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Política genealógica

La indisoluble relación entre sistemas de gobierno y nivel de sus representantes políticos, presenta en origen una disyuntiva: si los gobernantes respetarán el sistema, o buscarán amoldarlo a sus intereses particulares. Esta última opción genera castas políticas con tendencias totalitarias, que exacerban las luchas por alcanzar el poder político, que debe sostenerse con costosas estructuras burocráticas que se financian con altos tributos que pagarán los gobernados.  

Interpretar nuestra realidad política implica clarificar esta relación entre sistema y representación; de ser imperfecta, permite que coexistan vertientes totalitarias con democráticas. La calidad de un sistema de gobierno no la define su denominación, ni votar supone democracia. Gobernar buscando concentrar el poder puede lograrse bajo un líder (dictador), o colectivamente (partido único). El gobierno venezolano de Maduro no es más democrático que la monarquía constitucional de Inglaterra. El sistema institucional capitalista de EE: UU no es antidemocrático. El de Argentina no tiene la misma calidad que el de Uruguay y Chile. Bajo cualquier régimen, sea en EE.UU., Venezuela, Francia, Rusia, China o Argentina, es el Estado quien tiene el poder excluyente de fijar políticas, legislar, ejecutar y juzgar. De perder esta capacidad se ingresa en la anarquía. Por lo que carece de relevancia debatir en abstracto si se quiere más o menos Estado. Identificar los vicios que expliquen nuestra decadencia de décadas, requiere centrarse en la baja calidad de nuestro sistema institucional y de representación, cuyos beneficiarios invocan adhesiones o simbologías históricas como peronismo y radicalismo, encubriendo una realidad que nos aproxima al totalitarismo: la existencia de castas políticas perennes y oportunistas, sin ideologías coherentes ni intereses nacionales comunes.

En la recuperación de la democracia en 1983, dos partidos tradicionales y consolidados como el PJ y la UCR alcanzaron casi el 92% total de los votos.  En 1989 ambos partidos sumaron casi el 80 %. Tras el Pacto Menem-Alfonsín que derivara en una reforma constitucional de pobres resultados, y un crecimiento desmesurado de las estructuras burocráticas, en 1995 se reeligió a Menem. El radicalismo, con el 17% de los votos perdió su identidad, que nunca recuperó. Lo mismo le sucedió al PJ en 1999, al caer derrotado ante una alianza conformada por radicales y peronistas disidentes. La desaparición del clásico bipartidismo se efectivizó en la crisis 2001-2002, a partir de la cual las pujas electorales se dirimen entre frentes polifacéticos y fluctuantes, plagados de oportunismos y acuerdos que fueron degradando el sistema institucional a través de legislaciones altamente restrictivas del derecho del pueblo a elegir a sus representantes, como listas sábanas, reelecciones indefinidas, ley de lemas, autoprotección en causas penales, digitación del acceso a cargos públicos, etc. Consolidando de este modo a una dirigencia que semeja a árboles genealógicos familiares (nepotismos), y políticos (travestismos). Los “consensos” sin identidades definidas abundan: De la Rúa-Alvarez (1999); Rodríguez Saá-Posse (2003); Cristina Kirchner-Cobos y Lavagna-Morales (2007); Ricardo Alfonsín con De Narváez en su lista (2011); Macri-Pichetto y Fernández-Massa asociados a la por ellos denostada Cristina Kirchner (2019). Los “disensos” se manifiestan en peleas entre lenguaraces y charlatanes de feria, como llamara el Chino Navarro a Berni, para definir quién es más inútil, más corrupto o si usurpar propiedades públicas y privadas es un delito. Esta consolidación de genealogías políticas promotoras de legislaciones que las sostienen y protegen, explica que las prioridades en plena pandemia y pobreza, pasen por complejas reformas judiciales en el fuero penal, que desarmen y/o afecten causas de corrupción que involucran a funcionarios del ejecutivo, del legislativo y privados asociados, todos ellos succionadores de recursos públicos.

Esta estructura institucional débil y plagada de cínicos que pueden negar lo afirmado en el pasado o modificar a futuro lo que dicen en el presente, opera nocivamente en el proceso de gobernar, y destructivamente en los gobernados. Maquiavelo describió a estos personajes con precisión, cuando se refirió a las tropas mercenarias: “Son inútiles y peligrosas; y el príncipe que descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos…”  

Buenos Aires, 09 de septiembre 2020

Políticos lenguaraces

El lenguaraz, adjetivo que describe a quien habla con descaro y desvergüenza, en la historiografía gauchesca cumplía el rol de oficiar de traductor entre indios nativos y conquistadores territoriales, para lograr acuerdos. No era tarea fácil, pues un mismo término tenía significados distintos para unos u otros; por ello para crear confianza, su locuacidad y picardía debía evitar agresiones y falsas interpretaciones. Este personaje que se suponía extinguido, revivió en el mes de agosto encarnado en los máximos capitostes del poder político desde la recuperación de la democracia en 1983: el presidente en ejercicio Fernández, y los ex presidentes Duhalde, Cristina Kirchner y Macri. Menem se excusó, aduciendo quizás razones de salud. Debido a los avances tecnológicos, los mensajes se trasladaron a las diversas tribus en formato audiovisual y tuits, en lugar de hacerlo a través de los históricos chasques.

El fecundo diálogo lo inició el 6 de agosto la ex cacique perseguida por corrupción Cristina Kirchner, con un tuit impactante: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”.

El 23 de agosto el actual cacique mayor de la argentina, también conocido como Alberto, expresó con tono místico mientras exhibía una filmina: “Al país le fue mejor con el coronavirus que con Macri”.

