El delito a gran escala, presenta patrones universales en lo organizativo y psicológico. Los hampones de la década del 30 necesitaban para sus negocios ilícitos (prostitución, juego y contrabando), activas complicidades políticas, policíacas y judiciales. Para la pasividad de la población, utilizaban la resignación, el miedo o el crimen. Sus enormes ganancias contaban con eficaces estructuras administrativas que falseaban balances, lavaban dinero (de esa época surge el término), y abrían cuentas offshore.
Décadas más tarde, los delitos económicos estatales no presentan diferencias de fondo sino de matices. El dinero ilícito no surge de negocios privados, sino de recursos del Estado. Semánticamente, el duro término “delito” se dulcificó en el híbrido “corrupción”. Los “hampones” de entonces, mutaron en funcionarios políticos asociados a empresarios cómplices. Las antiguas crónicas policiales que relataban cinematográficos robos a bancos en medio de balaceras, se dedican hoy a los sofisticados saqueos de presupuestos públicos planificados en confortables oficinas o confiterías de moda. La única diferencia entre el ayer y el hoy, es el acelerado desarrollo tecnológico digital y de medios de comunicación, que hace cada vez más difícil la utilización invalorable “del secreto” para ocultar pruebas y complicidades. Ello obligó a que la clásica estrategia comunicacional de la lucha de “buenos contra malos”, se transformara en un discurso que por repetido no deja de mantener cierta eficacia: “no hay inocentes, somos todos ladrones”. O bien disimular culpabilidades con el recurso de la falsa proclamación ética que tan bien definiera el historiador Luis Alberto Romero: “quienes se sienten amenazados en sus intereses, se defienden empleando el mismo lenguaje de la virtud”.
Para evitar la mimetización entre culpables e inocentes, o entre procesados y denunciados, con el fin de confundir a la opinión pública para que nada cambie, se deben destacar cinco conceptos.
1) Muchos de los responsables políticos, judiciales, empresariales y sindicales que por acción u omisión posibilitaron la corrupción en las últimas décadas, están en pleno ejercicio de sus roles. De ahí que una real acción contra la corrupción, se logrará solo manteniendo una fuerte y sostenida presión social.
2) Para evitar el engaño encubridor de “todo es lo mismo”, es necesario categorizar acciones y sus consecuencias políticas: a) rendición de cuentas por actos de gobierno que importaron sustracción ilegal de recursos del Estado (delito); b) cuentas y/o bienes en el exterior no declarados (evasión); c) cuentas y/o bienes en el exterior declarados (legítimo).
3) La justicia deberá investigar con igual celeridad denuncias sobre el gobierno anterior como del actual. Será esencial el aporte de organismos de control público, hasta hace poco facilitadores de la corrupción estatal-privada ( AFIP, Personas Jurídicas, Procelac, etc.). Si sus responsables ocultan y/o niegan la entrega de documentación en tiempo y forma, deberán ser denunciados y procesados.
4) Los legisladores deberán cumplir con su obligación indelegable de lograr leyes eficaces para combatir la corrupción. Y abandonar el intento de confundir a la sociedad con opinables debates éticos de carácter filosófico, dado que las inobservancias éticas no son penalmente punibles. Menos aún pueden incursionar en este campo quienes se autoprotegen interpretando capciosamente la ley de fueros, permitiendo que procesados y/o condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y/o legisladores.
5) Un ejemplo de la distancia política que existe entre lo discursivo ético y lo legislativo sancionatorio, es la ley de Extinción de Dominio, que permite decomisar bienes de la corrupción y reintegrarlos al presupuesto público. Aplicada con éxito en los países más avanzados, se encuentra congelada desde hace casi dos años en el Senado. Podrían decomisarse por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Con un beneficio adicional; al actuar prestamente sobre el objeto del delito (dinero y bienes), perderá sentido “cajonear” causas judiciales, pues.los propios afectados serán los interesados en acelerarlas.
Buenos Aires, 14 de marzo 2018