Correo: ocultamientos y necedades

Expresaba Maquiavelo en su obra “El príncipe”, hace casi 500 años: “Hay tres clases de cerebros; el primero discierne por sí mismo, el segundo entiende lo que otros disciernen y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

Estas tipificaciones relacionadas con el intelecto y el entendimiento, Maquiavelo las aplicaba a quienes integraban los ámbitos de poder, sin diferenciar entre tipos de reinados o grupos en conflicto, que hoy asimilaríamos a los denominados oficialismos y oposiciones. Cuando nos han acostumbrado a que “un año electoral” habilita todo tipo de mensajes oportunistas y/o falaces que aportan al ocultamiento y a la confusión, es oportuno bucear sobre nuestros cerebros políticos vernáculos. Un caso testigo excelente para este ejercicio, es la polémica desatada por la propuesta de acuerdo suscrita en junio del año pasado entre el Gobierno y el Correo Argentino. Básicamente, porque exhibe aspectos ilustrativos de las políticas contradictorias aplicadas durante las últimas décadas por los mismos dirigentes políticos, gremialistas y empresarios, hoy vigentes. No debiera sorprender entonces, que más allá de los disfraces ideológicos de ocasión, el resultado final sea siempre el mismo: arcas del Estado vaciadas, con funcionarios, intervinientes judiciales y empresarios asociados, enriquecidos.

Breve síntesis cronológica. 1) Privatización en 1997 del Correo Argentino por el ex presidente Menem (hoy senador, que pese a estar condenado por contrabando, puede legislar); 2) Cesación de pagos de la empresa en el 2001, entrando en concurso de acreedores; 3) Reestatización de la empresa en el 2003 por parte del fallecido ex presidente Kirchner; 4) Con un bagaje de 102 cuerpos de expedientes con más de 22.000 fojas, en junio del 2016 se elabora una propuesta de acuerdo entre Gobierno y empresa. Hasta este punto, una secuencia repetida en el juego ruinoso de privatizaciones y posteriores reestatizaciones. Pero a mediados de este mes, el caso adquiere un matiz especial: la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquin denunció al convenio por abusivo. Tras ellos, distintos cerebros se pusieron en funcionamiento, recordando que Franco Macri, quien encabeza el grupo empresario litigante, es padre del actual presidente Mauricio Macri.

Previo a intentar la disección de algunos cerebros tras la sintética cronología del litigio, es importante instalarnos en el contexto actual. Con pretensiones de gobernar existen tres agrupamientos: 1) Cambiemos, en ejercicio del poder; 2) Frente Renovador, deseando alcanzarlo a futuro; 3) Frente para la Victoria, que gobernara durante 12 años entre el 2003 y 2015, y cuya preocupación inmediata es sortear responsabilidades penales por los casos de corrupción estatal-privada durante su gestión. Entre los tres Frentes, fluctúan repetidos políticos que sin estructuras partidarias elementales y bajo la autoproclamada condición de “progresista”, en instancias electorales buscan acoplarse a listas sábanas con posibilidades electorales, para de este modo continuar usufructuando cargos legislativos con actuaciones puramente dialécticas.

Otro aspecto a resaltar es el objetivo final pretendido del análisis del caso Correo: conocer con precisión la vía adecuada para arribar a una solución definitiva que minimicen costos para el Estado, que por la prolongación del conflicto en el tiempo serán inevitables. Para lograrlo, deberemos evitar el juego del oportunismo político, las frases falaces o de la desinformación cómplice. Si realmente queremos cambiar, el juego del “pro Macri o anti Macri” nos retrotraerá a viejos eslógans encubridores, tales como “pro Menem o anti Menem”, o “pro Kirchner o anti Kirchner”, mientras la matriz de corrupción, tras décadas de plena actividad, goza aún de buena salud.

Dicho esto, preparemos nuestros bisturíes para iniciar en la próxima opinión la disección de algunos cerebros. Como corresponde por orden de responsabilidad jerárquica, comenzaremos por los que integran el gobierno.

Buenos Aires, 22 de febrero 2017