El 24 de agosto por la noche, en un estudio-toldería televisivo, el ex cacique Duhalde expresó: “El próximo año no habrá elecciones. Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe». Entre los presentes cundió la duda respecto a la traducción: golpe significaría hacer sonar tambores en son de paz o de guerra?  

El 25 de agosto reapareció el gran cacique Alberto, señalando que se había olvidado de informar a las tribus que tras el inicio de la cuarentena parlamentó el pasado 19 de marzo con el anterior cacique Macri, y éste le recomendó: “Dejemos a la gente en la calle y que se mueran todos los que tengan que morirse».

El 26 de agosto el ex cacique Macri, también llamado Mauricio, quien se encontraba en Suiza tratando de colonizar a la FIFA, desmintió al gran cacique Fernández, señalando que sin verdad no se puede negociar.

El mismo día por la mañana en un estudio-toldería radial, el ex cacique Duhalde confesó que debido a la cuarentena, “es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados”, adjudicando sus dichos a un brevísimo brote psicótico.  

Para tranquilidad de poblados y tolderías argentinas, agosto concluyó sin nuevas declaraciones entre lenguaraces, que a la pandemia le sume reacciones psicóticas masivas. Sin embargo se debe destacar una expresión del ex cacique Duhalde a la que no se le prestó atención, al señalar que tras ser designado en la crisis 2001-2002 presidente en reemplazo del renunciante radical De la Rúa, gobernó “junto al doctor Raúl Alfonsín” (textual), quien durante su presidencia sufriera por parte del entonces identificable y compacto justicialismo una oposición dura, plasmada en trece paros generales de la CGT. Al punto que, como sucediera con De la Rúa, debió abandonar el gobierno antes de finalizar su mandato. Si bien esta mención de Duhalde no puede ser ratificada por el fallecido Alfonsín, ni afecta a su justo reconocimiento como verdadero demócrata y presidente honesto, merece una reflexión.

Ejercer oposiciones constructivas es imprescindible, pero plantear en un sistema democrático “cogestiones” que no son tales, solo encubren sumisiones de supuestos opositores ante monopolizadores del poder, las que canjean por privilegios personales. La condescendencia de Duhalde con el fallecido Alfonsín obliga a poner la lupa sobre el accionar de quienes hoy, diciéndose radicales o defensores de derechos humanos, solo usufructúan memorias y símbolos para actuar como “caballos de Troya” que favorezcan a gobiernos monopólicos e impida alternancias. Consensuar en base a principios virtuosos y de interés común necesita de legitimidades equilibradas de representación, en lugar de invocar al consenso para esconder perpetuaciones y beneficios personales. Ello explica porque,  pese al dislate de agosto entre lenguaraces, el eslogan “Argentina unida” mantendrá vigencia. Su redacción virtuosa esconde un mensaje subliminal habitual en sistemas dictatoriales o democracias de baja calidad: “unida bajo mi conducción”.

Quizás Duhalde sufrió un síntoma que no es psicótico, y alcanza a demasiados políticos argentinos: no resignarse a ser una parte del pasado.

Buenos Aires, 02 de septiembre de 2020

Entre roscas y principios

Finalizada su gestión como presidente de la Cámara de Diputados y ante el aplauso de sus pares, en diciembre de 2019 Emilio Monzó reivindicó la “rosca” política, que para el común de la gente se relaciona con negociaciones oscuras al límite de la legalidad. Seguramente, quiso destacar al debate entre visiones distintas como fundamento legislativo para lograr consensos mayoritarios. El término dejaría de ser peyorativo si en cada debate se explicitaran ante la sociedad los verdaderos objetivos pretendidos y los medios utilizados para alcanzarlos, de modo que los acuerdos respondan a intereses nacionales y principios de equidad. Este desafío lo afrontarán los 329 legisladores que deberán decidir la controvertida e inoportuna reforma judicial.

Los antecedentes no despiertan expectativas favorables, en especial cuando la pandemia se utiliza para evitar y degradar reclamos populares originados en acciones del propio gobierno, mientras se legisla a distancia a través de pantallas con imágenes variadas (rostros móviles, fijos o fondos grises), manejadas a través de botoneras centralizadas. A ello se agrega que los legisladores no se eligen individualmente, sino a través del anacrónico e inmodificable sistema de listas “sábana” o “paquetes cerrados”, que facilita perpetuaciones y nepotismos políticos. Con el agravante que muchos de los elegidos, luego de asumir abandonan su escasa legitimidad individual de origen, y simulando ser libres pensadores, conforman mini bloques de alta cotización ante votaciones ajustadas. Ante ello, las expresiones mayoritarias legitimadas deben competir con costosos “rosqueos” individuales que transitan por ilegitimidades de ejercicio. No en vano el politólogp Max Weber (1864-1920), afirmaba que en política las supuestas virtudes de la individualidad transitaban por otros intereses. En consecuencia, las presentes especulaciones y declaraciones deben tomarse con reserva, pues pueden pretender subir cotizaciones individuales para “la rosca”, teniendo presente que políticos y denunciantes comparten un vicio: lo que expresan públicamente no siempre lo ratifican en el voto los primeros, o en su declaración judicial los segundos.

La “rosca” criolla suma sospechas ante el incumplimiento del mandato establecido en la reforma constitucional de 1994, que obligaba acordar y aprobar un nuevo sistema de coparticipación entre Nación y provincias. Por lo que en nuestro declamado federalismo las provincias dependen de recursos arbitrariamente manejados desde el poder central, facilitando que entre éste y los gobernadores se genere un sub “rosqueo” con promesas de obras y envío de fondos, asimilables metafóricamente a “coimas” institucionales. Antecedentes que justifican los interrogantes respecto a los principios de oportunidad, equidad, justicia e interés general que guían al debate por la reforma judicial. Como las abstracciones no son eficaces para obtener respuestas, los ciudadanos deberán evaluar a distancia el desempeño personal de 257 diputados y 72 senadores.

