La renovada crítica al nepotismo en distintas organizaciones estatales, reitera grandilocuencias discursivas que pretenden aprovechar coyunturas políticas, sin que nada cambie. Sin embargo la supervivencia de viejas clases dirigentes agrietó este oportunismo y/o cinismo dialéctico, permitiendo que la ciudadanía detecte cosméticas del engaño, como la de señalar supuestas inobservancias éticas, en lugar de desactivar los vicios y abusos legalizados que destruyen a la organización política, social y económica llamada Estado. Que alcanza a las instituciones no gubernamentales y/o privadas, cuando perciban recursos públicos cuyo destino el Gobierno está obligado a controlar (subsidios, créditos, aportes).
Este oportunismo discursivo que entremezcla ética con nepotismos, amiguismos, complicidades y tramas de corrupción, pretende obviar acuerdos virtuosos para desactivar procedimientos y subterfugios legales que permiten crear organismos irrelevantes, funciones superfluas con ingreso de personal innecesario y apartado de los requisitos de ley (sin quejas gremiales), con escalas salariales que vulneran el principio de “a igual trabajo igual remuneración”. De este modo, los acuerdos multipartidarios y gremiales tienden a mantener una administración pública familiar y clientelar, que limita el acceso de los ciudadanos comunes a cargos públicos por vía de la competencia y méritos propios.
Al engaño de invocar supuestos conceptos éticos, oficialismos y oposiciones predican que ciertos conceptos se presuman válidos por su solo enunciado y repetición. El ejemplo más claro es el de “cargos políticos”. Destaquemos algunas leyes, conceptos y números. A nivel legal, el artículo 85 de la Constitución en su inciso 7, señala que el presidente de la Nación “por sí solo” nombra y remueve al Jefe de Gabinete, ministros, oficiales de su secretaría, agentes consulares y empleados cuyo nombramiento no esté reglado por la Constitución. Fuera de este marco, las designaciones necesitan acuerdos legislativos. Por su parte la Ley 25.164 que regula el Régimen de Empleo Público, en el inciso b) del artículo 4°, indica que la selección para el ingreso a la Administración deberá asegurar “el principio de igualdad en el acceso a la función pública” (textual). Su artículo 9° establece que el régimen de contratación, siempre es de carácter transitorio. Es evidente que políticos y sindicalistas no aplican las leyes.
Relacionemos lo conceptual con lo numérico. Es usual y razonable que un presidente cuente con la posibilidad legal de cubrir discrecionalmente los principales cargos del poder Ejecutivo, con quienes entiende reúnen los perfiles adecuados y se identifican con el programa de gobierno. Llamémoslo “confianza”. Cuando lo traducimos a números, se reconocen 3.000 cargos políticos en la administración nacional, excluidos organismos descentralizados. Surgen preguntas sin respuestas: es el número que la Constitución faculta al presidente, o dicha facultad se extiende a otros funcionarios? Cuáles son “cargos políticos”, y quiénes los definen? Quiénes los controlan y evalúan?
En cuanto a política salarial, las inconsistencias se incrementan. Se apela al ardid de otorgar a organismos supuestas “autonomías funcionales” e inexistentes “autarquías financieras”, pues los recursos tienen como único origen lo que recauda el Estado. Es como si un hijo que depende económicamente de su padre, considerara que tiene autarquía financiera. El Presidente de la Nación, que es el más alto cargo público, percibía a septiembre de 2017 un sueldo de $ 208.207. Pero asombrosamente es superado por muchos otros funcionarios “autónomos y autárquicos”. El absurdo no reconoce jerarquías. Un chofer del Banco Central gana cuatro veces más que un chofer de un ministerio. Estas asimetrías explican la negativa a transparentar los salarios públicos, o aún falsearlos.
Estas irracionalidades no son inicialmente imputables a los que genéricamente se llaman “empleados”. Se deberán solucionar desde arriba hacia abajo, desactivando otra excusa falaz: “el ahorro es irrelevante”. El problema no es “bajar salarios”, sino crear cargos absurdos “para justificar salarios”. Lo enunciado es de plena aplicación para los poderes legislativo, judicial y organismos internacionales.
Buenos Aires, 14 de febrero 2018