Mes: mayo 2021

Canje de especias políticas

Definir alineamientos basados en generalidades (neoliberalismo o populismo), o nombres (Kirchner o Macri), evita al emisor el ejercicio de argumentar, y al receptor el de pensar. Entender la permanencia de las castas políticas responsables de nuestra decadencia económico-social, exige detectar las argucias institucionales que lo posibilitan. Entre ellas la legitimidad de representación de los legisladores, actualmente debatiendo el intento de designar en el Senado al jefe de los fiscales con la mayoría absoluta de sus miembros, en lugar de los dos tercios vigentes. Modificación que implicaría que el procurador fuera elegido por quienes tienen procesos por corrupción, lo que ningún legislador desconoce.

El artículo 22 de la Constitución expresa que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Pero la actual legislación impone que los legisladores se eligen a través de listas sábanas o cerradas armadas por las castas políticas, impidiendo que el ciudadano elija individualmente a sus representantes según sus méritos y antecedentes. Si a esta limitante se agrega la licuación de identidades partidarias, cabe preguntarse a quiénes representa realmente cada legislador; si a los que los incluyeron en las listas, a los gobernadores o a los distritos. La duda se incrementa ante distorsiones que burlan al votante, como el caso de quienes asumen integrando determinada lista sábana, para luego abandonar dicho espacio político autoproclamándose “independientes”, para integrar interbloques que como tales, nadie votó, afectando de este modo la representación porcentual del voto ciudadano. Es el caso reciente de los diputados Ansaloni (Buenos Aires), Beatriz Avila (Tucumán) y Carambia (Santa Cruz), que abandonaron el PRO. Una situación similar afrontó el kirchnerismo cuando perdió la elección presidencial. Por lo que el sistema electoral vigente presenta un doble perjuicio de representatividad: preelectoral (ingresa en lista sábana), y poselectoral (abandona la lista para negociar como independiente). Existen además interbloques sobre los que el gobierno opera para negociar, que se referencian en provincias (cuatro cordobeses; tres misioneros); en partidos (dos socialistas santafesinos), o en políticos (tres lavagnistas). El interrogante sobre qué bases de representatividad utilizarán para fijar postura y aprobar leyes se mantiene.    

En cuanto a las vías de gestión para decidir posturas, se reactivan viejas estrategias: el canje de especias políticas. O lo que el ex diputado Monzó, entre aplausos de los presentes en el recinto, llamara “la rosca”. El parlamentarismo (parlar, hablar), supone negociar, acordar. Pero los acuerdos tienen que sustentarse en mayorías legítimas, no distorsionadas por reconfiguraciones poselectorales que nadie votó. Un gobernador puede ser convencido con obras del poder central o aumentos impositivos coparticipables, pero al menos representa a una provincia. Por el contrario, los mutados en “independientes” se representan a sí mismos. En algunos casos con debilidades a tener en cuenta: de los diez legisladores sobre los que opera el gobierno para tener quórum a fin de tratar el tema procurador, ocho finalizan su mandato el próximo doce de diciembre. Y como sabemos, la carne es débil.

Un ejemplo de lo expuesto es el legislador mendocino José Luis Ramón (Partido Intransigente), cuyo mandato vence en diciembre próximo. Adquirió exposición pública encabezando un reducido interbloque que promueve el apoyo al proyecto oficial. Ramón tuvo la franqueza de declarar públicamente cual fue la “especie” que acordó con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, para brindar apoyo: la creación de una Procuraduría de Defensa de los Usuarios y Consumidores, organismo irrelevante pagado por una población empobrecida, para que librepensadores no tengan que trabajar como ciudadanos comunes a partir de diciembre. Por ello es importante en procesos preelectorales como el presente, en los que la escena pública para el armado de las listas sábanas la monopolizan políticos conocidos desde hace décadas, prestar atención a los antecedentes de los candidatos ubicados en posiciones inferiores con posibilidad de ingresar, tarea en la que el periodismo puede cumplir un rol esclarecedor inestimable. Sabiendo que las ubicaciones en las listas una vez elegidos y asumidos los legisladores, pierden relevancia. Cada legislador es un voto. Y muchos pueden transmutar en “independientes”.

