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El espionaje como sátira

El repetido tema de los servicios de inteligencia del Estado pareciera más cercano a una sátira, en la que los supuestos agentes, antes que profesionales   especializados recuerdan al ridículo inspector Clouseau en la famosa serie La Pantera Rosa. Y que confirma que desde hace décadas, en un contexto en el que procesados por corrupción pueden gobernar, legislar y ser funcionarios, la “inteligencia” estatal no se dedica a la seguridad nacional, sino que participa de una corrupción nacional que involucra a presidentes, políticos, jueces, fiscales, narcotraficantes y barras bravas.

Profundizar este planteo implica clarificar la diferencia entre espionaje e inteligencia. El primero es una actividad de campo para obtener información (vigilancia, fotos, escuchas). La inteligencia procesa y sistematiza dicha información para detectar actividades criminales y de seguridad. En los personajes que desfilan por causas judiciales y medios de comunicación, la inteligencia brilla por su ausencia. Otro aspecto a tener presente, es que a la actividad de inteligencia se le opone la contrainteligencia, que busca afectar determinadas investigaciones, o bien utilizarlas en beneficio propio. Por ejemplo, hacer caer causas de corrupción estatal-privada. En síntesis; se tenga como objetivo combatir la criminalidad o formar parte de ella, los procedimientos son los mismos. En un contexto de alta corrupción estatal-privada, este doble juego redituable, puede simultáneamente facilitar el saqueo de recursos públicos y la impunidad de los saqueadores.

En cuanto a la escasa profesionalidad de los servicios, la responsabilidad es excluyentemente política. No existen en el mundo servicios eficaces con conductores que además de carecer de formación específica, roten entre distintos cargos públicos. En 30 años desfilaron entre otros Anzorregui, Santibáñez, Larcher, Mena, Parrili, Arribas, Majdalani, Caamaño. El marco político lo cierra la complicidad “sin grietas” de la multipartidaria Comisión Bicameral de Seguimiento, que debiera controlar al organismo en sus aspectos orgánicos, operativos y presupuestarios, y no solo no lo hace, sino que cínicamente, opera citando a denunciantes sin obligación de decir verdad. Ello explica que la mal llamada “inteligencia” no sirviera para descubrir a los responsables del atentado a la embajada de Israel, a la mutual Amia o la muerte de Nisman. Para mantener esta útil inutilidad del organismo, existe un factor clave para los políticos: los fondos reservados, presentes en recordados escándalos de corrupción. Se citan tres viejos antecedentes cuyos partícipes, pasados más de 20 años aún mantienen vigencia. Esto permitirá entender el derrotero de las actuales denuncias, no solo en su metodología, sino en sus posibles desenlaces.  

En diciembre del 2015 el Tribunal Oral 4, en fallo ratificado por la Cámara de Casación, condenó al ex presidente Menem y otros funcionarios por haber pagado durante su mandato sobresueldos con fondos de gastos reservados de la SIDE. Ello se constató por haberlo confesado la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública. Desde el primer pago en 1990 hasta el dictamen, pasaron 25 años.

Tras la aprobación de una Reforma Laboral en abril del 2000, en el mismo año un tal Bravo encontró en el Senado un anónimo que denunciaba el pago de coimas a doce senadores justicialistas y radicales. A cargo del expediente judicial estuvieron cronológicamente los jueces Liporace (fue apartado por enriquecimiento ilícito), Canicoba Corral y Rafecas. En el 2003, tras una reunión con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, se presentó en tribunales como arrepentido el ex secretario parlamentario radical Pontaquarto, confesando haber repartido 5.000.000 de dólares obtenidos de fondos reservados de la SIDE. Tras 300 declaraciones, incluidos agentes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad, en fallo ratificado por la Cámara Federal de Casación, en abril del 2015 el Tribunal Oral Federal 3 resolvió la absolución de todos los acusados por no haberse presentado pruebas fehacientes. Las actuaciones judiciales duraron 15 años.

En julio del 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces Ministro de Justicia Gustavo Béliz acusó públicamente en un programa televisivo a Jaime Stiusso, entonces director de Operaciones de la SIDE, por sus manejos ilegales. Tras la denuncia, Béliz debió residir en el exterior, y Stiusso continuó en funciones hasta enero del 2015, en el que se lo relevó en medio de acusaciones cruzadas por la firma del pacto con Irán. Pasados 16 años, Béliz es actualmente un importante funcionario de Gobierno, Stiusso está jubilado, y las denuncias en sede judicial no avanzaron.

Estos antecedentes facilitarán que en la reflexión del miércoles próximo se analicen las analogías con la actualidad, que entrecruzan “inspectores Clouseau”, políticos, corruptos, cómplices, jueces y fiscales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2020

Vicentín es nuestra o ajena?

La reciente decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentín, muestra un resquebrajamiento del riguroso aislamiento social de quienes pretenden gobernar de modo unitario. Decisiones trascendentes se adoptan mediante decretos; se legisla con presencia física de representantes del gobierno mientras los opositores gesticulan en centenares de pantallas, y el poder judicial permanece cerrado a la actividad privada, pero receptivo a denuncias políticas realizadas con el estratégico objetivo de hacer caer las causas de corrupción estatal-privada, sean juicios orales iniciados o próximos a iniciarse. Vicentín debiera configurar un quiebre de este bloqueo institucional, no solo por sus múltiples aspectos legales, judiciales, económicos y laborales, sino por explicitar una estrategia política que se mantendrá a futuro.

