Stand up electoral

Un principio de la propaganda política sea para transmitir verdades o falsedades, es limitarse a una pequeña cantidad de ideas simples en mensajes breves adaptados a diversos públicos, orquestados a través de su repetición incesante (Jean-Marie Domenach, 1950). Pero también existen los hoy llamados “stand up” unipersonales, como los recordados monólogos de Tato Bores y Enrique Pinti, entre otros, y actualmente Alejandro Borensztein en su columna gráfica dominical, que con humor han reflejado didácticamente nuestras históricas coyunturas políticas a través de mensajes claros destinados a todos los estratos socio-culturales por igual, que incluso provocan en la platea risas compartidas de radicales, peronistas, neoliberales, populistas y anquilosados gorilas. Por el contrario, los stand up de nuestros candidatos, como la halcona Bullrich, el palomo Larreta, el derechista Massa, el izquierdista Grabois o el enloquecido Milei no mueven a risa, pues solo se concentran en cruzar acusaciones, anécdotas familiares y autocomplacencias, para disimular la ausencia de propuestas insertas en un programa integral factible. A esta superficialidad se acoplan analistas y periodistas, que se solazan en las abundantes necedades y contradicciones dialécticas de los disertantes, en lugar de ser más exigentes en cuanto a que los candidatos expliquen sus deshilachadas propuestas asociadas al qué, cuándo y cómo.

Dado que se supone que tras las PASO los candidatos elegidos y sus agrupaciones tendrán definidas las propuestas troncales de gobierno, vale alertar acerca de la ineludible necesidad de contar previamente con dos informaciones básicas  fuertemente interrelacionadas, sin las cuales muchos de los objetivos planteados ingresarán en el terreno de las intenciones y/o promesas: la reformulación de la estructura burocrática del gobierno central y la determinación oficial de la real deuda pública,  pues sin conocerlas y asimilarlas a la viabilidad de las propuestas, es irrelevante discutir si se hará una política de shock o gradual, sin mayores explicaciones.

Bajar los gastos políticos no debiera ser una demagógica dialéctica, sino consecuencia de reformular una estructura administrativa estatal que incluya empresas estatales, para destinarla a la prestación prioritariamente de los servicios públicos indelegables, y lograr un eficaz ordenamiento institucional. La tarea se debe centrar en los estimados 10.000 cargos políticos nacionales, y racionalizar el número de Ministerios, Secretarías y Organismos irrelevantes y costosos, creados solo para albergar compromisos políticos. Para tal objetivo el orden de prioridad es una sana estructura burocrática, personal político y de planta debidamente formado, y como natural consecuencia, arribar a un ahorro de gasto público, que será importante. Al concentrarse en los cargos políticos, que definen la eficacia de un gobierno, se evita que para que nada cambie, se anuncie como excusa que se echarán arbitrariamente a miles de empleados.  Se debe asumir que esta racionalidad es igualmente dolorosa para oficialistas y opositores de turno.

En cuanto a la deuda pública en moneda extranjera y nacional, el FMI es un acreedor más. De los u$s 44.0000 millones desembolsados del crédito otorgado por el organismo en 2018, en la presente gestión se amortizaron con recursos propios solo unos u$s 1.000 millones. Según la Secretaría de Finanzas, la deuda bruta alcanzó en junio/23 el equivalente a u$s 403.809 millones, siendo el 36% en moneda local y el 64% en moneda extranjera, cuando a fines del 2019 cuando asume Alberto Fernández, cerró en u$s 323.065, siendo el 77% en moneda extranjera. Y en el Banco Central había u$s 12.000 millones de reservas netas, cuando actualmente se estiman en u$s 13.000 negativas. Esta información surge de medios de comunicación especializados, por lo que no reviste un carácter definitivo. La responsabilidad de obtenerla oficialmente y presentarla a la opinión pública debe recaer en la oposición, para sostener válidamente sus promesas, y evitar el “stand up” que cada cuatro años ofrecen quienes asumen el gobierno, al declarar haberse encontrado con tierra arrasada. Realidad que desde hace décadas ya conocen quienes carecen de privilegios públicos.

Vale concluir con otro “stand up” habitual, que protagonizara recientemente en un reportaje el candidato Leandro Santoro, al señalar “la irresponsabilidad de haber tomado un crédito con el FMI de u$s 47.5000 millones, más una cifra similar con el sector privado. Casi u$s 100.000 millones que nadie puede explicar dónde están». Cabe preguntarse entonces si con tamaña estructura burocrática que todo controla, es tan fácil que nadie sepa dónde están cerca de u$s 100.000 del Estado. O bien son planteos malintencionados, o transparentan una sólida corrupción mafiosa estatal-privada avalada por altos funcionarios.

Buenos Aires, 26 de julio 2023