Con mayoría kirchnerista en el Senado, los datos “duros” del tablero de opciones en Diputados muestran que los dos frentes mayoritarios alcanzaron en la última elección el 89% de los votos, con la siguiente distribución legislativa en diputados: Frente de Todos 119 representantes; Juntos por el Cambio 116; Interbloque Federal que conduce Eduardo Bucca 11 (siete en principio lavagnistas y cuatro cordobeses); Interbloque Unidad Federal que conduce José Luis Ramón 8 (entre ellos tres de Cambiemos, que una vez elegidos lo abandonaron para convertirse en libre negociadores); la Izquierda 2 y Movimiento Popular Neuquino 1, cuyo apellido es símbolo de perdurabilidad: Sapag. Tras esta conformación, que presenta al oficialismo con mayor solidez disciplinaria, surgen los siguientes interrogantes: 1) Cómo votarán los seguidores de Sergio Massa, con expectativas presidenciales para la elección del 2023? 2) Cómo lo harán los seguidores de Lavagna, que ubicó en altos puestos de gobierno a varios adherentes? 3) Cómo votarán los tres legisladores que abandonaron Cambiemos? 4) Cómo votarán quienes tengan expectativas de renovar sus cargos en la elección del año próximo mediante las listas sábana? 5) Quiénes darán quórum pero se abstendrán de votar? 6) Quiénes utilizarán el recurso de aprobar en general y no votar algún artículo en particular? 7) Quiénes se ausentarán?

El presente análisis omite hablar de principios, pues éstos se practican, no se declaman. Y hasta el momento, las votaciones no se llevaron a cabo.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2020

Debate entre engaños

El engaño consiste en dar mediante palabras o acciones apariencia de verdad a la mentira. La filósofa Hanna Arendt planteaba que “verdad y mentira no son fácilmente discernibles, porque el que miente sabe la verdad pero no la dice..” En el discurso político el engaño se complementa con técnicas propagandísticas como la llamada orquestación, consistente en instalar en las sociedades conceptos simples pero falaces, propagados de manera simultánea y coordinada por distintos emisores. Un ejemplo es la teoría del “lawfare”, que intenta imponerse por sobre pruebas de delitos. En consecuencia, detectar verdad, engaño, promesa, y en muchos casos cinismo, exige que los ciudadanos analicen los mensajes políticos críticamente.

La reforma judicial en debate presenta dos peculiaridades: 1) se prioriza sin que exista plan integral de gobierno, en el marco de un aislamiento social forzado y una crisis económico-social inédita; 2) la encabezan funcionarios involucrados en causas de corrupción en marcha. El llamado “Plan de democratización de la justicia”, acotado a movimientos estructurales y operativos de coyuntura en busca de control judicial, repite con muchos de sus políticos aún vigentes, los permanentes cambios institucionales, reforma constitucional de 1994 incluida, llevados a cabo desde hace décadas. Los resultados son conocidos: mayores privilegios políticos y corrupción. Esta ausencia de sentido común e interés general que es esencia de la buena política, obliga a concentrar la atención en aspectos conceptuales y filosóficos omitidos en el debate.

1.- Es falaz plantear en abstracto la independencia de los poderes constitucionales, pues son naturalmente interdependientes. La independencia surge por el respeto que los integrantes de cada poder tengan por la Constitución, leyes y normas que representen el interés común. En nuestra realidad, muchos de los representantes públicos intercambian roles entre distintos poderes, arrojando sombras sobre sus capacidades e intereses prioritarios, lo que por acción u omisión facilita las tramas de corrupción. 

2.- La reforma judicial se concentra en el fuero federal penal que investiga casos de corrupción pública, cuyas modificaciones afectarán a investigaciones y juicios orales en marcha y próximos, que involucran a importantes funcionarios y empresarios asociados, con poder político y económico para afrontar y manipular juicios. Ello no solo quita legitimidad a la reforma, sino desnuda el mito judicial que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, cuando es evidente que las diferencias sociales impiden dicha igualdad.

3.- El poder de decidir lo tendrán quienes ajenos a los imperativos ciudadanos, se autoprotegen con dos falacias interpretativas: a) que quienes tras años de investigaciones son condenados en primera instancia por un tribunal, son inocentes si apelan. No es verdad; apelan para eventualmente dejar de ser culpables; b) que los fueros legislativos establecidos en la constitución, protegen a los procesados por delitos comunes. No es verdad; los fueros protegen la libre opinión.

4.- La intención “democratizadora” de la justicia resulta dudosa, considerando que el país lleva 37 años de continuidad democrática, con centenares de políticos vigentes que actuaron solo en la función pública. Período durante el cual hubo ausencia de condenas judiciales o de la Magistratura en el único delito en el que el acusado debe demostrar su inocencia: el enriquecimiento ilícito. Lo que deja claro que el problema prioritario no es funcional sino humano, como sucediera con el “no voto” de la diputada Camaño en el caso del juez Canicoba Corral.

5.- El uso del cinismo se manifiesta al invocar “evitar operaciones o mesas judiciales”, cuando el notorio nivel de impunidad y corrupción de décadas se manifiesta en la diferenciación entre castas públicas enriquecidas y ciudadanos empobrecidos. Cuesta creer que esta desigualdad la corregirán sus beneficiarios, sino por el contrario, surge la justificada sospecha sobre si la “democratización” tiene como objetivo promover la agilización de los juicios orales y públicos, única instancia democrática para establecer inocencias y culpabilidades, o bien  mantener impunidades político-judiciales.

