La artimaña consiste en actuar en forma maliciosa para engañar y conseguir un fin determinado. Concepto aplicable al poder judicial en las causas de corrupción estatal-privada, cuyos efectos entre otros, fue el de cerrar diciembre del 2015 con 29% de pobres. Los camaristas Ballestero y Farah, al cambiar la carátula de la causa Cristóbal López/Oil Combustibles, transformando el delito de defraudación al Estado en simple evasión, aportaron el último ejemplo. Que sirve para reflexionar si realmente el poder judicial está evolucionando, o entreteniendo a la sociedad con fuegos de artificio. Analizarlo implica partir de ciertos supuestos.
El imprevisto triunfo electoral de Cambiemos, al sustituir a un partido que gobernó a la Nación y provincia de Buenos Aires durante catorce años ininterrumpidos, si bien provocó un cimbronazo político que afectó tramas de impunidad sólidamente instaladas, estas intentan permanecer. Mantienen vigencia muchos políticos, jueces, empresarios y sindicalistas que fueron partícipes necesarios del saqueo. La degradación judicial no puede independizarse de su asociación con otros sectores de poder, enhebrada a través de nepotismos y amiguismos, que bien describiera el periodista Carlos Pagni en sus columnas de La Nación. Este “sembrado” de complicidades es necesario porque los poderes del Estado no son independientes como se declama, sino interdependientes, pues deben controlarse mutuamente. El órgano constitucional Consejo de la Magistratura por ejemplo, que se encarga de la selección y remoción de magistrados, es burocráticamente costoso y sospechosamente inoperante.
El caso Cristóbal López/Oil Combustibles, si bien impacta por su volumen de deuda y relación con el matrimonio Kirchner, replica una mecánica de saqueo seguida con otras empresas, como el Correo OCA y el grupo de medios Spolzki/Garfunkel, entre otras. La mecánica consta de dos etapas: 1) la inicial, con el armado de grupos empresariales sobredimensionados sostenidos con dinero estatal, cuyas “ganancias” inexistentes se comparten entre empresarios y funcionarios cómplices. 2) la de crisis o quiebra una vez concluido el flujo estatal, que consiste en enmascarar el vaciamiento y diluir responsabilidades a través de falsos adquirentes y/o inversores sin solvencia económica, como Martínez Rojas con el grupo Spolzki/Garfunkel, o Rosner y De la Torre con Oil Combustibles/Indalo. De tal modo el Estado no solo no recupera lo que se le robó, sino bajo la argucia de cuidar “puestos de trabajo”, se le exige mantener estructuras empresariales insustentables. Este circuito necesita de otros dos partícipes necesarios: funcionarios de la AFIP y sindicalistas. Los primeros consienten la defraudación. Los sindicalistas omiten cumplir con su obligación de controlar el depósito de los aportes patronales de sus afiliados.
En la etapa terminal de crisis, licuados los aportes estatales y ocultados los patrimonios particulares, entran en acción los “Ballesteros y Farahs”, que nos recuerdan que en el Poder Judicial nada cambió.
La supuesta aceleración de la dinámica judicial federal fue forzada por los recordados videos con el ex secretario de Obras Públicas José López arrojando un bolso con nueve millones de dólares en un convento, y días después, el grupo Báez contando millones de dólares arrastrados en bolsos. Hechos que obligaron a jueces y fiscales iniciar el juego de artificio, consistente en retomar denuncias o causas adormecidas desde hacía años, y sobreactuar con algunas detenciones. Pero en concreto, Ballestero y Farah dictaminan como siempre. Casanello, Servini de Cubría y Lijo entre otros, son tan lentos como siempre, y la Corte Suprema de Justicia anuncia grandilocuentes cambios que nunca concreta. En este marco de complicidades, el gobierno de Cambiemos solo consiguió la renuncia del ícono judicial Oyarbide, y con enormes dificultades, la remoción del camarista Freiler, quien integrara la Sala I junto con Ballestero y Farah.
Los legisladores completan el capítulo político de la trama, buscando encubrir delitos económicos tras falsos debates ideológicos, cuando el problema, parafraseando a Clinton, “es el dinero, estúpido”. También participan del juego de coacciones, en el cual impúdicamente legisladores procesados por delitos comunes contra el Estado, pretenden juzgar a funcionarios por inobservancias éticas. Y por si fuera poco, congelan leyes claves contra la corrupción, como la de Extinción de Dominio en el Senado.
Buenos Aires, 28 de marzo 2018