El debate sobre el régimen de movilidad de haberes previsionales, reitera discursos políticos que exhiben cinismos, falsedades, ocultamientos y mayoritariamente desconocimiento. Entre los responsables de clarificarlo se destacan quienes por sus funciones deben legislar, representar e informar en carácter de especialistas. Entre otros, Graciela Caamaño, con 20 años de legisladora; Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, Mirta Tundis, especializada en temas jubilatorios y hoy legisladora, y funcionarios de gobierno, que deberían explicitar la propuesta con ejemplos numéricos entendibles para el ciudadano común. A ellos, entre otros, se les reconoce la capacidad y obligación de saber analizar y comunicar. Sin embargo, en las instancias discursivas todos se sumergen en mensajes enlatados que igualan a capaces con mediocres, reclamando con estudiada indignación, en favor de los “pobres viejitos jubilados”. Pero nada dicen del meollo de la cuestión: miles de “afortunados viejitos” privilegiados; uso político en el acceso a los beneficios jubilatorios, y utilización del organismo previsional como agente financiero del Estado a tasas ruines.
Surge entonces una paradoja esclarecedora: los propios sectores políticos dolidos por los “viejitos”, legislaron inequidades, prebendas y privilegios que luego llaman “derechos adquiridos”, que son las causas de las recurrentes crisis previsionales desde hace cincuenta años. Es fácil proclamar la defensa de los “pobres viejitos” que ganan la mínima de $ 7.246, sin impedir que “afortunados viejitos” cobren más de $ 300.000. Que quienes aportaron más de treinta años o se jubilaron con 65 años, “compartan” con quienes aportaron veinte años o menos, o se jubilaron con 55 años. Que el Estado y privados con beneplácito sindical, continúen realizando pagos sin aportes. Y así sucesivamente.
En lugar de ser atrapados por caóticos debates y porcentajes tipo “gana-pierde”, vale una breve reseña histórica. Más allá de tibios antecedentes a comienzo del siglo XX, el presidente Perón impulsó el sistema jubilatorio a nivel nacional, con la creación de innumerables Cajas de Jubilaciones. Inicialmente funcionaban independientemente y con superávit elevado, al tener muchos aportantes y pocos jubilados. En 1967 comenzaron a unificarse parcialmente, hasta que con la creación de la Anses en 1991, se unificaron definitivamente. En 1993 el gobierno de Menem implementó un sistema jubilatorio mixto, integrado por uno estatal de reparto, y otro privado de capitalización individual. El concepto privado no excluía la participación pública, al punto que las bancas públicas Nación y Provincia de Buenos Aires, e incluso gremios, crearon sus propias aseguradoras de retiro.
El gobierno de Kirchner abrió una consulta con la razonable intención de permitir la posibilidad el traspaso entre los sistemas público y privado. La mayoría de los afiliados permaneció en este último, no por sus bondades, sino por la desconfianza que generaban los antecedentes del sistema jubilatorio estatal. Pese a la compulsa, tiempo más tarde, la misma generación de legisladores que privatizaron parcialmente el sistema en 1993, lo reestatizó en el 2008 debido a urgentes necesidades financieras del Tesoro. Se eliminaron las cuentas individuales, se transfirieron los ahorros acumulados a una cuenta única del Gobierno nacional, y se creó el Fondo de Garantía para preservar el valor de los aportes y efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. En paralelo, legisladores, funcionarios y sindicalistas continuaban habilitando nuevos regímenes de privilegio, fórmulas de cálculo circunstanciales, y acumulando juicios por liquidaciones no ajustadas a derecho.
Un sistema de reparto depende de muchas variables implementadas por ley, cada una de las cuáles impacta en el corto y largo plazo. Tal fluctuación insostenible en un régimen que atraviesa generaciones, se ejemplifica hoy. Lo que hasta hace pocos años parecía inalcanzable, como actualizar las jubilaciones por inflación, hoy pareciera un perjuicio inadmisible. Pasado este debate puntual, los expertos en el tema, sin especulaciones políticas, debieran clarificar e impulsar propuestas que hagan realidad los términos sustentable, solidario y de reparto. En lo inmediato y como mero ejercicio de prolijidad, algún legislador debería proponer que dichos términos no podrán ser usados, mientras sea legal que un empleado público cobre más de $ 300.000 de jubilación, y públicos y privados $ 7.246.
Cabe plantear una inquietud final de ciudadano común; no será momento de interrelacionar de algún modo los beneficios de la Anses, el Pami y las cajas sindicales de obras sociales?
Buenos Aires, 13 de diciembre 2017