En este barrial nos encontramos los argentinos. Aislados en medio de una pandemia, y en paralelo, con muchos políticos activos en la lucha para mantener patrimonios mal habidos, libertades e impunidades. La urgencia en lograrlo fuerza a que los encubrimientos no se realicen subterráneamente entre cúpulas políticas, “mesas judiciales” kirchneristas o macristas, o misteriosos operadores. La lucha es a voz en cuello y tambor batiente, con una grieta ancestral que divide entre honestos y deshonestos.

Buenos Aires, 19 de agosto 2020   

Los recurrentes intentos de reforma judicial fracasan por sustentarse en aspectos instrumentales de coyuntura (cantidad de miembros de la Corte, cantidad de juzgados), obviando claras fundamentaciones jurídicas, sociológicas y filosóficas que la justifiquen. Falencia que podría deberse a que muchos de sus promotores, al ser por acción u omisión partícipes en el estado de corrupción que sufre el país, son sospechados de tener como objetivo lograr impunidad. En este escenario, para formarse una opinión que eluda falacias dialécticas e intencionadas omisiones, a los ciudadanos comunes se le presentan dos desafíos: 1) cómo ser parte del debate sin ser profesionales del derecho? 2) cómo diferenciar entre honestos y deshonestos, cuando integrantes de los tres poderes del Estado forman parte de una trama de corrupción estatal-privada.   

Para responder al primer interrogante, cabe recordar que no son los “ilustrados” los que crean e imponen leyes a las sociedades, sino éstas con sus creencias, usos y costumbres, determinan pautas para que los eruditos del derecho diseñen normas y leyes acordes, comprensibles y justas. Obviedad plasmada hace casi 3.800 años en el Código de leyes más antiguo y mejor conservado, integrado con 282 leyes y normas grabadas en piedra diorita, que lleva el nombre del rey Hammurabi, creador del primer Imperio Babilónico. Destinado a regular la vida urbana, planteaba entre otros aspectos el principio de presunción de inocencia, brindando al acusado y acusador la oportunidad de aportar pruebas, castigaba el falso testimonio o al difamador que no aportaba pruebas, y establecía penas que incluía la muerte. Conscientes que para ser cumplidas el conocimiento de las leyes no debía presumirse sino promoverse, se realizó una campaña de difusión oral, dado el analfabetismo de entonces.

Esta necesaria inserción social de las leyes invalida proponer reformas judiciales acotadas a consensos de cúpula, con asesoramiento cuasi aristocrático de “notables” preseleccionados, que más allá de sus intenciones, virtudes personales e intelectuales, son parte del problema. Obviando en su elaboración a quienes deben legislar y asesorarse con organizaciones civiles dedicadas a la problemática del delito y sus consecuencias, reduciendo el rol legislativo al de juntar votos. Más dudas se generan cuando las declamadas intenciones de mejorar el funcionamiento de la justicia, provienen de los responsables de no cubrir desde hace años decenas de cargos judiciales vacantes. O que las intenciones reformadoras se concentren en el fuero federal penal, con intervención directa de involucrados y procesados en causas de corrupción pública. Es como si la exitosa ley promulgada en 1970 en Estados Unidos para combatir sofisticadas organizaciones criminales llamada RICO por sus siglas (se aplicó para desbaratar la corrupción en la FIFA), hubiese contado con la entusiasta colaboración de delincuentes de entonces, como Giancana, Genovese y Gotti. Si las intenciones fueran virtuosas, es de suponer que previo a aumentar miembros de la Corte, juzgados, personal e infraestructura, se debiera optimizar lo existente, incluido la promulgación de leyes superadoras.  

El segundo desafío es más complejo, porque refiere al factor esencial en toda organización: el humano. Dado que en las áreas ejecutivas y legislativas las contradicciones y oportunismos son harto conocidos, cabe preguntarse cómo encarar esta evaluación en el campo judicial, a fin de diferenciar entre honestos y deshonestos, capaces e incapaces, sin caer en prejuzgamientos. Una ayuda al respecto surgió en el seno de la propia justicia, cuando en apoyo al proyecto elevado al Congreso en el 2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, llamado “Democratización de los poderes judiciales”, integrantes del poder judicial conformaron la asociación civil Justicia Legítima, invocando el mismo objetivo. El nombre no es feliz, porque por oposición hace suponer la existencia de una justicia ilegítima, que en muchos casos es verdad. Pero para no centrar el debate en una bipolaridad que nos sumerja en el engañoso juego de la simplificación, en el que la razón se somete al discurso, es necesario incorporar dos nuevas categorizaciones: arrepentidos (jueces y fiscales que abandonaron inacciones o complicidades), e intachables (apoyados en sus antecedentes). Con estos cuatro grupos el debate se clarifica, posibilitando entender que cuando desde el poder se critica genéricamente a Comodoro Py, no se incluye a todos sus jueces y fiscales, sino solo algunos de ellos. Y cuando se habla de “presiones a la justicia”, no se refiere a quienes cajonean expedientes, sino a los que cumplen plazos procesales lógicos hasta llegar a los juicios orales. La instancia que se está atravesando es natural e inevitable. La lucha no será entre demócratas y no demócratas, sino entre honestos y deshonestos. Sin siglas ideológicas ni pertenencias partidarias anexas. Según quien triunfe, habrá o no una mejor justicia.