Buenos Aires, 26 de mayo 2021

Al Capone candidato

Para revertir el proceso de nuestra decadencia política de al menos dos generaciones, se deben formular diagnósticos correctos para luego diseñar transformaciones virtuosas. Un impedimento que caracteriza a dictaduras o autocracias pero no a sistemas democráticos, es que nuestras representaciones políticas y gremiales en lugar de ser circunstanciales y rotativas, permanecen en manos de castas familiares y hereditarias responsables de la decadencia, que son las que diseñan el andamiaje institucional que las sustentan. Esta anormalidad se puede ejemplificar a través de una hipótesis supuestamente inverosímil, por la que Al Capone, el más conocido delincuente de la historia, en nuestro país estaría en condiciones de ocupar altos cargos públicos, sea como funcionario, legislador o binomio presidencial.

Capone nació en 1899 en Nueva York en donde inició su carrera delictiva, trasladándose posteriormente a Chicago para convertirse en la figura criminal más importante en las décadas del 20 y 30. Los negocios ilícitos por los que las mafias de entonces competían sangrientamente, y vía coimas o amenazas contaban con altas complicidades políticas, judiciales y policiales, eran el juego ilegal, el contrabando y la prostitución. Ante la opinión pública se mostraba como benefactor de los pobres y humildes, justificando su alto nivel de vida como vendedor de antigüedades. Al imponer en 1927 el Tribunal Supremo un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos obtenidos ilícitamente, el castigo que no se logró por sus crímenes se obtuvo por evasión de impuestos, descubierta por un investigador del Departamento del Tesoro. Momentos previos al inicio del juicio oral y público en 1931, el juez del tribunal cambió a último momento los jurados, que estaban sobornados o amenazados. Comprobada la evasión, Capone fue condenado a once años de prisión, que cumplió primero en Atlanta y luego en Alcatraz. Transcurridos ocho años obtuvo la libertad condicional por mostrar signos de demencia y deterioro físico, para morir en 1947 en Miami por neumonía.

Traslademos a Capone a la Argentina actual, en la que muchos delitos también cuentan con complicidad política, judicial y policial, acusado por sustracción de impuestos por no entregar al Estado 8.000 millones de pesos percibidos entre 2011/15 como agente de retención de combustibles en sus estaciones de servicio. A diferencia del gobierno de Estados Unidos, el delito de nuestro supuesto Capone no fue detectado por organismos estatales, sino por investigaciones periodísticas. Durante su prisión preventiva e invocando persecución de un tal Mauricio Macri, que una alta autoridad política denunciara en un tuit que “tenía un componente mafioso por sus ancestros calabreses”, organizaciones de derechos humanos rentadas por el Estado pedirían su liberación. Previo al juicio no existiría un sorpresivo cambio de jurados que el Capone criollo hubiera denunciado como “lawfare”, pues en nuestro país se acostumbra a cambiar jueces de tribunales, no jurados. Una vez condenado nuestro Capone tampoco sería trasladado a prisión, porque a diferencia de otros países desarrollados, en libertad apelaría ante la Cámara de Casación y Corte Suprema sucesivamente. Períodos durante los cuales el condenado puede exclamar desafiante “soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, cuando la frase debiera ser inversa. Reunido con sus viejos protectores políticos, le permitirían devolver lo sustraído al Estado en un cómodo plan de pagos a varios años con intereses promocionales, que posiblemente tampoco pague. Ya más distendido, nuestro Capone criollo repararía en que leyes y fueros especiales aprobadas por las castas políticas, permiten que procesados y condenados puedan ser funcionarios, legisladores y presidentes.

Ante ello y para protegerse de futuras experiencias amargas y traumáticas, decidiría incursionar en política y presentarse a un cargo electivo. La hipótesis inicialmente inverosímil dejó de serlo. En nuestro sistema político-electoral, Al Capone podría ser candidato y ser elegido.

Buenos Aires, 19 de mayo 2017

Discursos paranoides

Es habitual identificar épocas a través de figuras preponderantes, sin profundizar sobre sus entornos inmediatos, cuya mediocridad es directamente proporcional al nivel de autoritarismo y mesianismo de quienes conducen. Cuando estos procesos se prolongan en el tiempo sin marcos institucionales estables y consolidados, la consecuencia es irreversible: subdesarrollo y pobreza.  Es preocupante entonces que nuestras castas políticas, en lugar de extremar la capacidad de planificar y conducir estrategias eficaces para afrontar los presentes desafíos, persistan en repetir viejos recursos para mantener su poder y privilegios, priorizando intereses individuales (judiciales, electorales) por sobre los intereses ciudadanos (campañas de vacunación, fuentes laborales). Situación agravada por un presente en el que las castas manipulan precios, tarifas, dólar y salarios para triunfar en una elección, para una vez cerrado el escrutinio, corregir las severas distorsiones provocadas con ajustes mucho más dolorosas para la sociedad (recordar el rodrigazo en 1975).