Dado que los análisis u opiniones tienen inevitablemente preconceptos, se deben explicitar sus hipótesis de trabajo. Se destacan cinco: 1) Se utiliza como fuentes de información las de un ciudadano común: prensa oral y escrita identificable, con eventuales citas textuales.  2) Se considera relevante que nuestras dirigencias conforman “familias políticas” con vigencia desde hace más de 25 años (o sea una generación), lo que facilitará detectar contradicciones, oportunismos y falacias discursivas. 3) Las reflexiones  políticas serán de aplicación a oficialismo y oposiciones, para evitar “grietas” que anulen toda racionalidad. Neutralizando además clásicos recursos propagandísticos llamados “de orquestación”, que utilizan tanto mafias como políticos, haciendo pasar operaciones como investigaciones para lograr impunidad: nosotros robamos, pero ustedes también. 4) Aceptar que el gobierno tiene una líder operativa e ideológica excluyente: Cristina Kirchner. Seguir anhelando un “albertismo” o bien es una ingenuidad, o intenta generar una cuña en la cúpula del poder. Fernández, Massa o Solá, a quienes Maquiavelo les recordaría que “los que estuvieron en varios lugares terminan no estando en ninguno”, no reúnen condiciones de liderazgo para oponérsele. 5) Las “peleas” entre integrantes del gobierno, o expresiones delirantes de sus miembros o adherentes, cumplen un objetivo propagandístico de distracción para quitar centralidad a las oposiciones. Cuentan con la aceptación del líder; caso contrario, serían eyectados del poder.

En el caso Vicentín, lo primero que aflora en el anuncio del presidente el lunes 8 de junio, es una decisión intempestiva, sin mayor análisis en cuanto a su implementación y consecuencias. Dada su complejidad, en lo inmediato se puede opinar sobre dos aspectos: antecedentes similares y estrategia discursiva. Los innumerables antecedentes explican el atraso del país. Se podría comenzar señalando dos quiebras históricas de alimenticias: Swift (década del 70), y Sasetru (década del 80). Con integrantes del actual gobierno, se destacan cuatro referencias: Aerolíneas Argentinas/Austral; YPF, Ciccone y crisis de la cooperativa Sancor. Todos ellos con costos millonarios para el Estado, sea en indemnizaciones y/o pérdidas de juicios, y gravosas conducciones estatales. Por YPF por ejemplo, aún hoy litigan en EE. UU. por miles de millones de dólares contra el país, la familia Esquenazzi, dueños del Banco Santa Cruz.

En cuanto a lo discursivo, tanto en su presentación como en posteriores aclaraciones, el presidente Fernández utilizó como justificación de la decisión términos variados y contradictorios: intervención transitoria, salvataje, expropiación, empresa testigo, soberanía alimentaria, entre otros, generando múltiples interpretaciones y confusión. Como profesor, merece un aplazo. Más útil para análisis fundados fue la criticada y escasamente debatida frase de la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos: “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”. Si se presta atención, la propia diputada brinda en la frase una clave que demuestra que su propuesta es inaplicable en nuestro país: habla de economías desarrolladas. Bajo esta condición, que lograron no sin esfuerzo países que sufrieron guerras, las políticas serían distintas. En Alemania por ejemplo, en la crisis financiera del 2008 su gobierno compró acciones de empresas en dificultades, no para designar  burócratas en su manejo, sino para venderlas a mejor precio una vez superada la emergencia. Más aún, en este y otros países, desde hace años se está avanzando en políticas de cogestión entre empresarios y trabajadores.

En las economías desarrolladas no hay inflación sistémica, carencia de moneda propia, repetidas insolvencias para pagar deudas, legislaciones laborales de hace 40 años, y una permanente corrupción del Estado asociada a privados, sostenida por castas políticas.

Buenos Aires, 17 de junio 2020

Reuniones en el Titanic

Conservadurismo es un término que tiene la virtud de encerrar en sí mismo su significado: conservar. Aplicado a lo político, el objetivo no es conservar tradiciones o valores religiosos, sino poder. Sus beneficiarios, con independencia de proclamadas ideologías supuestamente divergentes, coinciden en generar estructuras burocráticas que les permiten sostener su poder y privilegios a lo largo del tiempo. Reacios a las reformas o cambios sociales, a sus gobernados empobrecidos los contienen con dádivas que llaman subsidios. Reconocer esta condición que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia política encaramada en el Estado desde hace décadas, vale como punto de partida para analizar la coyuntura, urgencias y futuro próximo, en un contexto agravado por una inédita pandemia que trastocó las habituales problemáticas internas y externas del país.

Toda emergencia reclama niveles de conducción con la capacidad y experiencia necesarias para enfrentarla y minimizar daños inevitables, requisitos que supuestamente cumpliría una dirigencia casi hereditaria. Por el contrario, transcurridos más de siete meses de elegido, el gobierno continúa sin tener un plan definido con cambios estructurales imprescindibles, plasmados en un presupuesto. Tal parálisis conductiva plácidamente acompañada por las oposiciones, se intenta disimular con dispersas y concurridas reuniones de altos funcionarios con gobernadores, empresarios, gremialistas y variados consejos consultivos, que en lugar de debatir y acordar acciones integradoras y factibles de largo plazo, sus asistentes califican ante la prensa como desarrolladas en un “clima de cordialidad”. Situación que recuerda la escena de la orquesta tocando en cubierta durante el hundimiento del Titanic, en medio del caos para sobrevivir.

En paralelo se reiteran viejos recursos conservadores para que nade cambie: delegación de atribuciones constitucionales para que se gobierne por decreto; afectación de jubilaciones manteniendo las de privilegio; creación de impuestos para financiar estructuras burocráticas insostenibles, interrupción de la inacción judicial solo para gestiones relacionadas con mantener la impunidad; intervención de la empresa Vicentín por sobre el juez que entiende en su convocatoria sin “reuniones cordiales” previas. Los fracasos se disimulan como siempre: subsidiando pobreza con recursos públicos que se manejan como propios. Para tales incongruencias se presenta como excusa a la renegociación de la deuda externa con privados y la pandemia, que ofrecen un rasgo común: no tienen plazos de cierre definidos. Lo que paradójicamente, debiera obligar a una frenética actividad coordinada entre ejecutivo, legislativo, sectores de la producción y del trabajo, para modificar coherentemente estructuras burocráticas, sistema impositivo, regímenes laborales, financiero y judicial, que definan un rumbo de al menos una década. Muchos de los nuevos escenarios futuros quedaron expuestos durante el aislamiento: trabajos a distancia con recursos tecnológicos (sistema bancario; parcialmente educación y salud; comercio); flexibilización forzosa de la añeja legislación laboral; surgimiento de nuevas empresas innovadoras en software y tecnología, con alta ocupación de mano de obra y volúmenes exportables. De no planificar ya, la pandemia provocará que una vez más, se apele a acciones coyunturales, oportunistas y caóticas (caso Vicentín).