Buenos Aires, 12 de agosto 2020

De Campagnoli a Canicoba

Cuando la discordancia entre dialéctica y hechos se traslada al campo político, la dialéctica asume el grado de compromiso. Para justificar incumplimientos o esconder intenciones, el político suele apelar a la hipocresía de aceptar al mensaje simple y breve tipo eslogan como instrumento propagandístico esencial, pero cuando lo emplea como opinión personal e intenta retractarse, aduce que la frase “fue sacada de contexto”. Para evitar esta dicotomía oportunista, los análisis no deberán sustentarse en simples opiniones o eslógans, sino en hechos adecuadamente insertos en sus contextos. Por ello la utilidad de relacionar el enjuiciamiento del fiscal Campagnoli en el 2014, con el del juez Canicoba Corral recientemente cerrado. Los seis años transcurridos entre uno y otro, con muchos de sus actores vigentes y sorprendentes similitudes, facilitarán entender las falacias discursivas y riesgos institucionales.

A comienzos del año 2014, el fiscal Campagnoli fue sometido a juicio por la entonces procuradora Gils Carbó, acusándolo de haber alterado el objeto procesal en la causa por extorsión en la venta de la Financiara SGI de Federico Elaskar, dado que la investigación alcanzó al empresario kirchnerista   Lázaro Báez, contra quien se reunieron importantes pruebas. Formado el Tribunal de Enjuiciamento con siete miembros, y un plazo de 180 días hábiles para dictaminar, Campagnoli fue suspendido por 4 votos contra 3. Su segura destitución, con el avance del proceso y presión de la opinión pública se complicó. Habiendo trascendido un empate entre seis de los miembros, la decisión final recaía en la jueza y jurado María Cristina Córdoba, quien previo a los alegatos, aduciendo problemas de salud renunció. Agotados los plazos procesales, el juicio concluyó sin veredicto.  

En el presente año el Consejo de la Magistratura tenía cinco expedientes por corrupción contra el juez federal Canicoba Corral. En julio último, en una sesión vía Zoom para decidir si el juez sería sometido a juicio político, la consejera y diputada Graciela Camaño, cuyo voto era decisivo por existir un empate entre los doce consejeros restantes, adujo problemas de conexión para votar, y la sesión se suspendió. Al no tener asegurada su continuidad, Canicoba renunció a partir del 29 de julio, día en el que cumplía 75 años, acogiéndose a la jubilación. Como en el juicio a Campagnoli, la causa concluyó sin decisión. De lo expuesto surgen enseñanzas: 1) es mucho más fácil opinar o cajonear expedientes, que asumir ante la sociedad los costos de sancionar o absolver; 2) una vez renunciado, Canicoba demostró que los jueces pueden actuar con celeridad. Tras expresar públicamente haber sido perseguido por el “macrismo”, en su última semana procesó a los ex funcionarios Dietrich, Iguacel, Dujovne y Frías Saravia, en la causa de renegociación de concesiones de peajes; 3) en la misma semana la diputada Camaño superó los problemas técnicos y pudo desempatar, pero en este caso votando a favor de habilitar la revisión del traslado de jueces.

Esta continuidad temporal entre actores, metodologías y similares desenlaces, es lo que conforma un contexto. Detectarlos y asociarlos ayudarán a clarificar la urgencia del gobierno en priorizar, en el marco de una profunda crisis económico-social, una compleja reforma judicial virtuosa en lo dialéctico, sospechada de manipular impunidad en los hechos, y de implementación altamente dudosa. Estas circunstancias hacen dudar sobre si el objetivo es transformar la Justicia a mediano plazo, o bien presionarla a corto plazo.

Buenos Aires, 05 de agosto 2020

Hay plan, estúpido

La conocida frase “es la economía, estúpido”, usada por Clinton en su campaña electoral, puede readaptarse a la supuesta ausencia de un plan económico de gobierno, que además de presupuestario es político. De un periodista esperamos opinión; de un actor interpretación; de un cómico humor; de un delincuente amenaza; de un intelectual conocimiento; de un político planificación para gobernar. Cada uno de estos roles exige identificar objetivos, tener un plan para alcanzarlos, y equipo para implementarlos. Sin embargo,   mientras confiesan no tener un plan para conducir al país, nuestros políticos ejercitan entusiastamente la opinión, la interpretación, el humor, la amenaza y escasa intelectualidad. Es un ejemplo de mediocridad o de engaño?

La respuesta a esta pregunta, si se observan las decisiones adoptadas desde diciembre pasado, incluidos meses previos a la pandemia, sería “hay plan, estúpido”. Lamentablemente, nada creativo: concentración de poderes en el ejecutivo, adormecimiento del poder legislativo, prorrogar un presupuesto vencido para tener manejo discrecional en el uso de fondos y relación con las provincias, decretar ajustes que recortan jubilaciones sin afectar privilegios, poner al poder judicial al servicio de acelerar o demorar causas de corrupción estatal-privada según convenga, aumentar impuestos invocando a los pobres mientras se proponen blanqueos impositivos exculpatorios de corrupción, intentar expropiaciones cuando se carecen de recursos para atender servicios esenciales, mantener sin cambios la ineficiente estructura estatal. Por ejemplo, sería imposible renegociar deudas externas e internas sin plan, pues deudores y acreedores debieran saber cuáles son sus límites para acordar. Quien proclama “es mi última oferta”” y luego presenta sucesivas mejoras, perdió.

