significados. En lo referido al presidente, mencionado pese a que no había consultado al oráculo, se manejaron entre otras las opciones darle una oportunidad, advertencia, empoderamiento, debilitamiento, trampa mortal. El aludido, político al fin, no anduvo con rodeos e interpretó el mensaje como apoyo. Se repite un desafío ancestral: pronunciado el oráculo, su veracidad dependía de que fuera correctamente interpretado por el común de los mortales, pues el oráculo nunca se equivocaba. De no ser entendido, al poder político y a los ciudadanos le esperaban crisis y derrotas.

Mientras esta versátil tarea interpretativa está en pleno desarrollo (aún no se encontró solución a los enigmas planteados, y menos aún se pudo ubicar a un funcionario que reconozca que no funciona), en el plano judicial se elabora otro oráculo a cargo de cinco dioses, que integran la llamada Corte Suprema. El caso reviste cierta complejidad, pues deberán resolver un aspecto también repetido en la historia: ante un cambio de poder político, desdecirse de una predicción anterior para satisfacer los deseos del poder vigente. Vale decir, jugar con las palabras para que los fieles interpreten que no cambió el concepto. Cabe reiterar que los dioses, omnipotentes, también pueden ser injustos.

Esta escenografía historicista se complementa con un componente religioso, ante la aparición de un tal Grabois, alias “amigo del Papa”, que nos retrotrae a Girolamo Savonarola, que fuera un religioso dominico que en la Florencia del siglo XV predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia católica, conducida entonces por Alejandro VI, que pertenecía a la familia Borgia. Al incrementar sus críticas políticas y perdidos los apoyos por su fanatismo, Savonarola fue juzgado y ejecutado. Sin llegar a estos extremos punitivos, Grabois se gratifica expresando que “nuestras vidas están consagradas a la causa del pueblo pobre y trabajador”, mientras promueve caóticas tomas de tierras con gran despliegue de recursos, justificadas tras homilías que denuncian “la prepotencia del poder y su inmensa capacidad de corrupción y cooptación de las instituciones democráticas”, e interpelando a las autoridades: “Dejen de ceder ante el poder fáctico”. Curiosamente, tal grandilocuencia se manifiesta mientras altos sectores del poder público y privado realizan ingentes esfuerzos para lograr su impunidad en causas de corrupción estatal. Como en la Florencia del siglo XV y épocas posteriores, nuevamente “cartas” políticas, “fallos” judiciales y mesianismos liberadores, se interrelacionan con corrupción y degradación institucional.

Entre tanto griterío rimbombante, pasó desapercibido que el debate sobre la propiedad privada no es conceptual, pues es un anhelo histórico de todas las sociedades. En Guernica por ejemplo, tras la usurpación lo primero que se hizo fue un prolijo loteo, tras el cual cada ocupante podía reclamar “el lote es mío”. Lo revelador fue la metodología para cumplimentar tal deseo, basada en el engaño, prepotencia y amenazas, al amparo estatal. Nuestros Savonarolas criollos no se agotan en la prédica, pues cuentan con cuantiosos recursos económicos y cargos que les provee el Estado por fuera de las obligaciones sociales de ministerios, gobernaciones y municipios, que no se destinan a disminuir la pobreza, sino a manipularla. Prueba de ello es que los enormes costos fiscales provocados por las logísticas de usurpación y desocupación respectivamente, no solucionaron ni solucionarán la problemática de los pobres.  

Buenos Aires, 04 de noviembre 2020

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