Para las transformaciones necesarias es de utilidad el reconocimiento explícito del gobierno de no considerar como “trabajadores esenciales” en épocas de crisis, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, y mayoría de organismos públicos, con cargos y salarios asegurados, mientras los llamados “esenciales” son trabajadores públicos y privados de salarios medios y bajos. Lo que muestra la falsedad del mensaje que para lograr un Estado menos gravoso y más eficiente sean necesarios despidos masivos. Los afectados serían los niveles superiores de la pirámide: organismos irrelevantes, cargos jerárquicos prescindibles, puestos de asesores y coordinadores, los que cobran dos o más salarios públicos, y los que no tienen concurrencia a sus trabajos.

En cuanto a la renegociación actual de deuda, la clásica frase política “no negociaré a costa del hambre del pueblo”, explicita que ya existen pautas y parámetros para negociar los futuros desembolsos. A los inversores privados no les interesa mayormente si hay programa de gobierno, sino lograr las tasas de interés más altas posibles, porque los nuevos bonos de inmediato recircularán por el mundo financiero. Pero en la postergada negociación con el FMI, que no aceptará reducciones de capital pero extenderá plazos, se exigirá el hoy inexistente programa, que además de hacer viables los futuros desembolsos, debiera promover un desarrollo nacional virtuoso para que no exista “hambre en el pueblo argentino”, que tanto preocupa a las familias políticas.

Dado que la responsabilidad del funcionamiento y calidad de vida de un país, sea comunista o capitalista, recae exclusivamente en la eficacia de su Estado, que es el que legisla, controla, ejecuta y juzga, lo que la clase política conservadora en sus actos y progresista en lo discursivo, deberá esclarecer en lo inmediato si para concretar transformaciones virtuosas, resignará privilegios.

Buenos Aires, 11 de marzo 2020

Quién manda?

No tener identificado al que manda y ejecuta en una organización, sea política, empresarial, religiosa, militar o delictiva, preanuncia serios problemas. Políticamente, Max Weber definía al poder como “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”. Los niveles de concentración de mando varían, según se trate de gobiernos dictatoriales, autocráticos, populistas o republicanos. Sus soportes pueden ser militares, instituciones democráticas plenas, o burocracias sometidas al poder con escenografías democráticas. El poder político, la jefatura de gobierno, la responsabilidad ejecutiva, no se comparte: no puede ser dual. Y debe transmitirse con claridad a los gobernados, sean libres o sojuzgados. Cuando a la conducción se la considera delegada, sea forzosa u oportunista, una grave crisis será inevitable.

En nuestro país, el Artículo 99 de la Constitución expresa que el Presidente de la Nación “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”. No prevé que entre el presidente y demás funcionarios exista una autoridad intermedia que comparta esta responsabilidad, como podría ser un Primer Ministro. Con este mandato constitucional, conviven condiciones lesivas para una república: un fuerte presidencialismo basado en la excepcionalidad; federalismo limitado con resabios caudillescos (Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, Formosa); ausencia de partidos políticos estables; estructura estatal sobredimensionada incapaz de cumplir funciones básicas (educación, salud, seguridad y justicia); crisis económicas recurrentes, pobreza, corrupción estatal-privada con alta impunidad, y un contexto internacional signado por la pandemia.

La fórmula presidencial que triunfó en la elección del 2019 presenta antecedentes inéditos: el integrante con mayor estructura y caudal de votos (Kirchner), designó como candidato a presidente a quien carece de ambas condiciones (Fernández). Si nos remontamos a la historia, en 1973 Perón estaba proscripto cuando designó a Cámpora al frente de la fórmula, quien aceptó su rol de delegado. Tras 49 días en el cargo, fue reemplazado por Perón. Distinto es el poder delegado cuando el elector está en el llano. Tal el caso de Duhalde-Néstor Kirchner en el 2003. El elegido venía de gobernar férreamente a Santa Cruz, y no le llevó esfuerzo una vez asumida la presidencia, deshacerse de Duhalde. Cuando fue el vicepresidente  quien entró en conflicto con el presidente, como sucediera con De la Rúa-Carlos Alvarez (1999), las consecuencias fueron nefastas. Originó el golpe institucional que obligó a la renuncia del presidente y derivó en la crisis 2001-2002

Ante estos antecedentes, se debe recordar que la estrategia acuerdista y distribución de roles del actual gobierno se sustentó en tres objetivos, difíciles de cumplir con Cristina Kirchner como presidenta: 1) triunfo electoral; 2) acuerdo con acreedores externos privados e institucionales; 3) desactivación de las causas de corrupción estatal-privada en trámite. Ya en la campaña electoral se jugó con la dualidad “institucionalidad” (Fernández) y “populismo” (Kirchner), y en favor de Fernández, se debe reconocer que no ocultó los objetivos, al manifestar la necesidad de no entrar en una nueva cesación de pagos, y criticar a jueces que llevaron adelante las causas de corrupción. Tras las consagración de la fórmula Fernández-Kirchner, la distribución de cargos transparentó donde residía el poder. Los relacionados con importantes recursos presupuestarios y organismos de control quedaron en manos del kirchnerismo. El equipo de confianza del presidente, con poder administrativo antes que político, quedó reducido a Santiago Caffiero, Vilma Ibarra y Gustavo Béliz, dedicados a controlar y asesorar la prolijidad de los actos jurídicos presidenciales. En cuanto a la respetada doctora Losardo al frente del Ministerio de Justicia, bajo su supuesta dependencia se ubicaron funcionarios kirchneristas que actúan con total autonomía en cuanto a estrategias de impunidad.