La pandemia, al transparentar con mayor crudeza desigualdades y arbitrariedades, convierten a la estrategia del “no plan” en inviable, y causa de inmanejables y graves conflictos económicos y sociales. Tener un plan virtuoso, posible y mayoritariamente consensuado que oriente el presente y el mediano plazo pos pandemia, no surge de exigencias externas, sino nacionales. Más aún, cuando el país carece de las calidades institucionales e instrumentos económicos del mundo desarrollado, y aún de países vecinos. Elaborarlo con propuestas concretas integradas en un Plan Nacional es responsabilidad inexcusable del Estado, por poseer la información e instrumentos necesarios. Y recién entonces debatirlo con los históricamente fracasados Concejos económicos-sociales, y otras representaciones sectoriales.  

Diseñarlo implica identificar y reconocer debilidades políticas (las sociales y económicas son harto conocidas), para no reiterar fracasos. Podrían citarse: 1) considerando que nadie renuncia fácilmente a sus privilegios, se destaca una legislación protectora de la corporación política, que permite a procesados y condenados por corrupción desempeñar cargos públicos. Entre otros efectos, explica que en plena pandemia y una crisis económico-social inédita, se prioricen intereses particulares en el marco de acciones político-judiciales para lograr impunidad. 2) evitar oportunistas posicionamientos ideológicos, que solo provocan que quienes se hicieron millonarios a través del Estado, discutan si son de izquierda o de derecha. En la política vernácula las “grietas” son circunstanciales. Moreau, Solanas, Donda y Ricardo Alfonsín, entre otros, con cargos privilegiados bajo el brazo las sortearon con facilidad. 3) el debate debe sustituir el antagonismo oficialismo y oposición, por las opciones transformación o conservadurismo político; honestidad o impunidad. Macri gobernó con minoría parlamentaria en ambas Cámaras, minoría de gobernadores, y una añeja y estable corporación de políticos, gobernadores, legisladores, jueces, sindicalistas, empresarios, y representantes de entidades sectoriales. Aún con un panorama más favorable, si desea cambiar el sistema político, económico y social, Fernández tendrá similares problemas que Macri.

En cuanto a identificar oportunidades, la pandemia ofrece una que lamentablemente no nace de convicciones: el miedo. Las grandes revoluciones (francesa, bolchevique), se produjeron ante la confluencia de dos factores presentes en nuestro país: alta corrupción y población hambrienta. La crisis 2001-2002 generó un clamor generalizado hacia los políticos: que se vayan todos. Pese a lo cual no solo se quedaron casi todos, sino se multiplicaron. Será repetible este fenómeno?

Buenos Aires, 29 de julio 2020

Cómo funciona la AFI?

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), años atrás llamada SIDE, conforma con otros organismos militares, de seguridad y policiales el Sistema de Inteligencia de la Nación (ley 25.520), cuya misión es la de proteger la seguridad exterior e interior del país. Sin embargo, la SIDE/AFI se destaca desde hace más de tres décadas por ser parte en todos los escándalos políticos (sobresueldos a funcionarios; sobornos a senadores; maniobras ilegales). Pese a lo cual se mantiene inalterable. Será porque en contextos de alta corrupción estatal, en lugar de ser un organismo profesional de inteligencia, es un útil instrumento para operaciones políticas?.

Lograr una respuesta implica alejarse de lo escenográfico para detenernos en aspectos claves que emergen de las causas judiciales, que en simultáneo tramitan los jueces federales Ramos Padilla, Augé y de Giorgi, y generan interrogantes que no son planteados en los debates. Si tomamos como punto de partida el conflicto entre el poderoso agente Stiuso y el entonces ministro Béliz en el año 2004, se conocieron públicamente a la fecha como integrantes del organismo, sean secretarios, directores, personal de planta o contratados, veintitrés nombres con cierto orden cronológico: Stiuso, Vila, Larcher, Mena, Taihade, Pocino, Parrilli, Arribas, Magdalani, Caamaño, López, Bogoliuk, Degastaldi, Barreiro, Miragaya, Alan Ruiz, Dalmau Pereyra, Martín Coste, Araque, Melo, Sáez, Matta y Funes Silva. Tal movilidad laboral jerárquica en los integrantes de planta en un período de tan solo 16 años, demuestra que tanto la profesionalidad a través de funcionarios de carrera, como el cumplimiento del requisito de reserva, no son virtudes del organismo. Muchos de los nombres señalados transparentan las fuertes conexiones existentes en el seno de la AFI, entre los poderes ejecutivo (conducción); legislativo (control), judicial (jueces y fiscales) y Consejo de Magistratura, que aglutina a diez representantes de los tres poderes del Estado, y tres de entes privados. No es un detalle menor. El “oscuro mundo de los servicios de inteligencia”, es un cabal reflejo del “oscuro mundo de la política”.

A partir de esta realidad se abre un sinnúmero de interrogantes. Uno de ellos referido a la forma de seleccionar a los agentes de inteligencia, dado que dentro de la AFI funciona la Escuela Nacional de Inteligencia, encargada de formar, capacitar y perfeccionar a todo el personal perteneciente al sistema de inteligencia nacional. Cuál es el plan de estudios y duración de la carrera para ingresar a la AFI? Es condición necesaria cursarla y aprobarla para actuar como agente en planta permanente? Existe un escalafón que determine ascensos según méritos y posgrados de perfeccionamiento, o en la práctica los niveles de conducción son políticos? Estas dudas nacen en que muchos de los involucrados en las causas se presentan como “ex agentes”. Se retiraron por jubilación, voluntad propia o fueron echados? Sean activos o retirados, cumplen con el requisito de guardar secreto establecido en el artículo 12° del decreto reglamentario?

