Desactivar la matriz de la corrupción estatal-privada instalada en el país desde hace al menos 25 años (una generación), no será nada fácil. La sólida trama delictiva conformada por políticos, empresarios, gremialistas e integrantes del poder judicial, ha desplegado una estrategia de confusión y ocultamiento hasta ahora exitosa, destinada a mantener libertades y patrimonios mal habidos. Existen elementos que lo manifiestan.
Contra lo que se pretende hacer creer, la Justicia no modificó su actitud indolente en cuanto a tiempos, tramitaciones, y demoras increíbles para iniciar juicios orales y públicos. No debiera asombrarnos: los mismos jueces y fiscales que mantuvieron paralizadas las causas, hoy simulan activarlas tras lentas y publicitadas rondas de declaraciones de imputados o procesados, que en la práctica se reduce a presentar escritos sin responder preguntas. Solo compararnos con Brasil nos humilla. En el caso Lava Autos, iniciada hace menos de cuatro años por una investigación menor en Curitiba por el juez local Moro, se comprobó una enorme red de sobornos local e internacional en cabeza de empresas con Petrobras y Odebrecht. Hoy altos funcionarios y empresarios han sido juzgados y condenados. La única verdad es la realidad. En Brasil, el poderoso empresario Odebrecht está condenado y preso. En Argentina, el condenado senador Menem legisla.
Varios legisladores por su parte, priorizan luchar para renovar en la próxima elección sus mandatos vencidos. Ni hablar de los políticos de a pié que pretenden acceder a la condición de “representante del pueblo”, manteniendo fueros no previstos en la Constitución, que los protejan en caso de delitos comunes. La ley de Extinción de Dominio se encuentra paralizada en el Senado. La Ley del Arrepentido se promulgó en octubre del 2016, seis meses más tarde que el fiscal Raúl Pleé escribiera un artículo señalando que la ley ya existía, y solo debía ser ampliada. Tras esta nota, Fariña declaró bajo la figura del arrepentido. El Consejo de la Magistratura mantiene su inoperancia. Pese a todo, hay quienes en campaña electoral pretenden entretenernos con modificaciones al Código de Ética.
Los mensajes “todos somos ladrones” se suceden. En las causas que involucran a altos funcionarios por el cobro de coimas, éstos interrogan capciosamente: porqué no investigan a los empresarios, en especial a familiares y amigos de Macri? El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó en defensa de José López, que “una coima no es robarle al Estado”. Demos respuesta a esta falsedad, sin caer en la trampa del debate ideológico. Para ello ejemplifiquemos con dos contratistas antagónicos: Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner, y Ángelo Calcaterra, amigo del presidente Macri. No solo en Argentina sino en el mundo, las coimas de contratistas del Estado surgen de sobreprecios acordados previamente entre funcionarios y empresarios. Vale decir, son recursos públicos, no privados. Inclusive en los países más pobres las coimas son más altas. Al recibir el empresario el primer pago estatal, la coima se “retorna” a los funcionarios por vías privadas, pagándoles alquileres, servicios no prestados, etc. Es de suponer que tanto Báez como Calcaterra aportaron el correspondiente diezmo.
Surge entonces la pregunta: la investigación debería comenzar por el empresario o por el funcionario? Este último presenta dos debilidades: 1) haber autorizado el sobrecosto de la obra; 2) casi seguramente, exhibir un enriquecimiento patrimonial injustificado. Ambos aspectos no deberían tener mayor complejidad investigativa y probatoria, mediante peritajes correctos. Solo ante pruebas concretas, podrían producirse arrepentimientos “judiciales” de los acusados, prestando además colaboración para desactivar la trama delictiva, en búsqueda de disminuir sus penas. La otra alternativa sería un arrepentimiento “religioso”, que nace de la convicción íntima de retomar la senda moral del cumplimiento de los mandamientos de Dios. No creemos que Báez, Calcaterra u otros empresarios, alcancen este estado espiritual y místico. Cabe entonces preguntarse: están jueces y fiscales recolectando las pruebas necesarias para dar lugar a los más mundanos arrepentimientos judiciales?
Buenos Aires, 08 de marzo 2017