En este contexto llegó la pandemia, y el 19 de marzo comenzó la etapa de aislamiento, que incluyó a instituciones republicanas esenciales, como los poderes legislativo y judicial. Ante una situación sanitaria tan traumática en lo social-económico, en un país altamente vulnerable y sin horizonte definido, sería oportuno no distraerse con reiteraciones analíticas que intentan establecer quién manda. Es momento de exigir políticas de gobierno hacia el futuro basadas en un plan integral hoy inexistente, provengan de donde provengan, y sería conveniente que Fernández abandone discursos fluctuantes y contradictorios que mellan su credibilidad. Maquiavelo decía que “quien quiere estar en todos lados termina no estando en ninguno”. Pero la misma responsabilidad que se le reclama al gobierno le cabe a la oposición. Sea para formular propuestas creativas y virtuosas, como proteger a la ciudadanía de prácticas fascistas y antidemocráticas. La enorme crisis presente y futura exigirá profundas transformaciones estructurales que de no ser las adecuadas, concluirán en caos.

Los incumplimientos no serán demandados por Dios, la Patria o la Historia, sino por los ciudadanos empobrecidos y carentes de privilegios.

Buenos Aires, 03 de junio de 2020

Centralismos familiares

El artículo primero de nuestra Constitución establece que la Nación Argentina “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La República es una organización del Estado conformada por entidades territoriales con cierto nivel de autonomía llamadas provincias, y los que gobiernan (Gobierno), son elegidos mediante el voto popular para ejercer el poder por períodos de tiempo limitados. Nuestro sistema político cumple con éstos requisitos? O responde a un poder centralizado en manos de grupos con reminiscencias familiares, que promueven artilugios legales para limitar el derecho ciudadano de elegir, minimizar el federalismo de las provincias (con beneplácito de muchos gobernadores), coptar instituciones, eternizarse en el poder, y apropiarse de recursos públicos con impunidad?

Analizar esta hipótesis durante la pandemia es oportuno, porque en estas circunstancias los hechos predominan por sobre las elaboraciones dialécticas, y exhiben admisiones explícitas por parte del poder político. Como la de excluir como trabajadores “esenciales” para realizar tareas y transitar durante el aislamiento, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, gran parte del ejecutivo y servicios bancarios, reconociendo que para gobernar (no solo en pandemias), basta con concentrar facultades para que el presidente decida, con pocos funcionarios de apoyo, y un aporte presencial mínimo en Diputados y Senado. Para esta forma de conducción familiar, los “esenciales” son los que menos ganan y más riesgos afrontan. Es posible asimilar este centralismo (pocos), a una democracia (muchos)? En realidad el núcleo duro legal del centralismo es preciso: 379 integrantes (presidente y vice; 24 gobernadores y sus vices, y 329 legisladores nacionales). Las “familias” suelen rotar en el desempeño de dichos roles.  Un contexto de ausencia de partidos políticos, identidades ideológicas fluctuantes y oportunismos personales que abarcan oficialismos y oposiciones, permite a las “familias políticas” el usufructo permanente del poder, con eventuales y breves interrupciones. Sea se las identifique como regímenes centralistas, autocráticos, elitistas o populistas, son esencialmente  conservadores: resisten cambios institucionales, demoran los intentos modernizantes, se aferran a sus privilegios, practican el nepotismo, y ejercen la cleptocracia, como se llama generar un estado de corrupción desde el poder.  Para lograr estas continuidades se debe minimizar el poder del voto, actuando fuertemente sobre el sistema electoral adaptándolo a las conveniencias del momento, salvo en dos aspectos: 1) la listas sábana, cuyos representantes “de los ciudadanos” acordados entre familias políticas no pueden ser modificadas por el votante; 2) permitir que procesados y condenados por delitos comunes contra el Estado puedan ser candidatos y ser elegidos, lo que asegura continuidad, impunidad e inmunidad.

José Nun, abogado y politólogo que fue secretario de Cultura de la Nación entre el 2004 y 2009, plantea que desde que los ciudadanos participan de la política a través de partidos y representantes parlamentarios que canalizan sus demandas en leyes que aplica el poder ejecutivo, y hace respetar el poder judicial, Estado y Gobierno dejaron de ser lo mismo. Pero las versiones políticas autocráticas los reunifican fuertemente. Señala Nun que “la decadencia argentina no está asociada únicamente a la voracidad capitalista sino también al saqueo de los dineros públicos y a la erosión constante de las instituciones, rasgos habituales de los liderazgos autocráticos”. El historiador argentino Tulio Halperín Dongui señalaba que “en la Argentina se formaron dos principios de legitimidad política inconciliables: el de matriz oligárquica (el país solo puede ser gobernado por nosotros), y el de matriz popular (el gobierno debe provenir de las mayorías electorales). En los últimos tiempos el peronismo se arrogó ambas representaciones” La referencia de Dongui al peronismo, plantea el interrogante si es aceptable a más de 45 años de su muerte, que se invoque la memoria de Perón para justificar oportunismos, incapacidades y corrupción. Clarifica esta duda el politólogo Julio Bárbaro, peronista histórico: “Desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo, con Carlos Menem; la izquierda con Cristina Kirchner” (La Nación – 10/12/17).

Es momento que todos los políticos (con privilegiados sueldos asegurados) sean incluidos como trabajadores “esenciales”, y asuman la obligación de definir un camino de mediano y largo plazo que reformule una estructura burocrática, institucional y jurídica económicamente insostenible, generadora de deudas externas e internas, pobreza y corrupción. Y se elimine la delegación de poderes (salvo la estrategia sanitaria), que permite la permanencia de un centralismo que reemplaza debates con decretos y modifica leyes con medidas “por única vez”. Si bien es verdad que el pedido se le formula a las viejas familias políticas, estas deberían asumir que sin cambios estructurales consensuados en pos del bien común, las consecuencias próximas no se podrán afrontar.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2020

Jekyll y Hyde políticos

La historia está jalonada de guerras y pestes que teorías pretendidamente anticipatorias, plantearon que cambiarían el mundo. Obviando que con los vicios y virtudes que bien describiera Maquiavelo, serán nuestros perennes políticos y sus luchas de poder, quienes marcarán la realidad presente y futura, que hasta el momento no presenta atisbos de cambios cualitativos (estructuras estatales sobredimensionadas e ineficientes; privilegios legalizados; baja calidad institucional), ni cuantitativos (alta inflación sistémica, carencia de moneda, agobio impositivo, desempleo privado, alta pobreza, corrupción), indicadores que se agravarán de no implementarse reformas estructurales que las “familias políticas” eluden debatir.  

