Negocios estatales seguros
Escándalo es una palabra que atrae la atención pública, por lo que es muy usada periodísticamente,así como “mafia”, que refiere a organizaciones delictivas clandestinas, que los propios políticos adjudican a sus adversarios en los debates. Es recordado el tuit de la ex presidenta Cristina Kirchner, señalando que la familia del entonces presidente Macri poseía contactos con la mafia calabresa Ndrangheta. Partir de estos términos para catalogar supuestas corrupciones estatales, elude analizar el contexto político, legal y administrativo que las facilitan, y su mecánica recurrente. Las corrupciones estatales se inician con funcionarios que planifican la sustracción de recursos públicos, asociados a privados en calidad de contratistas, proveedores, cooperativistas y testaferros, de modo de privatizarlos para luego proceder a repartirlos entre los partícipes del despojo. Con las mafias criminales de antaño comparten el uso ilegítimo de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero, extorsiones, fraudes, malversaciones y prevaricación. Pero se diferencian en que los negociados se producen sin derramamientos de sangre, y bajo las simbologías de Patria, el Estado te cuida, Pueblo, Desposeídos, y similares.
Por ello lo relevante del caso que surgió ante la opinión pública en febrero de este año, relacionado con la contratación de seguros realizada por organismos y empresas públicas, es analizar su mecánica, que comienza con una instrumentación legal y administrativa con objetivos virtuosos; continúa con interrelaciones “casuales” entre funcionarios y beneficiarios externos predeterminados que “privatizan” dichos fondos públicos, los que con apoyo de leyes laxas, ausencia de auditorías, controles e impunidad judicial, jamás se recuperan. El caso de los seguros ejemplifica los negocios públicos-privados “seguros”. En el año 2021 el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 823, que establecía que todas las empresas públicas debían asegurarse con la estatal Nación Seguros. Sus extensos considerandos contenían el ineludible fin loable: “Que un razonamiento elemental sugiere que el Estado Nacional contrate con sus propios organismos proveedores de bienes o servicios la satisfacción de sus necesidades en cada materia”. Puesto en vigencia, se arman las interrelaciones “casuales” entre funcionarios y privados partícipes. El titular de Nación Seguros de apellido Pagliaro, nombrado en mayo del 2020, recurrió a una figura ineludible para los negociados: el intermediario. “Casualmente” se contrata a Martínez Sosa, que por circunstancias de la vida es esposo de María Cantero, secretaria de décadas del entonces presidente Fernández, y además acreedor del ex presidente, por una deuda de 2000 dólares tomada hacía años. Como estos subterfugios no escapan al conocimiento de los funcionarios políticos, acostumbrados a practicar el principio “dejar hacer, dejar pasar”, pero también el de “participar” de negocios simples y redituables, la casi totalidad de los organismos públicos se acoplaron a la mecánica. Más allá de los más de 3.500 millones de pesos que hasta el momento se calcula pasaron injustificadamente a manos privadas en comisiones durante el 2020-23, lo importante es visualizar la facilidad con la que se pueden apropiar recursos públicos utilizando procedimientos administrativos presuntamente legales. Pero las enseñanzas continúan.
El caso surgió ante la opinión pública cuando el funcionario Osvaldo Giordano, quien manejara el tema jubilatorio en la provincia de Córdoba, fuera designado por el presidente Milei al frente de la Anses. Giordano observó que pese a que el organismo previsional utiliza los autoseguros en caso de otorgamiento de créditos a sus afiliados, debido a razones etarias, la Anses había sido inoculada con el virus “Nación Seguros” (léase intermediarios). A través de una planilla Excel realizó una sencilla comparación entre ambos costos, lo que arrojó una brecha del 40% en perjuicio de la Anses (léase jubilados). Irregularidad que como es de rigor, no fue advertida por decenas de funcionarios, organismos de control y locuaces legisladores. Lo señalado agrega una enseñanza casi bíblica, acorde a la lucha entre las fuerzas del cielo (el bien) y del infierno (el mal). Algunos “diablillos” infiltraron a las fuerzas del cielo mileístas para despedir al apto y honesto funcionario Giordano, porque su pareja, diputada nacional, votara en contra de algunos puntos de la Ley Ómnibus.
Buenos Aires, 27 de marzo 2024