No menos preocupante es que quienes conducen, en lugar de exhibir templanza transmiten un descontrol emocional y verbal inédito desde 1983, pues no lo manifestaban el fervor discursivo de Alfonsín o Néstor Kirchner, o la circunspección de De la Rúa, que en todos los casos se correspondían con sus personalidades. Al combo pandemia, año electoral y descontrol emocional, se agrega que los mensajes institucionales lo comparten el binomio Alberto Fernández – Cristina Kirchner, en lugar de concentrarse en el presidente como máxima autoridad de gobierno. Ante esta situación, es más importante reflexionar sobre como influenciará esta realidad en las políticas públicas de corto y mediano plazo, que distraernos en presuponer “quien manda en el binomio”, o más infantil aún, quién es el bueno y quién el malo.

El descontrol emocional no refiere a las abundantes contradicciones discursivas, prácticas habituales que suelen ejercitar los políticos sin consecuencias traumáticas para ellos. Se presenta cuando el presidente llama “miserables” a empresarios; “asesinos” a quienes pretenden cierta presencialidad escolar, “odiadores” a quienes no terminaron un plan de viviendas, “golpistas” a integrantes de la Corte ante un fallo, o expresar con el dedo alzado “conmigo, rebeliones no”. Para pocos días más tarde, invocar la necesidad de unión nacional y consensos políticos. Esta desmesura que es producto de la desconfianza y recelo que el afectado tiene hacia los demás, caracteriza a las actitudes paranoides. Que pueden ser circunstanciales sin implicar una patología, pero sufrida por una máxima autoridad institucional en momentos críticos, tienen graves consecuencias.     

En este juego discursivo bipolar la vicepresidenta se mueve con mayor comodidad, por cuatro razones: tiene menor exposición pública, elige los temas y oportunidad sobre los que opinará, el medio que utilizará (redes sociales o discurso ante adherentes), y cuenta con una cohorte rentada con fondos públicos de replicadores textuales de sus mensajes, en los que puede transmitir enojos reales o actuados, pero no descontrol emocional. Estrategia que deriva en otro absurdo: el presidente Fernández termina convirtiéndose a su vez en un propagador textual de los mensajes de la vicepresidenta, y no a la inversa.

Para no colaborar con la confusión general en una situación de crisis, los análisis deberían considerar al binomio representado por el presidente (ejecutivo), y vicepresidenta (Senado) como una unidad que comparte políticas y responsabilidades, situación que no es privativa de la política: en un avión lo representan el piloto y copiloto; en un barco el capitán y el contramaestre. Ello sin desconocer la importancia de los propagadores rentados de mensajes preelaborados, útiles para acompañar creando climas y ejerciendo presiones; pero no para aportar creatividad virtuosa o decidir. Los que todos debieran tener presente es la posibilidad de que los pasajeros (ciudadanos), se subleven por hartazgo ante la incompetencia de quienes conducen y comparten privilegios públicos, que incluye a supuestos opositores y falsos “independientes”.

Buenos Aires, 12 de mayo 2021

No sabía, yo no fui

La expresión del título remite a excusas de la infancia ante travesuras de relativa gravedad que presuponían un castigo familiar. Si bien parecería absurdo que la formularan los padres ante sus infantes, ello sucede en nuestras castas políticas ante hechos que involucran al Estado en perjuicios patrimoniales o sospechas de corrupción. El conocimiento público de los mismos suele darse a través del odiado periodismo de investigación, que no debe confundirse con amarillistas operaciones de desprestigio. Tres casos actuales que interrelacionan altas autoridades públicas con grupos privados asociados, ejemplifican lo expresado: 1) gestiones para contratar la provisión de vacunas contra el Covid y planificación de vacunación; 2) la extracción irregular de dinero en efectivo en ATC; 3) el cobro de hisopados rápidos y obligatorios en Ezeiza y Aeroparque, por un laboratorio desconocido.