Las pestes, pasada la etapa de destrucción y muerte en la que los hechos priman sobre los discursos y las injusticias resaltan ante los privilegios, permitieron avances notables en infraestructuras y sistemas sanitarios, que en el caso argentino debieran manifestarse en profundas e innovadoras reformas político institucionales que desactive un sistema elitista y anacrónico. El principal obstáculo es que la corporación política y privada beneficiaria del sistema, invocando emergencias, pretende mantenerlo. En este contexto será la acción ciudadana expresada a través de la temida opinión pública, que rudimentariamente se expresa en cacerolazos o autoconvocatorias, la que deberá forzar dichas transformaciones. Esta disociación entre intereses particulares y ciudadanos se manifiesta en plena pandemia, cuando con poderes constitucionales y actividades privadas paralizadas o reducidas a su mínima expresión, importantes cúpulas políticas, judiciales y legislativas se mueven con celeridad y sin barbijos, para mantener la impunidad en los innumerables casos en trámite de corrupción estatal-privada.

Para no realizar análisis basados en preconceptos que deriven en la repetición de críticas inconducentes que nada cambien, previamente se debieran detectar las falacias de viejas estrategias discursivas y de acción política, estableciendo pautas reflexivas más creativas:

1.- Eludir la trampa de la “grieta” social, que es un instrumento ancestral de manejo de masas basado en dividir para gobernar, perfeccionado a principios del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo y del fascismo.

2.- Evitar que las conclusiones se sustenten solo en abstracciones (justicia, derechos humanos), y personificaciones excluyentes (Perón, Alfonsín, Kirchner, Macri). El problema argentino es estructural, no circunstancial.

3.- Dado que los medios de comunicación son fuente informativa casi excluyente para el ciudadano común, asumir que en democracia ofrecen una diversidad ideológica no exenta de opiniones tendenciosas o falaces. Recae entonces en el receptor la responsabilidad de evaluar y detectar contradicciones en los mensajes políticos, que en muchos casos son solo eslógans, títulos de nota o noticias falsas, utilizándolos para formular nuestros propios  interrogantes en busca de nuevas respuestas.   

Preguntarnos por ejemplo, ante nombres paradigmáticos vigentes desde hace más de 30 años: qué no se dijo y denunció de Carlos Menem? Hoy condenado, es senador. Qué no se dijo y denunció de Cristina Kirchner? Hoy con múltiples procesos, es vicepresidenta de la Nación. Cómo es posible esta realidad inédita en países socialmente más desarrollados? Para obtener respuestas, más importante que centralizarnos en las figuras de Menem y Kirchner, es desentrañar las tramas político-institucionales que lo hace posible. Seguramente, se entenderían los fracasos, corrupción y pobreza.

Como los análisis se basarán en antecedentes y opiniones fehacientes de políticos y dirigentes a través de medios de comunicación, se deberá tener presente sus fluctuaciones dialécticas y oportunistas adhesiones partidarias. Para ello es oportuno citar como metáfora al personaje de la famosa novela “Doctor Jekyll y el señor Hyde”, escrita por Louis Stevenson en 1886. Jekyll es un científico que, para estudiar la doble personalidad, crea una bebida que separa la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll la toma se convierte en Hyde, un sujeto capaz de cualquier atrocidad. Tras beberla nuevamente, recobra su personalidad más humana. Pasado el tiempo, desesperado por no conseguir los ingredientes con la pureza necesaria para lograr esta disociación de personalidades y poder gobernarlas, Jekyll se suicida, dejando una nota en la que confiesa el homicidio de Hyde.

La historia de más de 130 años merece adaptaciones a nuestro contexto. Los cambiantes mensajes políticos actuales no obedecen a una doble personalidad sino al uso consciente del cinismo, lo que explica que sus autores no se suiciden. El maléfico Hyde por su parte, de haber sido detenido en la actualidad, podría haber invocado ser un perseguido político.

Buenos Aires, 20 de mayo 2020

Complicidades explícitas

La historia argentina está jalonada de hechos de corrupción estatal resonantes y emblemáticos (sobreprecios en obras, servicios y compras, contrabandos, incumplimiento de concesiones de servicios, vaciamiento de organismos públicos crediticios y de fomento), que tienen como único afectado a los recursos públicos. La recurrente impunidad y no recuperación del dinero sustraído, insertó al país en una corrupción sistémica y permanente, que se transparentó a partir de 2016 por la sustitución de un gobierno de larga permanencia en el poder por otro de distinto signo político. En estas transiciones políticas, sea por pérdida de temor, búsqueda de justicia o producto de resentimientos, surgen denuncias, testigos, filmaciones, escuchas telefónicas, con jueces y fiscales expuestos por su inacción. Ante la multiplicidad de casos, el conocimiento de las “tramas” públicas-privadas armadas para el saqueo, se destacaron por sobre los “casos” individuales.  

Tras la exhibición pública de filmaciones con el grupo de Lázaro Báez y el ex Secretario José López contando y transportando millones de dólares, en el 2016 se aprobó la ley del arrepentido. A comienzos de 2018 surgió la llamada “causa de los cuadernos”, emblemática para comprender el alcance de las tramas delictivas en perjuicio del Estado. El alto nivel político y económico de sus integrantes (gobernantes, ministros, funcionarios varios, secretarios privados, empresarios, financistas, testaferros, jueces, fiscales), aunados sin desgastarse en debates ideológicos o “grietas” estériles, convertía en inevitable una contraofensiva feroz de igual nivel, para salvar patrimonios mal habidos y libertades personales. Pero la acumulación de evidencias y hartazgo social, obligó a que por primera vez los involucrados, en lugar de apelar a las clásicas operaciones subterráneas para negociar impunidad, debieran gestionar y amenazar a cara descubierta. Es en este contexto, agravado por la pandemia y una crisis económica estructural, que es necesario identificar paradigmas conceptuales y/o discursivos basados en falacias, para entender posibles escenarios inmediatos.

