Mes: octubre 2022

Mafia estatal oficializada

Las argumentaciones deben minimizar adjetivaciones y descartar agravios, para que no se diluyan en polémicas ruidosas que intentan ocultar las causas de los problemas. El discurso político criollo abunda en este recurso, muchas veces complementados con personajes delirantes que a través de insultos y amenazas públicas obtienen una envidiable repercusión mediática. En la reciente sesión del Senado que trató la ampliación de miembros de la Corte Suprema, se produjo sin embargo un hecho clarificador que extrañamente pasó desapercibido. En su exposición, el senador Parrilli dijo “hoy en la Corte hay cuatro mafiosos, que se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”. Complementó el senador Mayans afirmando: “si queremos paz social paremos el juicio vergonzoso contra Cristina”, refiriéndose a la procesada vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado. De este modo al quedar involucrados altos niveles de dos de los tres poderes del Estado (Legislativo y Judicial), se reconoció oficialmente y sin eufemismos, una realidad que expresada por otros actores sería agraviante: la existencia de una mafia estatal consolidada, que pugna desesperadamente por sobrevivir.

El término “mafia”, al ser comprensible por todos los niveles sociales, facilita los análisis políticos. Originada en ámbitos rurales de Sicilia, identifica a un tipo de crimen organizado que se trasladó a diversas metrópolis, siendo Nueva York y Chicago las más conocidas. Organizada en clanes que acordaban áreas de influencia, sus negocios se basaban en el contrabando, el juego, la prostitución y el pago de protección (similar a lo que hoy se llaman loteos estatales). En busca de incrementar ganancias y poder, los acuerdos se incumplían, causando conflictos que se dirimían en forma sangrienta hasta arribar a nuevos acuerdos, nunca positivos para las sociedades. Bajo el principal requisito de cumplir con la “omertá” o ley del silencio, los capos mafiosos contaban con complacencias y/o complicidades políticas (funcionarios, jueces y policías), logradas por coimas, miedo o coacción, como fotografiar a un político o juez con una prostituta para amenazarlos con el desprestigio público, recurso que en la actualidad se denomina “carpetazo”. Para justificar sus considerables ganancias y enriquecimientos ilícitos ante el fisco, avezados contadores crearon una cadena de lavaderos (conocidos como ropa limpia para negocios sucios), dando origen a las prácticas de lavado de dinero. Muchos mafiosos despertaban admiración, buscaban inserción social, brindaban trabajo, realizaban tareas benéficas y ofrecían una imagen familiar.

Cuando los negociados privados se entremezclaron con el saqueo de recursos públicos, para estos últimos se invirtió el orden jerárquico de las tramas delictivas, siendo encabezadas por funcionarios políticos asociados a privados externos (concesionarios, contratistas, proveedores, patoteros), y salvo las sangrientas matanzas, mantienen los mismos recursos operativos contra quienes ponen en riesgo sus patrimonios mal habidos y libertades: miedo, insultos, amenazas y coacciones. En el campo institucional, las complacencias (dejar hacer), se logran mediante cargos y privilegios públicos.

Conocida esta matriz, no es casual que pese a que los integrantes de la Corte y jueces son elegidos por mayorías legislativas, con el necesario apoyo de peronistas, de actuar contra la corrupción pública pasen a ser “mafiosos y sinvergüenzas”. Por el contrario, quienes facilitan la impunidad o resuelven sobreseimientos sin llevar a cabo los juicios orales para los que fueron designados, no sufren coacciones. En cuanto al léxico usado, la única diferencia reside en que ante los tribunales, los gángster de antaño se declaraban inocentes, mientras los procesados/condenados criollos claman sin rubores ser “perseguidos políticos”.

Ello explica que en un país sumergido en una crisis extrema cuyos indicadores socio-económicos son conocidos, gran parte de la gestión de gobierno se concentrara en reformas judiciales extemporáneas promovidas por quienes se enriquecieron con recursos del Estado, y en paralelo, se presionara a quienes pretenden ejercer justicia. Para desarmar esta realidad, concentrar el debate en Cristina Kirchner o en el kirchnerismo y/o peronismo es engañoso, porque la existencia de mafias necesita de extendidos apoyos políticos, de empresarios prebendarios, sindicalistas, e incluso sectores eclesiásticos complacientes en su silencio. Ello abre un serio interrogante en esta etapa preelectoral. Cuando discursivamente se plantea la necesidad de diálogos, acuerdos y consensos mayoritarios (Larreta menciona un 75%), cabe preguntarse entre quiénes, sobre qué bases y con qué distribución de costos. Hasta tanto se explicite, en lo inmediato los ciudadanos debemos exigir que se lleven a cabo los juicios orales y públicos para que se determinen inocencias y culpabilidades, instancia que los “perseguidos políticos” siempre quieren evitar.

