Detectar parásitos
El Estado, por ostentar el monopolio para decidir, ejecutar, legislar y juzgar, define el perfil de un país. Pero explicar nuestro atraso de décadas implica pasar de la abstracción Estado al tangible concepto de Gobierno, conformado por organismos, funcionarios políticos y empleados. A los gobiernos se los juzga por la calidad de vida económica, social e institucional que brinda sus ciudadanos, y luego por indicadores macroeconómicos. Determinada presión impositiva porcentual por ejemplo, puede ser razonable en países que brindan servicios públicos de calidad, o asfixiante si lo recaudado se diluye en gastos improductivos, privilegios burocráticos y corrupción. Al respecto, es recomendable el artículo del politólogo José Nun publicado en La Nación el 24 de febrero pasado, titulado “La alta presión impositiva es síntoma de la desigualdad”.
Es inevitable que a las argumentaciones racionales se le contrapongan las de mediocres demagogos, que llaman “parásitos” a quienes exhiben desarrollos creativos, maquinarias y tecnología, y no casualmente, excluyan de tal deshonor a burócratas y “familias políticas” que usufructúan recursos públicos multiplicando en su beneficio organismos intrascendentes, por lo que eluden debatir la reconfiguración de la estructura estatal. Lo que obliga a que este debate lo inicien ciudadanos comunes, analizando los mensajes políticos públicos y fehacientes, sin riesgo de tergiversaciones. Con dos prevenciones: 1) el concepto “familias políticas” no discrimina entre circunstanciales oficialismos y oposiciones, sino se basa en la continuidad temporal de sus integrantes. Las críticas no se dirigen entonces a determinado gobierno, sino a un sistema político estatal. 2) la mayoría de las frases políticas cortas y contundentes a considerar no suelen ser fidedignas, pues no pretenden informar, sino impresionar.
Por ser ejemplificador en varios aspectos, el ejercicio comenzará con un suceso reciente, que incluye una frase presidencial. El viernes 03 de abril, fecha de inicio de los anunciados pagos de haberes a jubilados, pensionados y prestaciones sociales sin tarjetas de débito, una multitud integrada por la población más vulnerable acudió a las entidades bancarias del país, siendo forzada a incumplir la consigna de aislamiento. Tras la descripción del hecho, el análisis. El Observatorio Social de la Universidad Católica, hecha la salvedad de la manipulación estadística que realizara cuando anunció el cierre del 2019 con un índice de pobreza del 40,2 %, mientras el confiable Indec que dejara el fallecido Todesca registró el 35,5%, publicó que la Anses informa mensualmente 14 millones de beneficiarios a través de entidades financieras oficiales y privadas, y que casi el 46% de los mayores de 60 años cobran por ventanilla. Vale decir, existía información disponible para organizar la mecánica de cobros. La primera reacción de los titulares involucrados de la Anses, Banco Central (entidades bancarias) y gremio bancario, fue de manual: negaron tener culpas. Conclusión: no trabajaron coordinados y predispuestos.
Ante los hechos, de inmediato se manifestó públicamente el presidente Fernández, señalando que “los responsables fueron los bancos, que ganaron mucho en los últimos cuatro años”. Análisis: debiera aclarar si dichas ganancias fueron ilegales o legales. En el primer supuesto efectuar la denuncia pertinente, que debiera incluir a los organismos de control. De ser legales, las ganancias se produjeron con motivo de normativas aprobadas por el parlamento. Sin olvidar que los mayores patrimonios y flujos de fondos pertenecen a los Bancos públicos. Conclusión: en la necesaria reformulación de las estructuras burocráticas, esta clarificación es imprescindible.
En situaciones de graves emergencias afloran egoísmos, inequidades e ineficacias en las conducciones estatales. Mientras franjas sociales públicas y privadas carentes de privilegios y con salarios medios y bajos actúan en frentes de riesgo ante la pandemia, los sectores públicos más favorecidos como son el bancario (incluye a los privados), judicial y legislativo (no así del ejecutivo en este caso), se mantienen impertérritos en cuarentena al amparo de sus dirigencias gremiales, que se presentan en las tribunas como adalides en la defensa de los pobres y lucha contra el poder económico. Ejemplifiquemos con el poder legislativo. Entre diputados y senadores suman 329 representantes, todos con residencia en Buenos Aires. Considerando a los que tienen alto nivel de ausentismo, existe una base de 300 legisladores para trabajar diariamente, con guardias mínimas de apoyo en secretariado, biblioteca, cafetería y seguridad. A los que estén en sus provincias, se los “repatriará” a su lugar de trabajo. De este modo, respetando normas de aislamiento y alejados de los ajetreos habituales que no invitan a la reflexión y toma de decisiones, se podrían tratar reformas y leyes trascendentes. Y cumplir con una frase que a los políticos desde hace décadas les encanta pronunciar en medios de comunicación: “nos debemos un amplio debate acerca del país que queremos”.
Buenos Aires, 25 de abril de 2020