Complicidades explícitas

La historia argentina está jalonada de hechos de corrupción estatal resonantes y emblemáticos (sobreprecios en obras, servicios y compras, contrabandos, incumplimiento de concesiones de servicios, vaciamiento de organismos públicos crediticios y de fomento), que tienen como único afectado a los recursos públicos. La recurrente impunidad y no recuperación del dinero sustraído, insertó al país en una corrupción sistémica y permanente, que se transparentó a partir de 2016 por la sustitución de un gobierno de larga permanencia en el poder por otro de distinto signo político. En estas transiciones políticas, sea por pérdida de temor, búsqueda de justicia o producto de resentimientos, surgen denuncias, testigos, filmaciones, escuchas telefónicas, con jueces y fiscales expuestos por su inacción. Ante la multiplicidad de casos, el conocimiento de las “tramas” públicas-privadas armadas para el saqueo, se destacaron por sobre los “casos” individuales.  

Tras la exhibición pública de filmaciones con el grupo de Lázaro Báez y el ex Secretario José López contando y transportando millones de dólares, en el 2016 se aprobó la ley del arrepentido. A comienzos de 2018 surgió la llamada “causa de los cuadernos”, emblemática para comprender el alcance de las tramas delictivas en perjuicio del Estado. El alto nivel político y económico de sus integrantes (gobernantes, ministros, funcionarios varios, secretarios privados, empresarios, financistas, testaferros, jueces, fiscales), aunados sin desgastarse en debates ideológicos o “grietas” estériles, convertía en inevitable una contraofensiva feroz de igual nivel, para salvar patrimonios mal habidos y libertades personales. Pero la acumulación de evidencias y hartazgo social, obligó a que por primera vez los involucrados, en lugar de apelar a las clásicas operaciones subterráneas para negociar impunidad, debieran gestionar y amenazar a cara descubierta. Es en este contexto, agravado por la pandemia y una crisis económica estructural, que es necesario identificar paradigmas conceptuales y/o discursivos basados en falacias, para entender posibles escenarios inmediatos.

1.- El factor institucional más importante, inédito en otros países, es que producto de leyes aprobadas por las “familias políticas”, los procesados y condenados por delitos contra la administración pública pueden gobernar y legislar. Por ello como consecuencia de un nuevo cambio de gobierno nacional, retornaron altas autoridades nacionales y provinciales en dicha condición judicial, para cumplir simultáneamente los roles de representante público y parte acusada de delitos. Incongruencia que provocó la reciente crisis penitenciaria, con liberación desenfrenada de presos.

2.- En cuanto al ámbito judicial, dada la relevancia que tendrá en esta etapa de esclarecimiento y presiones políticas, es necesario clarificar preconceptos. Los poderes constitucionales no son asépticamente independientes, sino funcionalmente interdependientes. Como ejemplo, la designación y remoción de jueces, o que una misma persona pueda desempeñar roles en el ejecutivo, legislativo y judicial en distintas etapas. En el caso de los controvertidos jueces De Lázzari y Violini en la provincia de Buenos Aires, que encabezaron el operativo político de liberación masiva de presos, el primero fue Secretario de Seguridad de Duhalde, y el segundo precandidato a intendente de La Plata por el Justicialismo. Las intencionalidades políticas en muchos casos no se ocultan. Son conocidas las groseras intervenciones de jueces y fiscales en redes sociales y otros medios públicos, para denigrar a quienes no responden a sus preferencias políticas. El mismo Violini realizó duras críticas a la ex gobernadora Vidal por su intento de desactivar las bandas políticas-judiciales en la provincia, a lo que llamó “persecución judicial”. Recientemente la camarista Ana María Figueroa declaró haber sido presionada por un funcionario de Macri hace cuatro años, sin dar su nombre ni denunciarlo entonces ni ahora. En un sistema democrático el criterio de “independencia” debe aplicarse a la capacidad de decidir conforme a leyes y principios de justicia, asociada a la virtud de honestidad. Y no como la doctora Figueroa, adjudicar oportunistamente categorías políticas de gobierno malo (el que se fue), y gobierno bueno (el que está).

3.- Respecto a las estrategias comunicacionales públicas, para detectar operativos de confusión y lograr un cambio de fondo en las estructuras administrativas burocráticas, se deberá evitar la trampa del uso de abstracciones encubridoras de responsabilidades. En lugar de “poder judicial”, deberemos concentrarnos en nombres de jueces y fiscales actuantes en los distintos casos, con sus antecedentes y decisiones, lo que incluye a la Corte Suprema. En un contexto explícito de casos de corrupción estatal-privada, la puja no será doctrinaria sino ancestral: lucha entre honestos y deshonestos y/o acomodaticios. Es sabido que en estas circunstancias y conociendo nuestra historia, los embates del poder político se centrarán en los honestos.

Hace unos 2.600 años el legislador ateniense Solón, promotor de reformas para aliviar al campesinado asediado por la pobreza, afirmaba: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2020