Buenos Aires, 19 de octubre 2022

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Manes: choque de neuronas

Las declaraciones del neurólogo Manes en un programa televisivo provocaron una imprevista alteración en diversas neuronas políticas, con reacciones más emocionales que racionales. Su formación científica y autor del libro “Usar el cerebro”, práctica recomendable para la actividad política, hace presuponer argumentaciones entendibles (causa-efecto), que permitan arribar a conclusiones consistentes, pues en caso contrario solo aportan a la confusión general, que es un defecto habitual del discurso político. Razón por la cual el ciudadano antes que subyugarse por lo que se dice, debe escudriñar en lo que se omite, por lo que el caso Manes no puede agotarse en un cruce de apoyos, rechazos o comunicados, sin profundizar en el sentido de sus tres frases que causaron los desequilibrios neuronales.  

Frase 1: “Macri y Cristina no nos permiten pensar un país”. Para ir al nudo de la cuestión, se acepta considerarlos en un pie de igualdad, pese a que Cristina gobernó casi once años (se incluyen los tres actuales y no se consideran los cuatro de su fallecido marido), y Macri solo cuatro. Las dudas surgen respecto al eventual poder paralizante que ejercen, considerando la gran cantidad de políticos, sindicalistas y empresarios que ocupan espacios de poder desde hace décadas, lo que haría sospechar que tal supuesto impedimento en realidad encubre oportunismos, comodidades, mediocridades y sometimientos, sustentados en privilegios y recursos públicos. Ahondar en esta hipótesis es un excelente desafío para un neurólogo, pero descargar inicialmente todos los fracasos en Cristina y Macri pareciera una desmesura.

Frase 2: “En el gobierno de Macri hubo operadores que manejaban la Justicia y evidencias que se espió gente incluso de su gobierno”. Durante el reciente tratamiento de la ampliación de miembros en la Corte, senadores oficialistas confesaron públicamente que nuestro país tiene un Estado mafioso, lo que insólitamente fue obviado por el debate político, y se comentará en la próxima reflexión. En este contexto mafioso se insertan la AFI y variados operadores judiciales, que en lugar de ser desactivados se los utiliza para que ingenuos o corruptos desprestigien adversarios. En su crítica Manes omite que la Agencia Federal de Inteligencia como tal no existe, pues se dedica solo a burdos espionajes domésticos (Estado mafioso), con escaso o nulo procesamiento de inteligencia, lo que se refleja en su incapacidad para prever o esclarecer amenazas exteriores, o peor aún, detectar la existencia local del sofisticado grupo “Los copitos”. El uso político se manifiesta en que la AFI está involucrada en ocho causas judiciales en cuatro juzgados distintos, por la que desfilan oscuros personajes que de “secretos” no tienen nada. Peor aún protegen a patotas, como cuando en la gestión de la fiscal Caamaño limpiando armarios, se encontrara casualmente un video que permitió que el juez Alejandro Esmoris anulara la causa contra el “Pata” Medina, y sobreseyera a todos los imputados. Esta falta de profesionalidad no debiera sorprender, pues no existe en el mundo un servicio de inteligencia que en menos de una década haya sido conducido por Parrilli, Tailhade, Mena, Arribas, Majdalani, Caamaño y Rossi, burócratas todo terreno que pasan de la administración pública al servicio de inteligencia y viceversa. Por ello Manes debiera decir que el gobierno de Juntos por el Cambio mantuvo el problema, y por ello su Coalición presentará una propuesta concreta para profesionalizar de forma integral todo el sistema nacional de inteligencia, evitando las desgastadas promesas políticas tales como “sanearemos los servicios” o “desactivaremos los sótanos de la democracia”.

Frase 3.- “Populismo institucional”. La novedosa frase carente de precisiones la asimila a un simple eslogan, por lo que el propio Manes debería clarificarla. En esta instancia de libre interpretación, si quiso referirse a una estructura burocrática plagada de nepotismos e ineficaz siquiera para cumplir con las obligaciones ineludibles del Estado, o más grave aún, promotora y protectora de una corrupción desenfrenada, su descripción sería aceptable.  

A futuro, para evitar polémicas frívolas e intentar disimularlas afirmando que la unidad no implica complacencia o silencio, y considerando que de acceder la oposición al poder en el 2023 deberá afrontar una situación más crítica que la actual, con dirigencias movilizadoras mucho menos complacientes, y una sociedad con altos niveles de hartazgo, debiera ser más coherente en sus estrategias, clara en sus propuestas, y consciente de la situación que viven millones de argentinos.