1.- El factor institucional más importante, inédito en otros países, es que producto de leyes aprobadas por las “familias políticas”, los procesados y condenados por delitos contra la administración pública pueden gobernar y legislar. Por ello como consecuencia de un nuevo cambio de gobierno nacional, retornaron altas autoridades nacionales y provinciales en dicha condición judicial, para cumplir simultáneamente los roles de representante público y parte acusada de delitos. Incongruencia que provocó la reciente crisis penitenciaria, con liberación desenfrenada de presos.

2.- En cuanto al ámbito judicial, dada la relevancia que tendrá en esta etapa de esclarecimiento y presiones políticas, es necesario clarificar preconceptos. Los poderes constitucionales no son asépticamente independientes, sino funcionalmente interdependientes. Como ejemplo, la designación y remoción de jueces, o que una misma persona pueda desempeñar roles en el ejecutivo, legislativo y judicial en distintas etapas. En el caso de los controvertidos jueces De Lázzari y Violini en la provincia de Buenos Aires, que encabezaron el operativo político de liberación masiva de presos, el primero fue Secretario de Seguridad de Duhalde, y el segundo precandidato a intendente de La Plata por el Justicialismo. Las intencionalidades políticas en muchos casos no se ocultan. Son conocidas las groseras intervenciones de jueces y fiscales en redes sociales y otros medios públicos, para denigrar a quienes no responden a sus preferencias políticas. El mismo Violini realizó duras críticas a la ex gobernadora Vidal por su intento de desactivar las bandas políticas-judiciales en la provincia, a lo que llamó “persecución judicial”. Recientemente la camarista Ana María Figueroa declaró haber sido presionada por un funcionario de Macri hace cuatro años, sin dar su nombre ni denunciarlo entonces ni ahora. En un sistema democrático el criterio de “independencia” debe aplicarse a la capacidad de decidir conforme a leyes y principios de justicia, asociada a la virtud de honestidad. Y no como la doctora Figueroa, adjudicar oportunistamente categorías políticas de gobierno malo (el que se fue), y gobierno bueno (el que está).

3.- Respecto a las estrategias comunicacionales públicas, para detectar operativos de confusión y lograr un cambio de fondo en las estructuras administrativas burocráticas, se deberá evitar la trampa del uso de abstracciones encubridoras de responsabilidades. En lugar de “poder judicial”, deberemos concentrarnos en nombres de jueces y fiscales actuantes en los distintos casos, con sus antecedentes y decisiones, lo que incluye a la Corte Suprema. En un contexto explícito de casos de corrupción estatal-privada, la puja no será doctrinaria sino ancestral: lucha entre honestos y deshonestos y/o acomodaticios. Es sabido que en estas circunstancias y conociendo nuestra historia, los embates del poder político se centrarán en los honestos.

Hace unos 2.600 años el legislador ateniense Solón, promotor de reformas para aliviar al campesinado asediado por la pobreza, afirmaba: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2020

Virus político activo

Alberto Fernández se transformaba el pasado 27 de octubre en presidente de Argentina, con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Hasta su asunción el 10 de diciembre, contaba con 43 días para conformar el equipo de funcionarios y presentar el plan de gobierno. No sucedió, y en su lugar se legislaron medidas que reiteraban viejos vicios invocando emergencia: delegar funciones en el ejecutivo para gobernar por decreto, congelar tarifas y diversos precios, crear más impuestos, afectar jubilaciones y mantener privilegios políticos y estructuras estatales ineficaces y económicamente insostenibles para la ciudadanía. Transcurridos a la fecha 190 días de elegido, el gobierno continúa sin presentar un plan nacional y presupuestario de gobierno. A fines de febrero surgieron las primeras noticias sobre un virus que asolaba a una lejana localidad china, que se extendió rápidamente a nivel mundial. El 20 de marzo se declaró en el país un aislamiento estricto aún vigente, que incluyó a los esenciales poderes legislativo y judicial. En ese letargo institucional, y asesorado por especialistas, el presidente se ponía entusiastamente al frente de las estrategias para minimizar daños de la pandemia. Pero, tras su estadía en Cuba, alguien decidió que ya era momento de reactivar la acción política: Cristina Kirchner.

En marzo, los diputados Heller y su hijo Máximo elaboraron un proyecto de impuesto a la riqueza; los defensores del condenado Boudou, doctores Rúa y Peñafort, lograron que el juez Daniel Obligado autorizara su detención domiciliaria, que el mismo juez rechazara una semana antes; los funcionarios del Ministerio de Justicia Pietragalla y Pryzbilski, entre otros, presionaron judicialmente para obtener la libertad de Ricardo Jaime, Martín Báez y Luis DElía, presos privilegiados sin hacinamiento, tras lo cual, coordinadamente se desató la fiebre liberadora de presos peligrosos; la vicepresidenta puso a trabajar a la Corte, solicitándole certidumbre sobre la validez de sesiones legislativas a distancia, y la funcionaria del Senado y defensora de Boudou, Graciana Peñafort, advirtió a sus miembros que “es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones». La Corte se expidió de inmediato. En la administración central, Vanoli, titular de la Anses (principal presupuesto estatal), fue relevado por la kirchnerista Raverta. El sutil canciller Solá, generaba permanentes conflictos con países vecinos.  

Las acciones políticas deben analizarse como secuencias interconectadas, no como impulsos coyunturales. En especial, cuando de ahora en más lo político predominará sobre lo sanitario, con independencia de la duración de la pandemia. Todo análisis debe explicitar las hipótesis sobre las que se sustenta. Se destacan tres: 1) ineficaz y costosa organización administrativa político-institucional, carente de partidos políticos creíbles y activos, que han sido sustituidos por “familias políticas perennes” cada vez más asociadas a la corrupción estatal-privada. 2) limitantes económicas propias del país desde hace décadas: carencia de moneda nacional, alta inflación sistémica, y cúpulas industriales y comerciales sin capital de riesgo propio y gestoras de prebendas políticas, que ahogan todo atisbo de modernización y competencia. 3) ausencia de liderazgos con visión de futuro y capacidad de implementación. Alfonsín tuvo honestidad y éxitos institucionales, pero dejó anticipadamente el gobierno con hiperinflación.

