Para entender la continuidad temporal de la sólida trama política-judicial-gremial-empresaria de nuestra corrupción estatal-privada, e intentar detectar las matrices de saqueo primero e impunidad después, es necesario interrelacionar a estos sectores. Los negociados de impacto en los presupuestos públicos presentan una vía delictiva unidireccional: el funcionario facilitador como eslabón interno, y el empresario receptor asociado como eslabón externo, quien retorna a los funcionarios partícipes parte de sus beneficios desmesurados obtenidos a través de sobrecostos y/o incumplimientos contractuales. Con este esquema recurrente colabora el habitual fárrago de acusaciones cruzadas entre políticos, buscando mimetizar a honestos denunciantes con deshonestos encubridores. Sin embargo hay un factor común en este vocinglerío: se evita formular acusaciones concretas contra los empresarios cómplices. Cuando sus nombres se hacen público, es debido a investigaciones periodísticas.
Para referirse a los empresarios en supuestos casos de corrupción, los políticos, aún los de izquierda, apelan a títulos, pero sin contenido. Los más conocidos son “grupos económicos concentrados” y “sectores financieros privilegiados”. El histórico “oligarquía vacuna”, con la tecnificación del campo perdió actualidad. En este contexto, no es extraño que resulte difícil encontrar políticos que realicen denuncias de carácter personal consistentes; solo se limitan a repetir publicaciones periodísticas. Los escasas excepciones corresponden a mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer. En disenso con lo expresado, se podrían citar innumerables casos de empresarios expuestos por su relación prebendaría con el Estado. Pero en el campo literario de las biografías, identificándolos enigmáticamente como “grupos de poder o dueños de la Argentina”, sin formular acusaciones formales. O en casos judiciales, utilizándolos solo para relacionarlos con adversarios políticos, o frontón para negociar impunidad con el poder de turno. A nivel judicial, a diferencia del juez Moro en Brasil, no se los investiga para determinar culpabilidades, y una vez obtenidas las evidencias, negociar delaciones que involucren, ahora sí, a los funcionarios públicos partícipes en la corrupción. Consideremos dos casos icónicos: Héctor Magnetto y Franco Macri.
Está demás señalar que los medios de comunicación son un instrumento de poder, directamente proporcional a la cantidad de usuarios. La relación Kirchner-Clarín fue excelente (se avaló la fusión Cablevisión-Multicanal), hasta que se produjo el conflicto del campo, y Kirchner perdió en 2009 la elección de diputados. Inicialmente se arremetió contra su directora Herrera de Noble, y ante la escasa repercusión pública, se proyectó a la fama al hasta entonces ignoto Magnetto. El resto de la historia, aún vigente, es conocida. Pero jamás se acusó a directivos de Clarín de delitos económicos en connivencia con funcionarios del Estado. La utilidad de Magnetto consiste en invocarlo para disimular responsabilidades políticas. De igual modo, la historia de Franco Macri es ampliamente conocida, sea por su actividad privada, o como contratista del Estado a través de sucesivos gobiernos. Tampoco se le formularon acusaciones concretas que lo asocien a funcionarios públicos del presente o pasado. El objetivo no es el patriarca Macri, sino utilizarlo para echar sospechas sobre su hijo, actual presidente.
Este principio de invisibilidad empresarial se prolonga a la Justicia. En el caso Ciccone a cargo del juez Ariel Lijo, este limitó su investigación a Boudou y su entorno, sin avanzar sobre quienes se sospecha proveyeron los fondos para la compra de la empresa: Banco Macro, de Jorge Brito, y London Supplay, cuyo principal directivo es Miguel Castellanos. No es casual que empresarios asociados al poder político, que lucraron e intermediaron enormes recursos del Estado, evadieron impuestos y aportes laborales, y en muchos casos dejaron un tendal de despidos, no sean objeto de denuncias o investigaciones. Recordemos solo a Gvirtz, Spolzki y Garfunkel en medios de comunicación; Otero en la terminal de Retiro; Cirigliano como concesionario de transportes; Esquenazi accionista en YPF; Rasic a cargo de Cresta Roja; Angeli en Sol Líneas Aéreas; Farcuh en OCA. Todos ellos mantienen alto nivel de vida, sin ver afectados sus patrimonios. En Argentina no hay, como en Brasil, un juez Moro.
Buenos Aires, 26 de abril 2017