Buenos Aires, 12 de octubre 2022

Leyes para resistir

“Hacia fines del siglo XIX las burguesías gobernantes comprendieron que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas y la ampliación del sistema electoral, si se hacía con los controles del caso, no afectaba el desarrollo y supervivencia del sistema, sino que por el contrario lo legitimaba y legalizaba”. El texto corresponde a un artículo de Felipe Pigna, referido a la época de la creación de la Ley Sáenz Peña que instaló el voto universal, secreto y obligatorio, y los posteriores artilugios electorales de las élites gobernantes para minimizar los efectos del voto popular y continuar ejerciendo el poder. Si “siglo XIX” se reemplazara por siglo XXI, describe los objetivos de las continuas y oportunistas modificaciones e interpretaciones de las leyes electorales realizadas a partir de la reforma constitucional de 1995 (reelección de Menem), usualmente promovidas por los mismos actores que aprobaron lo que se pretende modificar. De este modo en cada elección en busca de distorsionar el poder del voto popular, surgen variantes insólitas no habituales en democracias, tales como listas sábana, listas colectoras y espejo, candidaturas simultáneas en más de una lista, candidaturas testimoniales, modificaciones en las elecciones internas, y ley de lemas. Cuando los gobiernos surgidos de estas manipulaciones fracasan, se acusa a los ciudadanos de no saber votar.

El ejemplo más claro es la Ley de Lemas, nocivo anacronismo creado en Europa hace más de cien años, y abandonado por casi todos los países. No casualmente la reactivaron caudillismos provinciales como los de Santa Cruz, San Luis y San Juan. Consiste en que un partido (lema), dirima su interna en la elección general, al albergar su lista dos o más candidatos (sublemas), y al momento del escrutinio final el que obtuvo más votos individuales, suma los obtenidos por los restantes de la lista, que eventualmente están políticamente enfrentados. El caso más reciente de este fraude electoral legalizado fue la elección de 2015 en Santa Cruz, donde Eduardo Costa de la UCR fue el individualmente más votado, pero triunfó Alicia Kirchner del Frente para la Victoria, porque sumó los votos del otro integrante de la lista, Daniel Peralta. Vale decir, triunfó con votos de quienes no la votaron.

Lo engañoso del sistema tiene una demostración concreta en la elección de gobernador en la provincia de Chubut en septiembre de 1991, porque al exigir la constitución provincial que el Poder Ejecutivo sea desempeñado “por un ciudadano con el título de gobernador, que será elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios”, en caso que el sublema más votado del lema mayoritario haya obtenido menos votos que un candidato de otro lema, obligaba a un “balotage” entre ambos. El lema justicialista obtuvo 76.889 votos contra 40.929 del lema radical., arrojando una diferencia de 27.970 votos. Pero como el sublema radical tenía como único candidato al doctor Carlos Maestro, quien superó por 8.426 votos al sublema del ing. Sala, el candidato más votado dentro del lema justicialista, se realizó el “ballotage” entre ambos el 13 de octubre, a escasos 35 días de la primera elección. Pese a la diferencia original de casi 28.000 votos a favor del lema justicialista, triunfó el radical Maestro, que aumentó su caudal de votos del 32 al 53%, mientras el ing. Sala bajó del 53 al 45%, dejando en claro que una mayor cantidad de votos positivos otorgados a determinado candidato de determinado partido, configura un parámetro de legitimidad insustituible. En esa época Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe, que utilizaron la ley de Lemas sin “ballotage”, en sus gobiernos tuvieron graves crisis políticas por conflictos internos.

En cuanto a las PASO, creadas por Néstor Kirchner tras su derrota electoral con el empresario De Narváez, no fue concebida para competir, sino para que los perdedores quedaran inhabilitados para participar en la elección general, impidiendo picardías del peronismo, como participar de una interna, perderla, y después competir por afuera en la general. Como virtud, tienen un saludable efecto ordenador de las elecciones generales, evitando una confusa sobreoferta de candidaturas. Quienes fundamentan hoy eliminar las PASO por razones económicas utilizan el cinismo para encubrir el repetido debate terrenal criollo, centrado en las conveniencias electorales de coyuntura. Y vulneran un principio siempre vigente planteado por Aristóteles: “Acostumbrarse a cambiar las leyes con facilidad puede ser más perjudicial que los beneficios del cambio, porque eso debilita a todas las leyes”.

Buenos Aires, 05 de octubre 2022