Merece atención el tema liderazgos, en un país que proclama líderes a quienes concentran recursos públicos y actúan como anacrónicos caudillos, para clarificar especulaciones inconducentes sobre quien manda en la fórmula presidencial. En la campaña, el presidente Fernández se presentó como “un hombre común”. Pésima estrategia. Las sociedades están plagadas de hombres y mujeres comunes, concepto que no excluye a esforzados trabajadores y empresarios exitosos. Lo que la política argentina demanda y no logra, es que a las virtudes de “hombre común” se le agregue la difícil condición de estadista, con un equipo de gobierno acorde. En 1913, José Ingenieros lo llamaba hombre superior, definiéndolo como capaz de concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Por el contrario, hoy políticos, jueces, fiscales, empresarios, todos ellos “comunes”, concentran esfuerzos en destruir las causas y juicios por corrupción, marco en el que se inserta la provocada crisis carcelaria.

Cabe preguntarse: si la vicepresidenta tampoco es una estadista, y solo líder de un grupo férreo y acotado, que la distingue del “común” Alberto Fernández? Maquiavelo, creador de la ciencia política moderna, en su tratado El príncipe afirmaba: “cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es realmente”. Pero Cristina Kirchner, más allá de asesores de imagen, transmite lo que realmente es. Desinteresada por eventos sociales que excedan lo familiar, rechazo a los debates políticos presenciales, rencores explícitos, exigencia de adhesiones irrestrictas, planificadora de estrategias, opera, elige, decide, y será difícil traicionarla por quienes solicitaron su amparo. En este contexto de políticos “comunes”, es razonable establecer que Fernández propone y Cristina Kirchner dispone, lo que no implica un menoscabo para uno u otro. Simplemente los roles surgieron de un acuerdo de partes, aunque muchos de los involucrados y actores ajenos sueñen con dejarlo sin efecto.  

Buenos Aires, 06 de mayo de 2020

329 patriotas

329 corresponde al total de diputados y senadores nacionales que deberán decidir sobre la aplicación del impuesto bautizado Patria “a los que más tienen”. Los trascendidos periodísticos, con estimación de contribuyentes, montos patrimoniales alcanzados y alícuotas a aplicarse, son suficientes para formular interrogantes basados en discursos y hechos de los impulsores del proyecto, que al amparo del símbolo Patria deberán debatir los 329 diputados y senadores.   

La referencia global a 329 legisladores en lugar de diferenciar entre oficialismo y oposición, y priorizar el término “familias políticas” por sobre partidos políticos, merece una aclaración.  Los diputados no son elegidos individualmente por los votantes, sino por las “familias” que los incluyeron en las listas sábanas más votadas. Muchos de los cuales tras las elecciones y asumido el cargo, se convierten en formadores de interbloques que nadie votó, al solo fin de negociar votos en base a oportunismos de ocasión antes que de intereses ciudadanos. Negociaciones que el ex diputado de Cambiemos Monzó llamó “la rosca”, provocando en el recinto la ovación de los legisladores. Por ello, se ubica a los 329 legisladores en un pie de igualdad para debatir y clarificar el proyecto.  

En cuanto a lo discursivo, los mensajes políticos breves se diseñan según dos campos distintos: el electoral, y el de rotular objetivos. El electoral utiliza términos socialmente aglutinadores, como juntos, unidos, todos. El rotulado de objetivos, en especial los antipáticos o con afectaciones patrimoniales, se estructura según tres componentes: 1) el “simbólico”, que emplea abstracciones como Argentina, País, Patria. Los bonos que creara en 1962 el ministro Álvaro Alsogaray para pagar sueldos a estatales y jubilados, que al momento de comercializarse significara una pérdida del 30% de los salarios, fueron llamados “9 de julio”. 2) el de “excepcionalidad”, basado en promesas de aplicación por única vez o determinado plazo, que nunca se cumplen. 3) el de “dramatismo”, que invoca situaciones de emergencia extrema.  Clarificada la estrategia discursiva del proyecto (Patria, única vez y emergencia), es el campo de los hechos donde se generan interrogantes plenamente pertinentes, atento a que los sectores políticos institucionales suelen autoexcluirse de los “que más tienen”.

Las dudas comienzan con los autores del proyecto; el político de mandatos permanentes y banquero Carlos Heller, y el diputado Máximo Kirchner, juzgado junto a su familia por asociación ilícita en perjuicio del Estado. Esto último posible porque en nuestro país los procesados o condenados pueden ser funcionarios o legislar. Hasta el momento no se aclara qué criterio cuantitativo definirá a “los que más tienen”, antiguamente llamados multimillonarios: si el patrimonio total, o solo capital líquido y en acciones. Si los patrimonios se considerarán individuales, o del núcleo familiar directo (esposo/esposa; hijos/hijas). En cuanto a lo cualitativo, si el tributo diferenciará entre sectores rentistas, productivos y financieros. Si entre los alcanzados tributarán gobernadores, jueces, intendentes, legisladores, y funcionarios (ejemplos: senadores Rodríguez Saa y Urtubey, diputados Mendiguren, Heller y Máximo Kirchner), y cómo se actuará en los casos de funcionarios que no tienen las obligatorias declaraciones juradas patrimoniales presentadas.    

Ingresados al campo de las causas judiciales de corrupción en trámite y cerradas en primera instancia, y atento a que los legisladores se negaron a aprobar la ley de extinción de dominio, se debería explicitar qué prevé la ley respecto de los bienes detectados y/o embargados en las causas de corrupción. Por ejemplo, si tributarán los 8.000 millones de pesos (más de 80 millones de dólares al año 2015), en impuestos que como agente de retención el empresario Cristóbal López no reintegró a la Afip; los millones de dólares del empresario Lázaro Báez y familia; los de la familia del fallecido ex secretario Muñoz; los cuatro millones seiscientos mil dólares detectados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner; los ocho millones de dólares en efectivo secuestrados al procesado Marcelo Balcedo, sindicalista del Soeme.  

