Corruptores demócratas

Etimológicamente el término corrupción significa arrebatar. Corrupción política remite a acciones delictivas en perjuicio del patrimonio público, con consecuencias civiles y penales. Pero en su definición más general, también significa “alterar el fin natural de algo”, que aplicado a un sistema democrático implica afectar creencias, prácticas e instituciones, convirtiendo al concepto democracia en un recurso discursivo que disimule las malas praxis, violación de normas, nepotismos feudales y prebendas empresarias. No sorprende entonces que el presidente, impulsado por quienes son juzgados y/o condenados en causas de corrupción estatal-privada, utilice la cadena nacional para en nombre de la democracia atacar a miembros de la Corte.

Esta etapa electoral que se mantendrá hasta la oficialización de listas el 24 de junio próximo, lejos de ser considerada “ajena al interés de la gente”, debiera analizarse con vistas al futuro inmediato, pues al desnudar las tensiones surgidas de mediocridades y apetencias personales para mantener posiciones estatales de privilegio explicitan no solo las verdaderas personalidades y vicios de quienes gobiernan y gobernarán, sino que explican cómo pueden mantenerse desde hace décadas en cargos políticos privilegiados pese al empobrecimiento del país. En esta instancia, diseñando, violentando, reinterpretando, eludiendo o falseando mandatos constitucionales y legislaciones electorales que impidan perpetuaciones políticas y faciliten impunidades judiciales, como la de promover elecciones indefinidas, utilizar ley de lemas, candidaturas simultáneas para más de un cargo, listas espejo, votos en cadena, o que una vez asumidos los cargos electivos, sean ejecutivos o legislativos, pedir licencia en el cargo en el que fuera elegido para asumir en otros cargos, o que legisladores una vez asumidos se pasen a otro partido, burlando al votante que lo eligió para representarlo. Ello se agrava con la existencia de una insólita cantidad de sellos partidarios con creativos nombres de fantasía, que permiten a sus dueños negociar posiciones en las principales listas, simulando virtuosas convergencias multipartidarias. Es así que más que diversidades ideológicas, cada lista adherente semeja a puestos de venta atendidos por quienes “escuchan ofertas”. Concluído el proceso negociador, el producto final, que ya no se denomina partido sino coalición, espacio, marca o similar, tiene ingredientes radicales, peronistas, kirchneristas, liberales, progresistas, populistas, etc., muchos de los cuales podrían a futuro reubicarse en una nueva coalición, según convenga. De programas de gobierno no se habla, no solo porque no existen, sino porque el objetivo inmediato es permanecer. Parafraseando el incumplido eslogan “ante una necesidad hay un derecho”, en estas negociaciones “donde hay un acuerdo hay un cargo político”

Lo descripto no tiene un fin destructivo o “anti político”, sino por el contrario, intenta ser una radiografía que muestre las causas de las dolencias ciudadanas, para evitar que viejos curanderos pretendan seguir engañando con invocaciones mágicas (Irigoyen, Perón, Patria, Pueblo), o con el más sofisticado recurso del marqués de Lampedusa en la obra “El gatopardo”: cambiar para que nada cambie.

Dado que lo que más asusta a los políticos son las críticas ciudadanas mayoritarias y convergentes, es importante asumir que recaerá sobre la población gran parte de la responsabilidad de generar, de modo pacífico y por vías institucionales, cambios verdaderos. Avalando las luchas contra la corrupción, y exigiendo propuestas electorales concretas y factibles basadas en intereses nacionales por sobre los corporativos.  Dos factores son inicialmente inevitables: 1) la mayor parte de los políticos responsables de la decadencia, con independencia de los resultados electorales, continuarán ocupando cargos de privilegio; 2) a través de planteos gubernamentales y voceros aparentemente delirantes, las mafias políticas, gremiales y empresarias parasitarias de los presupuestos públicos están anunciando que ejecutarán medidas desestabilizadoras si se afectan sus negocios.

En cuanto a lo programático, plantear que el problema actual “es político”, por su globalidad conceptual no significa nada. Lo correcto es decir que el problema es “la estructura estatal burocrática ineficaz, inmanejable e injustamente onerosa, legislaciones nocivas, y perfiles profesionales y éticos de los funcionarios que conducen inadecuados o incompetentes”, lo que se traduce en pobreza y marginalidad. Pero como este aspecto prioritario afecta a las clases políticas, hasta el momento no lo tratan ni el oficialismo ni la oposición. Cabe esperar que se incluyan en las propuestas de gobierno que se presenten a partir del 25 de junio.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2023