Nuevos interrogantes surgen cuando las crónicas periodísticas presentan a espías como “inorgánicos” y contratados. Inorgánico define químicamente a sustancias que no forman parte de seres vivos; en este caso, a quienes no pertenecen a la AFI. En esta condición, tienen acceso a instalaciones y al personal? Policialmente hay un término menos sofisticado pero más explícito: soplones, que se mueven en un ámbito delictivo y brindan información a contactos policiales. Es esta la función de los “inorgánicos”? Por la asociación de nombres que surgen públicamente no lo pareciera. En cuanto al personal contratado, debe prestar servicios transitorios por tiempo determinado. Se cumple este requisito, o como en la administración pública, este personal sin formación específica es contratado por tiempo indefinido, con acceso a áreas de inteligencia? Estos interrogantes deberán ser respondidos por el presidente Fernández, quien debe fijar anualmente los lineamientos estratégicos y objetivos de la Inteligencia Nacional, la fiscal Caamaño, interventora de la AFI, y quienes integran la Bicameral legislativa de Seguimiento, en especial de la oposición (hay que ganarse la dieta de cada día).

Retornando al campo judicial, y entendidas las fuertes interrelaciones políticas que confluyen en la AFI y las dudas en cuanto a su estructura, las causas en curso cobran mayor relevancia. Todos los servicios cuentan con direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, esta última para detectar y desarmar operaciones de inteligencia. El desafío de los jueces será diferenciar entre unas y otras. Y eventualmente, constatar un uso externo de información confidencial destinada a amenazar y coaccionar, como sucediera en el caso DAlessio, que lamentablemente el juez Ramos Padilla demora en elevar a juicio oral y público. Que como dato de color, muestra un aparente paradigma del espía argentino: DAlessio se presentaba como tal en programas televisivos, sin que se detectara su engaño.

Buenos Aires, 22 de julio 2020

Espiar qué y para qué?

En un país con alta corrupción estatal asociada a privados, desentrañar la “manada” de causas judiciales por espionaje presenta una dificultad: muchos de los corruptos operan en altos niveles institucionales. Pero al eliminarse el recurso del secreto por la gran cantidad de espías y personajes intervinientes, se facilita obtener resultados, sanciones y cambios estructurales, siempre y cuando se eluda la trampa política de encapsular la investigación solo en la AFI, y evitar llegar a los juicios orales y públicos, que es la única forma de responder al histórico reclamo “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Lo públicamente conocido a la fecha indica que las investigaciones se enfocan en un hecho delictivo específico: espionaje ilegal a figuras políticas y sociales locales, a través de escuchas telefónicas, fotos y filmaciones. Al respecto no pueden obviarse los avances tecnológicos, que permiten a cualquier ciudadano con un celular, grabar conversaciones y filmar sucesos, que registren primicias informativas, revelen actos de corrupción o armen escenarios para litigios privados. Así se filmaron y trascendieron asambleas gremiales en las que el sindicalista de taxistas Viviani impulsaba que sus afiliados apedrearan taxis que no se adhirieran a una huelga, o que el piloto de Aerolíneas Argentinas Biró, arengara combatir a Macri. A ello se agrega información obtenida a través de cámaras de seguridad, sean públicas (bolsos de López arrojados en un convento), o privadas (un grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero). Lo que hace usual que a través de fuentes o de simples ciudadanos, el periodismo obtenga en cuestión de horas información de un fallo judicial, un peritaje o documentos. Realidades tecnológicas de uso masivo, que en principio no son delictivas.

Cuando este accionar se traslada al campo institucional a través de un servicio de inteligencia, debe cumplir normativas que definen el carácter legal o ilegal del espionaje. Debemos recordar que los objetivos de los servicios de inteligencia, según los contextos políticos, pueden ser descubrir o encubrir; combatir el delito o asociarse a él, proteger información o comercializarla. A mayor corrupción estatal, habrá menor profesionalidad y mayores oportunidades delictivas para sus agentes. No en vano la mayor causa de corrupción pública-privada nació de los cuadernos de un chofer, y no de investigaciones de la AFI. Por ello para analizar los próximos capítulos de esta zaga de suspenso, debemos reparar en ciertas inconsistencias. Las escuchas hechas públicas pueden parecer impactantes periodísticamente (D`Elía como nexo con iraníes; el apodo de Parrilli dado por la vicepresidenta; Moyano tomando un “champusardo” con un juez; Tinelli negociando un árbitro con Grondona; el diputado Valdez anunciando a Baratta, horas antes de la denuncia del empresario Etchebest en el juzgado federal de Dolores, la operación “Puf Puf” de la causa “cuadernos”), pero no configuran delito ni aportan judicialmente. Si se la compara con declaraciones públicas recientes, tales como “A tu maldito Macri lo fusilaría en Plaza de Mayo y de espaldas al pueblo” (Luis D Elía); “Macri tiene que estar colgado en Plaza de Mayo” (sindicalista “Pata” Medina); “Quiero ver a Macri con casco y chaleco entrando a Tribunales” (Pablo Moyano), las escuchas conocidas hasta pueden considerarse divertidas.

Si a ello se agrega un burdo espionaje al Instituto Patria que descubre un simple agente municipal de tránsito, o un diskette olvidado en la AFI por un anónimo agente de “inteligencia”, las causas judiciales por espionaje ilegal lejos de perder relevancia adquieren mayor gravedad, porque surge la sospecha que tras el operativo “indignación” existe una estrategia de inteligencia clásica: entretener públicamente con irrelevancias, mientras se mantienen ocultos los objetivos reales, que aglutinan entre supuestas víctimas y victimarios, a espías nada secretos, procesados por corrupción, delincuentes marginales, jueces y fiscales sospechados y un tropel de abogados que entrecruzan espionaje, causas y defendidos. Y que tamaña movilización no responde a resarcimientos morales, sino a intereses millonarios. De ahí la importancia del interrogante inicial aún sin respuesta: espiar qué y para qué?

