329 patriotas

329 corresponde al total de diputados y senadores nacionales que deberán decidir sobre la aplicación del impuesto bautizado Patria “a los que más tienen”. Los trascendidos periodísticos, con estimación de contribuyentes, montos patrimoniales alcanzados y alícuotas a aplicarse, son suficientes para formular interrogantes basados en discursos y hechos de los impulsores del proyecto, que al amparo del símbolo Patria deberán debatir los 329 diputados y senadores.   

La referencia global a 329 legisladores en lugar de diferenciar entre oficialismo y oposición, y priorizar el término “familias políticas” por sobre partidos políticos, merece una aclaración.  Los diputados no son elegidos individualmente por los votantes, sino por las “familias” que los incluyeron en las listas sábanas más votadas. Muchos de los cuales tras las elecciones y asumido el cargo, se convierten en formadores de interbloques que nadie votó, al solo fin de negociar votos en base a oportunismos de ocasión antes que de intereses ciudadanos. Negociaciones que el ex diputado de Cambiemos Monzó llamó “la rosca”, provocando en el recinto la ovación de los legisladores. Por ello, se ubica a los 329 legisladores en un pie de igualdad para debatir y clarificar el proyecto.  

En cuanto a lo discursivo, los mensajes políticos breves se diseñan según dos campos distintos: el electoral, y el de rotular objetivos. El electoral utiliza términos socialmente aglutinadores, como juntos, unidos, todos. El rotulado de objetivos, en especial los antipáticos o con afectaciones patrimoniales, se estructura según tres componentes: 1) el “simbólico”, que emplea abstracciones como Argentina, País, Patria. Los bonos que creara en 1962 el ministro Álvaro Alsogaray para pagar sueldos a estatales y jubilados, que al momento de comercializarse significara una pérdida del 30% de los salarios, fueron llamados “9 de julio”. 2) el de “excepcionalidad”, basado en promesas de aplicación por única vez o determinado plazo, que nunca se cumplen. 3) el de “dramatismo”, que invoca situaciones de emergencia extrema.  Clarificada la estrategia discursiva del proyecto (Patria, única vez y emergencia), es el campo de los hechos donde se generan interrogantes plenamente pertinentes, atento a que los sectores políticos institucionales suelen autoexcluirse de los “que más tienen”.

Las dudas comienzan con los autores del proyecto; el político de mandatos permanentes y banquero Carlos Heller, y el diputado Máximo Kirchner, juzgado junto a su familia por asociación ilícita en perjuicio del Estado. Esto último posible porque en nuestro país los procesados o condenados pueden ser funcionarios o legislar. Hasta el momento no se aclara qué criterio cuantitativo definirá a “los que más tienen”, antiguamente llamados multimillonarios: si el patrimonio total, o solo capital líquido y en acciones. Si los patrimonios se considerarán individuales, o del núcleo familiar directo (esposo/esposa; hijos/hijas). En cuanto a lo cualitativo, si el tributo diferenciará entre sectores rentistas, productivos y financieros. Si entre los alcanzados tributarán gobernadores, jueces, intendentes, legisladores, y funcionarios (ejemplos: senadores Rodríguez Saa y Urtubey, diputados Mendiguren, Heller y Máximo Kirchner), y cómo se actuará en los casos de funcionarios que no tienen las obligatorias declaraciones juradas patrimoniales presentadas.    

Ingresados al campo de las causas judiciales de corrupción en trámite y cerradas en primera instancia, y atento a que los legisladores se negaron a aprobar la ley de extinción de dominio, se debería explicitar qué prevé la ley respecto de los bienes detectados y/o embargados en las causas de corrupción. Por ejemplo, si tributarán los 8.000 millones de pesos (más de 80 millones de dólares al año 2015), en impuestos que como agente de retención el empresario Cristóbal López no reintegró a la Afip; los millones de dólares del empresario Lázaro Báez y familia; los de la familia del fallecido ex secretario Muñoz; los cuatro millones seiscientos mil dólares detectados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner; los ocho millones de dólares en efectivo secuestrados al procesado Marcelo Balcedo, sindicalista del Soeme.  

En cuanto a lo operativo, se debe indicar los organismos que proveerán y certificarán la veracidad del listado de los hoy supuestos 12.000 aportantes, que debiera ser entregado a los legisladores para su análisis. Será sólo la Afip? Las respuestas a estos y otros interrogantes debieran asegurar que la ley cumpla con principios de equidad y justicia que justifique que el impuesto se llame Patria, y no contenga las habituales excepciones políticas antipatrióticas. En cuanto a los legisladores que a la fecha se presentan como opositores responsables, es momento que además de reclamar tratamientos y votaciones presenciales, analicen a fondo el proyecto, y fundamenten públicamente objeciones concretas y no declamatorias. No debiera preocupar que los acusen de proteger “a los que más tienen”, pues el costoso y privilegiado andamiaje político aún no hizo ningún ajuste. Hasta ahora, se decreta y/o legisla para que se ajusten otros.

Buenos Aires, 29 de abril de 2020