Virus político activo

Alberto Fernández se transformaba el pasado 27 de octubre en presidente de Argentina, con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Hasta su asunción el 10 de diciembre, contaba con 43 días para conformar el equipo de funcionarios y presentar el plan de gobierno. No sucedió, y en su lugar se legislaron medidas que reiteraban viejos vicios invocando emergencia: delegar funciones en el ejecutivo para gobernar por decreto, congelar tarifas y diversos precios, crear más impuestos, afectar jubilaciones y mantener privilegios políticos y estructuras estatales ineficaces y económicamente insostenibles para la ciudadanía. Transcurridos a la fecha 190 días de elegido, el gobierno continúa sin presentar un plan nacional y presupuestario de gobierno. A fines de febrero surgieron las primeras noticias sobre un virus que asolaba a una lejana localidad china, que se extendió rápidamente a nivel mundial. El 20 de marzo se declaró en el país un aislamiento estricto aún vigente, que incluyó a los esenciales poderes legislativo y judicial. En ese letargo institucional, y asesorado por especialistas, el presidente se ponía entusiastamente al frente de las estrategias para minimizar daños de la pandemia. Pero, tras su estadía en Cuba, alguien decidió que ya era momento de reactivar la acción política: Cristina Kirchner.

En marzo, los diputados Heller y su hijo Máximo elaboraron un proyecto de impuesto a la riqueza; los defensores del condenado Boudou, doctores Rúa y Peñafort, lograron que el juez Daniel Obligado autorizara su detención domiciliaria, que el mismo juez rechazara una semana antes; los funcionarios del Ministerio de Justicia Pietragalla y Pryzbilski, entre otros, presionaron judicialmente para obtener la libertad de Ricardo Jaime, Martín Báez y Luis DElía, presos privilegiados sin hacinamiento, tras lo cual, coordinadamente se desató la fiebre liberadora de presos peligrosos; la vicepresidenta puso a trabajar a la Corte, solicitándole certidumbre sobre la validez de sesiones legislativas a distancia, y la funcionaria del Senado y defensora de Boudou, Graciana Peñafort, advirtió a sus miembros que “es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones». La Corte se expidió de inmediato. En la administración central, Vanoli, titular de la Anses (principal presupuesto estatal), fue relevado por la kirchnerista Raverta. El sutil canciller Solá, generaba permanentes conflictos con países vecinos.  

Las acciones políticas deben analizarse como secuencias interconectadas, no como impulsos coyunturales. En especial, cuando de ahora en más lo político predominará sobre lo sanitario, con independencia de la duración de la pandemia. Todo análisis debe explicitar las hipótesis sobre las que se sustenta. Se destacan tres: 1) ineficaz y costosa organización administrativa político-institucional, carente de partidos políticos creíbles y activos, que han sido sustituidos por “familias políticas perennes” cada vez más asociadas a la corrupción estatal-privada. 2) limitantes económicas propias del país desde hace décadas: carencia de moneda nacional, alta inflación sistémica, y cúpulas industriales y comerciales sin capital de riesgo propio y gestoras de prebendas políticas, que ahogan todo atisbo de modernización y competencia. 3) ausencia de liderazgos con visión de futuro y capacidad de implementación. Alfonsín tuvo honestidad y éxitos institucionales, pero dejó anticipadamente el gobierno con hiperinflación.

Merece atención el tema liderazgos, en un país que proclama líderes a quienes concentran recursos públicos y actúan como anacrónicos caudillos, para clarificar especulaciones inconducentes sobre quien manda en la fórmula presidencial. En la campaña, el presidente Fernández se presentó como “un hombre común”. Pésima estrategia. Las sociedades están plagadas de hombres y mujeres comunes, concepto que no excluye a esforzados trabajadores y empresarios exitosos. Lo que la política argentina demanda y no logra, es que a las virtudes de “hombre común” se le agregue la difícil condición de estadista, con un equipo de gobierno acorde. En 1913, José Ingenieros lo llamaba hombre superior, definiéndolo como capaz de concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Por el contrario, hoy políticos, jueces, fiscales, empresarios, todos ellos “comunes”, concentran esfuerzos en destruir las causas y juicios por corrupción, marco en el que se inserta la provocada crisis carcelaria.

Cabe preguntarse: si la vicepresidenta tampoco es una estadista, y solo líder de un grupo férreo y acotado, que la distingue del “común” Alberto Fernández? Maquiavelo, creador de la ciencia política moderna, en su tratado El príncipe afirmaba: “cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es realmente”. Pero Cristina Kirchner, más allá de asesores de imagen, transmite lo que realmente es. Desinteresada por eventos sociales que excedan lo familiar, rechazo a los debates políticos presenciales, rencores explícitos, exigencia de adhesiones irrestrictas, planificadora de estrategias, opera, elige, decide, y será difícil traicionarla por quienes solicitaron su amparo. En este contexto de políticos “comunes”, es razonable establecer que Fernández propone y Cristina Kirchner dispone, lo que no implica un menoscabo para uno u otro. Simplemente los roles surgieron de un acuerdo de partes, aunque muchos de los involucrados y actores ajenos sueñen con dejarlo sin efecto.  

Buenos Aires, 06 de mayo de 2020