Por ello debiera preocupar la injustificada demora del juez Ramos Padilla en elevar a juicio oral la causa D`Alessio, que brindaría muchas respuestas. En lo inmediato, para continuar desmenuzando capítulos de la historia de espías, cabe plantearse una nueva pregunta: cómo funciona la AFI?

Buenos Aires, 15 de julio de 2020

Reuniones en el Titanic

Conservadurismo es un término que tiene la virtud de encerrar en sí mismo su significado: conservar. Aplicado a lo político, el objetivo no es conservar tradiciones o valores religiosos, sino poder. Sus beneficiarios, con independencia de proclamadas ideologías supuestamente divergentes, coinciden en generar estructuras burocráticas que les permiten sostener su poder y privilegios a lo largo del tiempo. Reacios a las reformas o cambios sociales, a sus gobernados empobrecidos los contienen con dádivas que llaman subsidios. Reconocer esta condición que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia política encaramada en el Estado desde hace décadas, vale como punto de partida para analizar la coyuntura, urgencias y futuro próximo, en un contexto agravado por una inédita pandemia que trastocó las habituales problemáticas internas y externas del país.

Toda emergencia reclama niveles de conducción con la capacidad y experiencia necesarias para enfrentarla y minimizar daños inevitables, requisitos que supuestamente cumpliría una dirigencia casi hereditaria. Por el contrario, transcurridos más de siete meses de elegido, el gobierno continúa sin tener un plan definido con cambios estructurales imprescindibles, plasmados en un presupuesto. Tal parálisis conductiva plácidamente acompañada por las oposiciones, se intenta disimular con dispersas y concurridas reuniones de altos funcionarios con gobernadores, empresarios, gremialistas y variados consejos consultivos, que en lugar de debatir y acordar acciones integradoras y factibles de largo plazo, sus asistentes califican ante la prensa como desarrolladas en un “clima de cordialidad”. Situación que recuerda la escena de la orquesta tocando en cubierta durante el hundimiento del Titanic, en medio del caos para sobrevivir.

En paralelo se reiteran viejos recursos conservadores para que nade cambie: delegación de atribuciones constitucionales para que se gobierne por decreto; afectación de jubilaciones manteniendo las de privilegio; creación de impuestos para financiar estructuras burocráticas insostenibles, interrupción de la inacción judicial solo para gestiones relacionadas con mantener la impunidad; intervención de la empresa Vicentín por sobre el juez que entiende en su convocatoria sin “reuniones cordiales” previas. Los fracasos se disimulan como siempre: subsidiando pobreza con recursos públicos que se manejan como propios. Para tales incongruencias se presenta como excusa a la renegociación de la deuda externa con privados y la pandemia, que ofrecen un rasgo común: no tienen plazos de cierre definidos. Lo que paradójicamente, debiera obligar a una frenética actividad coordinada entre ejecutivo, legislativo, sectores de la producción y del trabajo, para modificar coherentemente estructuras burocráticas, sistema impositivo, regímenes laborales, financiero y judicial, que definan un rumbo de al menos una década. Muchos de los nuevos escenarios futuros quedaron expuestos durante el aislamiento: trabajos a distancia con recursos tecnológicos (sistema bancario; parcialmente educación y salud; comercio); flexibilización forzosa de la añeja legislación laboral; surgimiento de nuevas empresas innovadoras en software y tecnología, con alta ocupación de mano de obra y volúmenes exportables. De no planificar ya, la pandemia provocará que una vez más, se apele a acciones coyunturales, oportunistas y caóticas (caso Vicentín).

Para las transformaciones necesarias es de utilidad el reconocimiento explícito del gobierno de no considerar como “trabajadores esenciales” en épocas de crisis, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, y mayoría de organismos públicos, con cargos y salarios asegurados, mientras los llamados “esenciales” son trabajadores públicos y privados de salarios medios y bajos. Lo que muestra la falsedad del mensaje que para lograr un Estado menos gravoso y más eficiente sean necesarios despidos masivos. Los afectados serían los niveles superiores de la pirámide: organismos irrelevantes, cargos jerárquicos prescindibles, puestos de asesores y coordinadores, los que cobran dos o más salarios públicos, y los que no tienen concurrencia a sus trabajos.

En cuanto a la renegociación actual de deuda, la clásica frase política “no negociaré a costa del hambre del pueblo”, explicita que ya existen pautas y parámetros para negociar los futuros desembolsos. A los inversores privados no les interesa mayormente si hay programa de gobierno, sino lograr las tasas de interés más altas posibles, porque los nuevos bonos de inmediato recircularán por el mundo financiero. Pero en la postergada negociación con el FMI, que no aceptará reducciones de capital pero extenderá plazos, se exigirá el hoy inexistente programa, que además de hacer viables los futuros desembolsos, debiera promover un desarrollo nacional virtuoso para que no exista “hambre en el pueblo argentino”, que tanto preocupa a las familias políticas.

Dado que la responsabilidad del funcionamiento y calidad de vida de un país, sea comunista o capitalista, recae exclusivamente en la eficacia de su Estado, que es el que legisla, controla, ejecuta y juzga, lo que la clase política conservadora en sus actos y progresista en lo discursivo, deberá esclarecer en lo inmediato si para concretar transformaciones virtuosas, resignará privilegios.

Buenos Aires, 10 de junio 2020