Castas, lawfare y AFI (parte 1)

La problemática de un país en función de sus gobiernos, depende de los oficialismos, oposiciones y corporaciones relacionadas con el poder. Analizarla implica definir un período de evaluación de antecedentes, para identificar actores, políticas aplicadas y sus consecuencias, sean bienestar y desarrollo de los gobernados, o su empobrecimiento y degradación. Dado que una generación se estima en 25 años, período en el que se recuperaron países arrasados por la segunda guerra, como Alemania y Japón entre otros, o tuvieron un desarrollo económico y tecnológico sorprendente como China, hoy compitiendo palmo a palmo con Estados Unidos, cabe preguntarse de qué mojones podríamos partir los argentinos: la asunción presidencial de Perón en el 45 (76 años); su regreso en el 73 (48 años); las asunciones de Alfonsín en el 83 (38 años); de Menem en el 89 (32 años), o de Kirchner en el 2003 (18 años).

Retrotraernos 76 años para partir con Perón en el 45, no solo se justificaría porque su nombre es invocado, con más oportunismo que convicción, para justificar políticas de gobierno y estrategias discursivas contemporáneas, sino por mostrar vigencias políticas y dialécticas sorprendentes. En un discurso pronunciado en Plaza de Mayo en su primera presidencia, ante presiones devaluatorias Perón preguntó a la muchedumbre: “¿Alguno de ustedes vio alguna vez un dólar?”. Siete décadas más tarde, el pasado 24 de marzo nuestra vicepresidenta clamó por terminar con el bimonetarismo (peso/dólar), en lugar de priorizar terminar con la inflación. En la segunda presidencia de Perón, la Memoria del Banco Central de 1952 señalaba que “el volumen de exportaciones se redujo drásticamente debido a los resultados desfavorables de la campaña agrícola producto de la sequía”, provocando una fuerte caída de reservas. En el 2021 nada cambió. La salud de la economía depende de los éxitos y fracasos de los productos exportables del campo, de la ayuda de Dios respecto al clima, y del mundo en relación a los precios. Pese a lo cual subsisten políticos y empresarios prebendarios que plantean “vivir con lo nuestro”, obviamente “sin afectar lo mío”. 

Con esta genealogía, partir de los 38 años transcurridos desde la asunción de Alfonsín (una generación y media), ya no parecería excesivo. De dicho período podría destacarse que por primera vez el justicialismo fue derrotado en las urnas, permanecía un bipartidismo con identidad y extensión territorial que incluía al 92% de los ciudadanos, y se produjo la traumática hiperinflación de 1989. La asunción anticipada de Menem hace 32 años no solo nos aproxima a los 25 años de una generación, sino establece parámetros que se prolongan a la actualidad. Se pueden señalar cuatro: 1) Reforma del Estado; 2) Reforma constitucional de 1994; 3) Inicio de la manipulación de las leyes electorales; 4) La más importante: consolidación de las castas políticas y la corrupción. La reforma del Estado era una exigencia ineludible producto de costos fiscales insostenibles, pobres prestaciones de servicios públicos y una inflación galopante, no de un supuesto neoliberalismo. Dos ejemplos: YPF, empresa emblema, daba pérdidas producto del saqueo a que era sometida por políticos, sindicalistas y proveedores. Asimismo, conseguir teléfono residencial era imposible, al punto que poseerlo incrementaba el valor de venta de las propiedades. Se privatizaron organismos y jubilaciones; se cancelaron regalías con las provincias petroleras (600 millones de dólares a Santa Cruz), se implementaron participaciones accionarias de los trabajadores en empresas privatizadas, ubicando en sus directorios a políticos y sindicalistas defensores del “patrimonio nacional”, que naturalmente, no detectaron el vaciamiento de las empresas. Con el oxígeno de las arcas públicas saneadas e inflación controlada, surgió un clásico de las castas políticas criollas: deseo de reelección, en este caso de Menem. Ello dio lugar a la reforma constitucional de 1994 bajo el subterfugio de una modernización institucional, que derivó en un jubileo para retomar grandes gastos en estructuras políticas superfluas sin beneficios sociales. Se crearon innumerables organismos burocráticos costosos y sin poder de decisión, como defensorías del pueblo, de la tercera edad, del niño, de la mujer, de los derechos humanos, contra la discriminación, y Consejo de la Magistratura para la independencia de la justicia, entre otros. Dichos patrióticos servicios son realizados desde cómodas oficinas con atención en días hábiles, mientras las víctimas “protegidas” sufren el aumento de la pobreza y la ausencia de acción estatal en el lugar de los hechos. En paralelo, comenzaron las manipulaciones de los sistemas electorales para facilitar la permanencia de las castas, y se fueron entretejiendo complicidades para proteger la corrupción estatal-privada.

Los actores principales, sus familiares y descendientes de esta reseña siguen vigentes, por lo que bajo el concepto de “castas” se deberá analizar la actualidad y riesgos futuros. En la próxima reflexión se comprobará que temas supuestamente dispersos como castas, lawfare y Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otros, están directamente interrelacionados.

Buenos Aires, 31 de marzo 2021