La permanencia de las mismas clases dirigentes desde hace más de dos décadas, inevitablemente arroja las mismas consecuencias. La principal, que explica la involución del país y consolidación de la pobreza, ha sido la desaforada corrupción estatal-privada, sin consecuencias penales ni políticas. El acceso al poder de una nueva fuerza ajena al cada vez menos monopólico justicialismo, debiera activar nuestro espíritu crítico antes que fervores emocionales, para no repetir frustraciones. Ello exige exponer las contradicciones u omisiones de viejos discursos falaces y encubridores.
El más incoherente, porque lo critican los mismos que lo generan, es el referido al déficit fiscal, que surge cuando un gobierno gasta más que lo que recauda. Superados ciertos niveles de déficit, se hace necesario financiarlo contrayendo deuda. Ante planteos de reducirlo, voceros beneficiarios lanzan el clásico diagnóstico oportunista y cínico: el costo lo pagarán los que menos tienen, con bajos salarios y despidos de personal. Temor inicialmente justificado, porque es lo que ha sucedido históricamente. Pero lo que no plantean políticos y economistas supuestamente en las antípodas, como Dujovne, Kicillof, Pitrola, Lavagna o Loustau entre otros, es que la reducción del déficit lo absorban los que más tienen, sean funcionarios, sindicalistas o empresarios, responsables además de su existencia. Un breve comentario respecto a la estructura del Estado, que merecerá un análisis más profundo. Para hacerla eficiente, el primer paso se debería basar en el principio democrático de igualdad de oportunidades, dejando de subsidiar salarialmente a quienes no cumplen tareas específicas y horarios de trabajo, hacen de las falsas licencias médicas una práctica, y desde el poder político ejercen un nepotismo desaforado cubriendo cargos públicos con familiares.
Pero lo más importante es destacar el meollo del problema, que nadie menciona con nombres y apellidos. Consiste en derivar sin control multimillonarios fondos públicos a empresas privadas o cooperativas, bajo los encubridores objetivos de consolidar el desarrollo industrial y crear fuentes de trabajo. Los resultados fueron monumentales déficits fiscales, con créditos estatales irrecuperables. Recordemos el vaciamiento sufrido por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, creado en 1971 y liquidado en 1993, con pérdidas de 5.700 millones de dólares por créditos otorgados a empresarios asociados al poder político. A ello se suma la recurrente estatización parcial de deudas en dólares a privados, la última de las cuales se realizó en el año 2002. Estos ejemplos dan por tierra con clásicas definiciones en cuanto a roles de los actores económicos. Empresario es quien combina capital propio de riesgo y trabajo, para producir bienes y/o servicios que ofertados al mercado le produzca ganancias. El sindicalismo tiene por fin asociar a trabajadores del rubro para defender sus intereses ante empleadores y gobierno. Por último, el gobierno establece políticas de desarrollo, marcos impositivos y vela por el cumplimiento de las leyes. Nuestros habituales casos de corrupción muestran que no existe capital de riesgo; que los sindicalistas no protegen las fuentes de trabajo ni vigilan los aportes patronales, y que funcionarios públicos venales se asocian al vaciamiento de empresas.
Tres ejemplos recientes ilustran sobre el origen de enormes déficits fiscales. 1) Oil Combustibles de Cristóbal López, evadió tan solo en impuestos a los combustibles, de los que era agente de retención, 8.000 millones de pesos. 2) Sancor, cuyo presidente es Gustavo Ferrero, adeuda a la AFIP más de 2.000 millones de pesos, además de aportes patronales, con el silencio de Héctor Ponce, secretario del gremio Atilra. 3) OCA, presidida por Patricio Farcuh, adeuda a la AFIP 3.200 millones de pesos, más aportes patronales, sin que Pablo Moyano, del gremio Camioneros, reaccionara en tiempo y forma. Pese a estos antecedentes, empresarios y sindicalistas responsables no se inmutan. Bajo la amenaza de dejar un tendal de despidos y crisis sociales que ellos mismos generaron, pretenden que el gobierno acuda una vez más con recursos públicos al rescate de sus negociados, incrementando el déficit fiscal. El gobierno deberá encontrar necesariamente soluciones para los genuinos trabajadores, pero con una salvedad: que las ayudas no se canalicen a través de los mismos empresarios y sindicalistas que llevaron a las empresas al estado de quiebra. Ello no solo sería suicida, sino lo haría sospechoso de complicidad. Solo en los ejemplos mencionados, el Estado ha sido defraudado en más de 13.200 millones de pesos.
Para concluir, definamos brevemente a las víctimas de estos manejos. Son pobres los que carecen de los ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente.
Buenos Aires, 03 de mayo 2017