En dichos casos cabe destacar las declaraciones exculpatorias de los responsables involucrados, sin presuponer irregularidades o corrupciones aún no certificadas judicialmente, sino desde la óptica institucional, administrativa y operativa que define responsabilidades jerárquicas, niveles de control y calidad de gestión. Recordando que las castas designan en cada condado (repartición estatal), a personas de su “máxima confianza” (parientes, amigos y recomendados de otras castas), pese a lo cual al momento de aclarar y/o justificar irregularidades resurge el absurdo: los padres (altos funcionarios), dicen a sus hijos menores (ciudadanos): “no sabía, yo no fui”.

1.- En marzo del 2020 se decretó el primer aislamiento nacional obligatorio. En julio se anunció contactos presidenciales con el laboratorio Pfizer, que aseguró prioridad para el envío de 13 millones de vacunas al país en etapas a definir, por haber realizado ensayos de la vacuna con 5500 voluntarios argentinos, En agosto, el empresario argentino Sigman comprometió la provisión de 22,4 millones de dosis del laboratorio Astra Zeneca, abonándose un equivalente a 54 millones de dólares por el 60% del contrato. En medio de negociaciones confusas con crisis ministeriales y diplomáticas, cobra influencia la asesora argentina Nicolini, una desconocida de reciente residencia en España, con una supuesta mayor eficacia de gestión que el presidente, ministros y diplomáticos. Se negocia entre estados con Rusia y China para obtener vacunas de ese origen, tras lo cual el 10 de diciembre el presidente anunció un contrato con Rusia por el que se vacunarían 10 millones de personas entre enero y febrero, y 5 millones adicionales en marzo. El 24 de diciembre llegan las primeras 300 mil vacunas Sputnik al país, en medio de una algarabía aeronáutica. También ingresan vacunas chinas (Sinopharm), y  de Astra Zeneca vía Organización Mundial de la Salud para países en vías de desarrollo, fabricadas en India. Se retoman gestiones con Pfizer, y se anuncian contactos para obtener una desconocida vacuna cubana, y con el dueño del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, para fabricar la Sputnik en Argentina en plazo indefinido, dado que a la fecha no cuenta con infraestructura y capital nacional necesario. A mediados de marzo, Sigman anuncia que en mayo llegarán las primeras partidas de Astra Zeneca, sin definir cantidades. El viernes 30 de abril se lanzó una campaña publicitaria oficial eufórica basada en el número 10, que refiere a  las 10 millones de vacunas llegadas al país hasta el momento, sin cronograma de entregas futuras. Conclusión, las castas políticas en una instancia de máxima gravedad exhibieron sus vicios: exitismo inicial y autocomplacencia, conducción administrativa carente de profesionalidad, y reformulaciones estratégicas tardías. En este combo, “yo no sabía, yo no fui” abunda.

2.- A comienzos de marzo trascendió que directivos del canal oficial ATC retiraron de la sucursal del Banco Itaú 11,4 millones de pesos en efectivo. Rosario Lufrano, quien preside la empresa estatal, manifestó sorpresa y anunció una auditoría, cuando lo inmediato era que los responsables explicaran la extracción irregular del dinero, y se aclararse si la misma es posible sin la firma, conocimiento explícito o responsabilidad de la máxima autoridad. En el interín se conocieron los desmesurados salarios de los responsables, que se asimilan a canales privados de alta rentabilidad obtenida por el aporte de anunciantes y clientes, pese a que la función de un canal oficial es priorizar lo cultural y lo “nacional y popular” por sobre lo comercial. Por el momento, Lufrano mantiene “no sabía, yo no fui”.

3.- La demora en la obtención de vacunas fue concomitante con la escasez de testeos. Pero ello no impide la obtención de ganancias fáciles auspiciadas por el Estado, que emitió una resolución administrativa que obliga a hisoparse a pasajeros del exterior (excelente). Tras lo cual el concesionario Aeropuertos 2000 cede el operativo con una recaudación diaria multimillonaria a la Fundación Educativa San Lázaro (los habituales intermediarios sin fines de lucro), que a su vez contrata al desconocido laboratorio Labpax, cuyos responsables son dos monotributistas. Detectada la irregularidad por un odiado periodista de investigación, los ministerios de Salud y de Transportes deslindaron responsabilidades, y Aeropuertos 2000 anunció una insólita auditoría, dado que se supone que conocía previamente los antecedentes de quienes contrató. En este caso el “no sabía, yo no fui” lo comparten Ministerios, una Fundación y Aeropuertos 2000.

Buenos Aires, 05 de mayo 2021