En cuanto a lo operativo, se debe indicar los organismos que proveerán y certificarán la veracidad del listado de los hoy supuestos 12.000 aportantes, que debiera ser entregado a los legisladores para su análisis. Será sólo la Afip? Las respuestas a estos y otros interrogantes debieran asegurar que la ley cumpla con principios de equidad y justicia que justifique que el impuesto se llame Patria, y no contenga las habituales excepciones políticas antipatrióticas. En cuanto a los legisladores que a la fecha se presentan como opositores responsables, es momento que además de reclamar tratamientos y votaciones presenciales, analicen a fondo el proyecto, y fundamenten públicamente objeciones concretas y no declamatorias. No debiera preocupar que los acusen de proteger “a los que más tienen”, pues el costoso y privilegiado andamiaje político aún no hizo ningún ajuste. Hasta ahora, se decreta y/o legisla para que se ajusten otros.

Buenos Aires, 29 de abril de 2020

Detectar parásitos

El Estado, por ostentar el monopolio para decidir, ejecutar, legislar y juzgar, define el perfil de un país. Pero explicar nuestro atraso de décadas implica pasar de la abstracción Estado al tangible concepto de Gobierno, conformado por organismos, funcionarios políticos y empleados. A los gobiernos se los juzga por la calidad de vida económica, social e institucional que brinda sus ciudadanos, y luego por indicadores macroeconómicos. Determinada presión impositiva porcentual por ejemplo, puede ser razonable en países que brindan servicios públicos de calidad, o asfixiante si lo recaudado se diluye en gastos improductivos, privilegios burocráticos y corrupción. Al respecto, es recomendable el artículo del politólogo José Nun publicado en La Nación el 24 de febrero pasado, titulado “La alta presión impositiva es síntoma de la desigualdad”.

Es inevitable que a las argumentaciones racionales se le contrapongan las de mediocres demagogos, que llaman “parásitos” a quienes exhiben desarrollos creativos, maquinarias y tecnología, y no casualmente, excluyan de tal deshonor a burócratas y “familias políticas” que usufructúan recursos públicos multiplicando en su beneficio organismos intrascendentes, por lo que eluden debatir la reconfiguración de la estructura estatal. Lo que obliga a que este debate lo inicien ciudadanos comunes, analizando los mensajes políticos públicos y fehacientes, sin riesgo de tergiversaciones. Con dos prevenciones: 1) el concepto “familias políticas” no discrimina entre circunstanciales oficialismos y oposiciones, sino se basa en la continuidad temporal de sus integrantes. Las críticas no se dirigen entonces a determinado gobierno, sino a un sistema político estatal. 2) la mayoría de las frases políticas cortas y contundentes a considerar no suelen ser fidedignas, pues no pretenden informar, sino impresionar.

Por ser ejemplificador en varios aspectos, el ejercicio comenzará con un suceso reciente, que incluye una frase presidencial. El viernes 03 de abril, fecha de inicio de los anunciados pagos de haberes a jubilados, pensionados y prestaciones sociales sin tarjetas de débito, una multitud integrada por la población más vulnerable acudió a las entidades bancarias del país, siendo forzada a incumplir la consigna de aislamiento. Tras la descripción del hecho, el análisis. El Observatorio Social de la Universidad Católica, hecha la salvedad de la manipulación estadística que realizara cuando anunció el cierre del 2019 con un índice de pobreza del 40,2 %, mientras el confiable Indec que dejara el fallecido Todesca registró el 35,5%, publicó que la Anses informa mensualmente 14 millones de beneficiarios a través de entidades financieras oficiales y privadas, y que casi el 46% de los mayores de 60 años cobran por ventanilla. Vale decir, existía información disponible para organizar la mecánica de cobros. La primera reacción de los titulares involucrados de la Anses, Banco Central (entidades bancarias) y gremio bancario, fue de manual: negaron tener culpas. Conclusión: no trabajaron coordinados y predispuestos.

Ante los hechos, de inmediato se manifestó públicamente el presidente Fernández, señalando que “los responsables fueron los bancos, que ganaron mucho en los últimos cuatro años”. Análisis: debiera aclarar si dichas ganancias fueron ilegales o legales. En el primer supuesto efectuar la denuncia pertinente, que debiera incluir a los organismos de control. De ser legales, las ganancias se produjeron con motivo de normativas aprobadas por el parlamento. Sin olvidar que los mayores patrimonios y flujos de fondos pertenecen a los Bancos públicos. Conclusión: en la necesaria reformulación de las estructuras burocráticas, esta clarificación es imprescindible.

En situaciones de graves emergencias afloran egoísmos, inequidades e ineficacias en las conducciones estatales. Mientras franjas sociales públicas y privadas carentes de privilegios y con salarios medios y bajos actúan en frentes de riesgo ante la pandemia, los sectores públicos más favorecidos como son el bancario (incluye a los privados), judicial y legislativo (no así del ejecutivo en este caso), se mantienen impertérritos en cuarentena al amparo de sus dirigencias gremiales, que se presentan en las tribunas como adalides en la defensa de los pobres y lucha contra el poder económico. Ejemplifiquemos con el poder legislativo. Entre diputados y senadores suman 329 representantes, todos con residencia en Buenos Aires. Considerando a los que tienen alto nivel de ausentismo, existe una base de 300 legisladores para trabajar diariamente, con guardias mínimas de apoyo en secretariado, biblioteca, cafetería y seguridad. A los que estén en sus provincias, se los “repatriará” a su lugar de trabajo. De este modo, respetando normas de aislamiento y alejados de los ajetreos habituales que no invitan a la reflexión y toma de decisiones, se podrían tratar reformas y leyes trascendentes. Y cumplir con una frase que a los políticos desde hace décadas les encanta pronunciar en medios de comunicación: “nos debemos un amplio debate acerca del país que queremos”.

Buenos Aires, 25 de abril de 2020