El concepto de igualdad de género responde al principio establecido en el artículo 16 de la Constitución, que estipula que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. Usos y costumbres en muchos casos ancestrales, reservó para la mujer un rol de maternidad y hogar, con limitaciones no explícitas de derechos cívicos, laborales y de oportunidades. El debate actual hace hincapié en la violencia ejercida por el hombre, para amenazar, dañar e incluso matar a mujeres por conflictos personales. En este contexto, es interesante destacar manifiestas desigualdades de género en los campos político y deportivo relacionadas con la corrupción, que no han sido resaltadas en el debate.
En lo político, quienes en las últimas décadas fueron perseverantes en la investigación seria, denuncia y seguimiento de casos de corrupción estatal-privada, han sido mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer, Alonso, a las que, con responsabilidades ejecutivas de gobierno, se suma María Eugenia Vidal. La rama política masculina por el contrario, ejercita expresiones meramente declamatorias, o más grave aún, formula denuncias superficiales con el fin de coaccionar y/o desprestigiar para negociar impunidad. Esta falencia de género no se manifiesta en el periodismo de investigación, en el que se desempeñan eficazmente ambos sexos.
Pero la desigualdad mayor se presenta en el campo deportivo, en un sector en el que conviven como dirigentes representantes políticos, empresarios, sindicales, judiciales y delincuentes de armas tomar, con una amplitud partidaria, ideológica y social envidiable. Para mezclar negociados con honestas administraciones, cuentan con una cobertura jurídica ideal: los clubes de fútbol son organizaciones civiles no gubernamentales “sin fines de lucro”, cuyo objetivo es alcanzar el bien común.
Si las mujeres, en especial las comprometidas contra la corrupción, pudieran atravesar esta sólida coraza masculina, tendrían un excelente campo de experimentación no solo para visualizar la corrupción “en bruto”, sino constatar los entramados intersectoriales para lograr complicidad e impunidad. En lo económico, aprenderán de transacciones multimillonarias de jugadores realizadas a través de intermediarios; evasiones fiscales, balances manipulados aprobados con coacción de barras bravas; circuitos paralelos de comercialización de entradas, sobrefacturación de servicios, y todo tipo de irregularidades. No es casual que en muchos clubes, incluidos los llamados grandes, corran riesgos las verdaderas funciones sociales, como las recreativas y educativas.
En cuanto a las tramas de complicidad, los nexos entre las dirigencias de clubes y de la AFA, convierten en ridículas las clásicas elucubraciones para detectar a los misteriosos operadores judiciales, como en su momento Javier Fernández; hoy Daniel Angelici, Alfredo Lijo o el multifacético Alberto Fernández, autoproclamado consultor para defender “a los trabajadores” en la causa judicial de Indalo. El camarista Jorge Ballestero por ejemplo, integra desde hace años el tribunal de penas de la AFA. Las relaciones entre empresarios y sindicalistas, no necesitan de supuestos. La empresa OCA que preside Farcuh, también deudora de miles de millones de pesos al Estado, promociona la camiseta del glorioso club Independiente presidido por los representantes de sus trabajadores, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Los objetivos del “bien común” alcanza tal fervor, que muchos dirigentes participan en la conducción de dos o más clubes, poniendo en crisis el concepto basado en que lo único que no cambia en la vida es la fidelidad futbolera.
La tarea de las mujeres para ingresar al mundo “sin lucro” del fútbol, será mucho más compleja que obtener en el campo laboral igualdad de oportunidades y salariales.
Buenos Aires, 21 de marzo 2018