Mafia estatal oficializada

Las argumentaciones deben minimizar adjetivaciones y descartar agravios, para que no se diluyan en polémicas ruidosas que intentan ocultar las causas de los problemas. El discurso político criollo abunda en este recurso, muchas veces complementados con personajes delirantes que a través de insultos y amenazas públicas obtienen una envidiable repercusión mediática. En la reciente sesión del Senado que trató la ampliación de miembros de la Corte Suprema, se produjo sin embargo un hecho clarificador que extrañamente pasó desapercibido. En su exposición, el senador Parrilli dijo “hoy en la Corte hay cuatro mafiosos, que se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”. Complementó el senador Mayans afirmando: “si queremos paz social paremos el juicio vergonzoso contra Cristina”, refiriéndose a la procesada vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado. De este modo al quedar involucrados altos niveles de dos de los tres poderes del Estado (Legislativo y Judicial), se reconoció oficialmente y sin eufemismos, una realidad que expresada por otros actores sería agraviante: la existencia de una mafia estatal consolidada, que pugna desesperadamente por sobrevivir.

El término “mafia”, al ser comprensible por todos los niveles sociales, facilita los análisis políticos. Originada en ámbitos rurales de Sicilia, identifica a un tipo de crimen organizado que se trasladó a diversas metrópolis, siendo Nueva York y Chicago las más conocidas. Organizada en clanes que acordaban áreas de influencia, sus negocios se basaban en el contrabando, el juego, la prostitución y el pago de protección (similar a lo que hoy se llaman loteos estatales). En busca de incrementar ganancias y poder, los acuerdos se incumplían, causando conflictos que se dirimían en forma sangrienta hasta arribar a nuevos acuerdos, nunca positivos para las sociedades. Bajo el principal requisito de cumplir con la “omertá” o ley del silencio, los capos mafiosos contaban con complacencias y/o complicidades políticas (funcionarios, jueces y policías), logradas por coimas, miedo o coacción, como fotografiar a un político o juez con una prostituta para amenazarlos con el desprestigio público, recurso que en la actualidad se denomina “carpetazo”. Para justificar sus considerables ganancias y enriquecimientos ilícitos ante el fisco, avezados contadores crearon una cadena de lavaderos (conocidos como ropa limpia para negocios sucios), dando origen a las prácticas de lavado de dinero. Muchos mafiosos despertaban admiración, buscaban inserción social, brindaban trabajo, realizaban tareas benéficas y ofrecían una imagen familiar.

Cuando los negociados privados se entremezclaron con el saqueo de recursos públicos, para estos últimos se invirtió el orden jerárquico de las tramas delictivas, siendo encabezadas por funcionarios políticos asociados a privados externos (concesionarios, contratistas, proveedores, patoteros), y salvo las sangrientas matanzas, mantienen los mismos recursos operativos contra quienes ponen en riesgo sus patrimonios mal habidos y libertades: miedo, insultos, amenazas y coacciones. En el campo institucional, las complacencias (dejar hacer), se logran mediante cargos y privilegios públicos.

Conocida esta matriz, no es casual que pese a que los integrantes de la Corte y jueces son elegidos por mayorías legislativas, con el necesario apoyo de peronistas, de actuar contra la corrupción pública pasen a ser “mafiosos y sinvergüenzas”. Por el contrario, quienes facilitan la impunidad o resuelven sobreseimientos sin llevar a cabo los juicios orales para los que fueron designados, no sufren coacciones. En cuanto al léxico usado, la única diferencia reside en que ante los tribunales, los gángster de antaño se declaraban inocentes, mientras los procesados/condenados criollos claman sin rubores ser “perseguidos políticos”.

Ello explica que en un país sumergido en una crisis extrema cuyos indicadores socio-económicos son conocidos, gran parte de la gestión de gobierno se concentrara en reformas judiciales extemporáneas promovidas por quienes se enriquecieron con recursos del Estado, y en paralelo, se presionara a quienes pretenden ejercer justicia. Para desarmar esta realidad, concentrar el debate en Cristina Kirchner o en el kirchnerismo y/o peronismo es engañoso, porque la existencia de mafias necesita de extendidos apoyos políticos, de empresarios prebendarios, sindicalistas, e incluso sectores eclesiásticos complacientes en su silencio. Ello abre un serio interrogante en esta etapa preelectoral. Cuando discursivamente se plantea la necesidad de diálogos, acuerdos y consensos mayoritarios (Larreta menciona un 75%), cabe preguntarse entre quiénes, sobre qué bases y con qué distribución de costos. Hasta tanto se explicite, en lo inmediato los ciudadanos debemos exigir que se lleven a cabo los juicios orales y públicos para que se determinen inocencias y culpabilidades, instancia que los “perseguidos políticos” siempre quieren evitar.

Buenos Aires, 19 de octubre 2022

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