Castas, lawfare y AFI (parte 2)

La existencia de castas perennes de tendencia autocrática y acotada legitimidad de representación en estructuras burocráticas de poder, sean políticas, judiciales, gremiales y en menor grado empresarias, explica que los conflictos políticos adquieran más un carácter familiar en defensa de lo propio que del bienestar común. La híbrida teoría del “lawfare” por ejemplo, es un recurso que funcionarios, miembros de la justicia e intermediarios externos asociados para saquear recursos públicos, utilizan para desacreditar a los funcionarios, jueces y fiscales que intentan investigar y sancionar los ilícitos.

Pero las castas no pueden evitar el devenir de los hechos, sean internos o externos, que marcan su irremediable finitud, escenario aún lejano en nuestro país. Uno de ellos es el cambio de un gobierno por otro de distinto signo partidario, que impacta esencialmente en las estructuras del Ejecutivo. Es así como la asunción en diciembre de 2015 de un gobierno distinto al que gobernara desde el 2002, generó expectativas de que los reclamos sociales contra la corrupción serían atendidos. Surgieron entonces innumerables denuncias y evidencias de corrupción a gran escala, y parte del poder judicial demostró que las causas pueden tramitarse y elevarse a juicio oral en los tiempos razonables que establece la ley, disminuyendo las dilaciones y “cajoneos”. El retorno del gobierno kirchnerista a fines del 2019 también hizo su aporte, al transparentar el accionar de los llamados enigmáticamente “operadores o mesas judiciales”, cuando desde altos niveles de gobierno se amenaza y desacredita públicamente a diversos estamentos del poder judicial partícipes en las instancias investigativas de casos de corrupción, espectáculo que incluye a jueces amenazando a otros jueces. Es por ello que la lucha contra la impunidad no es entre independencia de poderes como suele plantearse, sino entre honestos y deshonestos que integran cada uno de dichos poderes.

Otro aporte quizás no deseado del actual gobierno, es explicitar el accionar de los vituperados y siempre útiles servicios de la también enigmática Agencia Federal de Inteligencia (AFI), destacada por tareas menores de espionaje entre castas políticas, y no por su eficacia en la investigación de delitos complejos como los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, muerte del fiscal Nisman o narcotráfico. La falta de profesionalidad no debiera sorprender, considerando que en sus niveles de conducción rotan diputados en rol de espías (Parrilli, Tailhade, Magdalani), espías que pasan a ser viceministro de Justicia (Mena), un representante de futbolistas (Arribas), o una integrante del poder judicial, la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño. Todo esto mientras se discute cuándo y dónde se reunieron jueces con presidentes. La fiscal Caamaño sumó aportes inéditos en el mundo respecto a servicios de inteligencia: logró que la AFI esté directamente vinculada con causas judiciales tramitadas, hasta ahora, en cuatro juzgados federales distintos. El de Dolores a cargo de Ramos Padilla, ya cerrada, conocida como operativo “puf” de la causa cuadernos; el de Ercolini y fiscal Taiano, que investiga la actuación de la AFI en la muerte de Nisman; y el de Auge, que reemplazó a Villena, y con posible traslado al juzgado de la jueza Capuchetti, y Martínez de Giorgi, ambos por denuncias contra el gobierno anterior por escuchas ilegales a políticos y personajes del mundo del espectáculo inclusive. Obviando que en la actualidad cualquier “hacker” medianamente formado puede interceptar llamadas telefónicas o ingresar en computadoras.

Lo expresado no quiere decir que las causas sean intrascendentes. Por el contrario, de las actuaciones judiciales trascienden aspectos relevantes en cuanto al funcionamiento del organismo. Dos ejemplos: 1) en el caso Nisman se citaron a declarar a 89 agentes de inteligencia activos el día de su muerte; la AFI informó que 64 de ellos ya no trabajaban en el organismo, y que de muchos no tenía domicilio actualizado; 2) de la documentación secreta enviada por la interventora Caamaño al juzgado de Auge, se filtraron nombres y datos de más de 100 espías, algunos con destino en el extranjero, que debieron ser repatriados por riesgo de vida. No menos importante es que en condición de denunciantes o testigos, surgen con nombre y apellido un sinnúmero de personajes desconocidos para la opinión pública (abogados, espías, policías, “inorgánicos” externos), varios con cargos públicos, parásitos subsidiarios de la corrupción dedicados a operaciones rentadas todo terreno, no precisamente para actuar en defensa del interés nacional.  

Es razonable pensar que las repetidas invocaciones por parte de viejas castas políticas a “sanear” los servicios mal llamados de inteligencia son meramente efectistas, y en consecuencia, las causas judiciales en trámite, comenzando por la de Ramos Padilla ya cerrada, jamás llegarán a juicio oral y público. 

Buenos Aires, 07 de marzo 2021